MANUEL CONTRERAS:
Simplemente porque los criminales como tu, tus sicarios y esbirros siguieron estrictamente esta secuencia:
1.-Mataron inocentes , indefensos y supuestos enemigos.
2.-Culparon de estos hechos a las propias víctimas.
3.-Desconocieron los hechos, cuando menos, los ocultaban.
4.-Mataban también a ex miembros de las FFA, y especialmente a Carabineros para distraer la atención del público y para crear un estado de necesidad, cohesionando artificialmente al pueblo por miedo.
5.-Obstruyeron la justicia, de las maneras más absurdas.
6.-Amenazaron y eliminaron también a testigos y jueces.
7.-Desaparecieron procesos e incendiaron juzgados completos.
8.-Cobraban sueldos del Estado para cometer sus crímenes.
9.-Los cometían en carácter de agentes del Estado con abuso des proporcional de la fuerza, durante el toque de queda, en vehículos y con medios fiscales .
10.-Muchas veces asesinaron solamente para robar los bienes, joyas, dinero, propiedades, vehículos, drogas, para fornicar esposas e hijas de víctimas, quedarse con las guaguas, etc. Y como lucro personal, la mayoría de las veces.
11.-Organizaban operaciones psicológicas y campañas publicitarias para esconder y justificar sus crímenes.
12.-Mataron a sus propios compañeros y sus familias, que insinuaban denunciar los hechos .
13.-Nunca reconocieron la responsabilidad del mando ni la obediencia debida. Siempre culparon a los de menor grado, quienes por miedo hacia el trabajo sucio.
14.-Cobardemente siempre van culpando al que va muriendo.
15.-Se hacen los enfermos ( de lo que también hay médicos cómplices ) para cuando tiene que ir a declarar y sanan mágicamente al otro día. Recuerden al desaparecido “chupacabras” , invento que favorecía al asesino, dictador y ladrón general de Ejército chileno AUGUSTO PINOCHET UGARTE, de quien eras su “chupapico”.
16.-El Hospital y la Fiscalía Militar participaron activamente en esta “patraña” cómplice y encubridora, la desidia y cobardía de la Corte Suprema hizo lo suyo.
17.-Destrozaron los cuerpos y ocultaron lo cadáveres, enterrados y desenterrados varias veces.
18.-Hicieron apropiación de inmuebles fiscales y obligaron a otorgar prestamos de CORFO y Bco. del Estado sin aval.
19.-Cometieron crímenes y siguen cobrando el sueldo o pensión que tenían cuando lo hizo NO DEBE SER INDULTADO, es más, debe responder civilmente con su patrimonio personal por sus delitos y no que seamos todos , el estado , los que pagamos sus culpas.
20.-El indulto NUNCA debe beneficiar a los delitos de sangre , violaciones o contra menores y drogas . JAMAS a los militares criminales a quienes además se les debe DEGRADAR, porque han amancillado el honor de sus Instituciones.
21.-Exigían lealtad hacia abajo, pero nunca hacia arriba por el miedo que tenían a Pinochet.
22.-Traicionaron a los Oficiales jóvenes y a la tropa, quienes quedaron en la pobreza mordiendo sus rabias y culpas.
23.-Con su actuar el Ejército degrado y subvaloró a las otras instituciones armadas y especialmente a Carabineros e Investigaciones, utilizándolas como siervos.
24.-Solo los coroneles y generales se enriquecieron ilegalmente dejando abandonada a la tropa y a los oficiales jóvenes.
25.- SOLO EN ESTO TIENES RAZON..::Todos los Comandantes en Jefe, TODOS, y sus jerarquías superiores generales y coroneles , estaban comprometidas en esta “patraña” incitada por la CIA , hasta el golpe militar, luego como todos sabemos, debieron entregar el gobierno a la Democracia Cristiana , principal responsable del GOLPE MILITAR y que aún están pasando “colados”, lo que no sucedió porque les gusto hacer de “ CHUPOPTEROS” en “SINECURAS”.
Finalmente………..
26.-Porque el 19 de diciembre de 1972 en la Escuela de Carabinero de Chile lo jure ente mi bandera…..
Por el contrario el ex general que responde al nombre del MAMO, NO CUMPLIO su juramento a la bandera que dice..: “”Juro por Dios y por esta bandera servir fielmente a mi Patria ya sea en el mar en tierra o en cualquier lugar hasta rendir la vida si fuere necesario. Cumplir con mis deberes y obligaciones militares conforme a las leyes y reglamentos vigentes. Obedecer con prontitud y puntualidad las ordenes de mis superiores y poner todo el empeño en ser un soldado valiente, honrado y amante de mi patria””.
Por todo lo anterior y
Teniendo en cuenta Art.178.-del Título III ” De las acciones civiles que nacen del delito, el Art.179; el Art.-203.-TRIBUNALES DE HONOR; el Art.-216; y Art.-217 de La DEGRADACION , todos del Código de Justicia Militar y en vista que nadie es lo suficientemente decente y valiente para aplicarlo, con esta fecha procedemos a DEGRADAR al ex general de Ejército MANUEL CONTRERAS SEPÙLVEDA dejándolo en el grado de soldado raso.
Agradeceremos su publicación
Atte.
MARIO A. DE LA FUENTE FERNANDEZ TTE.(r) DE CARABINEROS DE CHILE
PRESIDENTE DE OMIDECHI.
ORGANIZACIÓN DE MILITARES DEMOCRATICOS DE CHILE
militaresdemocraticosde@Chile.com
sábado, 7 de agosto de 2010
miércoles, 4 de agosto de 2010
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Crisis climática y destrucción programada de bosques
July 19th, 2010
Silvia Ribeiro *
Paradójicamente, hablar de “cambio climático” es caer en la trampa de quienes lo han provocado: invita a pensar en un cambio paulatino, natural y frente al cual no queda más que tratar de “adaptarnos” o “mitigar” sus efectos. “Nosotros preferimos hablar de crisis climática, provocada por un modelo de sociedad que ha decidido ‘quemar’ el planeta para que algunos disfruten poco de un estilo de vida que también de manera perversa han dado en llamar ‘desarrollado”, afirma el editorial de “Crisis climática, falsos remedios y soluciones verdaderas”, compendio editado por la revista Biodiversidad, sustento y culturas, con el Movimiento Mundial de Bosques y Amigos de la Tierra ALC.
La crisis climática es una consecuencia de la civilización petrolera, con gravísimos impactos sociales y ambientales. El tema está plagado de trampas conceptuales, intentando que no reconozcamos las causas reales o los remedios falsos propuestos por quienes causan los problemas para seguir sacando ganancias aunque la crisis empeore. Un ejemplo de ello son los programas llamados Redd, por su siglas en inglés, lo cual se traduce como “Reducción de emisiones de carbono derivadas de la deforestación y degradación de bosques”. Como explica el Movimiento Mundial de Bosques en el compendio citado, la idea es simple: la deforestación es un factor importante de emisiones de dióxido de carbono –por tanto, de calentamiento global–, por lo que se busca compensar financieramente a quienes puedan evitar la deforestación. Pero los problemas comienzan desde la definición. En la convención sobre cambio climático se refieren en Redd a “deforestación evitada” y no a “evitar la deforestación”. Parece una distracción semántica, pero las consecuencias son tremendas: no se trata de apoyar a quienes realmente evitan la deforestación, sino de pagar a quienes ya deforestan y lucran con ello, para que deforesten un poco menos, pagándoles lo que dejarían de ganar. Es la misma lógica del Mecanismo de desarrollo limpio de esa convención, que sólo apoya a quienes tengan desarrollo sucio pagándoles para que ensucien un poco menos. No son apoyos para quienes no contaminan o no deforestan, sino solamente para los que sí lo hacen.
El programa premia a los mayores deforestadores (cuanto más grandes más ganan) y estimula la deforestación para poder cobrar por dejar de hacerlo (luego de haber lucrado primero con ella). Los países y comunidades que cuiden sus bosques no pueden recibir nada de esos programas, es necesario que primero los destruyan. Que en un periodo no se deforeste una zona no implica que no se pueda hacer en los años siguientes, estimulando así también la apertura de nuevas zonas a deforestar mientras se vuelve luego a las que se “deja” de deforestar, de tal manera que las mismas empresas, ONG y gobiernos, pueden hacer negocio tanto cobrando de Redd como deforestando.
Las nuevas versiones de programas Redd, llamadas Redd++, dan una vuelta más a la perversión, con más trampas conceptuales y mayor afectación para las comunidades indígenas y forestales. En esas versiones se introducen en el programa la “conservación”, la “gestión sustentable de los bosques” y el “mejoramiento de la capacidad de almacenamiento de carbono en los bosques”. Puede sonar bien, pero lo que significan está muy mal. La “conservación” y “gestión sustentable de los bosques”, en el marco de Redd, significa que estados, ONG y/o técnicos podrán definir, con reglas externas elaboradas por instituciones internacionales (como el Banco Mundial), por arriba de las comunidades, el uso de sus territorios. Esto ya ha significado en varios países, incluso, la expulsión de comunidades indígenas de estas áreas y en todas la enajenación de la decisión de las comunidades sobre sus territorios.
El llamado “mejoramiento de la capacidad de almacenamiento” es una luz verde para deforestar bosques naturales (hasta 90 por ciento y aún “cumplir” con Redd, ya que dejan de talar 10 por ciento) y plantar monocultivos de árboles de rápido crecimiento y fines comerciales, como eucaliptos, pinos y palma aceitera, porque mientras los árboles están creciendo absorberían más dióxido de carbono que los bosques antiguos. Este esquema ha sido refutado científicamente, al observar el ciclo de vida completo de un bosque natural contra el de una plantación, pero los que ganan con los monocultivos de árboles ocultan estos datos.
México, Brasil y otros países que están entre los peores deforestadores del mundo han abrazado las propuestas Redd con entusiasmo, acompañados por ONG trasnacionales, como The Nature Conservancy, WWF y Conservación Internacional, y las trasnacionales más contaminantes, como la petrolera BP, que avizoran un gran negocio que les sirve además como maquillaje verde. También ONG nacionales, las mismas que han apoyado el negocio de venta de servicios ambientales (incluyendo la biopiratería) y la entrada de proyectos del Banco Mundial a comunidades, ahora defienden los proyectos Redd “para apoyar a las comunidades forestales”. Además de promover mayor destrucción de bosques, Redd es en realidad otra forma de enajenar el poder de decisión de las asambleas comunitarias para que grupos compitan por proyectos en lugar de luchar por sus derechos, por el reconocimiento y apoyo que debería ser política pública –no dependiente de trasnacionales e insituciones financieras internacionales– al rol fundamental que tienen las comunidades indígenas, campesinas y forestales, entre muchos otros, para enfrentar la crisis climática y enfriar el planeta. * Investigadora del grupo ETC
Publicado en La Jornada, México, 17 de julio de 2010
Posted by: Veronica
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Freno a la geoingeniería
July 19th, 2010
Silvia Ribeiro Blanquear nubes, fertilizar el océano, tapar el sol, inyectar nanopartículas de azufre en la estratosfera, abrillantar los mares, “sembrar” miles de árboles artificiales, plantar millones de árboles para quemar como carbón y enterrarlos como “biochar”, invadir las tierras con mega-plantaciones de transgénicos súper brillantes para reflejar los rayos solares… Suena como lista de [...]
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Filed under: Climate Change, Copenhagen, Geo-engineering
Vida artificial con fines de lucro
June 5th, 2010
Silvia Ribeiro El pasado 20 de mayo, el controvertido científico Craig Venter anunció que el Instituto Venter y su empresa Synthetic Genomics Inc, habían construido en laboratorio el primer genoma completo totalmente artificial, con capacidad de auto-replicación. Insertaron este genoma artificial en una bacteria a la que habían previamente despojado de su material genético y [...]
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Crisis climática: ya tiene cascabel el gato
April 28th, 2010
*Silvia Ribeiro Tiquipaya, Bolivia. Más de 35 mil personas respondieron a la convocatoria que lanzó Bolivia a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), en Cochabamba, del 19 al 22 de abril. La tercera parte vino de 142 países en cinco continentes. La mayoría de los [...]
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A Short Note from Cochabamba
April 28th, 2010
Last week the World Peoples Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth drew to a raucous conclusion in the Cochabamba football stadium as more than 35,000 people from 140+ countries cheered the adoption of their own strategic plan to address climate change around the world. Bolivia’s Cochabamba gathering was neither Social Forum [...]
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El clima de los pueblos
April 23rd, 2010
Silvia Ribeiro* Del 19 al 22 de abril se realizará en Cochabamba, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. La iniciativa fue anunciada por el presidente Evo Morales después del desastre de las negociaciones sobre cambio climático en Copenhague el pasado diciembre. Es una [...]
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No hay planeta B
April 23rd, 2010
Silvia Ribeiro Un variopinto sector, que abarca algunos científicos, grandes inversionistas, poderosos gobiernos y algún ambientalista despistado, convergen en impulsar la geoingeniería o manipulación del clima, alegando que no se pueden cambiar las causas de la crisis climática. Proponen entonces un plan B: técnicas para manipular grandes trozos del planeta, desde oceános a la estratosfera, [...]
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FAO y transgénicos: apuesta equivocada
March 6th, 2010
Silvia Ribeiro Es grave e irresponsable el intento de FAO de legitimar los transgénicos como solución al hambre y la crisis climática en el tercer mundo, cuya expresión más reciente es la conferencia Biotecnologías agrícolas en los países en desarrollo (Guadalajara, México, 14 de marzo). Frente a las críticas que van en aumento, los funcionarios [...]
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Alerta transgénica: la FAO intenta legitimar a las trasnacionales
February 16th, 2010
Por Silvia Ribeiro Del primero al 4 de marzo 2010 se realizará en Guadalajara, México, una conferencia “técnica” internacional de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre cómo se podría manipular y/o hacer transgénico casi todo lo que esté vivo: desde los cultivos y microorganismos hasta los bosques, peces [...]
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Cambio climático: fracasos y parteaguas
January 18th, 2010
Silvia Ribeiro* La reunión de Naciones Unidas sobre cambio climático que se realizó en Copenhague en diciembre 2009 fue, como anunciaron titulares de todo el mundo, un fracaso. Pero también un parteaguas en muchos sentidos. Me parece útil acercarnos más al contenido de ambas cosas. Por un lado, como mencioné en artículos anteriores, se les [...]
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Crisis climática y destrucción programada de bosques
July 19th, 2010
Silvia Ribeiro *
Paradójicamente, hablar de “cambio climático” es caer en la trampa de quienes lo han provocado: invita a pensar en un cambio paulatino, natural y frente al cual no queda más que tratar de “adaptarnos” o “mitigar” sus efectos. “Nosotros preferimos hablar de crisis climática, provocada por un modelo de sociedad que ha decidido ‘quemar’ el planeta para que algunos disfruten poco de un estilo de vida que también de manera perversa han dado en llamar ‘desarrollado”, afirma el editorial de “Crisis climática, falsos remedios y soluciones verdaderas”, compendio editado por la revista Biodiversidad, sustento y culturas, con el Movimiento Mundial de Bosques y Amigos de la Tierra ALC.
La crisis climática es una consecuencia de la civilización petrolera, con gravísimos impactos sociales y ambientales. El tema está plagado de trampas conceptuales, intentando que no reconozcamos las causas reales o los remedios falsos propuestos por quienes causan los problemas para seguir sacando ganancias aunque la crisis empeore. Un ejemplo de ello son los programas llamados Redd, por su siglas en inglés, lo cual se traduce como “Reducción de emisiones de carbono derivadas de la deforestación y degradación de bosques”. Como explica el Movimiento Mundial de Bosques en el compendio citado, la idea es simple: la deforestación es un factor importante de emisiones de dióxido de carbono –por tanto, de calentamiento global–, por lo que se busca compensar financieramente a quienes puedan evitar la deforestación. Pero los problemas comienzan desde la definición. En la convención sobre cambio climático se refieren en Redd a “deforestación evitada” y no a “evitar la deforestación”. Parece una distracción semántica, pero las consecuencias son tremendas: no se trata de apoyar a quienes realmente evitan la deforestación, sino de pagar a quienes ya deforestan y lucran con ello, para que deforesten un poco menos, pagándoles lo que dejarían de ganar. Es la misma lógica del Mecanismo de desarrollo limpio de esa convención, que sólo apoya a quienes tengan desarrollo sucio pagándoles para que ensucien un poco menos. No son apoyos para quienes no contaminan o no deforestan, sino solamente para los que sí lo hacen.
El programa premia a los mayores deforestadores (cuanto más grandes más ganan) y estimula la deforestación para poder cobrar por dejar de hacerlo (luego de haber lucrado primero con ella). Los países y comunidades que cuiden sus bosques no pueden recibir nada de esos programas, es necesario que primero los destruyan. Que en un periodo no se deforeste una zona no implica que no se pueda hacer en los años siguientes, estimulando así también la apertura de nuevas zonas a deforestar mientras se vuelve luego a las que se “deja” de deforestar, de tal manera que las mismas empresas, ONG y gobiernos, pueden hacer negocio tanto cobrando de Redd como deforestando.
Las nuevas versiones de programas Redd, llamadas Redd++, dan una vuelta más a la perversión, con más trampas conceptuales y mayor afectación para las comunidades indígenas y forestales. En esas versiones se introducen en el programa la “conservación”, la “gestión sustentable de los bosques” y el “mejoramiento de la capacidad de almacenamiento de carbono en los bosques”. Puede sonar bien, pero lo que significan está muy mal. La “conservación” y “gestión sustentable de los bosques”, en el marco de Redd, significa que estados, ONG y/o técnicos podrán definir, con reglas externas elaboradas por instituciones internacionales (como el Banco Mundial), por arriba de las comunidades, el uso de sus territorios. Esto ya ha significado en varios países, incluso, la expulsión de comunidades indígenas de estas áreas y en todas la enajenación de la decisión de las comunidades sobre sus territorios.
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México, Brasil y otros países que están entre los peores deforestadores del mundo han abrazado las propuestas Redd con entusiasmo, acompañados por ONG trasnacionales, como The Nature Conservancy, WWF y Conservación Internacional, y las trasnacionales más contaminantes, como la petrolera BP, que avizoran un gran negocio que les sirve además como maquillaje verde. También ONG nacionales, las mismas que han apoyado el negocio de venta de servicios ambientales (incluyendo la biopiratería) y la entrada de proyectos del Banco Mundial a comunidades, ahora defienden los proyectos Redd “para apoyar a las comunidades forestales”. Además de promover mayor destrucción de bosques, Redd es en realidad otra forma de enajenar el poder de decisión de las asambleas comunitarias para que grupos compitan por proyectos en lugar de luchar por sus derechos, por el reconocimiento y apoyo que debería ser política pública –no dependiente de trasnacionales e insituciones financieras internacionales– al rol fundamental que tienen las comunidades indígenas, campesinas y forestales, entre muchos otros, para enfrentar la crisis climática y enfriar el planeta. * Investigadora del grupo ETC
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Freno a la geoingeniería
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Vida artificial con fines de lucro
June 5th, 2010
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Crisis climática: ya tiene cascabel el gato
April 28th, 2010
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April 28th, 2010
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El clima de los pueblos
April 23rd, 2010
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No hay planeta B
April 23rd, 2010
Silvia Ribeiro Un variopinto sector, que abarca algunos científicos, grandes inversionistas, poderosos gobiernos y algún ambientalista despistado, convergen en impulsar la geoingeniería o manipulación del clima, alegando que no se pueden cambiar las causas de la crisis climática. Proponen entonces un plan B: técnicas para manipular grandes trozos del planeta, desde oceános a la estratosfera, [...]
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FAO y transgénicos: apuesta equivocada
March 6th, 2010
Silvia Ribeiro Es grave e irresponsable el intento de FAO de legitimar los transgénicos como solución al hambre y la crisis climática en el tercer mundo, cuya expresión más reciente es la conferencia Biotecnologías agrícolas en los países en desarrollo (Guadalajara, México, 14 de marzo). Frente a las críticas que van en aumento, los funcionarios [...]
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Alerta transgénica: la FAO intenta legitimar a las trasnacionales
February 16th, 2010
Por Silvia Ribeiro Del primero al 4 de marzo 2010 se realizará en Guadalajara, México, una conferencia “técnica” internacional de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre cómo se podría manipular y/o hacer transgénico casi todo lo que esté vivo: desde los cultivos y microorganismos hasta los bosques, peces [...]
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Cambio climático: fracasos y parteaguas
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domingo, 25 de julio de 2010
CARTA AL PRESIDENTE PIÑERA
Ciudad de Buenos Aires, 22 de Julio de 2010
Carta de los familiares de los desaparecidos argentinos en Chile dirigida al
Presidente de Chile Sr. Sebastián Piñera
Los familiares de los ejecutados y/o desaparecidos argentinos en Chile transmitimos en el día de la fecha al presidente de chile nuestra profunda preocupación por las noticias de que su gobierno estaría evaluando indultar a militares sancionados por la justicia en los casos de terrorismo de estado, delitos que se tipifican como delitos de Lesa Humanidad.
Le transmitimos en la carta la experiencia argentina, en donde hace 20 años el ex presidente Carlos Menem indultó a los militares que se encontraban presos y sancionados por los crímenes de lesa humanidad cometidos en argentina, el ex presidente no logró otra cosa que avivar y encender las heridas, y con el tiempo las respuestas de las organizaciones de Derechos Humanos y la sociedad argentina en su conjunto lograron revertir este grave error institucional cometido por el entonces presidente Carlos Menem y hoy se están instrumentando los juicios y sancionando a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
Lo que se esta planteando en Chile es un perdón, le preguntamos al señor presidente si algún militar comprometido con los terribles crímenes perpetrados, pidió perdón?
Le transmitimos al presidente que si bien algunos familiares pueden llegar a perdonar, muchos no, pero este acto de clemencia nada tiene que ver con la posibilidad de que el estado chileno libere de las sanciones emitidas por sus crímenes de lesa humanidad a los ciudadanos que ya fueron sancionados.
Nuestro planteo carece de sentimientos de venganza u odio, nuestro planteo es de respeto a las instituciones de chile y de respeto a la justicia, como siempre lo hemos hecho, esta claro de que los militares responsables de los crímenes tenían odio y al día de hoy, algunos de esos personajes siguen manifestando el mismo odio que tenían hace treinta años,
Le planteamos por ultimo que nosotros los familiares de las victimas argentinas en chile, dos cosas; Ni odio, ni indulto presidencial a los sancionados por los crímenes de lesa humanidad.
Los familiares una vez mas seguiremos esperando Memoria Verdad y Justicia del estado chileno, estamos seguros de que en Chile, la justicia seguirá caminando a paso lento pero firme y seguro.
Esperando que nuestras palabras sirvan a enriquecer un tema muy complejo y doloroso para chile, deseamos que la racionalidad y la imparcialidad gobierne por sobre los intereses de una facción en particular, como en este caso pretende imponer la UDI y un sector de la Iglesia.
Afepoc
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en Chile
Olga Reynoso
Isabel Pizzorno
Patricia Garzón
Maria Berta Díaz Aguero
Ernesto Lejderman Avalos
Teléfono; 54-11-3527-1454
ernestoprensa@yahoo.es
jueves, 8 de julio de 2010
CONDENAS POR EL CRIMEN DEL GENERAL PRATS Y SU ESPOSA.
8 de Julio de 2010
Por doble homicidio y asociación ilícita
Caso Prats: Corte Suprema ratifica condenas para cúpula de la DINA
En un fallo calificado como histórico -y después 36 años- se dieron a conocer este jueves el fallo definitivo con las condenas dictadas contra los responsables de los homicidios del otrora comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. Manuel Contreras, quien estaba condenado a dos penas de presidio perpetuo, fue condenado a 17 años de presidio mayor sin medidas alternativas.
.por El Mostrador
La Corte Suprema ratificó este jueves las condenas a los principales responsables del asesinato del general Carlos Prats, y su esposa, ocurrido en 1974 en Buenos Aires, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informaron fuentes judiciales.
El fallo condenó a diecisiete años por homicidio calificado, más otros tres años y un día por asociación ilícita, a los dos máximos responsables de la policía secreta de Pinochet, el general retirado Manuel Contreras y el ex brigadier Pedro Espinoza Bravo.
Ambos habían sido condenados, en un fallo de primera instancia que después fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago, a dos cadenas perpetuas por homicidios calificados, más otros 20 años por asociación ilícita.
El asesinato de Prats, comandante en jefe del Ejército durante el Gobierno de Salvador Allende y antecesor de Augusto Pinochet en ese cargo, fue el primero de varios atentados cometidos en el exterior por agentes de la DINA.
La sentencia conocida hoy pone fin a un proceso que se inició en 2002, cuando la Corte Suprema abrió una investigación por el asesinato ejecutado en territorio extranjero, al considerar que la ejecución de este delito comenzó en el país, con la planificación del atentado.
Uno de los puntos importantes de este fallo reside en la unificación de las penas, que si en la primera y segunda sentencia eran de dos cadenas perpetuas por los dos homicidios, ahora son de una única condena de diecisiete años de prisión, sin beneficios, por ambos asesinatos.
Además, la sentencia impone quince años y un día de prisión en calidad de autores del homicidio a otros cuatro represores, el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, el ex brigadier José Zara y los ex coroneles Cristoph Willeke Floel y Juan Morales Salgado.
En el anterior fallo, Iturriaga Neumann había recibido dos condenas de quince años de presidio, mientras que a los otros tres implicados se les habían impuesto dos condenas de diez años de prisión para cada uno de ellos.
Asimismo, a los cuatro se les habían impuesto condenas de 541 días por el delito de asociación ilícita, que en la sentencia definitiva han quedado reducidas a cien días para cada uno de ellos.
Tanto Contreras y Espinoza como estos cuatro condenados, a los que el fallo otorga prisión efectiva, se encuentran ya en la cárcel, cumpliendo otras condenas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
En tanto, la sentencia también rebaja la pena a la escritora Mariana Callejas, ex esposa del agente estadounidense de la DINA Michael Towley, que deberá cumplir cinco años de prisión con beneficios, es decir, en libertad vigilada.
Callejas, que según el expediente fue quien activó el control remoto que hizo explotar la bomba que mató a Prats y a su esposa, se hizo conocida por celebrar en su casa tertulias literarias a las que asistían conocidos escritores, mientras en el sótano su marido fabricaba bombas, gas sarín o torturaba prisioneros.
En tanto, el miembro civil de la DINA Jorge Iturriaga Neumann, hermano de Raúl, que había recibido dos condenas de cinco años y un día como cómplice del doble crimen, deberá cumplir también una única condena de cinco años con beneficios, lo que en la práctica le exime de ir a prisión.
Asimismo, el ex suboficial Reginaldo Valdés Alarcón obtuvo dos penas de 541 días de presidio menor en su grado medio con beneficio de remisión condicional de la pena como cómplice del doble crimen, lo que significa que también las cumplirá en libertad.
Ésta es la única condena que la Corte Suprema mantuvo inalterada respecto a los fallos de primera y segunda instancia.
De esta forma, Callejas, Jorge Iturriaga y Reginaldo Valdés, que se encuentran en libertad, no tendrán que ingresar en prisión.
EFE
CONFLICTO EN INTERIOR: DERECHOS HUMANOS
VER INFORME DEL DIARIO EL MOSTRADOR:
http://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/07/07/la-crisis-en-interior-por-conflicto-con-programa-de-derechos-humanos/
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Jueves, 8 de Julio de 2010
Actualizado a las 12:11Dichos del subsecretario por caso de embajador en Panamá encendieron ánimos de abogados
El conflicto en Interior por Programa de Derechos Humanos
por Jorge Molina Sanhueza
Las relaciones entre los abogados del Programa de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior son cada vez peores; más aún con la directora, la ex fiscal Rossy Lama. La tensión no es nueva. Se viene arrastrando desde que Lama fue designada como nueva jefa del Programa e impuso nuevos criterios de productividad y administración que han caído como un balde de agua fría entre los profesionales que tramitan estas causas por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, las declaraciones del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla en una entrevista reciente con La Segunda, profundizaron las diferencias debido a que Ubilla cuestionó la eficiencia de los abogados y dijo que las causas demoraban más de lo necesario.
“Ignorancia”
Los dichos de Ubilla calaron hondo entre los abogados del Programa, sobre todo porque el secretario de Estado cometió un grave error de concepto: los sustanciadores de las causas son los ministros de la Corte de Apelaciones, responsables de los tiempos que usan para llevarlas adelante.
De esta manera, quizás no previendo el alcance de sus palabras, Ubilla le pegó al Poder Judicial. Algunos ministros consultados por este diario, se manifestaron molestos por la “alusión gratuita y oblicua” -otros usaron la palabra “ignorancia”- de Ubilla para criticar su trabajo, aunque declinaron hablar públicamente, para no verse envueltos en temas políticos que pudieran afectar su independencia.
Otro detalle que Ubilla olvidó, es que gran parte de las causas, muchas de ellas con condenas a firme, han demorado por la falta de colaboración de los militares, como también las dificultades propias de reconstruir organigramas secretos de la inteligencia política de los 70 y 80 en Chile. Casos para demostrarlo, están a la vista: el proceso por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier (demoró cinco años), del sindicalista Tucapel Jiménez (20 años), entre muchos otros.
Los protocolos
Todo lo anterior, sin embargo, tiene dos hechos precisos. El primero, la citación a declarar, en calidad de testigo, del ex comandante en Jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, el general (R) Óscar Izurieta, en el proceso por el homicidio del cantante Víctor Jara.
Izurieta tuvo que prestar declaración, debido a que el subdirector de la DINA, el brigadier (R) Pedro Espinoza, lo mencionó en el expediente como quien tendría información sobre la muerte del folclorista y la identidad de “El Príncipe”, autor material del hecho.
La jefa del programa, Rossy Lama, fue informada de la situación del embajador Labbé a través del segundo de abordo, el abogado Francisco Ugás.
El gobierno, en su oportunidad, cuestionó la diligencia, solicitada por los abogados Karina Fernández y Cristián Cruz, la que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Ambos profesionales han sido el centro de los cuestionamientos del subsecretario Ubilla y el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.
Según Rossy Lama, en una entrevista otorgada a radio Bío Bío, no se respetaron las normas internas que obligan a informarle de las diligencias que se solicitarán en cualquier proceso.
Varios profesionales consultados por este diario, reconocieron que Lama no fue avisada, pero justificaron el actuar de Fernández, debido al clima de desconfianza mutua que reina al interior del programa.
En ese mismo contexto, el gobierno recibió un duro golpe de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). La organización sostuvo un encuentro protocolar con el Presidente Sebastián Piñera, luego del cual las dirigentes salieron muy molestas, aduciendo una falta de respeto del Mandatario. Este hecho fue rebotado por todos los medios, pero duramente criticado por el ministro Hinzpeter.
Cambio de lógica
Transcurrieron algunas semanas y la citación a otra autoridad del gobierno volvió a caldear los ánimos de La Moneda. Esta vez fue requerido en calidad de inculpado, el recién designado embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé –hermano del alcalde de Providencia y ex agente de la DINA, Cristián Labbé-, por la jueza Raquel Lermanda, en el marco del proceso que sustancia por las víctimas de la Operación Cóndor.
Labbé fue citado, debido a que a mediados de los 70 ocupó el cargo de segundo secretario en la legación diplomática de Buenos Aires, Argentina. En esa calidad, según el ex agente de la DINA Carlos Labarca Sanhueza -entre otros- era el nexo con Enrique Arancibia Clavel y el agregado militar de la época, enviando informes secretos a través de la valija diplomática.
En el antiguo sistema de persecución penal de los delitos, cuando alguien ha prestado declaración como testigo o no lo ha hecho y luego de otros interrogatorios es imputado por terceros de alguna acción constitutiva de delito, la lógica de cualquier organismo perseguidor -como es el Programa de DDHH y el Consejo de Defensa del Estado-, es buscar la mayor cantidad de procesados y las más elevadas penas.
La preocupación de La Moneda está puesta en una entrevista que dio la abogada Karina Fernández y que se publicará este jueves. Según sus colegas, Fernández contará su verdad y se inmolará
Por esta razón, las palabras de Ubilla se instalan para el mundo de los derechos humanos como estrategia para constituir un poder de veto, a través de Rossy Lama, de las diligencias que se solicitarán y aplicar un criterio político más que persecutorio.
Dichos contradictorios
A diferencia de lo sucedido con Izurieta, la jefa del programa, Rossy Lama, fue informada de la situación del embajador Labbé a través del segundo de abordo, el abogado Francisco Ugás, hecho que se contradice con la nota publicada por el diario El Mercurio, el 30 de junio pasado.
Cercanos a Lama aseguran que la versión no fue entregada al matutino por la jefa del programa, sino por Ubilla quien “se arrancó con los tarros en La Segunda”, desconociendo que en esta oportunidad si se cumplieron los protocolos. De hecho, existe un correo enviado por el propio Ugás a Lama, situación confirmada por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, el primer profesional que logró procesar a Pinochet en el caso Caravana de la Muerte.
De allí que el conflicto interno subió de tono. Solicitudes de reunión, una discusión fuerte entre la abogada Karina Fernández y Lama, más el aumento de la desconfianza, terminaron por sellar la semana pasada este conflicto que ha ido escalando.
Pero también en ese contexto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla cuestionó la idoneidad profesional de los abogados del programa, tratando de evitar con esto que La Moneda fuera nuevamente cuestionada por nombrar funcionarios con un cuestionable pasado durante la dictadura, como lo dijera el propio Piñera durante la campaña (ver recuadro).
La preocupación de La Moneda, sin embargo, ahora está puesta en una entrevista otorgada por la propia Karina Fernández a The Clinic que saldrá publicada este jueves. Allí, la abogada cuenta su verdad y todos los episodios vividos al interior del Programa de DDHH. Según sus colegas, Fernández se inmolará. Para ellos, es altamente probable que desde Interior llegue la orden de despedirla.
Este diario intentó obtener una versión de Rossy Lama, del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y del abogado Ugás pero no hubo respuesta.
Preocupación en Cancillería
En Cancillería en tanto llamaron la atención las declaraciones del ministro Alfredo Moreno en torno a que si se comprueba la responsabilidad penal de Labbé, éste debería abandonar el servicio exterior, distanciándose del discurso estructurado por la Casa de Gobierno.
Fuentes del edificio Carrera comentaron que existe preocupación entre los funcionarios de carrera y los políticos, ya que a muchos de ellos les correspondió estar al mando de legaciones diplomáticas durante la dictadura militar, donde los servicios de inteligencia tenían una fuerte presencia y control.
En este sentido, recordaron el caso del embajador Luis Palma Castillo, quien fuera nombrado por Bachelet para asumir la agregaduría de Venezuela, pese a sus vínculos con la desaparecida CNI, obligando a la Cancillería a retirar su beneplácito.
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Jueves, 8 de Julio de 2010
Actualizado a las 12:11Dichos del subsecretario por caso de embajador en Panamá encendieron ánimos de abogados
El conflicto en Interior por Programa de Derechos Humanos
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Las relaciones entre los abogados del Programa de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior son cada vez peores; más aún con la directora, la ex fiscal Rossy Lama. La tensión no es nueva. Se viene arrastrando desde que Lama fue designada como nueva jefa del Programa e impuso nuevos criterios de productividad y administración que han caído como un balde de agua fría entre los profesionales que tramitan estas causas por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, las declaraciones del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla en una entrevista reciente con La Segunda, profundizaron las diferencias debido a que Ubilla cuestionó la eficiencia de los abogados y dijo que las causas demoraban más de lo necesario.
“Ignorancia”
Los dichos de Ubilla calaron hondo entre los abogados del Programa, sobre todo porque el secretario de Estado cometió un grave error de concepto: los sustanciadores de las causas son los ministros de la Corte de Apelaciones, responsables de los tiempos que usan para llevarlas adelante.
De esta manera, quizás no previendo el alcance de sus palabras, Ubilla le pegó al Poder Judicial. Algunos ministros consultados por este diario, se manifestaron molestos por la “alusión gratuita y oblicua” -otros usaron la palabra “ignorancia”- de Ubilla para criticar su trabajo, aunque declinaron hablar públicamente, para no verse envueltos en temas políticos que pudieran afectar su independencia.
Otro detalle que Ubilla olvidó, es que gran parte de las causas, muchas de ellas con condenas a firme, han demorado por la falta de colaboración de los militares, como también las dificultades propias de reconstruir organigramas secretos de la inteligencia política de los 70 y 80 en Chile. Casos para demostrarlo, están a la vista: el proceso por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier (demoró cinco años), del sindicalista Tucapel Jiménez (20 años), entre muchos otros.
Los protocolos
Todo lo anterior, sin embargo, tiene dos hechos precisos. El primero, la citación a declarar, en calidad de testigo, del ex comandante en Jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, el general (R) Óscar Izurieta, en el proceso por el homicidio del cantante Víctor Jara.
Izurieta tuvo que prestar declaración, debido a que el subdirector de la DINA, el brigadier (R) Pedro Espinoza, lo mencionó en el expediente como quien tendría información sobre la muerte del folclorista y la identidad de “El Príncipe”, autor material del hecho.
La jefa del programa, Rossy Lama, fue informada de la situación del embajador Labbé a través del segundo de abordo, el abogado Francisco Ugás.
El gobierno, en su oportunidad, cuestionó la diligencia, solicitada por los abogados Karina Fernández y Cristián Cruz, la que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Ambos profesionales han sido el centro de los cuestionamientos del subsecretario Ubilla y el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.
Según Rossy Lama, en una entrevista otorgada a radio Bío Bío, no se respetaron las normas internas que obligan a informarle de las diligencias que se solicitarán en cualquier proceso.
Varios profesionales consultados por este diario, reconocieron que Lama no fue avisada, pero justificaron el actuar de Fernández, debido al clima de desconfianza mutua que reina al interior del programa.
En ese mismo contexto, el gobierno recibió un duro golpe de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). La organización sostuvo un encuentro protocolar con el Presidente Sebastián Piñera, luego del cual las dirigentes salieron muy molestas, aduciendo una falta de respeto del Mandatario. Este hecho fue rebotado por todos los medios, pero duramente criticado por el ministro Hinzpeter.
Cambio de lógica
Transcurrieron algunas semanas y la citación a otra autoridad del gobierno volvió a caldear los ánimos de La Moneda. Esta vez fue requerido en calidad de inculpado, el recién designado embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé –hermano del alcalde de Providencia y ex agente de la DINA, Cristián Labbé-, por la jueza Raquel Lermanda, en el marco del proceso que sustancia por las víctimas de la Operación Cóndor.
Labbé fue citado, debido a que a mediados de los 70 ocupó el cargo de segundo secretario en la legación diplomática de Buenos Aires, Argentina. En esa calidad, según el ex agente de la DINA Carlos Labarca Sanhueza -entre otros- era el nexo con Enrique Arancibia Clavel y el agregado militar de la época, enviando informes secretos a través de la valija diplomática.
En el antiguo sistema de persecución penal de los delitos, cuando alguien ha prestado declaración como testigo o no lo ha hecho y luego de otros interrogatorios es imputado por terceros de alguna acción constitutiva de delito, la lógica de cualquier organismo perseguidor -como es el Programa de DDHH y el Consejo de Defensa del Estado-, es buscar la mayor cantidad de procesados y las más elevadas penas.
La preocupación de La Moneda está puesta en una entrevista que dio la abogada Karina Fernández y que se publicará este jueves. Según sus colegas, Fernández contará su verdad y se inmolará
Por esta razón, las palabras de Ubilla se instalan para el mundo de los derechos humanos como estrategia para constituir un poder de veto, a través de Rossy Lama, de las diligencias que se solicitarán y aplicar un criterio político más que persecutorio.
Dichos contradictorios
A diferencia de lo sucedido con Izurieta, la jefa del programa, Rossy Lama, fue informada de la situación del embajador Labbé a través del segundo de abordo, el abogado Francisco Ugás, hecho que se contradice con la nota publicada por el diario El Mercurio, el 30 de junio pasado.
Cercanos a Lama aseguran que la versión no fue entregada al matutino por la jefa del programa, sino por Ubilla quien “se arrancó con los tarros en La Segunda”, desconociendo que en esta oportunidad si se cumplieron los protocolos. De hecho, existe un correo enviado por el propio Ugás a Lama, situación confirmada por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, el primer profesional que logró procesar a Pinochet en el caso Caravana de la Muerte.
De allí que el conflicto interno subió de tono. Solicitudes de reunión, una discusión fuerte entre la abogada Karina Fernández y Lama, más el aumento de la desconfianza, terminaron por sellar la semana pasada este conflicto que ha ido escalando.
Pero también en ese contexto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla cuestionó la idoneidad profesional de los abogados del programa, tratando de evitar con esto que La Moneda fuera nuevamente cuestionada por nombrar funcionarios con un cuestionable pasado durante la dictadura, como lo dijera el propio Piñera durante la campaña (ver recuadro).
La preocupación de La Moneda, sin embargo, ahora está puesta en una entrevista otorgada por la propia Karina Fernández a The Clinic que saldrá publicada este jueves. Allí, la abogada cuenta su verdad y todos los episodios vividos al interior del Programa de DDHH. Según sus colegas, Fernández se inmolará. Para ellos, es altamente probable que desde Interior llegue la orden de despedirla.
Este diario intentó obtener una versión de Rossy Lama, del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y del abogado Ugás pero no hubo respuesta.
Preocupación en Cancillería
En Cancillería en tanto llamaron la atención las declaraciones del ministro Alfredo Moreno en torno a que si se comprueba la responsabilidad penal de Labbé, éste debería abandonar el servicio exterior, distanciándose del discurso estructurado por la Casa de Gobierno.
Fuentes del edificio Carrera comentaron que existe preocupación entre los funcionarios de carrera y los políticos, ya que a muchos de ellos les correspondió estar al mando de legaciones diplomáticas durante la dictadura militar, donde los servicios de inteligencia tenían una fuerte presencia y control.
En este sentido, recordaron el caso del embajador Luis Palma Castillo, quien fuera nombrado por Bachelet para asumir la agregaduría de Venezuela, pese a sus vínculos con la desaparecida CNI, obligando a la Cancillería a retirar su beneplácito.
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viernes, 2 de julio de 2010
DENUNCIAN ATENTADOS A PUEBLOS ORIGINARIOS
INFORME DE DERECHOS HUMANOS 2010
TERNACIONAL DE SOLIDARIDAD Y HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE LA TORTURA
CHILE: en sus 200 años
COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA
La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) es una entidad conformada en marzo de 2001 por organismos de derechos humanos y personalidades de reconocida solvencia moral, con la finalidad de que el Estado de Chile asumiera su responsabilidad respecto de los sobrevivientes de prisión política y tortura durante la dictadura militar. Entre otras, la integran Amnistía Internacional-Chile; el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch); el Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile (CONFERRE); el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS); la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), la Asociación Americana de Juristas (AAJ); el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL); la Coordinación Nacional de Ex Presos Políticos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos; Comisión Etica contra la Tortura de Santiago, Temuco, Valparaíso, San Antonio, y un equipo de trabajo exterior integrado por personas que residen en Francia, Suiza, Canadá, Bélgica e Italia. La CECT – Chile está afiliada a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra.
A modo de presentación
I.- A cada hora, el poder del mundo se concentra y se globaliza. Un reducido número de empresas, como un salvaje animal totalitario, lo tiene en sus garras. Continentes en la miseria junto a altos niveles tecnológicos. Posibilidades de vida asombrosas a la par de millones de hombres desocupados, sin hogar, sin asistencia médica, sin educación. El individualismo ha hecho estragos. La total asimetría en el acceso a los bienes producidos socialmente está terminando con parte de la humanidad. El sufrimiento de millones de seres humanos que viven en la miseria está permanentemente delante de los ojos de todos, aunque se hagan esfuerzos por cerrarlos. Es la crisis de una concepción del mundo y de la vida, basada en la idolatría de la técnica y de la explotación del hombre por el hombre. Para la obtención del dinero han sido considerados válidos todos los medios. En el caos, cada uno saquea lo que puede. Esta sociedad ha crecido llevando como meta la conquista allí donde tener poder ha significado apropiarse y explotar a los más débiles. La economía reinante conduce a que la población mundial, en gran parte, no pueda seguir viviendo.
Esto pareciera suficiente para que los poderes del mal justifiquen la violencia, la represión, el genocidio.
Colonialismo e imperios, a través de luchas sangrientas, han pulverizado tradiciones enteras y han profanado valores milenarios, cosificando primero la naturaleza y luego los ideales de los seres humanos. El bienestar de algunos se ha logrado a través de la imposición del miedo y de la exclusión.
Ello explica que los países ricos, entre 1990 y 2007, han aumentado en 11,2 % las emisiones de gases contaminantes, lo que representa más de nueve veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo y más de veinte veces las emisiones de un habitante de Africa Subsahariana.
II.- En Chile, la élite dominante pareciera orgullosa y transmite su autocomplacencia al conjunto de la sociedad. El sistema de dominación impuesto por el régimen militar no advierte síntomas de cuestionamiento o crisis, ni en lo político, ni en lo ideológico-cultural, ni en lo económico. Su dominio continúa sin contrapeso. Ha habido un proceso de adecuación institucional del marco jurídico-político establecido por la Constitución de 1980, y de ajustes del modelo económico neoliberal. En otros términos, las cosas “han cambiado para que nada (en lo sustantivo) cambie”.
Se preserva aún el sistema electoral binominal, que permite a la derecha mantener su sobre-representación parlamentaria y excluir a la izquierda. Se garantiza así un proceso legislativo que sólo habilita cambios dentro de la continuidad, dados los quórum requeridos para reformas de envergadura.
El régimen político, funcional a las necesidades del capital, ha sufrido la evidencia de prácticas de corrupción que han sido absorbidas y relativizadas por la vía de reformas de “modernización del Estado”, que harían más transparentes los nombramientos y remuneraciones de altos cargos públicos, las compras gubernamentales, la administración de las empresas públicas y los gastos de las campañas políticas.
El acuerdo de las fuerzas políticas del sistema a propósito de lo anterior, ha evitado que el escándalo acerca de las instituciones crezca y se convierta en factor de crisis como en otros países de la región.
La estabilidad política ha pasado, además, por un sistema de partidos que sólo ofrece variantes de administración del modelo neoliberal en lo económico-social. Un sistema hegemonizado por la coalición que ha podido ofrecer una mayor capacidad para cooptar y “clientelizar” a amplios sectores de la población, para mantener reducida y desarticulada la protesta social, al mismo tiempo que ganar crecientemente la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.
Las fuerzas políticas progresistas son marginales y aún no superan la dispersión. Se trata de un movimiento popular que empieza a reconstituirse como tal, con una diversidad de dinámicas que sólo circunstancialmente se articulan y proyectan a escala nacional.
El centro de las preocupaciones de las autoridades políticas y económicas ha sido mantener la confianza del gran empresariado en quienes ejercen el poder ejecutivo. Y esto ha sido logrado por la vía de asegurar la estabilidad del marco estructural neoliberal. Esto es, donde el “sector privado” es el motor y guía del crecimiento, mientras que el Estado se limita a funciones subsidiarias y de regulación funcional, avanzando en la apertura comercial y financiera de la economía; también existe un amplio imperio del mercado como mecanismo de regulación de la vida social y económica, en los ámbitos de la salud, la educación, la seguridad social y del trabajo.
La política macroeconómica aplicada ha contribuido a aumentar la concentración del poder económico en transnacionales y grandes empresas, al mismo tiempo que ha ido marginalizando al sector de medianas, pequeñas y micro empresas, que generan un 20% del PIB, no obstante emplear al 90% de la fuerza de trabajo.
Mientras los beneficios y el crecimiento se concentran en los barrios acomodados, las empresas forestales e hidroeléctricas han ido ocupando espacios cada vez más amplios, en desmedro de aquellos en que residen las comunidades indígenas, amenazando su continuidad histórica y cultural. Esto significa que el crecimiento concentrado en la exportación de materias primas se está logrando a costa de una enorme destrucción del medio ambiente.
En lo ideológico, como efecto de lo anterior, se ha extendido una mercantilización del sentido de la vida, que deshumaniza a los seres humanos y sus relaciones, vaciándolas de valores éticos y remitiéndolas a la dimensión monetaria.
Los medios de comunicación de masas, lo mismo que el sistema educativo, se encargan de remarcar que vivimos en un mundo de competidores y que los triunfadores son aquellos que merced a su espíritu emprendedor vencen en el mercado. Los grandes empresarios son convertidos en “modelos de conducta” a ser imitados por toda la sociedad. Este camino pasa por el esfuerzo individualista, la deslealtad con los compañeros y la subordinación a los superiores. Dado que el Estado se ha des-responsabilizado de su rol garante de los derechos económicos, sociales y culturales, los pobres terminan percibiéndose a sí mismos como culpables de su propia situación, por su falta de competitividad, su ignorancia, su ausencia de espíritu de superación, su falta de creatividad y de emprendimiento. Es así como en el afán de poder gastar más, las personas se endeudan hasta padecer de “endeudamiento crónico”, lo que les torna tensas, agresivas, violentas, y se sumergen en el estrés, la depresión, el alcohol o las drogas.
Este sistema sociopolítico que excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población, se ha impuesto y mantenido recurriendo a la represión estatal contra aquellos que exigen cambios, especialmente contra trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche.
En el caso de este último se ha llegado al extremo de aplicar la ley 18,314 de 1984, conocida como Ley Antiterrorista. Al momento de la entrega del presente Informe hay 36 presos políticos mapuche procesados por esta ley, contraviniendo las recomendaciones de Roberto Stavenhagen, Relator Especial de la ONU para la situación de los pueblos indígenas, que en 2003 señaló que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”. A ello se suma el Informe de Amnistía Internacional, al afirmar que al continuar aplicándose la Ley Antiterrorista, se está incumpliendo “tanto las promesas formuladas anteriormente por el gobierno respecto de no hacer uso de estas leyes, como las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos”.
La Ley Antiterrorista viola las garantías procesales y el debido proceso establecido en normas internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que subraya la importancia de tener derecho al debido proceso. La Ley Antiterrorista permite la existencia de “testigos sin rostro”, que pueden acusar e inculpar sin identificarse, violando así el derecho a un juicio justo y siguiendo bajo la vigencia del concepto de “enemigo interno”, emanado de la Ideología de la Seguridad Nacional.
Bajo el mismo predicamento, han sido acusados y perseguidos periodistas extranjeros y artistas visuales nacionales. El caso de Elena Varela es un ejemplo patético de injusticia, pues ha debido soportar seis años de persecución, acusaciones falsas y detenciones arbitrarias, antes de ser sobreseída de todos los cargos, y su material de trabajo no le ha sido devuelto. Similar situación ha afectado a Azel Luzuriaga, escritor y músico vasco, detenido el 31 de diciembre de 2009 por la Ley Antiterrorista, bajo la acusación de colocación de bombas. En febrero de 2010 se decretó su arresto domiciliario y el arraigo nacional.
En los últimos años la represión contra el pueblo mapuche también ha afectado de manera creciente a menores de edad. Expresión de lo anterior han sido las detenciones sufridas por Bania Queipul Millanao, de 15 años de edad, hija del Lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul. La niña ha sido detenida desde el interior de su colegio, interrogada, sometida a proceso y hostigada, bajo la acusación de desórdenes públicos tras haber lanzado piedras al edificio del Ministerio Público de Collipulli durante el funeral de Jaime Mendoza Collío, quien fue asesinado por fuerzas policiales, al igual que Johny Cariqueo y Matías Catrileo. Tras la desproporcionada persecución, Bania Queipul fue sobreseída de sus cargos el reciente día 13 de junio de 2010.
El terremoto del 27 de febrero de 2010 afectó doblemente a los recluidos en recintos carcelarios. Según el entonces Ministro de Justicia, en las zonas de Maule y de Bío-Bío se fugaron 426 reos. Al 4 de marzo de 2010 se había recapturado a 152 y en ese mismo momento se estaba en búsqueda de 274 reos fugados de las cárceles de Talca, Chillán, Concepción, Coronel, Molina y Arauco. Tras la caída de un muro de la Cárcel de Chillán se fugaron 269 internos, de los que fueron recapturados 60, habiendo fallecido 4 de ellos: tres murieron por efecto de los disparos de los gendarmes y uno, Horacio Núñez, murió quemado por el incendio provocado por los reos al ser aplastado por un muro y encontrarse encadenado en su cama. Los tres muertos por gendarmes son Luis Guillermo López Valenzuela (26 años); Jonathan Andrés Aguirre Aguirre (21 años); y Rodolfo Leal Medina (32 años). Se ha hecho público que el número de reos muertos asciende a doce, de acuerdo al alcaide de la prisión de Lebu. El Ministro de Justicia de la época, Carlos Maldonado, manifestó al respecto que la situación descrita constituiría “un triunfo que se hubiese mantenido el orden”.
Parecieran olvidadas por las autoridades las recomendaciones al Estado chileno por el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), sobre el cumplimiento de compromisos contraídos al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, algunas de las cuales se refieren a las deficientes condiciones al interior de las cárceles.
En Ginebra, en abril de 2009, durante el período de sesiones del CAT, se recomendó al Estado de Chile prestar atención “particularmente en lo relativo a las condiciones materiales, el hacinamiento y los abusos y sanciones injustificados en la aplicación del régimen disciplinario”. (Artículo 16).
A pesar de las recomendaciones formales, en la cárcel de Villarrica fue captada por teléfono celular una imagen que ha mostrado a trece reclusos desnudos en el patio, obligados por los gendarmes a realizar ejercicios. Según las denuncias de sus familiares y del diputado Fernando Meza, después de los ejercicios los reos fueron trasladados a celdas donde fueron mojados para evitar marcas de lesiones. La denuncia obligó al Director Nacional de Gendarmería a reconocer los hechos y ocho gendarmes han sido imputados.
En este contexto es válido recordar algunas otras recomendaciones del CAT:
a) Adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y garantizar las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad;
b) Establecer un mecanismo nacional de prevención que tenga competencia para efectuar visitas periódicas a centros de detención, a fin de implementar plenamente el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura;
c) Establecer medidas de seguridad acordes con el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad, de manera que se eliminen las celdas de aislamiento.
III.- Por todo esto y mucho más ha permanecido en pie la Comisión Ética contra la Tortura y el sentido de este Informe es dar a conocer algunos aspectos del deficiente respeto a los derechos humanos en nuestro país.
En relación con las personas que sufrieron prisión política y tortura durante la dictadura, queremos hacer hincapié en que es necesario superar la exclusión de la calidad de víctimas del terrorismo de Estado de quienes no fueron consideradas en el Informe Valech: los detenidos en manifestaciones públicas; los que fueron torturados fuera de los recintos oficiales de detención; los extranjeros; los chilenos torturados en el exterior en el marco de la Operación Cóndor y quienes fueron objeto de detención por menos de cinco días.
Además, debemos señalar que la pensión mensual brindada a las víctimas vulnera el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura, donde se reconoce para las víctimas “el derecho a una indemnización justa y adecuada”; no ha habido reparaciones jurídicas y morales para los afectados; tampoco ha habido medidas educativas y de prevención de la tortura; debe derogarse la cláusula que impide a los tribunales tener acceso a las imputaciones concretas de los delitos denunciados ante la Comisión Valech.
La CECT reitera, ante los 200 años de vida Republica, la proposición de reabrir indefinidamente la acreditación de las víctimas chilenas o extranjeras; violaciones a los derechos humanos cometidos en territorio nacional o extranjero por agentes represivos del Estado chileno; aprobar una nueva ley de reparación que asuma las propuestas iniciales de la Comisión Valech; y eliminar legislativamente la cláusula que impide el acceso del Poder Judicial a las denuncias de tortura. Derogación de la Ley de auto Amnistía de la dictadura; juicio y castigo a los agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos como son la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria de prisioneros, delitos imprescriptibles e in amnistiables.
IV.- El grueso del Informe se ha centrado en la situación represiva que hoy padece el pueblo mapuche, que viene sufriendo la exclusión y el exterminio para el enriquecimiento de las corporaciones transnacionales, no obstante que ya el Pacto de Quilín de 1641 reconoció la inviolabilidad del territorio y la autodeterminación
mapuche al sur del río Bío-Bío.
Y aún cuando los mapuche continúan sufriendo desaparición forzada, torturas, prisión política, condenas con libertad vigilada, medidas cautelares, montajes de la policía, de la ANI, del Ministerio Público y de la prensa, también hay otros grupos sociales que se han visto afectados por la militarización y criminalización de la protesta social; y la práctica de la tortura que ha agregado este año una nueva víctima como es el asesinato bajo tortura del comerciante Daniel Riquelme quién fue brutalmente golpeado hasta la muerte, por una patrulla de 5 infantes de marina en Hualpén, luego del terremoto del 27 de febrero.
En ese sentido, el propósito de este Informe es insistir en que no podemos vivir sin hacernos responsables de los demás, renunciando al bien individual por el bien común. Son responsables quienes dan su vida por salvar a otros. No puede haber responsabilidad cuando la vida ha perdido su fin, o éste se halla sólo en la comodidad individual o en el éxito fácil. “Cuando la cantidad de culturas relativiza los valores y la “globalización” aplasta con su poder y le impone una uniformidad arrogante, el ser humano, en su desconcierto, pierde el sentido de los valores y de sí mismo y ya no sabe en quién o en qué creer”. (Sábato, Ernesto, “La resistencia”, Seix Barral, B. Aires, 2000, pág. 52). La historia enseña que la condición última del hombre es trascendente y, por tanto, misteriosa. No es posible continuar en la superficie de la vida. La cosificación del hombre, que se plasma en las violaciones de los derechos humanos, en la expoliación de los trabajadores, en el cinismo colectivo, en el mal disfrazado de bien, constituyen los nuevos altares, los nuevos absolutos, los dioses con pies de barro. Las violaciones de los derechos humanos se realizan para imponer la globalización económica que, como huracán, ha pasado por el mundo entero.
La Comisión Etica contra la Tortura está convencida, al igual que el pensador Albert Camus,(“Ercilla”, 28-8-49), que nuestra presencia busca creer que “la misión del hombre es ser rebelde y combatir el absurdo y la crueldad, luchar por la libertad, la justicia y la felicidad en un mundo que las niega”.
Comisión Ética contra la Tortura (CECT). En el “Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura” y a Chile: en sus 200 años
Santiago de Chile
Junio de 2010
Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario
Documento de Síntesis
CONTENIDO
Proteger lo Humano
Convocantes y adherentes
A Verdad, justicia y reparación
B Promoción de los derechos humanos
C Discriminación
D Derechos de las mujeres, adolescentes y niñas
E Personas y grupos humanos en riesgo
Migrantes y refugiados/as
Menores de edad
Pueblos originarios
Personas privadas de la libertad
F Derechos económicos, sociales y culturales
G Educación en derechos humanos
H Democracia y participación
PROTEGER LO HUMANO
Hacia una cultura de Derechos Humanos en Chile
La Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, originada en una propuesta realizada en ocasión de las elecciones presidenciales de 2005, se ha convertido en una iniciativa proactiva de organizaciones e individuos de la sociedad civil, que presenta un “mapa de ruta” para las sucesivas administraciones del Estado de modo de situar la promoción y defensa de los Derechos Humanos, al centro de las realizaciones políticas y como respuesta a las aspiraciones legítimas de todas las personas que habitan Chile.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se ha formado una cultura global que ha penetrado en todas las esferas de la cultura, y en cuyo centro neurálgico se encuentran los Derechos Humanos. La política no está al margen de este proceso.
El desarrollo político institucional de Chile en los años precedentes al golpe de 1973, estuvo –implícitamente al menos– ligado a la mejoría en el goce de los Derechos Humanos; la recuperación de la democracia en 1990, en tanto, estuvo explícitamente marcada por la lucha por su reconquista. Gran parte de quienes han ocupado altas investiduras en la nueva democracia, participaron de ese proceso: la democracia chilena debiera ser hoy un modelo de sociedad fundada en el respeto irrestricto de los valores de la dignidad esencial de todas las personas que se encuentran bajo nuestra jurisdicción; en la eliminación de todas las formas de discriminación; en la solidaridad universal, y en la profundización de la participación democráticas.
La cercanía del Bicentenario de la independencia de Chile, debiera motivar a la sociedad a celebrar el acontecimiento en un marco en que cada persona que vive en el país se sienta segura en el goce de todos sus derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Ello supone, por una parte, que las políticas públicas sean diseñadas y ejecutadas con una perspectiva de Derechos Humanos; y, por la otra, la adopción de políticas públicas específicas para la promoción y protección de estos derechos. Las organizaciones que hemos construido la Agenda de Derechos Humanos que hoy proponemos, pensamos –por ejemplo– que, en materia de seguridad, las políticas públicas debieran buscar que ella tenga en mira la garantía de la certeza para todas las personas, especialmente las más desposeídas, del goce de todos sus derechos, y no la adopción de medidas represivas o limitantes de tales derechos. Sostenemos también que la promoción y protección internacional de los Derechos Humanos exige una política exterior activa, influyente, y ejemplificadora, ya no solamente formal en los foros internacionales. Las propuestas que se enuncian se centran en fortalecer los importantes avances de los últimos años, pero también en consolidar esos progresos e impedir retrocesos. Esto es especialmente importante respecto de las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura (1973-1990).
Los progresos normativos que en el mundo entero se observan han incorporado, en la teoría y la praxis de la acción política, nuevos temas valóricos y culturales históricamente relegados, que se hacen presentes en esta Agenda. Las organizaciones e individuos que suscribimos esta Agenda, estimamos de particular importancia el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad, para la promoción y la protección de los Derechos Humanos.
El 10 de diciembre de 2008 se conmemoraron los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, motivo por cual proponemos una Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario que incluye 60 propuestas. Estas propuestas consideran los siguientes temas: verdad, justicia y reparación; promoción de los derechos humanos; discriminación; derechos de las mujeres, adolescentes y niñas; personas y grupos humanos en riesgo; derechos económicos, sociales y culturales; educación en derechos humanos; democracia y participación.
Resulta indispensable establecer para Chile una agenda común de Derechos Humanos, la cual, contemplando acciones concretas y efectivas, marque un hito en la conmemoración del Bicentenario de la independencia. Este hito, además, estamos convencidos de que debe estar centrado en el reconocimiento de la dignidad y en el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas.
Por los motivos antes expuestos, las organizaciones proponentes requerimos al Estado chileno, por medio del Gobierno y otros poderes que lo representan, que se adopte una Agenda Nacional de Derechos Humanos del Bicentenario, que considere, al menos, las iniciativas que se acompañan.
CONVOCANTES Y ADHERENTES
La Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario es una iniciativa de Amnistía Internacional - Chile con la participación y adhesión de:
Organizaciones:
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Asamblea Nacional por los Derechos Humanos
Asociación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos
Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe - APILA
Asociación Inti Marka
Brigada de Ex Prisioneros Políticos (V Región)
Capítulo Chileno del Ombudsman
Cátedra UNESCO (de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano)
Centro de Desarrollo de la Mujer, DOMOS
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Temuco - CINPRODH
Centro Ecuménico Diego de Medellín
Ciudad Elefante
Coalición Chilena para la Diversidad Cultural
Colegio de Administradores Públicos
Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares
Comisión de Memoria y Derechos Humanos, Movimiento Nueva Izquierda
Comisión Ética contra la Tortura
Comisión Funa
Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales de Chile
Corporación Ciudadanía y Justicia.
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo -
CODEPU
Corporación Humanas
Escalando Futuros
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO - Chile
Fondo Alquimia
Fundación Ayuda Social de las Iglesias Cristianas - FASIC
Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia - PIDEE
Fundación Educación Popular en Salud – EPES
Fundación Laura Rodríguez
Movimiento de Integración y Liberación - MOVILH
Movimiento Unificado de Minorías Sexuales - MUMS
Observatorio Ciudadano
Observatorio de la Escuela de las América
ONG Raíces
Red Contra la Violencia Domestica y Sexual
Red de Objeción de Conciencia - ROC
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
Revista Cáñamo
A título individual:
Roberto Garretón - Abogado de Derechos Humanos
Marcello Sasso - Académico Universidad de Magallanes
Firmas de adhesión:
La Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario es apoyada por varios miles de personas, de todo el mundo, a título individual.
Para informarse y apoyar con su adhesión la Agenda de Derechos para el Bicentenario, visite: http://adhb.wordpress.com/
A VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION
1. Avanzar en la obtención de la verdad, de la justicia y de la reparación para todas las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares;
a) Revisar el marco legislativo, de manera que se cumpla en todos los casos con los estándares internacionales de respeto y de protección de los Derechos Humanos, y se contribuya sustancialmente a su defensa y promoción.
b) Reconocer que los graves crímenes contra la Humanidad perpetrados durante el régimen militar, son imprescriptibles e inamnistiables.
c) Reconocer la realidad de los casos pendientes de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas ocurridos en el período de la dictadura, clarificándola, y calificando aquellos casos que correspondieran a violaciones a los Derechos Humanos, para posibilitar a sus familiares acceder a los beneficios que otorga la Ley de Reparación.
d) Aprobar una nueva Ley de Reparaciones que contemple el conjunto de medidas materiales, morales, jurídicas, educativas y de memoria histórica, recomendadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
e) Establecer por ley la imprescriptibilidad del derecho a la reparación en casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
f) Anular todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra durante la dictadura.
g) Eliminar la cláusula de la Ley de Reparación del año 2004, que prohíbe al Poder Judicial acceder a las denuncias de tortura efectuadas a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para acabar así con el secreto de 50 años.
h) Recalificar como casos de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas a aquellos que fueron desestimados como tales por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
i) Recalificar como casos de Prisión y Tortura a aquellos que fueron desestimados como tales por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
j) Establecer beneficios de reparación a aquellas personas que fueron objeto de sentencias impuestas por los tribunales militares que, además de las penas de cárcel que les impusieron, los/as privaron de sus derechos civiles y políticos, de modo que se les restituyan sus derechos conculcados.
k) Dignificar las pensiones que actualmente reciben las víctimas de prisión política y tortura y exonerados/as políticos/as, equiparándoselas con las de familiares de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas.
l) Extender las becas de estudio a los hijos e hijas de personas presas por razones políticas y eliminar el tope máximo de edad a familiares de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas.
m) Asegurar que el Programa de Reparación y Ayuda Integral en Salud y Derechos (PRAIS):
- Permita que los/as beneficiarios/as del Programa sean autorizados a adquirir bonos FONASA del Sistema de Libre Elección con la credencial que poseen.
- El/la Encargado/a Nacional del PRAIS sea de responsabilidad exclusiva.
- Capacitar al personal del Sistema Público de Salud sobre programa PRAIS.
2. Dejar sin efecto el Decreto Ley Nº 2191 de 1978, conocido como “Ley de Amnistía”.
B PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
3. Utilizar los foros internacionales en los que Chile participe, para la promoción y defensa de los Derechos Humanos.
4. Firmar y ratificar todos los instrumentos internacionales pendientes en materia de Derechos Humanos; en particular:
a) El Estatuto de Roma, que establece una Corte Penal Internacional (1998) y aplicar plenamente el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional.
b) El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR-OP2), destinado a abolir la Pena de Muerte (1989).
c) El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la Pena de Muerte (1990).
d) La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994).
e) La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2007).
f) Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2002).
g) El Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1999).
h) El Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (”Protocolo de San Salvador”, 1988).
i) La Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (UNESCO, Paris, 2005).
j) Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (1968).
k) Declaración de Cartagena relativa a refugio (1984).
l) Las Normas Sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos (ONU 2004).
m) La Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego pequeñas y ligeras (CIFTA), y el Reglamento Modelo para el Control del
Movimiento internacional de Armas de Fuego. (2002).
n) El Acuerdo de Wassenaar, relativo a las “Buenas Prácticas para las armas pequeñas y ligeras”. (1998).
5. Promover la suscripción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
6. Ajustar la legislación nacional a los estándares exigidos por las normas de Derechos Humanos contenidas en los compromisos internacionales asumidos por Chile.
a) Promulgar legislación que implemente la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Convenios de Ginebra y sus Protocoles Adicionales I y II, y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y que prohíba las conductas determinadas en éstos instrumentos, respetando plenamente el derecho
internacional.
b) Promulgar legislación sobre cooperación con otros tribunales penales
internacionales, en particular sobre la entrega de personas presuntamente responsables de crímenes contra el derecho internacional.
c) Tipificar y sancionar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra para hacer efectivo el Estatuto de Roma de 1998.
d) Derogar completamente la Pena de Muerte en Chile.
e) Modificar el Código de Justicia Militar en concordancia con las normas de Derechos Humanos contenidas en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Chile, de manera que solamente se aplique al personal militar por hechos en ámbitos militares, y se extinga cualquier jurisdicción sobre las personas civiles.
7. Priorizar la elaboración de un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos mediante un amplio proceso de consulta, en conformidad con las recomendaciones recogidas en la Declaración y el Programa de Acción de Viena.
8. Promover la creación de una institucionalidad de Derechos Humanos autónoma, de acuerdo con los Principios de París, que actúe en concordancia con los estándares internacionales de protección de tales derechos, en el sentido que su órbita de atribuciones no se circunscriba únicamente a labores académicas y de memoria histórica, sino que también cuente con facultades para actuar judicialmente en calidad de querellante y demandante en los casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar. Debe contener la institución del Ombudsperson o Defensor Nacional del Pueblo para situaciones futuras sobre esta materia, con carácter autónomo, no jurisdiccional, para investigar denuncias particulares a fin de que las reparticiones de la Administración respeten y garanticen los derechos fundamentales de las personas individuales, cumpliendo del deber de publicidad de sus conclusiones.
9. Adoptar políticas de seguridad pública con un eje promocional y protector de los Derechos Humanos.
a) Garantizar que las políticas de seguridad pública no signifiquen un retroceso en el goce de los derechos civiles y políticos.
b) Tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a abusos policiales contra los grupos vulnerables, y proceder a enjuiciar y sancionar a los funcionarios que comentan actos de malos tratos.
c) Adoptar una política sobre drogas que sea eficaz, justa, democrática, construida de manera participativa y que privilegie el derecho a la asistencia social y sanitaria, antes que la pena.
d) Trasladar la responsabilidad de la prevención del consumo y el tratamiento de la drogadicción, desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Salud.
10. Apoyar activamente la elaboración de un Tratado Internacional de Comercio de Armas legalmente vinculante, que regule las transferencias de armas y de municiones.
a) Apoyar al Grupo de Expertos de Naciones Unidas que estudiará los alcances de un futuro Tratado Internacional de Comercio de Armas.
b) Participar activamente en el Grupo de Trabajo sobre el Control de Armas en los países de MERCOSUR y asociados.
11. Avanzar hacia un control interno más estricto del comercio, acceso, tenencia y porte de armas pequeñas y ligeras, así como de las municiones que puedan ser usadas también en armas de fabricación casera. Promulgar el reglamento complementario de la ley 20.014, que establece la obligatoriedad de un test psicológico para la tenencia de armas de fuego. Aplicarlo tanto a los nuevos como a los antiguos tenedores.
12. Cumplir plenamente y sin demora con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
13. Legislar para la protección al derecho a la vida privada y honra de las personas, de modo que no quede restringida únicamente a la protección de datos personales de orden económico o bancario y que no limite el legítimo ejercicio del derecho de libre acceso a las fuentes de información.
14. Proteger lo más plena y efectivamente los derechos sexuales y reproductivos en el marco del respeto integral a los Derechos Humanos de todas las personas.
a) Aprobar una ley que regule los derechos sexuales y reproductivos, en lo que se refiere a su libertad, autonomía e integridad, a la intimidad, igualdad, búsqueda del placer, libre asociación, a la expresión sexual de carácter afectivo; como también a
la libertad de tomar decisiones responsables de cara a la reproducción, a la información, educación y asistencia médica en ámbitos sexuales basada en la investigación científica.
b) Legislar sobre técnicas de reproducción humana asistida y métodos anticonceptivos, de manera de proteger plena y efectivamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos de las personas, así como su derecho a la identidad.
C DISCRIMINACION
15. Conferir rango constitucional a la normativa que prohíba la discriminación arbitraria.
16. Participar activamente en foros internacionales, oponiéndose a toda política estatal que legitime actos de discriminación arbitraria.
17. Promover legislación que defina el concepto de “discriminación arbitraria”. Esta definición deberá comprender, a lo menos, protección ante diferencias o combinación de diferencias basadas en:
- Origen étnico.
- Edad.
- Discapacidad física o psíquica.
- Apariencia o estructura física.
- Enfermedad.
- Género.
- Identidad u orientación sexual.
- Nacionalidad.
- Ideología u opinión política.
- Origen social o situación económica.
- Religión o creencias.
- Idioma o lengua.
- Estado civil.
E incluir una acción judicial especial de reparación para el caso de incumplimiento, así como un sistema redistributivo de defensa jurídica gratuita para el ejercicio de esta acción.
18. Desarrollar una política educacional obligatoria, dirigida a promover el respeto a la diversidad.
a) Elaborar e implementar una política educacional que incorpore la perspectiva de género en todos los niveles educativos.
b) Incorporar la interculturalidad como parte de los principios y fines de la educación chilena en general y no como una modalidad educativa solo para los pueblos originarios.
c) Incluir los conocimientos y valores de los pueblos originarios como contenidos en el curriculum nacional, formando parte de los objetivos generales de la educación básica y media.
d) Fomentar la cohesión social con enfoque a los Derechos Humanos.
19. Derogar expresamente toda normativa penal que ampare la discriminación arbitraria, tales como los artículos 365 y 373 del Código Penal. El primero establece sanciones para relaciones sexuales homosexuales con menores de 18 años y mayores de 14 y el segundo sanciona, las denominadas “ofensas al pudor, la moral o las buenas
costumbres”.
20. Revisar las modificaciones al Código Procesal Penal (Ley Nº 20.253 llamada “Agenda corta anti delincuencia”), referentes a la detención por flagrancia y control de identidad, por cuanto constituyen medidas que facilitan la acción discriminatoria de agentes del Estado.
21. Participar activamente en las negociaciones sobre el Anteproyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia, apoyando la adopción de un instrumento vinculante y sólido que no se quede atrás respecto a las normas existentes.
D DERECHOS DE LAS MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS
22. Asegurar la correcta y efectiva implementación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando éste sea ratificado. Este instrumento garantiza a las mujeres la posibilidad de denunciar toda forma de discriminación y la trasgresión de los derechos cautelados por la Convención, sea directamente o a través de alguna entidad u organización.
23. Garantizar a las personas afectadas, en todos los casos de violencia, un pronto acceso a la justicia, la reparación de las consecuencias de estos actos y la prevención de nuevas violencias. Debe prestarse especial atención a las situaciones de violencia que viven muchas mujeres, adolescentes y niñas en Chile, especialmente
cuando proviene de sus familiares y/o sus parejas, cualquiera sea su sexo.
a) Promulgar y hacer cumplir legislación específica en materia de violencia contra las mujeres.
b) Respetar las normas sobre la realización de exámenes periciales a las víctimas de la violencia, en conformidad con las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la atención médico-forense de víctimas de violencia sexual.
c) Establecer un sistema efectivo para el registro de casos de violencia contra las mujeres, que active tanto los mecanismos para tratar y proteger a las víctimas como la investigación pronta e imparcial de todas las denuncias.
d) Garantizar que la recolección cualitativa y cuantitativa de datos esté estandarizada y desglosada por género y otros factores, tales como la relación entre la víctima y su agresor, y que esté abierta a comprobaciones.
e) Procurar que la legislación incluya la protección ante la violencia sexual, los abusos sexuales, el acoso u hostigamiento sexual, la violencia psicológica, el tráfico sexual, y la violencia máxima, el femicidio.
24. Modificar la Ley de Violencia Intrafamiliar en los siguientes aspectos:
a) Ampliar su ámbito de aplicación.
b) Evitar conflictos de competencia entre los órganos de justicia penal y de familia, encomendando a un ente único la resolución de estos, de manera que las víctimas no se vean menoscabadas cuando ejercen su derecho a ser defendidas.
c) Hacer más eficiente y eficaz el otorgamiento y cumplimiento de las medidas de protección.
d) Incluir deberes para el gobierno, los servicios públicos y las municipalidades de hacer campañas de sensibilización y trabajos de orientación con respecto a los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas.
e) Promover la creación de más casas de acogida a víctimas de violencia intrafamiliar.
25. Promover en la formación de jueces, defensores y fiscales, nociones sobre Derechos Humanos de las mujeres y niñas; capacitar más sobre violencia intrafamiliar, maltrato habitual, formas de contención y evaluación de riesgo en los juicios sobre estos temas.
26. Garantizar el respeto y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, en tanto respetan la capacidad de las personas para tomar decisiones en el ámbito sexual y reproductivo sin ser objeto de coerción o violencia, ejerciendo su autonomía, libertad y dignidad en estas áreas de la vida.
a) Despenalizar del aborto, entendido como la eliminación de toda sanción penal (prisión, multas y otras penas) contra las personas que tengan la intención de abortar, se sometan a un aborto, informen sobre el aborto o lo practiquen.
b) Garantizar el acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones que puedan derivarse de un aborto inseguro, que el trato por parte del personal de salud sea humanizado, digno, no discriminatorio, y que se elimine la disposición legal que les obliga a denunciar.
c) Garantizar que el aborto sea legal, seguro y gratuito en los casos de violación, incesto, riesgo para la salud y vida de la madre, y malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.
27. Eliminar discriminaciones subsistentes en derecho de familia, género, sociedad conyugal, patria potestad, cuidado personal, apellido y castigo físico de hijos. Reformar la Ley de Tribunales de Familia en orden a garantizar la celeridad de los procesos y el acceso a la justicia. Asimismo, garantizar que se destinen los recursos necesarios para mejorar la implementación de la reforma a la justicia de familia
28. Promover la erradicación de la discriminación contra las mujeres en edad fértil en los planes de ISAPRES.
29. Avanzar en políticas de igualdad de género en Chile.
a) Elaborar iniciativas que permitan avanzar en la igualdad en el ámbito de la participación política, de especial modo en el Parlamento, en los municipios y en el servicio exterior.
b) Adoptar medidas que aseguren la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en lo referente al acceso, desarrollo y remuneración de las actividades laborales.
E PERSONAS Y GRUPOS HUMANOS EN RIESGO
MIGRANTES Y REFUGIADOS/AS
30. Garantizar que las leyes internacionales respecto a migración se vean reflejadas en
la legislación interna, para adecuarla a los instrumentos internacionales firmados por Chile en dicha materia.
31. Aprobar una ley sobre migración, con una amplia participación de la ciudadanía.
32. Aprobar una ley sobre refugio, con una amplia participación de la ciudadanía, que cumpla con estándares mínimos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
33. Creación de un servicio dependiente y descentralizado que esté a cargo de los servicios a migrantes y refugiados/as que reemplace al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior.
34. Establecer políticas de buenas prácticas con respecto a migrantes y refugio en el ámbito de la gestión administrativa, consensuadas entre la sociedad civil, las asociaciones de inmigrantes y la administración pública.
MENORES DE EDAD
35. Fortalecer los mecanismos de prevención para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de resguardo a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
36. Abordar especial y urgentemente las situaciones de violencia en todos los ámbitos y la prevención de condiciones de riesgo para menores y adolescentes como vulneración de derechos (drogadicción, delincuencia, entre otras).
37. Asignar mayores recursos al Servicio Nacional de Menores para que exista una efectiva separación por edad y tipo de delitos para los menores que cumplan medidas cautelares de privación de libertad.
38. Adecuar la legislación nacional para dar total cumplimiento a la Declaración y a la Convención de los Derechos del Niño;
a) Erradicar las peores formas de trabajo y explotación infantil.
b) Erradicar el trabajo infantil para menores de 15 años.
c) Fiscalizar el efectivo cumplimiento de la legislación nacional relativa al trabajo infantil.
d) Crear una institucionalidad nacional o mediante la inclusión de la competencia para protección de derechos de niñas y niños en un Ombudsperson o Defensoría del Pueblo, como lo ha señalado el Comité de Derechos del Niño.
e) Aprobar el proyecto de Ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en el que se deben precisar los distintos niveles y mecanismos de protección de estos derechos.
f) Denunciar en foros internacionales el artículo 38 de la Convención
de los Derechos del Niño y su protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que permiten que menores de 18 años de edad puedan ser reclutados voluntariamente para hacer el servicio militar.
g) Ajustar la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes a los principios y contenidos normativos de la Convención sobre Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales, que señalan que la orientación de los sistemas de justicia juvenil debe ser constructiva y no represiva.
PUEBLOS ORIGINARIOS
39. Adecuar la legislación interna a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y adoptar y ratificar otros instrumentos internacionales relativos a los Pueblos Originarios.
40. Adoptar medidas dirigidas a promover, respetar y proteger los derechos de los pueblos originarios reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en especial:
a) El derecho de los pueblos originarios a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas.
b) El derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna.
c) El derecho a mantener las tierras ancestrales de los pueblos originarios, impidiendo todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenar sus tierras, territorios o recursos.
41. Implementar las recomendaciones pendientes del Relator Especial de la Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, incluyendo:
a) Modificar la legislatura sectorial sobre la tierra, el agua, las minas, y otros sectores que pueden estar en conflicto con las disposiciones de la Ley Indígena. b) Ampliar y agilizar el trabajo del Fondo de Tierras gestionado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para la adquisición de tierras por parte de los pueblos indígenas. c) Desistir de criminalizar o penalizar las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y los pueblos indígenas.
42. Consultar con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
43. Dejar de aplicar la legislación antiterrorista para hechos que bajo ningún aspecto pueden ser asimilados a ese tipo de delitos, vulnerándose así las normas internacionales sobre el derecho a la justicia y al debido proceso. Modificar la Ley 18.314, Ley Antiterrorista, por contener una definición demasiado amplia de tipos penales, lo que ha permitido la aplicación errónea de dicha ley a actos de protesta social mapuche.
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
44. Mejorar las condiciones de vida en las instituciones carcelarias en conformidad con los principios y reglas internacionales. En una sociedad democrática, estas instituciones de castigo deben orientarse a la reinserción social y no al sometimiento cruel, inhumano y degradante propio de sistemas políticos que vulneran los Derechos Humanos, especialmente si las personas afectadas son menores de edad.
45. Perfeccionar los mecanismos de fiscalización en los lugares de arresto y detención.
46. Denunciar e investigar todo posible caso de tortura o malos tratos a personas privadas de libertad.
F DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
47. Avanzar en el acceso y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales para todas las personas, a través de las siguientes medidas.
a) Firmar y ratificar todos los instrumentos internacionales pendientes en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
b) Adoptar todas las medidas, económicas, y legislativas, hasta el máximo de los recursos de que se disponga, para hacer efectivo, progresivamente, el acceso y disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales.
c) Reconocer y promover, como tarea urgente del Estado y de la sociedad en su conjunto, a todas las personas los derechos de acceso a la educación, salud, justicia, nivel de vida adecuado, cultura, seguridad social y trabajo digno, y mejorar drásticamente la distribución de la riqueza.
d) Consagrar en la Constitución algunos derechos sociales no reconocidos, como el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda.
e) Avanzar en la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales ante los tribunales de justicia, estableciendo, entre otros mecanismos, la posibilidad de que el recurso de protección sea también procedente para esta clase de derechos.
f) Fijar un salario justo y pensiones que sean suficientes para garantizar un digno nivel de vida para trabajadores/as y pensionados/as.
g) Implementar una política de viviendas sociales, que reconozca el derecho a viviendas habitables y asequibles.
h) Desarrollar una política de acceso a la cultura que garantice el derecho a “disfrutar de los beneficios de la cultura” en sus formas de creación, participación y acceso.
48. Respetar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales, en la aplicación de acuerdos y tratados internacionales de libre comercio;
a) Poner especial atención en aquellas normas contenidas en acuerdos y tratados de libre comercio que afecten derechos laborales y/o medioambientales, así como en otros instrumentos internacionales de relaciones económicas.
b) Aplicar y promover las Normas Sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2004.
49. Dar cumplimiento íntegro de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Resolución 45/158, Asamblea General de la ONU, 18 de diciembre de 1990), firmada por Chile en septiembre de 1993 e incorporada a su legislación.
50. Promover la creación de un mediador externo e imparcial al Estado, distinto del Consejo de Defensa del Estado, que permita a usuarios/as del sistema de salud presentar reclamos con el objeto de hacer efectivas las cuatro garantías explícitas del Plan Auge de Salud: Acceso, Oportunidad, Calidad, Protección Financiera.
G EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS
51. Reforzar la educación en Derechos Humanos impartida en los establecimientos educacionales; así como en los procesos formativos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile, para formar sujetos de derecho, “vigilantes” de la vigencia de todos los derechos: civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; derechos ambientales y de los pueblos.
a) Contextualizar la Educación en Derechos Humanos con la historia reciente de Chile, tanto en establecimientos educacionales, como en instituciones uniformadas a través del curriculum académico.
b) Incorporar como material complementario los informes de la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” y de la “Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura”, para establecimientos educacionales e instituciones uniformadas.
c) Reforzar y promover la incorporación efectiva de los Objetivos
Fundamentales Transversales (OFT) establecidos en los planes y programas del Ministerio de Educación relacionados con los Derechos Humanos, tanto en el currículum (Marco Curricular, Planes y Programas de Estudio), así como en la cultura escolar, la convivencia escolar y en los proyectos educativos institucionales
(PEI) de todos los establecimientos educacionales: pre-básica, básica, media y superior, cualquiera sea su dependencia (municipal, privado subvencionados, privados pagados), como un imperativo y un compromiso con nuestro pasado y el futuro.
d) Incluir en el currículo, en los planes diferenciados y actividades complementarias, espacios y actividades específicas para el trabajo educativo en Derechos Humanos, junto al reforzamiento de los OFT en Derechos Humanos. e) Crear una asignatura en la educación escolar de Educación Cívica, Ética y Derechos Humanos.
52. Promover dentro de la formación de los/as profesores/as la Educación de Derechos Humanos
a) Incorporar la educación en Derechos Humanos como parte integral de las mallas curriculares de las instituciones formadoras de profesores.
b) Reforzar, considerablemente, la formación en Derechos Humanos de los profesores en servicio, desarrollando una pedagogía de Derechos Humanos, materiales educativos y didácticos, destinando recursos financieros para la realización de cursos, talleres y actividades de sensibilización en Derechos Humanos.
c) Destinar recursos adecuados para capacitar a profesores/as, crear materiales educativos y reforzar redes de educadores en Derechos Humanos.
53. Desarrollar una estrategia para que la educación en Derechos Humanos tenga presencia no sólo en la educación formal, sino que también en la educación no formal e informal (medios de comunicación social).
54. Incluir un programa de enseñanza de las lenguas originarias, como asignatura obligatoria desde la educación preescolar hasta la media para integrantes de los pueblos originarios y reconocer las lenguas y culturas originarias como bienes jurídicos de especial protección por el Estado.
55. Incluir la participación indígena en las instituciones de toma de decisiones y de consulta en el ámbito de la educación (Consejo Nacional de Educación, Superintendencia de Educación).
56. Suspender de manera definitiva la formación de personal militar en el “Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica” del Ejército de los Estados Unidos de América, anteriormente conocido como Escuela de las Américas.
H DEMOCRACIA Y PARTICIPACION
57. Alentar una participación ciudadana más amplia en la toma de decisiones en Chile mediante, al menos, las siguientes acciones:
a) Promover la participación en:
- Audiencias ciudadanas para tener acceso a las autoridades públicas.
- La elección directa de los intendentes y gobernadores, a fin de fortalecer y dar más representatividad a los gobiernos regionales.
- La formación de cabildos comunales en los municipios del país, a fin de rendir cuenta pública mensual.
- La opinión y participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante la consulta y diálogos previos con las comunidades, especialmente en proyectos de alto impacto.
b) Promover las consultas vinculantes y la iniciativa de ley desde la ciudadanía en áreas que no sean de iniciativa exclusiva de la Presidencia de la República
c) Garantizar el mayor ejercicio de las libertades públicas y el pluralismo en la expresión de las corrientes de opinión, tales como el derecho de los extranjeros a participar en actos de solidaridad o políticos. Para ello, modificar el Artículo 15, inciso d del Decreto 597 del Ministerio del Interior (Reglamento de Extranjería).
d) Derogar el Decreto Supremo Nº 1.086 (D.O. 16 septiembre de 1983) que regula las condiciones para el ejercicio del derecho de reunión, impidiendo el ejercicio de los derechos de reunión pacífica sin permiso previo y sin armas, y del derecho a la libertad de expresión garantizados a todas las personas por la Constitución Política en el artículo 19 Nos 12 y 13.
e) Limitar el empleo de la fuerza en las actuaciones policiales durante reuniones no autorizadas y pacíficas, y emplear medidas de disuasión en forma proporcional y racional para dispersar reuniones violentas.
f) Garantizar el derecho a la información promoviendo:
- el pleno acceso a la información de dominio público, a fin de asegurar mayor participación de la ciudadanía y que esta pueda hacerse responsable en la toma de decisiones colectivas;
- la rendición de cuentas públicas periódicas a la Administración, con
información disponible en Internet.
58. Reformar la Constitución en aquellos aspectos que desconocen Derechos Humanos y que limitan o distorsionan la participación política igualitaria:
a) Modificar el sistema electoral binominal, la distribución territorial de distritos y circunscripciones, así como la revisión de los quórum necesarios para reformar la Constitución.
b) Establecer un sistema de inscripción automática en los Registros Electorales y voto voluntario.
c) Reconocer el derecho a voto a chilenos/as residentes en el extranjero.
59. Profundizar las políticas públicas, particularmente lo relativo a:
a) El derecho a un medio ambiente sano.
b) El derecho a la muerte digna libremente consentida.
c) Los derechos de los consumidores.
d) La laicidad del Estado.
60. Modificar el Servicio Militar Obligatorio para que sea acorde con una sociedad que respete y promueva los Derechos Humanos.
a) Reconocer la objeción de conciencia como un derecho fundamental del individuo, que no admita excepción alguna en la que se funden las objeciones, ni contener enumeraciones taxativas para su ejercicio, y que no sea posible de suspender o restringir durante la vigencia de estados de excepción y durante tiempos de guerra.
b) Respetar la decisión de ejercer la objeción de conciencia, no juzgando el valor de las razones de conciencia a raíz de tal elección. Este respeto incluye:
- No imponer la obligación de justificar o demostrar las razones de la objeción.
- Que no existan facultades jurisdiccionales para investigar la vida y la conciencia para comprobar la veracidad de las convicciones alegadas.
- No perder ni limitar los derechos políticos, civiles, económicos, sociales o culturales del ciudadano.
- No imponer medidas discriminatorias ni el cumplimiento de deberes diferentes del Servicio Ciudadano Alternativo.
c) Garantizar una correcta, completa y puntual información a la ciudadanía con respecto a la objeción de conciencia, por medio de acciones publicitarias públicas o en cooperación con asociaciones privadas que quieran difundir informaciones acerca del tema.
d) Eliminar toda forma de discriminación arbitraria en los procesos de selección y en el desarrollo del Servicio Militar Obligatorio.
e) Incorporar la educación de Derechos Humanos, con énfasis en el derecho humanitario, en el desarrollo del Servicio Militar Obligatorio.
Conmemoración del Día Internacional de
Protección de las víctimas de la Tortura
Roberto Garretón
El siglo XX deberá ser considerado como aquel en que se producen los mayores avances de la historia en la protección de los derechos humanos. Los horrores cometidos en ese mismo siglo se cuentan entre los más brutales que recuerda la humanidad, pero también el de la reacción más fuerte contra aquellos. Esta reacción, inimaginable 50 años antes, indujo a “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles; a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, a formar una organización destinada a que esos horrores no se repitan.
Pensemos qué código legal o moral universal, y qué instrumento jurídico tenía un defensor de los derechos humanos el 9 de diciembre de 1948 para defender a sus hermanos. Y evaluemos qué tenemos hoy.
El progreso jurídico y cultural es gigantesco, y la tortura, que en tiempos no tan lejanos era justificada como instrumento idóneo para investigar conductas delictivas o para castigar a quienes incurrieran en ella o fueran sospechosos de hacerlo, ha pasado a ser el crimen más oprobioso, si se usa como parámetro la cantidad de instrumentos internacionales que lo condenan y fuerzan a su erradicación.
Desde textos declarativos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966): la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1975); la Convención de 1984; las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1977) y los Principios básicos con el mismo objeto (1990), el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión (1988) y muchísimos otros en el sistema universal de derechos humanos, hasta el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura que crea un procedimiento inédito de visitas de entidades nacionales e internacionales a recintos de detención, reflejan este progreso.
También en el derecho internacional humanitario, las 4 Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos consideran la tortura como violación grave a sus disposiciones, tanto en los conflictos internacionales como en aquellos que se desarrollan al interior de un Estado.
Los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales (los estatutos de Nuremberg, para la antigua Yugoslavia y para Ruanda y de Roma sobre la Corte Penal Permanente) asumen también este progreso normativo espectacular.
Y no olvidemos que los Lords del Reino Unido por el único delito por el que accedieron a extraditar a Pinochet a España, fue el de la tortura.
¡Cuándo se iban a imaginar los padres de la Declaración Universal de Derechos Humanos, René Cassin, Hernán Santa Cruz, John Humphrey, Eleonora Roosevelt, Charles Malik, que medio siglo después los Estados crearían comités compuestos por extranjeros para que visiten sus cárceles y demás recintos de detención, y sin aviso previo!
Nosotros mismos, los que estamos viviendo todavía hoy momentos de horrores inmensos, deberíamos sentirnos privilegiados de ser partícipes de un proceso creciente de preocupación universal por nuestra propia dignidad
Pues bien: estas declaraciones, convenciones y protocolos son ciertamente y en lo formal, obra de Estados, es decir, insólitamente, de los violadores por esencia de los derechos humanos. El Estado es el único sujeto activo de todas las violaciones de estos derechos. Y son los Estados los que fijan los mecanismos del control internacional de las obligaciones que ellos mismos establecen y nombran a los llamados expertos que se encargarán de ello.
Pero los Estados no se mueven solos. Son –somos- los ciudadanos los verdaderos autores de estos instrumentos. Siempre hay un ciudadano, una organización particular no gubernamental, un filósofo, un humanista y tantos otros que imaginan, sueñan, piensan, actúan y mueven primero a unos pocos expertos, luego a unos pocos gobiernos, más tarde a otros para finalmente obtener un instrumento, ciertamente de menor fuerza que el proyecto original. Pero un instrumento al fin y al cabo.
Es lo mismo en lo interno: nuestras libertades no nos las conceden los Estados fácilmente; se las arrancamos de una en una, gracias a las organizaciones de la sociedad civil. Los Estados son los que adoptan las Constituciones en nuestro nombre, pero generalmente sin siquiera consultarnos. Y en esos textos constitucionales está el reconocimiento de nuestros derechos, pero… en la medida que no entorpezcan su accionar, muchas veces contrario a los derechos que nos reconocieron.
Claro, la pregunta es si la realidad se condice con estos progresos o no.
Ciertamente no. Pero este no no debe desilusionarnos. Hoy no es como antes. Hasta mediados del siglo XX si en un Estado se torturaba nadie reaccionaba. Las violaciones de los derechos humanos era un asunto interno, y la prohibición de la tortura no era una obligación internacional. El margen que los Estados tenían para hacer lo que les venía en ganas con las personas sometidas a su jurisdicción ha estado reduciéndose cada vez más.
Es verdad también que los avances del derecho internacional de los derechos humanos carecen de sanciones efectivas para los Estados que practican la tortura y otras atrocidades. Se trata generalmente de sanciones simbólicas: nombrar un Relator Especial para ese país, o enviar un Relator temático, o que un Comité de expertos formule recomendaciones más o menos fuertes. En casos muy graves, se puede llegar a otras sanciones políticas, como ocurrió con Chile durante la dictadura, en que numerosos países rebajaron el nivel de sus representaciones diplomáticas, y redujeron la ayuda al desarrollo.
Pero pensemos con un cierto optimismo que llegará el día –quizás el siglo— en que las sanciones sean más eficaces. Si hoy miramos con lástima a quienes defendían los derechos humanos antes de 1948, desprovistos de todo recurso internacional, soñemos que cuando se celebre el centenario de la Declaración Universal nuestros colegas de entonces se lamenten de las limitaciones que hoy tenemos.
Convengamos que los avances, reconociéndolos, no nos dejan satisfechos. En materia de tortura debemos llegar a la “Cota 0”.
Superadas las atrocidades de la tortura sistemática como instrumento de acción política de la época en que los latinoamericanos vivíamos en dictadura, con grados de crueldad inimaginables, suele reaparecer con nuevos pretextos. Ya no se le invoca como instrumento necesario para la seguridad nacional –cuando nunca estuvimos más inseguros—, pero hoy se la esgrime para reprimir manifestaciones de protesta legítima para superar las iniquidades sociales. Si se quiere, podría decirse que hoy está al servicio de las denegaciones de derechos económicos y sociales, como antes lo estuvo para desconocer los derechos civiles y políticos.
Hoy nos duele que la gran mayoría de las víctimas de la tortura y de los tratamientos inhumanos o degradantes, son los pobres, los dirigentes sociales, los líderes de las etnias originarias y sus defensores.
Es decir, aquellos que carecen de la seguridad de contar con alimentos adecuados, salud de calidad, educación para sus hijos, son también quienes carecen del derecho humano a la seguridad de no ser torturado.
El derecho internacional permite la derogación del derecho a la vida, por ejemplo, en los casos de guerra o de legítima defensa. Pero no hay circunstancia alguna que permita la tortura. Es obligación de todas las autoridades gubernativas, legislativas, judiciales, policiales y militares de un Estado, en sus respectivos ámbitos, cuidar para que toda persona goce del derecho humano a vivir libre de tortura.
Pero también todas las personas tienen su cuota de responsabilidad en garantizar este derecho. La vigilancia y la interpelación a las autoridades es una obligación ciudadana, y no sólo de los defensores de los derechos humanos. Especial énfasis deben emplear los comunicadores sociales, educadores, profesionales de la salud física y mental, los líderes morales y religiosos en no aceptar ambigüedad alguna en esta materia.
Cuando se hace alarde de protección de la seguridad nacional o de la seguridad ciudadana como un valor superior a todos los demás, y, al mismo tiempo, se proclama la mano dura como remedio para todos los males, lo que se hace es degradar el respeto del auténtico derecho a la seguridad.
Es verdad que el tema de la seguridad está hoy en centro de los debates políticos tanto en lo interno como en lo internacional. Las personas y los pueblos reclaman seguridad. Pero, dramáticamente, también en democracia nuestros gobiernos demuestran resabios de autoritarismo cuando nos hablan de “mano dura”, “tolerancia cero”, “candado a una supuesta puerta giratoria”, “guerra a las drogas”, “guerra contra el terrorismo”, y con ellos vienen las propuestas de aumento de presupuestos policiales y militares; de aumento de penas; de tratamiento judicial de los niños como si fueran mayores; de rebaja de la edad de la imputabilidad penal; de permitir la detención de sospechosos sin cargos bajo acusaciones de participar en desórdenes públicos, etc. Y no faltan los que justifican las ejecuciones extrajudiciales y las políticas de “limpieza social”. Muchas de estas propuestas son flagrantemente contrarias a los tratados de derechos humanos que prohíben toda forma de tortura y que los Estados se han soberanamente comprometido a respetar. Son contrarias también a las propias Constituciones nacionales.
Las Naciones Unidas han elaborado un concepto nuevo de seguridad: la seguridad humana. En 2003 fue publicado el excelente informe “La Seguridad Humana Ahora”, elaborado por una Comisión de altísimo nivel nombrada por el entonces Secretario General Kofi Annan El informe destaca que entre las causas de la inseguridad hay una serie cuestiones “interrelacionadas derivadas de los conflictos y la pobreza, en la protección de las personas durante conflictos violentos y en situaciones posteriores a los conflictos, en la defensa de las personas que se ven obligadas a desplazarse, en la superación de inseguridades económicas, en la garantía de la disponibilidad y accesibilidad de la atención médica esencial, en la lucha contra el analfabetismo y contra la miseria educativa, y en la eliminación de las escuelas que promueven la intolerancia”.
No obstante esta nueva conciencia de lo obvio, creo que falta un paso más que dar. Creo que la solución llegará cuando estudiemos el fenómeno de la inseguridad y adoptemos las políticas pertinentes con “enfoque” (o “perspectiva”) de derechos humanos y busquemos hacer realidad el derecho humano a la seguridad.
Esto no debiera ser una novedad, si la propia Declaración Universal proclamó “que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias” así como consideró “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
El derecho humano a la seguridad está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal y 1 de la Declaración Americana junto a la vida y la libertad; y en los artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana, 6 de la Carta Africana de los derechos humanos y de los pueblos, 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en todos estos casos ligado sólo a la libertad.
El derecho a la seguridad consiste en la certeza del goce de todos los derechos humanos, y en este sentido es un derecho integrador de todos los demás. Mientras el ciudadano no sienta asegurado sus derechos a no ser discriminado; a no ser torturado; a no ser encarcelado arbitrariamente, a no ser víctima de delitos; a que va a comer esta noche, y sus hijos serán educados gratuitamente, y tendrán atención de salud, va a buscar esa seguridad recurriendo al delito, con lo que va a comprometer la seguridad de todos los demás. O va a buscar alivio en la droga. O será impulsado a la rebelión.
La seguridad, el derecho a un nivel de vida económica y socialmente decente, el respeto de la cultura, pertenecen a todos los miembros de la sociedad. No solamente al inocente cuya integridad y libertad no pueden ser desconocidas por el Estado y deben estar aseguradas respecto de la integridad física, psíquica y moral, sino también al delincuente que debe saber que su crimen será juzgado por tribunales independientes, y que la pena que sufrirá no excederá a la señalada en la ley. Esos derechos pertenecen también a los policías y a los jueces cuya tarea consiste en contribuir a la construcción de una sociedad segura por cualquier modo legítimo que honra su profesión. Pertenecen también a la víctima que, exigiendo justicia y reparación, no busca la venganza- Pertenecen también a la mujer que en su hogar y en su vida profesional debe poder actuar con la certeza de ser tratada en igualdad de derechos con su pareja y con todos los hombres.
Las víctimas de la tortura tienen el derecho humano a su protección, que incluye su rehabilitación, y su reparación, y esto es lo que recordamos y conmemoramos el día de hoy.
Chile y la desigualdad: dos economías, dos países
Paul Walder
Hacia finales de mayo la CEPAL publicó “La hora de la Igualdad”, un informe preparado para el Trigésimo Tercer periodo de sesiones del organismo, que tuvo lugar en Brasilia. En el documento elaborado por esta institución regional, destaca el deterioro en los indicadores sociales en Latinoamérica como efecto de la actual crisis mundial y la consolidación de las diferencias en la distribución de la riqueza. América latina es la región más desigual del mundo, afirma la CEPAL, condición que mantiene pese al impulso desde inicios de la década recién pasada de políticas públicas orientadas a amortiguar estas enormes diferencias.
Con más de diez años de políticas sociales, la brecha entre la extrema riqueza y el resto de la población latinoamericana parece insalvable. “El ingreso medio por persona de los hogares ubicados en el décimo decil (diez por ciento más rico) supera alrededor de 17 veces al del 40 por ciento más pobre”. Una relación que es sin embargo variable de un país a otro. Va de alrededor de nueve veces en la República Bolivariana de Venezuela y el Uruguay, hasta 25 veces en Colombia. Por su parte, el ingreso per cápita del quintil (20 por ciento) más rico supera, en promedio, 19 veces el del más pobre, con un rango que va desde menos de diez veces en los países ya señalados a unas 33 veces en Honduras.
Aun cuando estos indicadores son rotundos, fueron peores hace unos diez años atrás. Entre 1990 y 2002 la región mostró una marcada rigidez en la distribución del ingreso, luego de haber elevado los valores históricos en la década de 1980, situación que se ha alterado leve e insuficientemente en la década recién pasada. “El período 2003 a 2008, en cambio, no sólo se caracterizó por un crecimiento económico sostenido, sino por una tendencia, leve pero evidente, hacia una menor concentración del ingreso”. El índice de desigualdad –dice la institución- cayó un cinco por ciento a nivel regional con el nivel que tenía el 2002, empujado principalmente por las disminuciones en Argentina, Bolivia, Panamá y la República Bolivariana de Venezuela, todas con caídas superiores al diez por ciento. Pero también hubo disminuciones, aunque menores, en Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua y Paraguay, en estos casos a tasas en torno a un siete por ciento.
Chile, que hace unos diez años exhibió uno de los peores indicadores mundiales en la distribución de la riqueza, continúa expresando estas diferencias en un área tan sensible y clave para una eventual amortiguación de los contrastes como lo es la educación. Porque al observar los resultados de la última prueba SIMCE para estudiantes de Cuarto y Octavo año Básico, éstos reproducen la inequidad propia de otras áreas de la economía y la sociedad. Más aún, la prueba demostró que las diferencias sociales heredadas desde la cuna se consolidan e, incluso, amplifican, durante la Educación Básica: si en Cuarto Básico la diferencia promedio entre los niños del nivel socioeconómico más alto respecto al más bajo es de 65 puntos, en Octavo este margen sube a 73 puntos. Y si atendemos a Matemáticas, esta diferencia es aún mayor: 72 puntos en Cuarto Básico y 98 en Octavo. A mayor educación, mayor es la desigualdad.
Otro de los resultados del SIMCE demuestra que los alumnos de Cuarto y Octavo Básico tienen un rezago en su nivel de aprendizaje de dos cursos. En Matemáticas, el 34 por ciento de los alumnos de Cuarto sólo tienen conocimientos de contenidos de Segundo y parte de Tercero básico, en tanto un 37 por ciento no tiene ni los conocimientos de Segundo básico. Y si es así en los niños de Cuarto, aún peor es el panorama en los chicos de Octavo: el 62 por ciento no tiene conocimientos de Sexto, en tanto el 25 por ciento apenas conoce los contenidos de Sexto y Séptimo.
Los resultados del SIMCE así como el informe de la CEPAL se han publicado pocos meses después del ingreso formal de Chile a la OCDE, aquel club de países desarrollados con altos índices de bienestar social. Porque la OCDE no sólo está formada por naciones industrializadas, sino por países que han hecho del libre mercado un modelo que intenta la cohesión social, la creación de una sociedad de oportunidades, la reducción de las diferencias que genera el libre juego económico. Es el mercado, pero bien regulado por el Estado.
Al comparar la distribución del ingreso de Chile con los países de la OCDE, la observación debiera generar alarma. Un informe de este organismo publicado el año pasado, aun cuando admite que las políticas públicas chilenas han logrado reducir los niveles de pobreza, mantiene diferencias insalvables respecto a la riqueza, ya que “el diez por ciento más rico de la población tiene ingresos 29 veces sobre los ingresos del diez por ciento más pobre”. En la OCDE, el promedio es de solo nueve veces.
La violencia de los contrastes
Dos países, dos economías, que si bien se complementan, no solidarizan. Porque al observar el curso que siguen las grandes corporaciones, responsables en gran parte de la extrema concentración de los ingresos y de los mercados, se verifica otra realidad: las grandes sociedades anónimas, a pesar de la profunda crisis del 2009, gozaron de un alza del ocho por ciento en sus utilidades, registro que fue encabezado por la minera Escondida, de las multinacionales BHP Billiton y Río Tinto, que ganó 3.199 millones de dólares. Este proceso de crecimiento de las ganancias, que tomó fuerza al último trimestre del 2009, ha continuado durante el año en curso: al primer trimestre las utilidades de estas sociedades anónimas ya han subido más de un 40 por ciento.
Las utilidades se reparten, pero entre sus socios. Una información aparecida en la prensa especializada reveló que durante el año 2009 –año de recesión económica- el pago a los directores de las principales empresas que se transan en la Bolsa de Comercio creció en un 20 por ciento. El año pasado estas empresas destinaron casi 50 millones de dólares para pagar a sus directores, cifra que el año anterior había alcanzado a 41 millones de dólares. El monto más alto en remuneraciones lo recibió la plana mayor de la empresa SQM, lo que llevó a su presidente, Julio Ponce Lerou, a liderar este ranking con 1.588 millones de pesos. SQM superó el 2009 en el pago a sus directores a empresas como Copec y bancos como el de Chile y BCI.
El universo de las grandes empresas, que es pequeño en cantidades pero profuso en ventas y utilidades, es la mejor muestra de los desequilibrios en la distribución de los ingresos. Sólo el año pasado, las empresas de la gran minería ganaron más de nueve mil millones de dólares, una cifra menor al compararla con los promedios precedentes. Entre el 2006 y el 2009 la ganancia promedio de este puñado de empresas fue de 14.000 millones de dólares.
La banca chilena no se queda atrás y se consolida como uno de los sectores más rentables y concentrados, tanto en el mercado como en las utilidades. Durante el año pasado, el Banco Santander concentró el 35 por ciento de las utilidades del sector, seguido por el Banco de Chile, con el 20 por ciento. Sólo dos bancos se llevan más de la mitad de las ganancias del sector financiero. No es para menos. Estos dos bancos están entre las diez instituciones financieras latinoamericanas que más utilidades lograron durante el primer semestre del año pasado. ¡Y fue un año de crisis!
El negocio bancario es redondo. Si se observa su rentabilidad, no hay otro como éste. Hacia la mitad del año 2009, el Banco Santander obtuvo una rentabilidad sobre capital y reservas del 21 por ciento, seguido por el Banco de Chile, con más de un 15 por ciento, y el BCI, con 14 por ciento. Otros bancos más pequeños no se quedaron atrás: el BBVA tuvo una rentabilidad del 22 por ciento y Corpbanca del 14 por ciento. Pero vendrán tiempos mejores. Antes de la crisis estos bancos tenían una rentabilidad cercana al 30 por ciento.
El negocio financiero está también en otros rincones, como son las casas comerciales, que han crecido sobre la base de los créditos con altos intereses, lo que contribuye a cristalizar la transferencia de la riqueza desde el conjunto de la población a los grandes grupos económicos. Si la banca en general cobra tasas de interés de alrededor de un 20 por ciento para un crédito a 24 meses, los bancos ligados a las casas comerciales pueden llegar hasta un 47 por ciento. Según la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el banco París cobraba a mayo una tasa cercana al 47 por ciento, Ripley sobre el 47 y Falabella sobre un 30 por ciento. Un dato no menor es que estos bancos están orientados a sectores de menor poder adquisitivo.
El poder de estos nuevos negocios es tal, que en pocos años estas casas comerciales se han consolidado como nuevos grupos económicos en Chile. Y aún más. Falabella y Cencosud están entre las compañías comerciales con mayores ganancias de Latinoamérica. Falabella ganó 392 millones de dólares el 2009, en tanto Cencosud 190 millones. Hoy, al hablar de grupos económicos en Chile, no sólo están los multimillonarios Angelini, Matte y Luksic, sino también Falabella (grupo Solari) y Cencosud (Paulman)
El poder de los grandes grupos económicos, bajo un modelo económico de libre mercado desregulado, apunta a un proceso que amplifica este poder: la creciente concentración de los mercados conlleva a una concentración de la riqueza. Porque la concentración del mercado en pocos grupos económicos no redunda solo de un mayor crecimiento de la economía, sino de una transferencia del mercado y de la riqueza desde el resto de los actores económicos hacia las grandes corporaciones. Este fenómeno, que se observa en el bajo aumento de la capacidad adquisitiva de las familias –lo que es solventado mediante los créditos- se expresa también en la pérdida de mercado y ventas de las pymes.
Porque los niveles de consumo y bienestar se han conseguido no con mejorías salariales, sino con más endeudamiento. Si se revisa el nivel de endeudamiento de las familias chilenas durante los últimos años se puede observar un persistente aumento. Desde el 2003 al 2008 la relación de la deuda sobre los ingresos disponibles pasó desde un 33,4 por ciento a un 60,2 por ciento, según se desprende de un informe del banco BBVA publicado el año pasado. Este aumento constante de las deudas familiares se debe a que los ingresos, generalmente salarios, han crecido muy por detrás de los préstamos. Y no se trata de deudas hipotecarias a largo plazo. Son créditos de consumo. Si la hipotecaria cayó desde un 58 por ciento a un 51 por ciento en el periodo registrado, la de consumo aumentó un cinco por ciento.
En el caso de las pymes, el diagnóstico es bastante claro. Los dirigentes de Conupia apuntan al centro de la fuente de problemas de las pequeñas empresas, que es la disminución de oportunidades de mercado. Un trance que se remonta ya más de diez años y hace agua desde finales de la década pasada tras los efectos de la crisis asiática. Es entonces cuando el banco central chileno sube de manera desmedida las tasas de interés, convirtiendo esta medida en una tragedia para las endeudadas pequeñas y medianas empresas. Fuertemente endeudadas, muchas no pueden enfrentar las altas tasas, lo que deriva en quiebras. Sin embargo, había otro problema aún mayor: la intromisión como nuevos competidores en sus sectores de la gran empresa y la fuerte presión que estas corporaciones aplicaban sobre los precios. Tras esta coerción económica, las que no quebraron se vieron inmersas en un escenario que les restó progresivamente mercados. Los gobiernos de entonces, grandes oficiantes de las políticas neoliberales del libre mercado, aplicaron medidas de apoyo financiero –muy similares a las recientemente anunciadas por el gobierno de Sebastián Piñera- que jamás lograron amortiguar los problemas. El libre mercado permaneció inalterado.
El gran obstáculo en el desarrollo o en la misma supervivencia de las pymes está en la pérdida del mercado, el que ha sido arrebatado por las grandes empresas. Lo que sucede en la fruticultura, en la pesca, o en la venta minorista, como en la alimentación o en materiales de construcción y artículos de ferreterías, mercados arrebatados por las grandes corporaciones, se extrapola a otros varios sectores de la producción y los servicios. Las pymes han venido perdiendo mercado en un proceso gradual y creciente que amenaza con su existencia futura. Los daños del terremoto, sumados a una malograda situación comercial y de mercado, pueden llevar a la quiebra en los próximos meses y años a decenas de miles de micro y pequeñas empresas.
El actual gobierno, así como los precedentes, han reducido el problema de estas empresas al financiamiento, el que, si bien no es el único obstáculo: el capital tampoco fluye hacia las pymes. Se estima que del universo empresarial más del 90 por ciento son pymes, las que generan más del setenta por ciento del empleo. Sin embargo, éstas sólo captan un 13 por ciento de los créditos bancarios. En número, los grandes deudores de la banca –las grandes corporaciones- representan apenas el 1,5 por ciento del total, pero se llevan más del 80 por ciento del capital.
La CEPAL afirma que durante la última década los niveles de desigualdad en Chile han disminuido un poco más de un cinco por ciento debido a las políticas públicas. Pero al considerar que toda la institucionalidad económica –y también gran parte de la política y social, al observar los indicadores de la educación- empuja hacia la concentración de los mercados y a consolidar las desigualdades, las tareas de los gobiernos serán simplemente estériles.
Anomalías en la reparación a los ex presos políticos
Juan Rojas.
Ex Preso Político.
Se ha hecho creer a la ciudadanía que el Estado de Chile ha cumplido a cabalidad con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en dictadura y que ha respondido del mismo modo a los requerimientos de la comunidad internacional. En realidad, lo que ha prevalecido ha sido una actitud carente de verdadero compromiso con el derecho que le asiste a las víctimas a ser reparadas integralmente por el daño que les ocasionó la acción terrorista del Estado a través de sus agentes.
Lo que se ha hecho en materia de derechos humanos y de reparación ha sido insuficiente. Se pudo y debió haber hecho mucho más. Ha sido la lucha sin descanso de las organizaciones de derechos humanos, entre ellas las organizaciones de ex presos políticos, y la intervención de destacadas personalidades en todos los ámbitos, lo que ha impedido que la impunidad total para todos los criminales, tantas veces intentada, fuera un hecho. Y los importantes e innegables avances en materia de legislación en derechos humanos alcanzados en el último gobierno concertacionista, tales como el Tribunal Penal Internacional, el Instituto de Derechos Humanos, la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, entre otras, serían impensables.
Al asumirse casi como doctrina la idea de “justicia en la medida de lo posible” enunciada por Patricio Aylwin en los 90, quedó pavimentado el camino para el oportunismo político y mediático con que se ha informado a la opinión pública en cuanto al deber del Estado de reparar integralmente a las víctimas. Así quedó de manifiesto en el discurso de Agosto del 2003 del ex Presidente Ricardo Lagos, quien habló al país a través de una cadena nacional de radio y televisión, dando a conocer la propuesta sobre derechos humanos de su gobierno, al señalar respecto de las víctimas que “… su dolor, bien lo sabemos, no puede ser reparado sino en parte muy pequeña. Con el fin de otorgar esa mínima reparación, he decidido que se creará una Comisión responsable de establecer rigurosamente quiénes pueden ser beneficiarios de una indemnización austera y simbólica, que simbolice el perdón que Chile les pide por lo que en un momento se hizo en sus cuerpos…”
No obstante, la Resolución 60/147, de Naciones Unidas, promovida por años por la delegación chilena y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 marzo de 2006, en "Los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves”, en su artículo V, principio 8, establece que "se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo substancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término "víctima" también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa”.
El mismo documento, en su artículo IX, principio 15, plantea que "una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia…". Agrega: "la reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario…"
El principio 18, especifica: "Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, UNA REPARACION PLENA y EFECTIVA, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición."
Esta resolución, además de plantear a los Estados que adhieren otorgar una reparación adecuada, efectiva y rápida, proporcional al daño sufrido por las víctimas, caracteriza el concepto de víctima, asimilándola también al colectivo al que pertenece y, sobre todo, a su entorno más inmediato: su familia y personas a su cargo. Nada de esto se observa en las sucesivas normativas con que el Estado de Chile ha pretendido dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en esta materia. En Mayo del 2009, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en sus recomendaciones al Estado de Chile, nuevamente hizo hincapié en estos conceptos y “recomienda al Estado parte que incremente los esfuerzos en materia de reparación, indemnización y rehabilitación de manera que se garantice una reparación justa y adecuada a todas las víctimas de tortura”. El Comité “insta (también) al Estado parte a que reabra la Comisión sobre Prisión Política y Tortura o a que establezca con prontitud otro organismo que retome el mandato de dicha Comisión”, y que “derogue la disposición de la Ley 19.992 mediante la cual se establece el secreto durante 50 años de información relativa a la práctica de la tortura durante la dictadura”.
Durante los últimos meses del gobierno de la ex Presidenta Michel Bachelet, los ex presos políticos lograron arrancarle el compromiso de profundizar la reparación a los sobrevivientes. Es así como mediante la ley 20.405 que creó el Instituto de Derechos Humanos, se abrió un nuevo proceso de calificación de víctimas de prisión política y tortura. Con su reapertura, la Comisión comenzó a operar a principios del presente año, para prolongar sus funciones hasta mediados de agosto. Siendo este el principal logro atribuible a la lucha de los ex presos políticos organizados y valorando el resto de las otras demandas logradas parcialmente, como un paso adelante, no deja de ser cierto que una vez más el criterio de “justicia en la medida de lo posible” fue el utilizado por quienes tenían el deber de cumplir a cabalidad con las recomendaciones que el Comité contra la Tortura, en Mayo del 2009, había hecho al Estado de Chile conminándolo a reparar, justa y adecuadamente, a las víctimas y a terminar con el secreto por 50 años de los testimonios entregados por ellas.
A los ojos de las víctimas, una suerte de hipocresía y fariseísmo ha sido la tónica por parte de quienes han administrado el Estado cuando ha pretendido cumplir con compromisos internacionales en materia de reparación y de derechos humanos, en general. Es así en el caso de las políticas de reparación a los ex presos políticos, víctimas directas y sobrevivientes al terror de Estado en dictadura.
Distinta ha sido la actitud gobernante ante los principales responsables de la tragedia que constituyó la violación de los derechos humanos en Chile. Estos que tienen rostro, nombre y apellido; son parte sustantiva de la clase dominante del país; son los dueños de Chile, fundidos en una sola maraña de intereses con el capital transnacional al cual han cedido la soberanía y las riquezas básicas que debieran ser de todos. Ante ellos, la Concertación fue complaciente y generosa.
El escándalo destapado en relación a las llamadas “ becas Valech”, no ha sido sino desenmascarar la perversidad del modelo económico en curso, pues permite este tipo de comportamientos de parte de inescrupulosos. De no haber mediado la denuncia oportuna de los propios afectados y de sus organizaciones, esta situación también habría quedado en la impunidad.
Preocupación por formación militar
Pablo Ruiz
A partir de la visita a Chile del sacerdote Roy Bourgeois, en agosto del 2006, fundador del Observatorio de la Escuela de las Américas en Estados Unidos (SOAW, en inglés) diversas organizaciones de derechos humanos nos hemos sumado a la preocupación por el tema de la formación militar que reciben soldados nacionales en la Escuela de las Américas que hoy opera en los mismos Estados Unidos luego de ser expulsada de Panamá.
Esta institución ha sido reconocida por adiestrar a sus graduados en la práctica de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que fueron implementadas principalmente por las dictaduras militares latinoamericanas entre las décadas del 60 y 80 basadas en la “Doctrina de la Seguridad Nacional” que impuso la política del enemigo interno la que justificó el asesinato de miles de compatriotas en nuestro país como en toda América Latina.
A lo largo de sus sesenta y cuatro años de existencia, la Escuela de las Américas ha entrenado a más de 64.000 soldados latinoamericanos, de los cuales más de tres mil son chilenos, en cursos tales como técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar y hasta técnicas de tortura como se ha constatado con la publicación de Manuales de Tortura revelados por el diario New York Times en el año 1996.
La experticia adquirida por estos graduados ha dejado un rastro de sangre y sufrimientos imborrables en nuestros propios países. Por ello, no es casual que los violadores de derechos humanos de mayor brutalidad y salvajismo como Álvaro Corbalan, Miguel Krassnoff, Humberto Gordón, Odlanier Mena y Manuel Contreras pasaran por esta academia militar, por nombrar solamente a algunos de ellos.
Cada año, miles de estadounidenses, canadienses y latinoamericanos protestan en las afueras del Fuerte Benning, en Georgia, Estados Unidos, donde está instalada actualmente la sede militar. Por ello y por el gran desprestigio que su accionar le ha acarreado, en enero del 2001, el Pentágono decidió cambiarle de nombre dejándola en el mismo lugar, con los mismos instructores y tras los mismos objetivos para lo que fue creada.
Actualmente, la Escuela de las Américas recibe el nombre de Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC, en sus siglas en inglés).
El 2008 el Subsecretario de Guerra, Gonzalo García, reconoció que ese año fueron a adiestrarse 210 militares chilenos a dicha academia militar cuyos costos de capacitación los pagó Chile. Asimismo, desde hace varios años nuestro país figura como el segundo país, después de Colombia, que más soldados envía a esta academia militar.
Nuestra razones
Creemos que Chile no debe seguir enviando soldados a esta institución ya que:
- La Escuela de las Américas o la Whinsec no se han hecho cargo de investigar las violaciones a los derechos humanos que han cometido sus graduados.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec no se han hecho cargo de investigar a los militares instructores de la misma academia que prepararon manuales de torturas y formaron a miles de soldados latinoamericanos en materias contrarias a los derechos humanos. Muchos de ellos podrían seguir dando dudosa formación militar actualmente.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec no se ha hecho cargo de investigar a los instructores invitados los que en varias ocasiones han sido reconocidos violadores de los derechos humanos o potenciales infractores de la ley como por ejemplo el caso del coronel colombiano Álvaro Quijano y el mayor Wilmer Mora quienes el 2008 fueron arrestados y sometidos a juicio por colaborar con el narcotráfico. Quijano y Mora fueron "instructores" en la Escuela de las Américas durante los años 2003 y 2004, donde impartieron cursos relativos a Operaciones para el Mantenimiento de Paz y Democracia Sustentable.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec sigue recibiendo soldados de países en donde no se respetan los derechos humanos. Nos referimos fundamentalmente a Colombia que tiene el mayor número de estudiantes que llega cada año a la Whinsec pese a que muchos de sus militares han estado implicados en numerosos casos de masacres y abusos de derechos humanos contra la población civil. Eso contraviene el nuevo espíritu que dicen que tiene la nueva institución.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec miente al decir que su meta "incluye fortalecer la democracia, inculcar el respeto por el imperio de la ley y el acatamiento de los derechos humanos". Muchos de sus políticos y militares se muestran hostiles al nacimiento de regimenes progresistas en América Latina. De hecho el 2002 apoyaron a los golpistas venezolanos que pretendieron destituir por la fuerza al Presidente Hugo Chávez y el 2009 apoyaron implícitamente el golpe militar en Honduras. También hay fundadas sospechas que apoyan a grupos que trabajan por desestabilizar a los gobiernos de Cuba, Ecuador, Bolivia, entre otros.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec también sigue escondiendo los listados de los nuevos estudiantes al negar la información o no enviarla cuando se la solicita. Esto impide realizar una supervisión del comportamiento de los nuevos graduados. Anteriormente, se conocían los nombres de los alumnos que asistían al instituto armado lo que permitió comprobar que muchos de sus graduados eran violadores de derechos humanos.
Algunos Casos de las últimas décadas
Muchos pensaron que la Escuela de las Américas había desaparecido en 1984 cuando tuvo que abandonar Panamá pero no fue así ya que fue reinstala en el Fuerte Benning, en los Estados Unidos. En las últimas décadas se han seguido registrando hechos donde estuvieron implicados graduados de la Escuela de las Américas lo que reafirma nuestra preocupación en el tema.
A modo de ejemplo, queremos mencionar los siguientes casos:
En 1994, los militares mexicanos Gastón Menchaca Arias, con curso de Operaciones de Guerra Irregular, y Miguel Leyva García, con curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela de las Américas, estuvieron involucrados en las acciones contra el levantamiento del EZLN en enero de ese año en Chiapas. Desde 1994, Leyva García también se hizo "famoso" en informes sobre violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero como comandante militar en acciones contra el Ejército Popular Revolucionario. También los militares graduados Edmundo Leyva se encuentra citado en el informe del PRODH sobre violaciones de los derechos humanos en Guerrero y Adrián Maldonado Ramírez fue destituido como comandante, un mes después de la masacre de Aguas Blancas en 1995.
En 1997 se señaló al capitán boliviano Filman Urzagaste Rodríguez, ex alumno de la Escuela de las Américas, como responsable del secuestro y tortura del director de la Asamblea Popular de Derechos Humanos de Bolivia, Waldo Albarracín. Sin embargo, pese a ello la Whinsec le abrió sus puertas el 2002.
El 26 de abril de 1998, agentes que se movían en la oscuridad, atraparon a monseñor Juan Gerardi a la entrada de su residencia, ejecutándolo. Con piedras le hundieron el cráneo. Gerardi era obispo auxiliar de la ciudad de Guatemala. Sus asesinos eran militares entrenados en los Estados Unidos.
Entre los militares que encabezan el intento de golpe de estado contra el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en abril del 2002, figura el general Efraín Vázquez graduado de la Escuela de las Américas.
El 2008 el coronel colombiano Álvaro Quijano y el mayor Wilmer Mora fueron arrestados y sometidos a juicio por colaborar con el narcotráfico. Quijano y Mora fueron "instructores" en la Escuela de las Américas durante los años 2003 y 2004, donde impartieron cursos relativos a Operaciones para el Mantenimiento de Paz y Democracia Sustentable.
El mismo año, el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, da de baja a 27 militares, muchos de ellos graduados de la Escuela de las Américas, por su responsabilidad en el asesinato de 17 jóvenes los que "fueron reclutados supuestamente por el Ejército para después ser presentados como guerrilleros muertos en operaciones militares".
El 2009 es condenado el ex Presidente de Perú. Alberto Fujimori, a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos. Entre los casos en que se lo involucra esta el del asesinato de nueve estudiantes de La Cantuta y un profesor universitario, en 1992, y el caso de Barrios Altos, en 1991, donde fueron asesinadas 15 personas, incluido un niño de ocho años. Los autores de estos crímenes pertenecían al Grupo Colina. La agrupación estaba a cargo del jefe del SIN, Vladimiro Montesinos, militar entrenado en la Escuela de las Américas de Estados Unidos.
El ex agente de inteligencia peruano Ángel Sauñi Pomaya señala en su declaración judicial que: "Desde hace muchos años existen manuales de lucha contra subversiva donde se dice identificar, capturar y destruir al enemigo. Muchos oficiales que se dicen ahora defensores de los derechos humanos, pero antes callaron. El curso de la Escuela de las Américas lo han hecho todos los oficiales y allí les enseñaban tácticas de guerra para destruir a las izquierdas de América Latina. Eso es uso y costumbre en el Ejército", afirmó.
Finalmente, el 28 de junio del 2009, Romero Vásquez, graduado de la Escuela de las Américas, encabeza el golpe de estado en Honduras.
A esta preocupación también se ha sumado Amnistía Internacional quien ha señalado que:
"Aunque el Ejército Estadounidense afirma haber cerrado la Escuela de las Américas (SOA) y haber establecido la Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) como una institución totalmente nueva que por casualidad está ubicada en el mismo espacio físico, WHINSEC es esencialmente la misma escuela que SOA, con la misma misión principal de transmitir técnicas militares a miembros de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas".
Finalmente, queremos informar que el Congresista demócrata Jim Mc Govern encabeza un Proyecto de Ley, en el Congreso de Estados Unidos, que busca suspender las operaciones de la Escuela de las Américas/Whinsec y crear una Comisión de la Verdad para que investigue qué sucedió en esta academia militar y tomar resguardos y garantías para que nunca más se capacite a soldados de ninguna nación en materias contrarias a los derechos humanos.
El GOPE y la preparación de torturadores
Hervi Lara
El portal Terra.net y TVN exhibieron las imágenes de un aspirante del GOPE de Carabineros, en pleno entrenamiento, colgado de los pies, amarrado y encapuchado, siendo sumergido en un recipiente de agua, mientras el resto de sus compañeros miraba de manera impávida.
Frente a este hecho, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) solicitó respectivas entrevistas a la Presidenta de la República en ejercicio en ese entonces, al Subsecretario del Interior (quien había justificado esta forma de entrenamiento de la policía) y al Alto Mando de Carabineros de Chile.
La Presidenta respondió excusándose de conceder una entrevista debido a otros compromisos. El subsecretario del Interior respondió que el citado "ejercicio" era sólo una ínfima parte de la preparación del GOPE y que constituye un tipo de entrenamiento que se realizaría en todo el mundo.
El jueves 29 de octubre, la CECT fue recibida por el general Aquiles Blu, de la Dirección de Orden y Seguridad Pública de Carabineros de Chile. Respecto de la denuncia en cuestión, el general Blu indicó que su Institución se opone "por doctrina" a la tortura; que los planteles educacionales de Carabineros, así como las mallas curriculares, establecen el estudio de derechos humanos y derecho constitucional; y que todo funcionario que se excediese en sus procedimientos, es expulsado en forma perentoria.
El general agregó que la formación del GOPE exige entrenar en autocontrol debido a las situaciones difíciles e imprevistas que sus integrantes deben afrontar y superar, puesto que se trata de una fuerza de élite que, además, cuenta con apoyo médico y psicológico durante su preparación. Profundizando en lo mismo, el jefe policial destacó el ejemplo de un carabinero del GOPE que rescató a 19 personas desde un río, lanzándose al agua fría igual número de veces, cuestión que logró debido al entrenamiento recibido para controlar la apnea. El "ejercicio" cuestionado por la CECT habría posibilitado esa acción. No se adiestraría al GOPE para torturar a otras personas.
Sin embargo, las imágenes del "ejercicio" del GOPE no son justificables. No se puede aceptar que la formación de las personas que detentan el uso de la fuerza esté ligada a la represión y la tortura. Las consecuencias son evidentes.
El Pueblo Mapuche
Dada la situación de violencia que, desde hace varios años, padece el pueblo mapuche, la delegación de la CECT hizo ver al encargado de Orden y Seguridad Pública que los tratos crueles, inhumanos y degradantes son reiterados por parte de Carabineros, quienes lanzan gases al interior de las viviendas y agreden a ancianos, mujeres y niños indefensos. A esto, el general Blu respondió que los mapuche se hieren entre ellos (como sería el caso del joven de 17 años con 100 perdigones en sus piernas); que se informan mentiras a través de los medios de prensa (como lo relativo al niño de 14 años amenazado de ser lanzado desde un helicóptero si no entregaba información sobre sus padres); y que los niños mapuche reciben heridas porque sus padres LOS USAN COMO ESCUDOS (tal como lo ratificara días después el Subsecretario Rosende).
La CECT insistió que, cualesquiera fueran las condiciones de preparación del GOPE, Carabineros atenta contra el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tal como ya se planteó en conferencia de prensa de la CECT, del 7 de agosto de 2008, en relación al exceso de violencia policial hacia las manifestaciones públicas de las organizaciones sociales.
Respecto del "ejercicio" exhibido en televisión, la CECT consultó al ingeniero Héctor Agusto, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quien practica buceo apnea (sin aire) y además nos señaló, "hice clases de este deporte. Incluso ayudé a preparar a un carabinero que postulaba al GOPE, quien quedó entre los mejores de su promoción". Agusto agregó que existen documentales de entrenamiento de campeones mundiales de buceo apnea, "hay ejercicios de respiración (hiperventilación), se practica apnea estática (sin moverse), y la apnea dinámica (nadando bajo el agua), levantamiento de pesas bajo el agua" (...) "pero (el ejercicio cuestionado) no se parece en nada a un ejercicio para mejorar en este deporte. Por lo que me parece que la explicación (dada por el general Blu) es francamente inverosímil".
En cuanto a las explicaciones de la autoridad de Carabineros sobre la situación del pueblo mapuche, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el 22 de octubre de 2009 envió un documento a la Presidenta de la República de Chile que, entre otras denuncias indicaba que "hacia el 16 de octubre, un numeroso grupo de carabineros llegó a la escuela del sector de Temucuicui en donde se realizaba una reunión entre representantes de la mencionada comunidad y funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y, sin exhibir ninguna orden judicial ni realizar ningún tipo de advertencia, procedió a allanar la comunidad, efectuando disparos y lanzando bombas lacrimógenas al interior de la escuela". "Como consecuencia de esta acción al menos una docena de personas habría resultado herida de diversa gravedad, entre ellas al menos seis niños".
La OMCT agrega que "el mismo 16 de octubre de 2009, en la comunidad "José Guiñón", la señora Adriana Loncomilla, (machi), fue amarrada, golpeada y tirada al suelo violentamente y dejada en esa posición delante de sus hijos, de corta edad."
La OMCT y la Comisión Ética contra la Tortura recuerdan que diversos órganos de ONU como el Comité de los Derechos de Niño, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, han instado al Estado chileno a que poner fin este tipo de conducta policial que viola los derechos humanos, y en particular los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.
Pueblo Mapuche: titular de derechos
Beatriz Brinkmann
Cualquier intento de comprensión del conflicto que se ha ido agudizando entre el Estado chileno y el pueblo mapuche requiere necesariamente de una mirada histórica. La etnia mapuche, que habitaba un extenso territorio comprendido entre el río Choapa en el norte y las islas de Chiloé por el sur, a diferencia de otros pueblos originarios en Latinoamérica, opuso una tenaz y prolongada resistencia a la conquista española. Si bien se vieron obligados a replegarse hacia el sur, lograron mantener durante más de dos siglos la frontera en el Bío-Bío. Mediante el pacto de Quilín, en 1641 la corona española reconoció la inviolabilidad del territorio y la autodeterminación mapuche al sur de este río, acuerdo que fue ratificado por el Parlamento General de Negrete en 1803. Del mismo modo, la nueva república chilena estable¬ció en 1825, en el Tratado de Tapihue, que no violaría esta frontera.
Sin embargo, pocas décadas después, la situación cambió radicalmente. El Estado chileno decidió ocupar el territorio al sur del Bío-Bío a fin de incorporarlo al desarrollo agrícola del país. Con este objetivo se dictaron leyes a través de las cuales estas tierras fueron declaradas fiscales, creán¬dose la provincia de Arauco. La guerra de ocupación entre 1862 y 1883, eufemísti¬ca-mente denominada «pa¬ci¬ffijaciónde la Araucanía, se realizó con extrema barbarie. Los Mapu-
che fueron radicados en reducciones a través del otorgamiento de los denominados «títulos de merced», quedando confinados a alrededor de 500 mil hectáreas, sólo poco más de un 5% de su
territorio original. El otro 95% de las tierras fue entregado a colonos extranjeros y chilenos, constituyéndose enormes latifundios. Con posterioridad a este proceso de radicación, los mapuche continuaron siendo víctimas de despojos a través de amedrentamientos y farsas judiciales que se valían de la ignorancia de los indígenas con respecto a la «civilización», ya que muchas veces ni siquiera dominaban el castellano. Como consecuencia de ello, sufrieron un paulatino proceso de pauperización.
Recién bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) que dictó la Ley de Reforma Agraria 16.640 (1967) se inició un incipiente proceso de recuperación de tierras y se adoptaron algunas medidas gubernamentales para revertir la situación de pobreza, como el otorgamiento de asistencia técnica y apoyo crediticio. Durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) se creó el Instituto de Desarrollo Indígena y en el marco de la reforma agraria fueron restituidas cerca de 200.000 hectáreas a las comunidades mapuche (Correa et al, 2005: 208).
Bajo la dictadura de Pinochet
El corto período en que el pueblo mapuche alcanzó a ser favorecido con algunas medidas gubernamentales, se vio abrupta y brutalmente interrumpido con el golpe militar del 11de septiembre de 1973. El gobierno militar no sólo puso fin al proceso de reforma agraria, sino que además persiguió políticamente a quienes habían participado en él, encarcelando, torturando, ejecutando y haciendo desaparecer a muchos dirigentes mapuche.
El 65% de las tierras recuperadas fueron restituidas a sus antiguos propietarios, salieron a remate o pasaron a manos del Estado (Correa et al, 2005).
En 1978 se dictó el decreto ley 2.568 que determinaba la parcelación de las tierras de las comunidades ma¬puche, estableciendo, además, que «las hijuelas resultantes de la división de las reservas dejarán de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños y adjudicatarios».
De este modo, se pretendía no sólo despojar de sus tierras sino, además, dar muerte legal al pueblo mapuche.
Al mismo tiempo se inició el proceso de expansión forestal en territorio mapuche, que reemplazó los bosques nativos por miles de hectáreas de monocultivos de especies foráneas como el pino y el eucalipto.
La amenaza de aniquilamiento como consecuencia de las medidas políticas y legislativas de la dictadura, incentivó la creación de organizaciones representativas que les permitieran defenderse y actuar de manera más efectiva en este nuevo escenario.
Con este objetivo fueron creados en 1978 los Centros Culturales ma¬puches y posteriormente Ad Mapu, Nehuen Mapu, Calfulican, Lautaro y otras, que respondían a diferentes orientaciones políticas y religiosas.
Pese a ello, primó la conciencia de que un real fortalecimiento sólo se lograría a través de un proceso unitario, lo que se cristalizó en el Futa Trawun Kiñewan Pu Mapuche o Coordinadora Nacional Mapuche, creada en junio de 1987 para elaborar una propuesta constitucional que incluyera su reconocimiento como pueblo y el derecho a la autonomía.
Con esta perspectiva, el Futa Trawun comenzó a desarrollar una estrategia de alianzas y de acuerdos políticos amplios con los sectores opositores al régimen militar.
Paralelamente y al alero del programa indigenista de la Comisión Chilena de Derechos Humanos surgió el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) que incluía, además de las mapuche, organizaciones aymarás y de Rapa Nui.
Promesas incumplidas de la Concertación
Producto del trabajo desplegado especialmente por el CNPI, Ad Mapu y Nehuen Mapu, las demandas de los pueblos indígenas fueron incorporadas al Programa de Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia y el candidato presidencial de este conglomerado político, Patricio Aylwin, firmó con sus representantes el 1º de diciembre de 1989 el Pacto de Nueva Imperial. Los principales compromisos contraídos en éste eran el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la creación de una corporación nacional de desarrollo indígena y de un fondo de etnodesarrollo; la promulgación de una ley indígena y la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT. Por su parte, las organizaciones indígenas se comprometieron a apoyar al gobierno de la Concertación en los esfuerzos de democratización del país y a canalizar sus demandas por las vías institucionales contempladas para este efecto.
La única organización que rechazó este acuerdo fue el entonces recién creado Consejo de Todas las Tierras que privilegiaba una propuesta de autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche.
Luego de asumir el gobierno en marzo de 1990, la primera medida de política indígena adoptada por el Presidente Aylwin fue la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) en mayo de 1990. Constituida tanto por representantes de los distintos pueblos originarios como de instancias gubernamentales, su tarea de mayor trascendencia fue la elaboración de un proyecto de legislación, que fue discutido y aprobado en un Congreso Nacional de Pueblos Indígenas realizado en enero de 1991 en Temuco.
A partir de este texto consensuado, el gobierno presentó a comienzos de octubre de ese año al Congreso Nacional un proyecto de ley indígena, en forma conjunta con un proyecto de reforma constitucional que consagraba el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, así como un proyecto para la ratificación del Convenio 169 de la OIT.
Durante la discusión parlamentaria, el texto original de la ley sufrió importantes cambios, siendo sustituidos los conceptos fundamentales de pueblos indígenas y territorios por los de etnias y áreas de desarrollo. De este modo, la Ley Indígena (Nº 19.253) promulgada en octubre de 1993 se redujo en lo central a la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), dependiente del Ejecutivo y constituida por representantes tanto gubernamentales como del mundo indígena. La reforma constitucional planteada fue rechazada y la ratificación del Convenio 169 de la OIT quedó pendiente.
Le correspondió al gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) tomar las medidas necesarias para dar inicio al trabajo de la CONADI. Sin embargo, toda medida positiva en este ámbito quedó opacada por el tremendo impacto que significó la imple¬mentación del proyecto de la central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bío-Bío, que provocó el desplazamiento de varias comunidades pehuenche, quedando sus territorios, cementerios y lugares ceremoniales hundidos bajo el agua. El gobierno de Frei aprobó la construcción de la represa en Ralco contra la opinión de los pueblos indígenas e incluso de dos directores nacionales de la CONADI, los que simplemente fueron destituidos (Mauricio Huenchulaf en 1994 y Domingo Namuncura en 1997). Es especialmente a partir de este hecho que parte del pueblo mapuche, que hasta ese momento había cumplido el acuerdo contraído con la Concertación de respetar las vías ins¬titucionales para canalizar sus demandas, optó por realizar acciones de protesta al margen de la ley.
Algunas de las comunidades más afectadas por la expansión forestal, la degradación ambiental y la consecuente situación de pobreza crearon la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). En diciembre de 1997 realizaron la ocupación de un terreno forestado en Lumaco, como una medida para llamar la atención sobre su situación. Sus dirigentes, acusados de la quema de tres camiones madereros, fueron perseguidos y encarcelados. A partir de ese hecho se desencadenó una espiral de violencia, en que las continuas protestas de los mapuche en contra del Estado que los discriminaba y las empresas forestales que los privaban de sus medios de subsistencia, fueron reprimidas con crueldad creciente por la policía.
A los comuneros detenidos y encarcelados se les comenzó a aplicar la ley de seguridad interior del Estado, limitando de modo arbitrario su posibilidad de defensa.
Nuevas expectativas frustradas
Bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), se generaron nuevas expectativas para los pueblos originarios al crearse en 2001 la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, presidida por el ex Presidente Patricio Aylwin e integrada por dirigentes y líderes indígenas así como representantes del mundo aca¬démico, religioso, empresarial y político. El Informe «Propuestas y Recomendaciones pa¬ra un Nuevo Trato entre el Estado, los Pueblos Indígenas y la Sociedad Chilena» que ésta entregó en octubre de 2003, además de contener un riguroso análisis de la discriminación y daños inferidos a los pueblos indígenas, en especial al pueblo mapuche, propone diversas medidas trascendentales para revertir la situación existente.
En lo central, el Informe aboga por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, dejando constancia de «la especial importancia que para los Pueblos Indígenas reviste su reconocimiento como ‘Pueblos’, categoría que no es reemplazable en el ámbito del reconocimiento por ninguna otra expresión. Lo propio ocurre con la utilización y reconocimiento de ‘Territorios Indígenas’, concebido como un espacio jurisdiccional donde los Pueblos Indígenas hacen efectivos los derechos colectivos que son atribuibles a su condición de Pueblos» (Informe, 586).
Señala que para que esto no permanezca sólo como una realidad discursiva, es preciso crear las condiciones institucionales necesarias mediante la definición y puesta en vigencia de un «estatuto jurídico especial, (lo que) requiere introducir modificaciones y perfeccionamientos en el ordenamiento legal» (Ibid, 586). A este respecto se formulan un conjunto de propuestas y recomendaciones, subrayando que en todo momento se deberá garantizar una amplia participación de los pro¬pios pueblos indígenas en su implementación.
El Informe dedica un acápite especial a la necesidad de establecer en el ordenamiento legal mecanismos de reclamación de tierras que sean
«eficientes y eficaces», lo que «no sólo constituye un derecho de los Pueblos Indígenas, sino también evita que tales reclamaciones se efectúen por vías informales, tales como la fuerza (ocupación de tierras), cuando tales mecanismos no existen o no son suficientes» (Ibid, 594). En cuanto al conflicto entre los mapuche y los actuales propietarios de las tierras que les fueron usurpadas, el Informe señala que «no estamos aquí en presencia de un problema bilateral entre particulares, sino en presencia de un problema público que, como lo ha logrado acreditar la Comisión, posee profundas raíces históricas» (Ibid, 645). Para la restitución de estas tierras «recomienda que se favorezca la conciliación y, por tanto, se promuevan acuerdos transaccionales entre los interesados». Y agrega luego: «Sin embargo, no habiendo tal acuerdo, es opinión de la Comisión que debe procederse a la expropiación de las tierras correspondientes» (Ibid, 647).
Lamentablemente, estas recomendaciones fundamentales nunca se hicieron realidad. Aunque se continuó entregando tierras a los diferentes pueblos indígenas a través de la CONADI, este proceso ha sido absolutamente insuficiente, se ha visto desvirtuado por actitudes de clientelismo político partidista y no pocas veces ha provocado serios conflictos entre las propias comunidades. Algo semejante ha ocurrido con el Programa Orígenes, el que fue creado para favorecer el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas.
Al ver sus aspiraciones fundamentales traicionadas por las políticas de Estado que simplemente las ignoraron, se incrementaron las ocupaciones ilegales de terrenos y las acciones de protesta de comunidades mapuche. Cabe señalar que éstas siempre han afectado bienes forestales y materiales, pero nunca han estado dirigidas contra la integridad física o la vida de personas. Pese a ello, han sido criminalizadas y reprimidas de manera extremadamente violenta, llegando a aplicarse la ley antiterrorista promulgada por la dictadura de Pinochet.
Propuesta mapuche
La historia se ha repetido a grandes rasgos bajo el gobierno de Michelle Bachelet, quien asumió la Presidencia en marzo de 2006.
Previo a ello, en enero de 2006, en Nueva Imperial formuló compromisos similares a los contraídos en 1989 en ese mismo lugar por el entonces candidato a la Presidencia Patricio Aylwin, vale decir, reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, participación efectiva en las instancias en las que se toman decisiones que les conciernen, restitución territorial y respeto a su cultura y diversidad.
En este contexto, la Coordinación de Organizaciones Mapuches, COM, entidad que coordina al mayor número de organizaciones pertenecientes a esta etnia, convocó a un encuentro amplio o Futa Trawun en Quepe. Logrando superar las diferentes visiones y opiniones que sin duda existen, de ese proceso surgió un documento unitario que fue entregado en enero de 2007 al gobierno, el cual tenía por objeto sentar las bases para establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Para ello se solicitaba la definición de un «interlocutor válido» al más alto nivel, que constituyera el nexo oficial entre el gobierno, el Estado chileno y las organizaciones mapuche representadas en la COM. El objetivo central de éstas es avanzar hacia la conquista de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales que les corresponden como pueblo, los cuales se traducen en su derecho a la libre determinación, al control sobre su territorio y a la participación política basada en la autonomía de su sistema de representación.
Cabe señalar que todo lo planteado por la COM se corresponde plenamente con lo estipulado en la normativa internacional de derechos humanos y de pueblos indígenas, en especial con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU que fue suscrita por Chile.
Sin embargo, los cinco ejes centrales contemplados para la política indígena que la Presidenta Bachelet dio a conocer públicamente el 30 de abril de 2007 fueron concebidos al margen de la normativa internacional, por lo que «distan mucho de responder a los de un ‘país moderno’ que, al decir de la Presidenta, se acerca a los estándares internacionales sobre derechos humanos y derechos indígenas», como señaló el Observatorio de los Derechos de los
Pueblos Indígenas (Declaración pública del 07/05/2007).
Percibiendo una vez más que sus planteamientos centrales, a pesar de ser totalmente justos, no eran acogidos, la COM emitió en mayo de 2007 una declaración pública en la cual dio por finalizado el diálogo con la Presidenta Bachelet, señalando que el gobierno se había centrado «una vez más en su concepción de participación burocrática institucional y su legislación represiva y antidemocrática, que no hacen más que reproducir el esquema asistencial y colonialista, aplicado a lo largo de la historia para desmovilizar o reprimir a las comunidades y los principales referentes del movimiento mapuche» (www.wallmapuwen.cl).
Críticas y recomendaciones internacionales
Constituye un hecho indesmentible que Chile es uno de los países más rezagados a nivel latinoamericano en materia de reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas. También es un hecho de la realidad que en la opinión pública nacional casi no existe conciencia al respecto, pues ha sido un tema deliberadamente silenciado a nivel estatal y por los principales medios de comunicación. Tampoco hemos querido ver que hoy se ha desarrollado una nueva generación de miembros del pueblo mapuche que ha accedido a niveles educacionales superiores, mantiene contactos con organismos internacionales y que, haciendo uso de
estas nuevas herramientas, ya no se deja engañar tan fácilmente, no se conforma con menos de lo que en justicia les corresponde y exige ser tratada con el respeto que su pueblo merece.
Es justamente el hecho de pretender ignorar los avances en la normativa internacional de derechos humanos y derechos indígenas, cri¬minalizando las demandas territoriales y de autonomía, lo que le ha valido al gobierno y al Estado chileno la dura crítica de diferentes organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional (2003), Human Rights Watch (2004), FIDH (2006), así como de Relatores Especiales y Comités de Naciones Unidas: R.
Stavenhagen en 2003, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2004; el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño en 2007.
Para citar sólo un ejemplo, el Comité de Derechos Humanos en su Informe de Conclusiones y Recomendaciones, emitido el 15 de marzo de 2007, junto con señalar que «lamenta la información de que las ‘tierras antiguas’ continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía», recomienda al Estado chileno «realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artí¬cu¬los 1 (párrafo 2) y 27 del Pacto2. El Estado Parte debería agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales» (CCPR/C/ CHL/CO/5/CRP.1).
En relación a la demanda de autonomía, sus detractores la han desvirtuado, afirmando que se traduciría en la secesión de las comunidades mapuche de la estructura estatal, lo que no es así. Al respecto, James Anaya, nuevo Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, ha señalado: «La autodeterminación no implica un estado independiente para cada pueblo, ni tampoco implica que los grupos sin estado sólo tengan recurso a los derechos individuales de sus miembros.
Más bien, los pueblos como tales, incluso los pueblos indígenas con sus propias estructuras políticas y sociales, han de participar plenamente e igualmente en la construcción y funcionamiento de todas las instituciones de gobierno bajo las que viven a todo nivel» (Anaya, 2006).
Una medida gubernamental que apunta en la dirección correcta y necesaria ha sido, sin duda, la ratificación y promulgación del Convenio 169 de la OIT, el 14 de octubre de 2008, sin declaraciones interpretativas que hubiesen limitado su alcance. Es un importante avance logrado gracias a la presión de los propios dirigentes indíge-
nas, en especial del pueblo mapuche, y a la mirada alerta de representantes de organismos de la ONU.
Con la ratificación del Convenio 169, el Estado chileno ha contraído el deber de concordar con los pueblos indígenas las reformas legales, ins¬ti¬tucionales y políticas imprescindibles para su efectiva entrada en vigor el 15 de septiembre de 2009, plazo señalado por la OIT.
Referencias bibliográficas
Anaya, James. 2006. La globalización, el derecho internacional y los pueblos indígenas: Evolución y perspectivas. CEPAL, Santiago.
Correa, Martín, Raúl Molina y Nancy Yánez. 2005. La Reforma Agraria y las Tierras Mapuche: 1962-1975. Santiago: LOM.
Comisión Verdad Histórica y Nuevo trato. 2003. Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. http://biblioteca.serindigena.org
Mella Seguel, Eduardo. 2007. Los mapuche ante la justicia. La crimi¬na¬lización de la protesta indígena en Chile. Santiago: LOM.
Otras fuentes:www.observatorio.cl;www.mapuexpress.net; www.wallmapuwen.cl
Informe sobre tortura y prisión política a luchadores sociales Mapuche
Por: Lucía Sepúlveda Ruiz
Junio 2009/marzo 2010 (Gobierno de Michelle Bachelet) a
Marzo/ Junio 2010, Presidente Sebastián Piñera)
I Caso con resultado de muerte
Jaime Mendoza Collío (24 años). El 12 de agosto de 2009 – ya cerca del final del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet- fue acribillado por la espalda el comunero Jaime Mendoza Collío, de 24 años. Los disparos fueron hechos por el Cabo de Carabineros, Miguel Patricio Jara Muñoz, miembro de una patrulla del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) trasladada a la zona de Malleco desde Santiago. El GOPE fue creado en 1979 para responder al accionar armado de fuerzas que actuaban contra la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet. Jaime Mendoza, en cambio, participaba de una recuperación pacífica del fundo San Sebastián, junto a otros comuneros de Requem Pillam, una comunidad arrinconada por plantaciones de pino de Forestal Mininco y Bosques Arauco, en Collipulli, Región de la Araucanía. El hecho ocurrió a unos dos kilómetros del lugar donde se realizó la toma, por lo cual se estima que el policía persiguió a la víctima hasta darle muerte. La autopsia y el peritaje posterior demostraron que Mendoza recibió el disparo mortal por la espalda y no disparó ningún arma el día de su asesinato. Ello derrumbó la versión oficial acerca de que hubo un enfrentamiento y que el cabo habría actuado en legítima defensa. Sin embargo el imputado no está cumpliendo prisión alguna, debido a que en forma unánime, la Corte Marcial le otorgó la libertad condicional mientras dure la investigación. La comunidad Requem Pillam es cercana al Parlamento Autónomo de Malleco.
Entre las reacciones de rechazo de la sociedad civil por el asesinato de Jaime Mendoza Collío se destaca la de un grupo de historiadores que hicieron un ferviente llamado a romper el cerco mediático y represivo que se ha tendido respecto de las demandas históricas del pueblo mapuche y llamaron al Estado a cambiar drásticamente sus políticas (ver declaración en Anexo).
La impunidad con que actúan la policía y el GOPE en tierra mapuche no es novedad. El cabo de carabineros del GOPE, Walter Ramírez Espinoza, autor del asesinato de Matías Catrileo en 2008 (también por la espalda) recibió una condena de 2 años por este delito, que tiene una pena asignada de 15 años. La Corte marcial invocó como atenuante un eximente de la ley de la fuga que se usó durante la dictadura para disparar por la espalda a los presos políticos que huían. La familia ha apelado graficando que en la práctica, la condena (remitida) es a firmar cada quince días ante la autoridad. “La vida de un mapuche vale 24 firmas, nada más”, denunció la madre del joven asesinado. Se trata en todos los casos de víctimas mapuche, de sentencias de la justicia militar, que constituyen un nuevo incumplimiento del Estado chileno frente a los requerimientos de organismos internacionales de derechos humanos.
Al mismo tiempo, la criminalización de las demandas mapuche es una constante. Según el periódico mapuche Azkintuwe, en el país mapuche hay 37 fundos con protección policial permanente y un contingente de más de 200 carabineros, que realizan turnos de 8 horas. Otros 17 predios cuentan con rondas periódicas de efectivos policiales. Datos oficiales emanados del fiscal regional, Francisco Ljubetic indican que en diversas investigaciones fueron formalizadas o requeridas 193 personas durante 2009, 26 de ellas por su autoría en la comisión de delitos terroristas. Además, los fiscales obtuvieron sentencias condenatorias contra 25 personas. En este informe se reportan los casos que han podido ser documentados por nosotros.
II Listado PP Mapuche al 6 de junio de 2010
• 2 mujeres en prisión
• 96 presos políticos y/o procesados
• 57 casos de prisión efectiva actual
• 57 procesados por ley antiterrorista
• 7 casos de doble procesamiento
• 21 casos de detenciones de menores de edad y/o escolares
• 37 casos de procesados con medidas cautelares
• 12 Casos de sentenciados con libertad vigilada
• 1 fallecido en el maremoto que cumplía pena en libertad vigilada
Símbolos:
** ley antiterrorista < menor de edad, & doble procesamiento civil y militar
1. Mujeres en prisión
1.- Juana Calfunao Paillalef, 51 años, madre de 5 hijos, Lonko de la comunidad Juan Paillalef, en Cunco, IX región. Miembro fundador de la Comisión Etica Contra la Tortura. Lucha por la defensa de su territorio invadido por empresa eléctrica y por el MOP. Detenida desde el 15 noviembre 2006. Condenada a 4 años y medio por atentado a la autoridad (desórdenes en tribunal). Suiza otorgó asilo político a su hija Relmutray. Cumple condena en el Centro Penitenciario Femenino de Temuco. Por segunda vez, en mayo de este año los jueces le negaron la libertad condicional pese a cumplir los requisitos legales, lo que motivó denuncia internacional del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), por considerarlo un claro hostigamiento judicial. La lonko Calfunao ha visto afectada su salud en estos años de prisión, agravados por la persecución a su marido, madre e hijos.
** 2.- Patricia Troncoso Robles, activista mapuche (causa Poluco Pidenco) La Corte de Apelaciones de Temuco le negó la libertad condicional el 24 de octubre de 2008, obligándola a cumplir su condena de 10 años y un día (por Ley Antiterrorista). La Comisión Interamericana de DDHH tramita su demanda contra el Estado chileno. Sólo obtuvo la salida dominical gracias a su huelga de hambre (2008) de 112 días. Cumple condena en el Centro de Educación y Trabajo, CET de Angol.
2. Hombres en prisión (por recinto, de norte a sur de Chile)
- Complejo penitenciario de Concepción El Manzano, camino a Penco, (Región del Bío Bío)
Los detenidos en este recinto fueron formalizados bajo la ley antiterrorista por todos o la mayoría de los siguientes cargos: homicidio frustrado contra el fiscal exclusivo en causas mapuche Mario Elgueta, y contra policías de investigaciones; atentado contra el fiscal en grado consumado; robo y amenazas terroristas a un colaborador de la fiscalía, -que anteriormente lo fue de la DINA- José Santos Jorquera, en Puerto Choque. Otros cargos incendios terroristas en el campamento forestal en Ranquilhue (10 nov 2005) e incendio terrorista a propiedades de Ebensperger y Aguayo (12 abril 2009), y finalmente asociación ilícita terrorista para robar madera de bosques de Mininco. Los cargos se fueron agregando mediante el método de la “reformalización”.
Cuatro de los detenidos están procesados por el mismo delito por la justicia civil y la justicia militar. El juicio se iniciaría el 22 de junio de 2010 y el ministerio público pide penas que van de los 103 a los 40 años de cárcel y presentará 53 testigos protegidos (sin rostro) y declaraciones de más de 100 funcionarios policiales, entre otros. No existe registro en Chile de un juicio similar salvo los realizados en tiempos de Augusto Pinochet.
**& 3 . - José Huenuche Reimán (comuna de Cañete) Detenido el 11 de abril de 2009. Se encontraba en libertad condicional desde el 4 de noviembre de 2008, luego de ser detenido en el marco de un hallazgo de armas en tierras de su comunidad, denominada Juana Millahual (Contulmo). El fiscal Andrés Cruz pide para él 52 años de prisión. (caso de doble procesamiento).
**&.4.- - Jonathan Huillical Méndez (villa Icalma, Lonquimay), estudiante. detenido el 11 de abril de 2009. Comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque. Luego de un año de prisión preventiva, se le revocó esta medida pero no pudo salir en libertad condicional porque está procesado por los mismos cargos, por la justicia militar. (caso de doble procesamiento).
**&. 5.- - Ramón Llanquileo Pilquimán Comunidad Esteban Yevilao de Puerto Choque, Tirúa, Detenido el 11 de abril de 2009. El fiscal Andrés Cruz pide para él 65 años de prisión. (caso de doble procesamiento)
**& 6.- Víctor Llanquileo Pilquimán Comunidad Esteban Yevilao de Puerto Choque, sector San Ramón, Tirúa. Detenido el 25 de noviembre de 2009 en su trabajo de soldador en Mejillones.
** & 7.- Luis Menares Chamilao, Comunidad Nalcahue, de CholChol, detenido el 11 de abril de 2009. Cumple prisión preventiva desde entonces, más allá del plazo legal. Caso de doble procesamiento
** & 8.- César Parra Leiva, detenido el 11 de abril de 2009 comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. En prisión preventiva desde entonces.
**& 9.-Héctor Llaitul Carrillanca, San Ramón, Tirúa, detenido el 15 de julio de 2009, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco. En 2008 había sido absuelto en un juicio por incendio. Causas: robo con intimidación, asociación ilícita terrorista, maltrato de obra a carabineros, daños a propiedad fiscal y homicidio frustrado contra elfiscal Elgueta. Prisión preventiva por 9 meses. El fiscal Andrés Cruz pide para él 103 años de prisión, calificándolo como autor intelectual de los hechos. Caso de doble procesamiento.
Cárcel de Lebu, (Región del Bío Bío)
**10.- Eduardo César Painemal Peña (18 años) comunidad Pascual Coña, sector Huentelolén, Cañete, detenido el 15 de agosto y formalizado por incendio terrorista de un camión grúa, una cabaña y un galpón el 8 y 9 de agosto de 2009; por incendio terrorista a cabaña en Coihueco, Contulmo (30 de mayo de 2009) y por incendio terrorista a propiedades de Ebensperger y Aguayo (12 abril 2009). Prisión preventiva por ocho meses.
Procesados por robo con intimidación, asociación ilícita terrorista, maltrato de obra a carabineros, daños a propiedad fiscal y homicidio frustrado en contra del fiscal Elgueta.
** 11.- Carlos Muñoz Huenuman, comunidad de Puerto Choque, Tirúa, se presentó voluntariamente en mayo de 2009. Nueve meses de prisión preventiva.
** 12.- Segundo Ñeguei Ñeguei, detenido el 11 de abril de 2009 Comunidad Benancio Ñeguei, Puerto Choque, Tirúa. Nueve meses en prisión preventiva, acusado de robo con intimidación, asociación ilícita terrorista, y homicidio frustrado.
Cárcel de Los Angeles (Región del Bío Bío)
13.- Roberto Manquepi, dirigente de comunidad Butalelbun de la comuna de Bío Bío. Participó en recuperación de tierra ancestral del fundo Cochico, usurpadas por colonos, y en la lucha territorial del valle del Queuco. Con él fue condenado también Pedro Vivanco Rebolledo, quien se mantuvo clandestino y pidió refugio en Argentina. El 20 de enero de 2008 la Corte Suprema confirmó su sentencia a 5 años y un día, más el pago de una multa de 11 UTM.
Cárcel de Angol, en Los Confines s/n (Región de la Araucanía):
14.- Luis Millacheo Ñanco, de la comunidad Newen Mapuche de Chequenco, Ercilla. Detenido 2 de mayo 2008. Acusado de incendio de camión de forestal el 26/04 de 2008. En juicio oral realizado en Angol el 10 de marzo de 2009, fue condenado a cinco años y un día de cárcel efectiva. Cumple condena.
15.- José Millacheo Ñanco, recapturado el 21 de enero de 2010, es werken de la Comunidad Newen Mapu de Chequenco (Ercilla), hijo del lonko de la comunidad Juan Ciriaco Millacheo, y miembro del Parlamento Autónomo de Malleco,. Acusado de ataque incendiario a camión forestal (26 abril 2008, Pidima, Ercilla). No se había presentado al juicio respectivo.
16 .- Fernando Millacheo Marín, de la comunidad Newen Mapuche de Chequenco, Ercilla. Detenido el 2 de junio de 2010. Estaban buscados desde el 2009 por una orden emanada desde el Tribunal de Garantía de Collipulli, tras el juicio político que los condenó a cinco años de prisión por un ataque incendiario a un camión, en el sector de San Ramón, ocurrido en abril del 2008.
** 17.- José Millacheo Marín, de la comunidad Newen Mapuche. Igual situación que su hermano.
Por asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado terrorista, incendio y robo con intimidación fueron detenidos:
** 18.- Camilo Tori Quidinao, comunidad de Temucuicui, (nuevamente) el 11 de octubre de 2009
** 19.-Víctor Hugo Queipul Millanao, hijo del lonko de la Comunidad de Temucuicui, el 11 de octubre de 2009, acusado de quemar un camión y un peaje.
** 20.- José Queipul Huaiquil (hermano del lonko Víctor Queipul), comunidad de Temucuicuil. Condenado en diciembre de 2009 a 5 años, en juicio por robo de animales, marcado por problemas internos en el área, enjuiciado por lonko Juan Catrillanca y el Ministerio Público. Además, acusado de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado terrorista, incendio y robo con intimidación (11 octubre 2009); ataque a tres camiones y un bus en Bypass Temuco (29 de julio) La prisión preventiva de 7 meses por ese caso, fue revocada recientemente por la Corte de Apelaciones de Concepción, que desestimó la declaración de un testigo protegido. Por las otras acusaciones y la condena citada, permanece en prisión.
** 21.- Felipe Huenchullan Cayul, Comunidad de Temucuicui, detenido el 21 de marzo de 2009. Presentó demanda por tortura contra Fiscal y policías (ver anexo)
** 22.- Lorenzo Alex Curipan Levipan. Detenido el 26 de octubre de 2009. Comunidad Rankilko. Causas: incendio, usurpación violenta, desórdenes en Fundo El Carmen de Forestal Mininco y San Sebastián. Prisión Preventiva. Hay querella por detención ilegal, tortura, trato vejatorio y obstrucción a la investigación por carabineros y funcionarios públicos.
** 24.- Eduardo Osses Moreno, procesado por supuesta participación en la quema de dos camiones, hecho ocurrido en septiembre del año pasado en la cercanía de la localidad de Pidima, en la carretera 5 sur.
** 25.- Waikilaf Cadin Calfunao (hijo de Juana Calfunao),comunidad Juan Paillalef, Cunco, detenido el 13 de mayo de 2010 en una marcha en Temuco, denuncia que arman montaje al allanar su casa en ausencia: es acusado de tenencia de material para fabricar explosivos. Hasta entonces estaba con medidas cautelares y permanente hostigamiento policial. Miembro de la Comunidad Juan Paillalef, Cunco. Detenido el 27 de marzo de 2009, de colocación de bomba en Temuco el 29/12/2008. Cumplió anteriormente condena pasando más de un año en la cárcel de alta seguridad de Santiago, saliendo en libertad en enero de 2008. (ver denuncia de su comunidad).
Centro de Educación y Trabajo (CET) de Angol, Pedro Aguirre Cerda nº 62, Región de la Araucanía
** 26.-José Benicio Huenchunao Mariñan, miembro de la comunidad El Malo, Llleu Lleu, Tirúa; caso Poluco Pidenco; trasladado en octubre de 2008 al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Angol. Cumple condena a 10 años y un día por “incendio terrorista”. Su caso se ve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Logró beneficio carcelario de salida por un máximo de siete días cada trimestre.
(** (Patricia Troncoso) beneficio de reclusión nocturna y fin de semana libre.)
Cárcel de Victoria, Arturo Prat 210 (Región de la Araucanía)
** 27.-Juan Carlos Huenulao Lielmil, comunidad de Tricauco (Ercilla). También sentenciado por causa Poluco Pidenco (condenado por Ley Antiterrorista). Cumple condena a 10 años y un día desde agosto de 2004.
Su caso se ve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
28.- Carlos Cayupe Aillapán, comunidad Domingo Trangol (comuna de Victoria), detenido el 8 de septiembre de 2008. Acusado de quema de camión en Victoria (26 de diciembre de 2007). Condenado a 5 años de cárcel sin beneficios y a pagar 11 UTM por incendio de camión en ruta cinco sur. Absuelto de cargos de daños y homicidio frustrado.
** 29.- Jorge Mariman Loncomilla, detenido en diciembre de 2009, comunidad José Guiñón, Ercilla. Causa: Asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado, incendio y robo con intimidación (hechos del 11 octubre 2009)
Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, Balmaceda 450 (Región de la Araucanía):
30.- José Llanquileo Antileo, comunidad Juana Millahual de Rucañanko, Lago LleuLleu, Contulmo. Condenado en febrero de 2007 a 5 años y un día por incendio simple de Poluco Pidenco (2001), en juicio que fue posterior al de Patricia Troncoso. No se le aplicó ley antiterrorista, por lo que tiene reclusión nocturna y salida dominical desde octubre de 2008.
** 31.- Marco Mauricio Millanao Mariñán, comunidad Pascual Coña, Cañete, detenido el 15 de octubre y formalizado por los mismos cargos que comuneros de Choque, más ataque a tres camiones y un bus en Bypass Temuco (29 de julio de 2009). Fue trasladado sorpresivamente desde cárcel de Lebu a Temuco, sin aviso previo a abogados, el 8 de mayo de 2010. El tribunal de Cañete ordenó la devolución del preso a Lebu el 11 de mayo, lo que no había sido realizado hasta el 15 de mayo.
** 32.-Mauricio Huaiquilao Huaiquilao, detenido el 6 de febrero de 2009, comunidad Yeupeko, Vilcún, Causas: quema de maquinarias agrícolas y cosecha en Lautaro (2005); incendio terrorista, incendio simple, homicidio frustrado y “amenaza terrorista” contra Eduardo Luchsinger (16 agosto 2008).
** 33.- Daniel Canio Tralcal, detenido el 28 de octubre de 2009, comunidad Juan Catrilaf II, Yeupeko, Vilcun. Causas: Ataque a tres camiones y un bus en el Bypass de Temuco (29 de julio de 2009); incendio terrorista, incendio común y robo con intimidación al fundo Brasil (11 septiembre 2009, Vilcún).
También del sector Yeupeko Vilcún, acusados de ataque a tres camiones y un bus en el Bypass de Temuco (29 de julio de 2009) los siguientes 9 comuneros:
** 34.- Pablo Canio Tralcal detenido el 28 de octubre de 2009, comunidad Juan Catrilaf II, Yeupeko Vilcun
** 35.- Sergio Catrilaf Marilef, presidente comunidad indígena Juan Catrilaf II, detenido el 25 de octubre de 2009 en un violento allanamiento al lof Ñinquilco (sector Tres Cerros, comuna de Padre Las Casas), realizado por fuerzas conjuntas de carabineros y policía que hirieron a 20 personas en el procedimiento, al que llegaron disparando. Denuncia montaje en su domicilio de paquete con escopetas, balas y otros elementos, por lo que fue acusado además de tenencia ilegal de armas.
**36.- Mario Catrilaf Marilef detenido en octubre de 2009 en Yeupeko Vilcun
** 37.- Darío Catrilaf Marilef detenido en octubre de 2009, Yeupeko Vilcun
**38.- José Tralcal Coche detenido el 25 de octubre, Yeupeko Vilcun
** 39.- Ignacio Tralcal detenido el 25 de octubre, Yeupeko Vilcun, sector Tres Cerros
** 40.- Claudio Sánchez Lorca, estudiante de Pedagogía intercultural detenido el 25 de octubre de 2009 en el hogar mapuche Purram Peyum Zugu, de Temuco.
** 41.- Pedro Cheuque Aedo detenido el 25 de octubre, comunidad Juan Catrilaf II, sector Yeupeko Vilcun, comuna de Padre Las Casas. Zungumachife de la machi María Huentelen (su esposa).
** 42.- Mario Chicahual Canio detenido en octubre, Yeupeko Vilcun
En mayo de 2010 el juzgado de Garantía de Lautaro unió en una sola causa contra nueve comuneros las acusaciones de incendio, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista, en los fundos San Leandro, de Pablo Herdener, Lautaro (12 enero 2009), Tres Luces (2008), y las acusaciones por tenencia ilegal de arma.
Dos de los nueve están presos en Valdivia y un menor está en Cholchol. Los seis restantes son:
** 43.- Luís Tralcal Quidel Detenido el 5 de Agosto de 2009, de la Comunidad Mariano Lleubul, sector Yeupeko. Acusado del ataque a 3 camiones y un bus en el bypass Temuco (29 de julio 2009). En mayo de 2010 el juez lo absolvió de acusación de incendio en fundo Las Praderas de Cholchol por lo que había sido detenido originalmente.
**44.- Elvis Millán Colicheu, detenido el 3 de diciembre de 2009, comunidad Mateo Ñirripiil, Lof Muko, Lautaro. Acusado además de incendio común y robo con intimidación al fundo Brasil (11 septiembre 2009, Vilcún).
** 45.- Eliseo Ñirripil Cayupan, detenido el 17 de enero de 2010, comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko.
** 46.- Jorge Cayupan Ñirripil (detenido el 11 de febrero de 2010) Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko, Lautaro
** 47.- Angel Reyes Cayupan, detenido el 27 de noviembre de 2009, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko, Lautaro
**48.- Francisco Cayupan Ñirripil detenido el 13 de marzo de 2010, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko, Lautaro.
Ex cárcel de Collipulli, Bilbao Nº 131 (Región de la Araucanía)
49.- Juan Bautista Millalen Milla, detenido en abril de 2007, comunidad Catrio Ñancul, acusado de incendio simple y movilizaciones en zona de Collipulli. Condena a 5 años y un día. Obtuvo salida dominical.
** 50 .- Jaime Marileo Saravia, comunidad José Guiñón (Ercilla). Corte de Apelaciones de Temuco le negó la libertad condicional el 24 de octubre de 2008, obligándolo a cumplir su condena de 10 años y un día (Ley Antiterrorista). Sólo obtuvo beneficios gracias a la huelga de hambre (2007) que mantuvo junto a Patricia Troncoso. Está con salida fin de semana y reclusión nocturna. Su caso se ve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
** 51.- Juan Patricio Marileo Saravia, sentenciado por causa Poluco Pidenco (condenado por Ley Antiterrorista) a 10 años y un día. Está con salida de fin de semana y reclusión nocturna. Su caso se ve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cárcel de Traiguén
52.- Pascual Pichún Collonao, comunicador, (hijo del lonko Pascual Pichún) detenido el 26 de febrero en Temuco tras haber estado refugiado por siete años en La Plata, Argentina, donde estudiaba Periodismo. En mayo 2010, a la condena que ya tenía pendiente por su refugio (5 años) se le sumaron 45 día adicionales y una multa. Su padre y su hermano permanecieron cinco años en prisión y su familia sufrió intensa persecución policial en estos años.
Centro de Detención de Valdivia
Los dos imputados han denunciado judicialmente a gendarmería por malos tratos.
** 53.- Miguel Tapia Huenulef, de Santiago, detenido el 11 de febrero de 2009. Juzgado por ley antiterrorista.
Acusado de incendio, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista, además de hurto e incendio simple (Fundo San Leandro, Lautaro el 12 de enero de 2009). También de tenencia de armas y explosivos, armas de guerra y granadas.
Lleva más de un año detenido pero le han negado cambio de medidas. (ver recurso)
** 54.- Ignacio Andrés Gutiérrez Coña (5 de marzo de 2009), comunidad Cristóbal Relmul, Nueva Imperial, estudiante de agronomía, acusado de incendio, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista, (Fundo San Leandro, Lautaro, enero de 2009). Prisión preventiva por once meses, plazo ya cumplido.
Centro de Reclusión de menores de Cholchol
< 55.- Cristian Cayupan Morales, detenido el 27 de noviembre de 2009, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko
Causa: Incendio, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista” además de hurto e incendio simple (Fundo San Leandro, Lautaro, 12 de enero 2009). Se decretó internación provisoria por seis meses, plazo cumplido.
< 56.- Leonardo Quijon Pereira, detenido el 9 de diciembre de 2009, Comunidad Hueñaco Millao, de Chquenco, Ercilla. Acusado de Porte de armas, daños y homicidio frustrado contra carabineros, robo con intimidación y ataque incendiario a camiones (20 octubre 2009), en el sector Lolenco).Internación provisoria por cuatro meses, plazo cumplido con creces. Su juicio oral está fijado para el próximo 15 de junio en Angol. El menor padece secuelas de heridas con arma de fuego por parte de carabineros mientras él cazaba en la zona de Angol y no está recibiendo atención médica. Fue capturado luego de abandonar voluntariamente el Instituto Traumatologico de Santiago.
< 57.- Luís Marileo Cariqueo (17 años) detenido por fuerzas especiales el 13 de abril de 2010, mientras se encontraba en la sala de clase del Liceo Técnico Profesional Pailahueque Comuna de Ercilla. Acusado de Asociación ilicita terrorista, homicidio frustrado terrorista, incendio y robo con intimidación, hechos ocurridos el 11 de octubre 2009.
III.- Imputados con medidas cautelares
Arresto domiciliario total
** 1.- Fénix Delgado Ahumada, juzgado por Ley Antiterrorista, estudiante de la Universidad Católica de Temuco. Detenido el 30 de octubre de 2008. Acusado de incendio terrorista frustrado, por un supuesto intento de ataque incendiario el 30/10/2008 en el ByPass de Temuco. Total durante los 8 meses de investigación.
** 2.- Jonathan Vega Gajardo, juzgado por Ley Antiterrorista y Estudiante antropología de la Universidad de Temuco. Detenido el 30 de octubre de 2008. Acusado de incendio terrorista frustrado, por un supuesto intento de ataque incendiario el 30/10/2008 en el ByPass de Temuco. Pasó cuatro meses en prisión preventiva.
** 3.- José Ñirripil Pérez, detenido en octubre de 2009, comunidad Mateo Ñirripil, Muko. Acusado de participar en ataque a Fundo San Leandro (Lauaro, 12 enero 209).
Firma periódica:
** < 4.- Rodrigo Huechipan, detenido el 30 de octubre de 2008, menor de edad (17 años) a la fecha de detención, de Freire, acusado de incendio terrorista frustrado, por un supuesto intento de ataque incendiario el 30/10/2008 en el ByPass de Temuco. En comienzo le dieron arresto domiciliario parcial pero esto se cambió para que pudiera asistir a clases.
Firma mensual
5.- Lonko Iván Llanquileo Antileo. Fue recapturado el 26 de marzo de 2008. Lonko de la Comunidad Juana Millahual de Rucañanko, Lago Lleu Lleu, Contulmo. Enjuiciado por tribunal militar. Acusado de tenencia de arma de guerra. Firma en la Fiscalía Militar de Concepción.
La Corte de Apelaciones de Concepción revocó en mayo de 2010 la prisión preventiva que sufrieron por prolongados períodos:
**6.- Juan Carlos Parra Leiva, detenido el 11 de abril de 2009, comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. Pasó en prisión preventiva más de un año.
** & 7.- Nolberto Parra Leiva, comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. comunero del sector Puerto Choque (Tirúa) Pasó en prisión preventiva más de un año.
Otra medida cautelar para tres comuneros, decretada en noviembre de 2009 por juez de Cañete:
** 8.- Simón Milla Paillán, detenido el 17 de agosto de 2009, comunidad Pascual Coña. Acusado de Asociación ilícita terrorista y de incendio terrorista. Estuvo más de medio año en prisión.
** 9.- Jorge Andrés Santi Leal, comunidad Pascual Coña, detenido el 15 de agosto y formalizado por asociación ilícita terrorista e incendio terrorista de un camión grúa, una cabaña y un galpón el 8 y 9 de agosto de 2009. Estuvo más de medio año en prisión.
** 10.- Juan Muñoz Huenuman, comunidad de Puerto Choque, similares acusaciones.
Reclusión nocturna:
** 11.- Cristian Salvo Huenchupan, detenido el 22 de abril de 2009, miembro de la Red de Apoyo a las Comunidades Mapuche en conflicto de Temuco, acusado por el incendio al fundo Tres Luces de Pablo Hardener en Lautaro, el 3 de mayo del 2008.
Arraigo por nueve meses:
** 12.- Leonel Carilao Liencura, presidente de la comunidad Venancio Ñehuey de la localidad de Puerto Choque, Tirúa, detenido en agosto de 2009 y formalizado por cargos de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado contra el fiscal Elgueta y robo con intimidación.
** 13.- Richard Ñehuei Pilquimanm detenido el 11 de abril de 2009, comunidad Beñancio Ñehuey, Puerto Choque. Acusado de robo con intimidación, asociación ilícita terrorista y homicidio frustrado contra fiscal y policías.
**14.- Juan Carlos Millanao Painemil, comunidad Pascual Coña, Cañete, detenido el 15 de agosto de 2009, en Nueva Imperial. Acusado de asociación ilícita terrorista y de incendio terrorista. Se le acusa de incendiar un camión, una cabaña y un galpón el 8 y 9 de agosto de 2009.
15.- Emilio Painefil Calfiqueo, werken de la comunidad Llaguepulli, sector Lago Budi, detenido el 30 de julio de 2009, en la toma de fundo Lumahue, acusado de tener una honda y un cortaplumas. Medida cautelar de arraigo nacional y prohibición de acercarse al fundo que intentan recuperar.
16.- Martín Huenchucoy Coñoepan, sector Lago Budi. Detenido el 30 de julio de 2009, en la toma de fundo Lumahue, acusado de tener armas (una honda y un cortaplumas). Medida cautelar de arraigo nacional y prohibición de acercarse al fundo que intentan recuperar.
17.- Luis Alberto Cayul Queipul (44), comunidad autónoma Temucuicui, detenido el 27 de julio de 2009 al interior de su comunidad mientras carabineros repelía la toma del fundo La Romana. Liberado con medida cautelar de prohibición de acercarse al fundo (que está al lado de su comunidad).
18.- Orlando Benjamín Cayul Colihuinca, comunidad autónoma Temucuicui, detenido el 27 de julio de 2009 al interior de su comunidad mientras carabineros aducía repelir la toma del fundo La Romana. Liberado con medida cautelar de prohibición de acercarse al fundo (que está al lado de su comunidad).
Otras medidas cautelares:
19.- Alejandro Stuart, reportero gráfico independiente, detenido el 11 de mayo de 2008 en una marcha. Se le requisaron todas sus herramientas de trabajo.
Comuneros de Requem Pillam detenidos en el operativo de desalojo posterior a la toma del fundo San Sebastián, en que fue asesinado el comunero Jaime Mendoza Collío (12 de agosto de 2009).
20.- Juan Mendoza Collío
21.-Joel Mendoza Collío
22.-Víctor Mendoza Collío,
23.- María Mendoza Collío,
24.- Miguel Mendoza Álvarez
25.-Juan Curipán Collío
26.-Mario Curipán Collío,
27.-Sergio Marion Cayul,
Menores (detención por horas) durante protestas por asesinato de Jaime Mendoza Collío
< 28.-Bania Queipul Millanao, 15 años de edad, estudiante, hija del lonko de la comunidad Autónoma Mapuche Temucuicui, Victor Queipul, detenida por horas y formalizada el 13 de agosto de 2009 por supuesto destrozo de un vidrio en el Ministerio Público de Collipulli. Sufrió una nueva detención el 6 de abril de 2010, siendo sacada con engaño del internado donde estudia (la policía dijo a las autoridades del colegio que era familiar de la niña) y quedó con medidas cautelares. Enfrentará juicio oral simplificado el 11 de junio en el tribunal de garantía de Collipulli.
< 29.- Cristina Millacheo Ñanco, 15 años de edad, estudiante, hija del Lonko de la comunidad de Chequenco, Ciriaco Millacheo, (en la clandestinidad, condenado por el caso Poluco Pidenco), detenida por horas y formalizada el 13 de agosto de 2009 por los supuestos destrozo de un vidrio en el local del Ministerio Público de Collipulli, en las protestas por el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collío. En mayo de 2010 se la sacó del internado de Collipulli a viva fuerza, deteniéndola neuvamente. El tribunal de garantía suspendió su juicio imponiéndosele medidas cautelares como la prohibición de participar de manifestaciones públicas. Para ser absuelta de los cargos no deberá haber sido nuevamente detenida durante un año.
<.- Luis Marileo Cariqueo (17 años, llevado a Cholchol) de la comunidad Cacique José Guiñón, fue sacado del Liceo Técnico Profesional Pailahueque, comuna de Ercilla, el día 13 de abril de 2010 por policías fuertemente armados. Llevado al centro de Cholchol.
Formalizados luego de una detención por horas, los siguientes estudiantes del Liceo Alonso de Ercilla, de la comuna de Ercilla:
< 30.- Víctor Montoya
< 31.- Nicolás Manque
< 32.- Kevin Rubilar
< 33.- Carlos Vidal
< 34.- Alvaro Queipul
< 35.- Javier Parra
< 36.- Alexis Lican
Liberados sin formalización
< Marcela Curipan
< Rayen Queipul Paillaleo
< Evelyn Fierro
< Ema Catrillanca,
< Daniela Vira,
< Rodrigo Millanao
< Jorge Ñancucheo
Los 17 menores fueron obligados a entregar sus huellas digitales plantares y se les aplicó parches de ADN en la espalda, vulnerando las disposiciones del código procesal penal chileno y pactos de ddhh sobre los derechos de los niños.
37.- José Lincoqueo Huenumán, veterano e histórico abogado de la causa mapuche, detenido el 18 de mayo y liberado el 23 de mayo por la Corte de Apelaciones de Temuco. Formalizado por quebrantamiento de condena y estafa (presentarse como abogado). La Fiscalía le imputa ejercer la profesión de abogado para querellarse contra Televisión Nacional y el Consejo de Defensa del Estado, estando inhabilitado judicialmente por “prevaricación” desde 2008. A partir de 1999 este abogado ha defendido varias decenas de acciones relacionadas con la lucha mapuche basando su argumentación en los parlamentos, especialmente el Parlamento de Negrete (1803) –que considera vigentes- suscritos por su pueblo con la corona de España, antes de la ocupación militar del territorio mapuche por el Estado chileno, y mostrando las recuperaciones de tierras como acciones de legítima defensa. La Corte dictó una orden de internación de Lincoqueo en un centro hospitalario “para atender su patología de orden siquiátrico”, pero la defensa logró sacarlo de allí. La investigación sigue su curso por 45 días. El defensor penal público, abogado Iván Espinoza, logró sacar del hospital al abogado Lincoqueo, cuya internación contemplaba los 45 días que se otorgó al ministerio público para el cierre de la investigación.
Testigos protegidos
La fiscalía no perseveró en los casos de Javier Navarro Jorquera y Elcides Pilquiman Liencura, ambos de la comunidad Puerto Choque, Tirúa, detenidos entre abril y julio de 2009. De presos, ellos fueron aparentemente convertidos en testigos protegidos que declararían contra los miembros de su propia comunidad.
IV Luchadores mapuche condenados con libertad vigilada
** 0.- Erick Von Jenstick Vergara, de la red de apoyo a las luchas mapuche. Falleció junto a su pareja en el maremoto del 27 de marzo en la Isla Mocha, mientras cumplía una condena a 3 años y un día de libertad vigilada, más el pago de 2 UF mensuales, por el incendio de un camión en 2008. El estudiante era miembro de grupos de apoyo a la causa mapuche y en Valdivia fue recordado por su familia y amigos como un joven lleno de ideales. Ellos nuevamente rechazaron que Erick haya sido un terrorista, como fue motejado por la justicia chilena.
1.- Antonio Cadin Huentelao, werken (mensajero) de la comunidad Juan Paillalef, Cunco, esposo de Juana Calfunao. En mayo de 2010 obtuvo la libertad vigilada ordenada por la Corte de Apelaciones en respuesta a un recurso de protección presentado contra la Comisión de Jueces que le negaba ese beneficio. Estaba detenido desde el 15 nov. 2006, cumpliendo condena a 5 años y un día de prisión por desórdenes en un tribunal.
2.- Luis Amable Catrimil Huenupe. Comunidad de Tricauco, Ercilla. Causa: Incendio del fundo Poluco Pidenco. Condena: 4 años y un día. Situación actual: Cumple condena con libertad vigilada.
3.- José Cariqueo, lonko de comunidad José Guiñón y Lonko Ñizol del Parlamento de Comunidades Autónomas de Malleco. Condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo por “amenazas simples” en contra de Luis Licán, un comunero mapuche y testigo protegido del ministerio público que desde el 2003 goza de resguardo policial en su domicilio. En libertad con firma mensual por un año. Su defensa, representada por el abogado Lorenzo Morales presentó un recurso de nulidad del juicio que fue aceptado a trámite por la Corte suprema.
Los dos sentenciados a 4 años por incendio de un camión forestal el 26/04/08 en sector Pidima, Ercilla:
4.- Andrés Lican Lican. Comunidad Newen Mapu José Millacheo de Chequenco, Ercilla.
5.- Juan Bernardo Lican Melinao Comunidad Newen Mapu José Millacheo de Chequenco, Ercilla.
** 6.- Alex Bahamondes Garrido. Electromecánico de Osorno, miembro del Grupo de Apoyo a los PP Mapuche de Concepción, fue detenido el 11 de enero de 2008 en San Pedro Viejo. Los cargos son considerados un montaje por la defensa que acreditó la inocencia de los imputados con testigos. Pero el condenado por el incendio de un camión en Ruta 5 Sur, sector Chamichaco, Ercilla el 05/01/08 fue condenado a 3 años y un día de libertad vigilada (más el pago de 2 UF mensuales por un año).
** 7.- Juan Medina Hernández Ingeniero forestal recién egresado de la Universidad de Concepción, miembro de la Red de apoyo de Comunidades Mapuche en Conflicto. Fue condenado por el incendio de un camión en Ruta 5 Sur, sector Chamichaco, Ercilla el 05/01/08 a 3 años y un día de libertad vigilada (más el pago de 2 UF mensuales por un año). A ello se agregaron 410 días más de pena remitida por otro juicio.
Los cinco condenados en el juicio del llamado caso Huentelolén
8 .- Luis Meñaco Santis, de la comunidad Pascual Coña, sector LleuLleu. Había estado preso desde el 14 de abril de 2008. En el juicio del llamado caso Huentelolén fue condenados por robo e incendio de un vehículo durante una marcha por la libertad de Patricia Troncoso,
9.- Pedro Lepicheo Machacan, comunidad Juan Ignacio Catrileo, comuna de Cañete, en prisión desde noviembre de 2007. Idem situación que Meñaco Santis.
10.- José Lepicheo Machacan (sector San Miguel, Cañete) a quien se le levantó hace poco la prisión preventiva por hechos de Puerto Choque y pudo retomar sus estudios, interrumpidos por varios meses.
11.- Juan Mariñan Fernández (comunidad del sector Huentelolen, comuna de Cañete. Idem situación que Meñaco Santis.
12.- Mauricio Donoso Galindo, miembro de la comunidad de Huentelolén, detenido en noviembre de 2007. Idem situación que Meñaco Santis.
V Absoluciones judiciales
1.- Elena Varela López, documentalista comprometida con la causa mapuche, fue absuelta el 22 de abril de 2010 en el juicio oral realizado en Villarrica, de las acusaciones presentadas por la fiscalía, derrumbándose así el prolongado montaje político-policial en su contra, que la enfrentaba a la posibilidad de una sentencia de diez años de prisión. La cineasta había sido detenida el 7 de mayo 2008, en Licanray, Región de la Araucanía mientras trabajaba en el documental Newen Mapu, la Fuerza de la Gente de la Tierra, y fue condenada en primera instancia por los medios de comunicación. Junto al fiscal Servando Pérez, los medios la sindicaron como terrorista imputándole la planificación del asalto a un banco y el “delito” de tener vinculaciones con dirigentes mapuche y ser ex mirista. También fueron absueltos los otros dos imputados, Sergio Reyes Matus y Kenny Sánchez. Los materiales requisados, que incluían entrevistas a dirigentes mapuches presos o en la clandestinidad no le fueron devueltos por la justicia. Esta sentencia judicial, que dejó en evidencia la inconsistencia de las pruebas aportadas por el ministerio público para perseguir a estas tres personas, fue considerada una victoria de los derechos humanos y la libertad de expresión.
2.- Mireya Figueroa fue absuelta por padecer un avanzado cáncer de mamas. La comunera de 47 años, madre de 4 hijos, pertenecía a la comunidad Tricauco, comuna de Ercilla, Región de la Araucanía. Detenida el 1º de julio de 2009, había eludido a la policía durante 5 años negándose a comparecer al juicio oral por el caso Poluco Pidenco, en que iba a ser enjuiciada por la ley antiterrorista. Cumplió detención en el Hospital Barros Luco de Santiago. Su hijo, Oscar Queipo Figueroa, médico recién graduado en Cuba, fue detenido el 15 de septiembre de 2009 a su llegada al país y liberado poco después.
3.- -Jaime Huenchullán Cayul y Julio Cayhuán Nahuelpi, de la comunidad de Temucuicui, fueron absueltos en junio de 2009 por el tribunal oral de Angol de los cargos de atentado perpetrado en el fundo "La Romana" del latifundista René Urban.
4.- Luis Tralcal Quidel de la Comunidad Mariano Lleubul, sector Yeupeko, fue absuelto en junio de 2010 de los cargos de incendio al fundo Las Praderas de Chonchol (permanece detenido por otras acusaciones).
5.- Daniel Alveal Levicura, de la comunidad Temucuicui fue absuelto el 24 de noviembre de 2009 de los cargos de receptación de madera de Forestal Mininco. Los jueces del tribunal oral de Angol estimaron que no se acreditó la pertenencia de la madera a esa empresa desestimando la “presunción” de Mininco de que toda la madera que circula es de su propiedad - avalada por la fiscalía y carabineros- no se ajusta a la verdad de lo ocurrido el 26 de abril de 2008 en el sector de San Ramón, situado en la localidad de Pidima, en Ercilla. El fiscal cuya tesis fue desestimada es Ricardo Traipe, y había solicitado tres años de cárcel. La querellante era Forestal Mininco.
VI Denuncias en tribunales
1.- Presentaciones judiciales por tortura o tratos inhumanos
La tortura se utiliza actualmente como complemento de las detenciones a objeto de obtener falsas confesiones, instigadas en muchos casos por los fiscales y algunos abogados de la defensoría pública, por acción u omisión. El mecanismo es ofrecer trato preferencial a cambio de la colaboración. En el período analizado esta práctica aberrante de uso de la tortura para obtener información se ha extendido a los hijos de los comuneros.
1.- La justicia militar verá la querella criminal contra carabineros por violencia innecesaria causando lesiones leves, tortura y vejación injusta, a un niño mapuche en manos de por la policía uniformada, que lo colgó de un helicóptero en la comunidad José Jineo, sector Rofúe, de la comuna de padre de las Casas. La demanda interpuesta por su padre, José Painevilo, fue derivada allí desde el juzgado de Garantía de Temuco, en octubre de 2009, y cuenta con el patrocinio de la ONG Observatorio Ciudadano. El 5 de octubre, el menor de iniciales F.P.M (14 años) recibió disparos en su espalda, pierna y codo derecho. Le apuntaron con un arma, y bajo amenaza de muerte, lo sumergieron en un canal. Maniatado, lo golpearon y obligaron a subir a un helicóptero que tenía distintivos del GOPE. Una vez en vuelo, encontrándose botado desde el piso con la cabeza hacia afuera y con las puertas del helicóptero abiertas, efectivos de carabineros lo amenazaron con lanzarlo a tierra si no daba nombres de las personas que a esa hora participaban de una toma en el fundo Santa Lucía, vecino al lugar. En Vilcún tuvo una revisión médica superficial y fue liberado luego de ser retenido tres horas en la Tercera Comisaría de Padre las Casas. Posteriormente la familia llevó al menor al hospital Maquewe siendo derivado al Hospital Regional de Temuco donde fueron tratadas sus heridas, según informó su tío Luis Tranamil. El machi Fidel Tranamil es también testigo de estos hechos.
1.- Felipe Huenchullan Cayul, integrante de la Comunidad Autónoma de Temucuicui interpuso el 22 de enero de 2010 una querella por torturas en contra de la policía de investigaciones y los que resulten responsables por tormentos, asistido por la agrupación de defensa de Derechos Humanos Liberar. La presentación se hizo ante el Tribunal de Garantía de Victoria. Los hechos denunciados ocurrieron el 14 de octubre día en que Felipe Huenchullan fue detenido acusado de delitos “terroristas” (ver relato del denunciante en anexo).
Según los denunciantes el fiscal Miguel Angel Velásquez ordenó claramente este tipo de trato y las lesiones están acreditadas médicamente. El ministerio público pidió al tribunal declararse incompetente pues consideró que los hechos sólo involucraban a carabineros en los delitos denunciados. Aunque la defensa solicitó que la investigación acusa también al fiscal Velásquez y de acuerdo a la ley debía ser llevada adelante por un fiscal regional, el juez de garantía de Victoria derivó el caso a la Fiscalía Militar de Angol, y sostuvo que ese tribunal además de juzgar a los uniformados por el delito, podía también juzgar a los demás responsables (ver testimonio de Felipe Huenchullan en Anexo).
2.- Angel Reyes Cayupan (lof Muko, 20 años) se querelló por tortura el 23 de enero de 2010 en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Lautaro, IX Región. El recurso lo lleva la agrupación de defensa de Derechos Humanos Liberar.
Denuncia que fue golpeado desnudo por funcionarios de la Policía de Investigaciones, en un calabozo del retén de Lautaro, comuna ubicada 32 km al norte de Temuco, en la región de la Araucanía. Los funcionarios públicos, mediante insultos racistas y humillaciones, lo presionaban para que se inculpara por un robo en el sector.
Lo torturaban para que inculpara a su primo Cristián Reyes, también detenido, y se le ofreció garantías si aceptaba la oferta. La comunidad denunció el 7 de enero de 2009 que un fiscal local, Jorge Granada, le ofreció al detenido Angel Reyes Cayupan obtener rebaja de condena, cambio de identidad, traslado a otra región, casa y trabajo, si firmaba una confesión en la que involucrara como autores de la quema de un galpón en el fundo San Leandro, en enero de 2009, a su primo, el menor Cristian Cayupan Morales (18 años) y a otros miembros de su comunidad. Reyes Cayupan y su pariente habían sido detenidos el día 27 de noviembre. Según esta denuncia difundida por la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago - publicada en www.mapuexpress.net el 7 de enero - , Reyes Capupan fue sometido a tortura e intensas presiones psicológicas en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Lautaro, como parte del interrogatorio previo a la oferta. Luego se le trasladó incomunicado a la cárcel de Temuco, donde el 10 de diciembre el fiscal y el defensor público, abogado Ricardo Cáceres Setien, habrían reiterado el ofrecimiento.
3.- Elvis Millán Colicheu se querelló por tortura el 23 de enero contra los efectivos locales de la Policía de Investigaciones, en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Lautaro, IX Región de la Araucanía, también defendido por Liberar. Lo amenazaron con la vida de sus hijos y de su mujer si no cooperaba. En el cuartel de Lautaro, después de la constatación de lesiones, miembros de la policía de investigaciones lo golpearon y le sumergieron la cabeza en un tambor con agua (submarino).
En ambos casos las torturas ocurrieron en presencia de los fiscales a cargo de los casos.
4.- Lorenzo Alex Curipan Levipan, dirigente mapuche de Rankilko (preso en la cárcel de Angol), asesorado por abogados de Liberar, presentó el 1º de abril de 2010 una querella contra los carabineros responsables de los delitos de detención ilegal (26 de octubre de 2009), apremios ilegítimos, trato vejatorio y obstrucción a la investigación cometidos por funcionarios públicos. El imputado denunció que fue detenido en un camino público y obligado a caminar por la orilla de un bosque que se estaba quemando. En el calabozo, a las 3 de la mañana del 27 de octubre, dos carabineros lo amenazaron y a golpes le quitaron la ropa, dejándolo desnudo hasta minutos antes de entrar a la audiencia de ese día, en que le pasaron otras prendas para ir al control de detención. El fiscal Luis Chamorro pidió aplazar la detención un día más y a su vez el detenido denunció que había sido golpeado y se le había sustraído su ropa. Pero el tribunal no hizo nada al respecto. Al día siguiente los carabineros presentaron en la audiencia dos fotos con personas encapuchadas que vestían la ropa de Alex Curipan, sustraída en la noche anterior. El tribunal decretó su detención preventiva por dos meses. Uno de los testigos que declaró contra Curipan es el dueño de un fundo en disputa, Sergio González Jara, que asegura haberlo visto armado de una escopeta, a una distancia de 900 metros, hecho refutado por otros testigos que estaban más cerca y no reconocieron al imputado. En marzo se le notificó de una segunda causa, usurpación no violenta en predios de forestal Arauco el 19 de marzo del 2009, fecha en que Curipan estaba en la gobernación de Angol en una gestión con la autoridad, de la cual hay testigos entre los medios de comunicación.
5.- El padre de Jonathan Huillical Méndez, don Sady Huillical, presentó en Temuco una querella contra la Policía de Investigaciones por tortura durante la detención y traslado de su hijo a prisión (abril de 2009). La demanda se presentó en septiembre de 2009 (ver articulo diario Clarín en anexo).
6.- Recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco a favor de la machi Adriana Loncomilla Hicahual (comunidad José Guiñón de Ercilla) que el 17 de octubre de 2009, en el curso de un violento allanamiento de su comunidad por fuerzas especiales de Carabineros, fue maniatada y dejada atada, lo que fue reconocido por la policía uniformada al responder la presentación judicial. Ello ocurrió durante la detención de su marido, el lonko José Cariqueo Saravia. Las fotografías de la machi en el suelo fueron subidas a internet y recorrieron el mundo ya que en esos momentos llegó a su casa una delegación internacional de derechos humanos que venía a visitar la comunidad.
7.- Recurso de amparo a favor de dos presos, Andrés Gutiérrez Coña y Miguel Tapia Huenulaf, que sufrieron tratos inhumanos en la cárcel de Valdivia. La acción judicial de amparo preventivo –denegada por el tribunal- fue interpuesta en febrero de este año en la Corte de Apelaciones de Valdivia en contra de Gendarmería de Chile, del Centro de Detención de Valdivia y el Tribunal de Garantía de Lautaro, por la madre de Andrés Gutiérrez y el abogado de la agrupación Liberar. A la reclusión, gendarmería había sumado en forma constante, la privación de sueño, que se realizaba sin orden judicial y en forma arbitraria.
8.- Recurso de protección contra Gendarmería a favor del imputado Mauricio Huaiquilao, presentado por Karina Riquelme de la agrupación Liberar el 24 de mayo de 2010. Al detenido se le aplicó el 30 de abril una sanción disciplinaria de tres días de aislamiento en la cual debió sufrir condiciones inhumanas en la celda de castigo, que estaba llena de excremento humano y orines. Esto le impidió alimentarse durante esos tres días. El recurso sostiene que los actos de gendarmería amenazan las garantías constitucionales del imputado.
9.- Recurso de protección a favor de la lonko Juana Calfunao, presa en la cárcel de mujeres de Temuco, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Temuco para solicitar su acceso a la libertad condicional, por las autoridades tradicionales y lonkos Fernando Lincopan Villagran (Comunidad Newen Kiñe Mapu), Juan Huilcal Reyes (comunidad Juan Bautista Huilcal), Luis Aillapan (del territorio Budi) y por los werken (mensajeros) Antonio Cadin Huentelao (comunidad Juan Paillalef), Roberto Huenchumariano, Antonio Vidal Painen, Erwin Colillanca Curin, y Alfredo B Huenchumariano.
10.- Por su parte, comunidades mapuche de Temucuicui interpusieron un recurso de amparo por Carlos Curiñao en la corte marcial de la Región Metropolitana, contra la Fiscalía Militar de Malleco presidida por Rodrigo Vera Lama. Este fiscal dictó el procesamiento del comunero mapuche Carlos Curiñao, que en octubre de 2009 sufrió una fuerte golpiza a manos de carabineros, que fue grabada por canal 13 de TV. Debido a lo obrado por el fiscal militar, Curiñao pasó de ser víctima a victimario y fue detenido. El agredido es hijo del lonko Juan Carlos Curiñao de la comunidad Huañaco Millao, cercana al sector donde fue asesinado Jaime Mendoza Collío, y posteriormente fue liberado.
Por secuestro y detención ilegal
11.- La Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor del comunero Daniel Lincopan, dirigente de la comunidad Juan Lincopan de Ranquilhue en la zona del LleuLleu, porque este fue secuestrado en Cañete y llevado a Talcahuano por orden del fiscal Andrés Cruz, sin que existiera orden alguna de detención en su contra. El 17 de mayo de 2010 Lincopan, representado por el abogado privado Nelson Miranda, presentó una querella en el juzgado de Garantía de Talcahuano contra el fiscal responsable del delito de detención ilegal. Este juzgado remitió la demanda a Cañete, que a su vez entabló contienda de competencia que deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones de Concepción. La comunidad había realizado la toma del fundo Ranquilue, legalmente en manos de Forestal Mininco.
Recursos y querellas en favor de menores:
12.- El 13 de mayo, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió en
forma unánime el Recurso de Protección interpuesto por la abogada Karina Riquelme, de la organización de derechos humanos Liberar, en favor de los niños Karla Jazmín Reyes Cayupan y Víctor Manuel Cayupán (10 años), ambos de la comunidad Indígena Muko Bajo y alumnos de la Escuela Blanco Lepín, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile. Ellos fueron sometidos a interrogatorios sobre el paradero de personas de su comunidad. En lo referido a Carabineros de Chile, la Justicia desestimó los cargos, pero ordenó a la policía de investigaciones “abstenerse en lo sucesivo de efectuar requerimientos o interrogaciones a los niños en cuyo favor se recurre, bajo cualquier modalidad, sin respetar los preceptos que a favor de éstos garantiza la Convención de Derechos del Niño antes citada”.
13.- Un recurso de amparo a favor de nueve menores de Puerto Choque y contra Carabineros de la Prefectura de Arauco, fue interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Concepción en noviembre de 2009 por el abogado privado Nelson Miranda, en representación de sus familias. Los niños para quien se pidió amparo son Paola Parra Carilao (13 años), Daniel Parra Carilao (12), Fernanda Parra Carilao (8), alumnos de la Escuela Chillimi Mapu de Puerto Choque y del menor Norberto Manuel Parra Carilao (5), hijos de doña Jessica Carilao Liencura; y de los menores César Leandro Millanao Millanao (12), Yordan Andrés Leiva Millanao (9), Danitza Constanza Huenuman Millanao (5) y el menor de 5 meses de edad, Henry Alexis Huenuman Millanao, hijos todos de Nancy Ximena Millanao Painemil, El recurso se extiende a favor de todos los niños de las comunidades mapuches colindantes al lago Lleu-Lleu, comunas de Cañete y Tirúa “que son sometidos a todo tipo de controles intrusivos en caminos y sus hogares, muchos de los cuales por temor” no se sumaron a la presentación.
Los hechos relatados se refieren a un violento allanamiento ocurrido el 15 de agosto en casa de Nancy Millanao, en el curso del cual cual sus hijos fueron apuntados con armas de fuego y dejados boca abajo en el suelo. Alrededor de 40 policías participaron en este operativo policial que se llevó a cabo en la comunidad de Pascual Coña. El 24 de agosto fue detenido el hermano de Ximena Carilao, llamado Leonel Carilao (actualmente con medidas cautelares). El mismo día de esa detención, los tres niños viajaban de vuelta a casa en el bus escolar como era habitual. El transporte fue detenido por carabineros que hizo bajar a los pequeños, encañonándolos y les ordenó caminar a casa bajo una intensa lluvia, recorriendo así el kilómetro que lo faltaba para llegar. Al mismo tiempo, otro de los hijos de Ximena Carilao fue encañonado y amenazado en el hogar de la abuela, que fue allanado. La causa quedó en acuerdo en noviembre de 2009 en la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción.
14.- Recurso de Protección contra carabineros de la Prefectura de Malleco presentado por Mario Millanao Millale, de la comunidad Temucuicui, en favor de sus hijos Damari (6) y Matías (10), con el patrocinio de la Agrupación de Derechos Humanos Liberar. Relata que fue agredido por carabineros acompañado de René Urban, mientras sacaba leña con un hacha y un rozón. El predio de Urban está custodiado por carabineros, y Millanao estaba en un predio de Forestal Mininco por lo que se defendió de las acusaciones. El hijo de René Urban lo comenzó a patear y golpear mientras los carabineros lo apuntaban a él y sus hijos, y luego lo esposaron, lo amarraron y golpeaban a toda su familia. El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Temuco por dos votos contra uno. Hubo un voto de minoría del Ministro Alvaro Meza que sostiene que Carabineros pudo haber actuado resguardando la integridad y el desarrollo de los menores, y que la integridad síquica de estos se ve dañada cuando el padre o los familiares se ven reducidos o detenidos en situaciones que pudieran haberse evitado sin producirse las lesiones de que da cuenta el informe conocido por el tribunal. Liberar presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema.
15.- Amparo por persecución a la familia
Se interpuso un recurso de amparo a favor de la familia del comunero mapuche Mauricio Huaquilao Huaiquilao (preso desde febrero de 2009) por constante persecución policial a su mujer Rosa Cheuque Aedo y su hijo Kilapan Huaiquilao (2 años) en el sector urbano de la comuna de Padre Las Casas, mediante seguimientos, filmaciones y tomas de fotografías y detenciones. El recurso, presentado por el abogado de la Agrupación Liberar, Sebastián Saavedra Cea el 10 de marzo del 2010, fue rechazado por la Corte de apelaciones de Temuco el día 19 del mes en curso, siendo apelado ante la Corte Suprema.
VII Denuncias en foros internacionales
Denuncia ante Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas
El informe pormenorizado “Cronología y Descripción de Situaciones de Represión y Violencia Ejercidas por Instituciones Policiales del Estado de Chile contra Niños, Niñas y Adolescentes Mapuche (2001 – 2009)”, elaborado por la Psicóloga Claudia Molina González y un nuevo organismo denominado Defensor Jurídico Social Autónomo Mapuche, fue ingresado al Comité de los Derechos del Niño en el 53° período de sesiones de Naciones Unidas realizado del 11 al 29 de enero de 2010 en la ciudad de Ginebra, Suiza. (ver texto completo en Anexo).
Denuncia ante UNICEF Chile
Por otra parte, el menor Patricio Queipul Millanao, integrante de la comunidad mapuche Autónoma Temucuicui, comuna de Ercilla e hijo del lonko de la comunidad, se mantiene en la clandestinidad. Su caso fue denunciado al delegado de la UNICEF en Chile, Gary Stahl, UNICEF por dirigentes indígenas en abril de 2010. Un video con declaraciones del niño circula en Youtube. También recurrieron a UNICEF dirigentes de la organización mapuche urbana Meli Wixan Mapu, con el objetivo de denunciar las violaciones a los derechos de los menores. Especial mención se ha hecho del caso de Leonardo Quijón (17) que podría ser condenado a diez años de prisión en régimen cerrado.
Otros fallos favorables: Corte acogió recurso de protección
16.- El 30 de marzo de 2010 la Corte de Apelaciones de Temuco falló favorablemente el recurso de protección presentado por el werken Antonio Cadin contra la comisión de libertad condicional de la corte de apelaciones de Temuco, (jueces). La corte ordenó a la comisión otorgar el beneficio carcelario, con lo cual el werken salió libre.
Reconocimiento de derechos ancestrales
17.- La Corte Suprema confirmó en diciembre de 2009 el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que, considerando –por primera vez- en sus fundamentos el Convenio Nº 169 de la OIT, reconoce Derechos Ancestrales a la machi Francisca Lincolao Huircapan de la comunidad Pedro Lincolao, del Lof Rawe comuna Padres las Casas, en la Novena Región. La Machi se vio afectada en su derecho a la recolección de hierbas medicinales, porque la Empresa Forestal Palermo taló ilegalmente bosque nativo, sustituyéndolo por pinos y afectando tres menocos (humedales sagrados).
VIII. – Análisis Final
Reformalización, tortura y ofertas ilegales del Ministerio Público. Los procesos judiciales que se han seguido desarrollando desde junio de 2009, ahora bajo el nuevo gobierno del presidente Sebastián Piñera, han sumado una nueva modalidad a las irregularidades anteriores posibilitadas por la ley antiterrorista (sumario secreto, con cero acceso a la investigación y acusaciones para los abogados defensores, prisión preventiva por hasta dos años, testigos sin rostro). El nuevo truco es la reformalización, y consiste en tomar a un detenido inicialmente formalizado por un delito y que cumple prisión preventiva por el tiempo que dura la investigación, y cuando ese plazo ya se ha cumplido, solicitar al juez la reformización por una serie nueva de delitos, lo cual permite una ampliación del plazo de investigación y del consecuente secreto de sumario fijado previamente. De esta manera se agrava la situación de indefensión de los presos, medida que ha contado con el aval tácito de la recién renunciada fiscal Regional del Biobio, Ximena Hassi Thumala, nueva Procuradora Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de la misma región, que inició este procedimiento. Para los abogados defensores, esto sólo muestra la debilidad de las pruebas del ministerio público contra los detenidos, lo que queda en evidencia ante los jueces muy pronto, que de esta manera en ocasiones resuelven dejar sin efecto las prisiones preventivas. Pero el montaje se mantiene incólume mientras la investigación se desarrolla en secreto, amparada por las normas de la legislación antiterrorista que impiden a la defensa conocer las acusaciones de que son objeto los presos. Por otra parte, en varios casos se mantiene un doble procesamiento, por la justicia civil y la justicia militar a los imputados, y los jueces se negaron a pronunciarse sobre el fondo de esta ilegalidad.
Todos estos hechos han acentuado la criminalización de las luchas del pueblo mapuche denunciada en 2008 denunciada por la Comisión Etica Contra la Tortura junto a organizaciones del pueblo mapuche y otros colectivos de la sociedad civil y el mundo de los derechos humanos. Quizás el único avance es que este año al menos fue posible dar cuenta de una contra respuesta a nivel legal, ya que hay más de 16 recursos de amparo y querellas por tortura, maltrato a menores, secuestro y otros, exigiendo una respuesta de los tribunales de justicia que ponga fin a los abusos denunciados. A ello se suma el informe del Relator Especial sobre Pueblos Indígenas, James Anaya, luego de su visita a Chile, cuyas observaciones no han sido atendidas por el Estado chileno.
Pena de 103 años
El artilugio de la reformalización ideado por el ministerio público se ensayó en el caso de los 23 detenidos en la zona de LleuLleu, que fueron reformalizados después del 11 de enero de 2010. En esa fecha debía cerrarse el plazo de la investigación respecto del caso Puerto Choque, la supuesta emboscada al fiscal Mario Elgueta, ocurrida en 2008, que en la versión de los comuneros, fue la respuesta espontánea de la comunidad a una nueva incursión de las fuerzas especiales en sus viviendas. Para la reformalización, en este caso se invocó hechos muy anteriores, como un incendio en el campamento Ranquilhue que ocurrió el año 2005. Además, por los mismos hechos la fiscalía en su acusación configura nuevos delitos. Por tanto cada comunero podría recibir hasta tres o más condenas por los mismos delitos, y otras adicionales por la justicia militar, en los casos en que están con doble procesamiento. Así es como se llega a penas de 103 años solicitada para Héctor Llaitul, de la CAM, por el ministerio público en Cañete, algo inédito en democracia y que recuerda los tiempos del llamado fiscal ad-hoc Fernando Torres, en dictadura.
Algo similar está ocurriendo con los presos políticos mapuche recluidos en Temuco y Angol. A algunos se les formalizó inicialmente por el atentado a un bus de pasajeros, pero luego se les imputaron otros hechos. Elvis Millan, por ejemplo ha sido reformalizado tres veces, acumulando así un total de 13 causas judiciales desde su detención el 3 de diciembre de 2009. Por un solo hecho ocurrido en el fundo San Leandro, el fiscal dedujo seis delitos diferentes: incendio terrorista e incendio común (?), robo con intimidación, lesiones graves, lesiones menos graves y homicidio frustrado. Asimismo Cristián Cayupan, junto a Eliseo Ñirripil Cayupan y Daniel Canio Traical fueron formalizados por segunda vez, acusados además por el “incendio terrorista” del fundo Brasil ocurrido el 11 de septiembre en Vilcún. La jueza María Teresa Villagrán acogió la postura del fiscal Miguel Angel Velásquez, alargando aun más la prisión preventiva de estas personas.
De igual forma Luis Tralcal, fue reformalizado el 28 de octubre por amenaza terrorista y el 4 de mayo debió enfrentar una nueva formalización por usurpación violenta, amenaza simple y violación de morada del fundo Tres Luces de Lautaro. Los defensores destacan el paulatino fracaso de esta modalidad, ya que Tralcal acaba de ser absuelto de los cargos por los que fuera reformalizado luego de su detención (incendio del fundo Las Praderas en Cholchol). Sin embargo debe permanecer aun en prisión preventiva por los otros cargos.
En Cañete, los abogados defensores Pelayo Vial, Montiel y Nelson Miranda, aseguraron en enero pasado, que en lugar de hacer una reformalización con cargos que se desconocían hasta la fecha y de los cuales no se podían defender los imputados, el juez de garantía debería haber procedido a absolverlos de los cargos, ya que había terminado el plazo de investigación sin existir pruebas por parte de la fiscalía.
Fiscales y ofertas
Por otra parte, con preocupante frecuencia se están conociendo denuncias sobre el comportamiento de los fiscales del ministerio público en causas relacionadas con el conflicto mapuche/Estado chileno/forestales. Los familiares de los presos políticos mapuche sostienen que para evitar el derrumbe de determinados montajes, a falta de pruebas los fiscales ofrecen la libertad o ciertas granjerías a un detenido en prisión preventiva, a cambio de inculpar a otros presos. Previo al ofrecimiento, los presos han sido presionados sicológicamente y/o sometidos a tortura por funcionarios de la policía. Los casos que se reseñan más adelante, son aquellos en que la maniobra ha sido rechazada y denunciada por los prisioneros interpelados. No es posible cuantificar la situación contraria, aunque ello se evidencia cuando el ministerio público retira los cargos (no persevera en la acusación) y después presenta a los ex imputados como testigos protegidos. Esto estaría ocurriendo con Elcides Pilquiman y Javier Navarro. En el caso de Elcides Pilquiman, se ha denunciado que el ex detenido de la comunidad Ranquilhue Chico, en la zona de Lleu Lleu, quien participaba en el proceso de recuperación de tierras de la comunidad de Choque, estaría en condición de total aislamiento respecto de su familia y comunidad. Luego de su detención en la cárcel de Lebu, la fiscalía lo liberó pero desde entonces no se le vio más en la zona. Según la Coordinadora Arauco Malleco, (en wwww.weftun.cjb.net) Elcides Pilquiman era especialmente vulnerable porque estaba involucrado en un delito sexual anterior, por lo que habría sido extorsionado bajo la amenaza de ser procesado por violación.
El fiscal Servando Pérez
Un “ofertón” irregular ya comprobado es el de una irregular propuesta del fiscal de Rancagua, Servando Pérez, en el proceso contra la documentalista Elena Varela y los co-imputados Kenny Sánchez y Sergio Reyes, relacionado con el tema mapuche por el secuestro del su material fílmico sobre la lucha por recuperación de tierras. En el juicio oral que tuvo lugar en Villarrica en abril de 2010, el ex empleado de forestal Mininco Sergio Reyes –quien resultó absuelto de todos los cargos- declaró que el fiscal Pérez le visitó en prisión dos veces para proponerle inculpar a Elena Varela y al artesano y ex preso político mirista Kenny Sánchez, de participación en un robo con homicidio, un robo con violencia y asociación ilícita a cambio de una condena menor a la que el Ministerio Público estaba pidiendo para él (20 años). Servando Pérez intentaba probar estos delitos desde que en mayo de 2008 ordenó detener en un mediático operativo a estas tres personas y otras cinco, que debió liberar posteriormente. En la segunda visita el fiscal sostuvo: ‘Sr. Reyes, yo necesito de usted y usted de mí; le ofrezco 5 años firmando en su casa, acusarlo como encubridor, pero usted tiene que declarar en contra de Kenny y Elena’.
Por ello, uno de los momentos más intensos del juicio oral en Villarrica fue precisamente esta declaración de Reyes Matus, quien en su declaración de cierre ante el tribunal oral aseguró que inmediatamente después de su detención, había firmado bajo presión una confesión redactada por la policía. De no hacerlo, miembros de investigaciones y funcionarios de inteligencia lo habían amenazado con detener a su mujer- recién salida de un hospital por depresión endógena - al igual como habían detenido a la esposa de Kenny Sánchez. Reyes Matus agregó que no tiene cómo probar los apremios sufridos para su detención, que lo forzaron a firmar la confesión , pero sí puede probar, a través de los registros de visitas de Gendarmería de la Cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, que el fiscal Servando Pérez en dos oportunidades lo visitó el año 2009 junto a su propio defensor público Cristián Godoy, para ofrecerle que inculpara a Elena Varela y a Kenny Sánchez a cambio de su propia libertad. En el libro de ingreso de Gendarmería está registrada la visita de Servando Pérez, quien allí se presentó como abogado y no como fiscal. La última oferta rechazada por el técnico forestal, consistía en quedar libre tan sólo con firma semanal por cinco años, a cambio de inculpar a Varela y Sánchez. En ese momento Sergio Reyes desahució a su defensor público y desde entonces su exitosa defensa la asumió el abogado de derechos humanos Nelson Miranda. La declaración de Reyes Matus y el conjunto del juicio con la evidencia de pruebas falsas o fabricadas, fueron filmados en su totalidad por el equipo de la documentalista Elena Varela y constituyen un documento de prueba sobre un montaje que alcanzó connotación internacional.
El fiscal Jorge Granada
Desde Lautaro, comuna ubicada 32 km al norte de Temuco, en la región de la Araucanía, el denominado Lof Muko denunció el 7 de enero de 2009 que un fiscal local, Jorge Granada, le ofreció al detenido Angel Reyes Cayupan (20 años) obtener rebaja de condena, cambio de identidad, traslado a otra región, casa y trabajo, si firmaba una confesión en la que involucrara como autores de la quema de un galpón en el fundo San Leandro , en enero de 2009, a su primo, el menor Cristian Cayupan Morales (18 años) y a otros miembros de su comunidad. Reyes Cayupan y su pariente habían sido detenidos el día 27 de noviembre. Según esta denuncia difundida por la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago - publicada en www.mapuexpress.net el 7 de enero - , Reyes Capupan fue sometido a tortura e intensas presiones psicológicas en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Lautaro, como parte del interrogatorio previo a la oferta. Luego se le trasladó incomunicado a la cárcel de Temuco, donde el 10 de diciembre el fiscal y el defensor público, abogado Ricardo Cáceres Setien, habrían reiterado el ofrecimiento. Cristian Cayupan fue enviado luego al centro de reclusión de menores de Cholchol distante unos 62 km de Lautaro, donde –por otras acusaciones- permanece recluido también el baleado menor Leonardo Quijon, de la comunidad José Guiñón de Ercilla, sin recibir atención médica. A través de dos cartas públicas ambos han reiterado su adolorida inocencia: “Nos trataron de inculpar con amenazas y golpes de parte de Investigaciones de Chile (PDI). Como no tienen prueba ahora salieron con testigos protegidos que no sabemos verdaderamente si existen o no….Pero no podrán callar nuestra voz por la injusticia que se comete contra nuestro pueblo por parte de un gobierno tan cobarde y traicionero y nos tienen aquí injustamente. Entonces, ¡cómo quieren que creamos en ellos, si cada día alimentan nuestros corazones con rabia y dolor!”
Una oferta similar a la recibida por Angel Reyes Cayupan, hizo la policía con otro comunero del lof Muko, Elvis Millan, víctima de la tortura conocida como “submarino” en el mismo cuartel de Investigaciones, después de haber sido llevado a constatar lesiones. Millan fue detenido el 3 de diciembre.
El 31 de diciembre el lof Muko fue allanado violentamente por fuerzas policiales, un hecho que se repite periódicamente y en el que la policía suele dejar heridos a bala, desde que en septiembre de 2009 los comuneros retomaron un proceso de recuperación del fundo Tres Luces, reivindicando tierras que consideran usurpadas por Pablo Herdener Truan. El lof Muko se presenta a sí mismo como “una comunidad autónoma que lucha por la liberación nacional mapuche, camino por el que transitan nuestros weichafe (luchadores) que no pertenecen ni están vinculados a partidos políticos ni a organizaciones legalistas funcionales a intereses propios del Estado”.
El fiscal Andrés Cruz
Por otra parte, según informa el 12 de enero el sitio www.paismapuche.org el fiscal Andrés Cruz, de Cañete, envió un emisario a la cárcel de Lebu, comuna ubicada a más de 140 km de Concepción, en la región del BioBio. A Eduardo César Painemil Peña, detenido el 15 de agosto de 2009 le ofrecieron “excarcelación inmediata, dinero, casa, trabajo y cambio de identidad para que declare e inculpe a dos de los comuneros inculpados junto a él por la quema de un camión grúa y cabañas en el lago Lleu Lleu”. Los afectados iban a ser Mauricio Millanao y Juan Carlos Millanao Painemil, también detenidos el 15 de agosto. Los tres son miembros de la comunidad Pascual Coña sin tierra. Pero Eduardo Painemil rechazó el ofertón, por lo que el fiscal encontró otra forma de mantenerlos en prisión y/o condenarlos: la reformalización. El 27 de enero obtuvo del juez de garantía John Landeros, 35 días más para investigar y agregó como cargo la asociación ilícita terrorista, incorporando además otros cinco incendios “terroristas” ocurridos en cabañas de veraneo de la provincia de Arauco en los últimos cuatro años. El juicio oral se realizaría recién junio, lo que extendió la prisión preventiva a más de un año.
El fiscal Cruz además está denunciado por detención ilegal y secuestro del comunero Daniel Lincopan, dirigente de la comunidad Juan Lincopan de Ranquilhue en la zona del LleuLleu, porque este fue secuestrado en Cañete y llevado a Talcahuano por orden del fiscal Andrés Cruz, sin que existiera orden alguna de detención en su contra. La entonces fiscal regional Ximena Hassi confirmó al tribunal de Cañete que no existía orden de detención alguna contra Lincopan.
El fiscal Mario Elgueta
Asimismo, según denunció el 4 de noviembre de 2009 la organización que agrupa a los Familiares de Presos Políticos Mapuche de Choque, el comunero César Parra Leiva, de Puerto Choque fue presionado y amenazado para que declarara contra Héctor Llaitul en el caso del incendio al campamento Ranquilhue, pero él se negó a convertirse en testigo protegido. Posteriormente, durante la audiencia de formalización, Parra – cuya defensa es llevada por el abogado Adolfo Montiel - denunció ante el juez haber sido objeto de torturas, y amenazas de muerte por el propio Fiscal Mario Elgueta (involucrado en la causa), para acusar a los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto, CAM.
Las políticas sobre el tema mapuche anunciadas por el nuevo gobierno sólo contribuirán a agudizar la situación actual, por lo que se requiere una acción solidaria urgente a nivel nacional e internacional
IX.- Testimonios de tortura
Informe “Cronología y Descripción de Situaciones de Represión y Violencia Ejercidas por Instituciones Policiales del Estado de Chile contra Niños, Niñas y Adolescentes Mapuche (2001 – 2009)” de la sicóloga Claudia Molina González y el Defensor Jurídico Social Autónomo.
1.- Cronología y descripción de situaciones de represión y violencia ejercidas por instituciones policiales del Estado de Chile contra niños, niñas y adolescentes mapuche (2001 – 2009).
A continuación, se exponen los registros de denuncias sobre hechos que constituyen vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes mapuche, producidas por el ejercicio policial e institucional de violencia física y psicológica, directa e indirecta, en su contra: 16 de enero de 2001: Policías hieren a D.Ñ., de 12 años, hija del Lonko José Ñancupil, de la Comunidad de Nalcahue, en el contexto de reivindicación de derechos territoriales de dicha comunidad en el Fundo El Carmen. La niña fue atacada por Carabineros, dentro de un operativo para desalojar a los comuneros. Sin embargo, la agresión a Daniela ocurrió alejada del lugar del conflicto. La niña recibió siete balines, siendo herida en la espalda y un brazo, con resultado de lesiones graves. La familia presentó una querella contra Carabineros de Chile, la que fue declarada inadmisible por el Juzgado de Garantía de Temuco, con fecha 24 de enero de 2001. 13 de noviembre de 2001: Alrededor de cien efectivos de la policía antimotines realizan el desalojo del Fundo El Rincón. Esta acción policial afectó a las comunidades Pelantaro, Andrés Maril, Huichahueico y Juan Maril, todas de la comuna de Purén. Se señaló que en el operativo los niños de las comunidades tuvieron serías complicaciones por asfixia, como producto de los gases lacrimógenos lanzado por la policía. Agosto de 2002: Se dan a conocer públicamente las amenazas reiteradas contra D. Ñ., niña herida el año 2001. D. fue víctima de dos secuestros consecutivos por parte de desconocidos de civil, quienes portaban armas, los que la retuvieron amenazando de muerte a la niña y su familia en caso de denunciar estos hechos, siendo además físicamente agredida por sus
secuestradores. Los secuestros fueron realizados los días 29 de agosto y 05 de agosto de 2002. 07 de noviembre de 2002: Edmundo Alex Lemun Saavedra, de 17 años, comunero de la comunidad de Montutui Mapu, del sector de Agua Buena,recibe un disparo letal en la frente por parte de Carabineros, en el transcurso de una ofensiva policial como respuesta a una acción de recuperación territorialen el Fundo Santa Alicia, propiedad de la Forestal Mininco. El joven fallece el 12 de noviembre de 2002, en la Clínica Alemana de Temuco, después de mantenerse agónico durante cuatro días 25 de noviembre de 2003: Ana María Garcés, Directora de la Escuela Básica G-27 “Colonia Manuel Rodríguez”, denuncia frente al ataque incendiario que destruye el establecimiento, una situación de persecución constante hacia los alumnos mapuche “por gente interesada en dejarlos mal”, señalando así una discriminación racial hacia los niños que asistían a dicha escuela. 2 de abril de 2006: J.I.H. de 16 años, residente de la comunidad de Temucuicui fue interceptado cerca de las 18:00 horas por carabineros de Fuerzas Especiales que resguardaban la propiedad del latifundista René Urban, que limita con Temucuicui. Posteriormente, fue ingresado a un bus institucional, interrogado, apuntado con armas de fuego y amenazado de muerte, en un episodio que se prolongó por alrededor de una hora, para ser posteriormente liberado, regresando a su domicilio en estado de shock.
24 de julio de 2006: La comunidad de Temucuicui, colindante con la propiedad de René Urban, es allanada cerca de las 10:00 AM, por alrededor de 400 efectivos policiales que provocan daños y destrozos. Los niños y mujeres fueron sacados de sus casas, trasladados a un bus policial e interrogados por el fiscal y policía de investigaciones. Se utilizaron bombas lacrimógenas y 1 Cronología de la Violencia y Terrorismo contra Mapuche. www.mapuche-nation.org 2 Primer Informe de la Comisión Ética contra la Tortura. Santiago, 26 de junio de 2008, 3 balines de goma y plomo, hiriendo a mujeres, niños y ancianos. Una de las bombas fue lanzada dentro de una casa, provocando el desmayo de los niños que se encontraban en su interior. Otra de las graves consecuencias de este allanamiento, fue lo sucedido a P.Q. y Á. M., ambos de 12 años, que se encontraban realizando labores cotidianas cuando sus hogares son allanados
por Carabineros. Tras escuchar disparos, ambos huyeron hacia los cerros, permaneciendo extraviados hasta altas horas de la noche, siendo encontrados en estado de shock y con principio de hipotermia. Ambos niños son residentes de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, la que, hasta la fecha del presente informe, se encuentran realizando movilizaciones por demandas y recuperaciones territoriales. La madre de uno de los niños refiere que, en dicho
allanamiento la policía habría intentado dar con el paradero del Lonko y Werken de la comunidad. En entrevista realizada al niño P. Q., éste refiere: “… A mi casa los pacos han ido varias veces- cuenta Patito. “Me preguntan si mi papá tiene armas y ahí a uno lo amenazan: le ponen en la cabeza una cuestión, un revolver que andan trayendo. Yo me quedo callado y trato de no llorar porque si uno está con miedo y ellos se dan cuenta, más lo asustan a uno…”.
07 de diciembre de 2006: A. L. Ll., de 08 años de edad, perdió uno de sus dedos cuando el bus rural en que viajaba desde Ercilla, junto a otros comuneros mapuche, todos residentes de la comunidad de Temucuicui, fue interceptado violentamente por Fuerzas Especiales de Carabineros, situación denunciada por UNICEF. En este operativo fue también detenido G. L. de 16 años de edad.
26 de diciembre de 2006: Se allana el domicilio de la Machi Sonia Cheuque Aedo, en la comunidad de Yeupeko, comuna de Padre Las Casas. El día anterior, en esta misma comunidad, había sido detenido Roberto Painemil, acusado de porte de armas e incendio de maquinaria agrícola de Forestal Mininco. El incendio ocurrió el 25 de diciembre, horas después del arresto de Painemil. En dicho allanamiento, por el que se presentó querella criminal 153 .(www.comunidadtemucuicui.blogspot.com )
15 de enero de 2007, se interrogó ilegalmente a una niña de 05 años de edad, “provocando un trauma psicológico en la niña, que por falta de recursos no ha recibido tratamiento médico adecuado”. 4
Años 2006 y 2007: Carabineros de la SIP de la Prefectura de Malleco ingresó, no por primera vez según profesores, a la Escuela Chihuaihue (Ercilla). De acuerdo a lo descrito en el recurso de protección interpuesto en su oportunidad “en dicho interrogatorio preguntaron a los niños si hay armas en sus comunidades…quienes estaban peleando tierras…si eran parientes de quienes peleaban la tierra…” (Recurso de Protección presentado por Observatorio de
Derechos de los Pueblos Indígenas con fecha 18/06/2007). Además en la Escuela Particular Nº 23 El Progreso, el mismo recurso plantea que luego del allanamiento al establecimiento, funcionarios policiales regresaron a la escuela y señalaron a los niños que sus padres ya se encontraban detenidos por “usar armas y ocupar tierras que no son suyas…”. En el escrito se señala que estas acciones estarían habitualmente relacionadas al inicio de labores de plantación
de Forestal Mininco.
Octubre de 2007: Nuevamente, es agredido por carabineros el niño P. Q., residente de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. El niño ingresó al Servicio de Urgencia de la Asistencia Pública, con siete perdigones en una pierna disparados por carabineros con escopetas antimotines. La Comunidad de Temucuicui, mantiene hasta esa fecha demandas territoriales que implican al Fundo Alaska, propiedad de Forestal Mininco.02 de febrero de 2008: V. C., de 15 años de edad, de la comunidad Ankapi Ñancuhew, es detenido junto a otros comuneros de Temucuicui, al intentar intervenir para detener la agresión de uno de ellos por parte de funcionarios de carabineros, mientras se realizaba la celebración del aniversario de la comuna
de Ercilla. Esa noche, todos los detenidos, incluido V. C., fueron trasladado a al Primer Informe de la Comisión Ética contra la Tortura. Santiago, 26 de junio de 2008.
5 Minuta “Hechos de Violencia imputables a Carabineros de Chile que han afectado a niños mapuche en a región de La Araucanía (2007-2009)” ; (Observatorio Ciudadano).
Comisaría de Collipulli y golpeados por carabineros. “…Además, durante el trayecto fueron golpeados con las culatas de las armas de servicio y fueron amenazados e insultados con epítetos racistas al tenor de: indios tales por cuales, así que ustedes son los de Temucuicui , ustedes no se merecen vivir , hablen ahora , hagan la denuncia indios de mierda. Los vamos a hacer cagar!...”
De acuerdo a lo referido por el menor de edad, fue golpeado en más de una oportunidad por Carabineros, siendo recluido en un calabozo en Collipulli:”…hacía mucho frío, me dejaron bien jodio ese ”..día, los pacos se enojaron y me agarraron a patadas…” . (Periódico “El Ciudadano”, Diciembre de 2008; Revista Azkintuwe, Diciembre de 2008).
Junio de 2008: El joven L. M. C., de 16 años de edad, es agredido por
Carabineros, sufriendo una fractura de mandíbula a raíz de un golpe de culata, durante el allanamiento realizado a la Comunidad José Guiñón. L. fue formalizado por el cargo de daño a armamento fiscal, siendo reconocida la ilegalidad de su detención por el fiscal y la defensa (www.comisionderechoshumanos.org). En este mismo operativo, J.M.L. de 17 años de edad, resultó herido con una munición calibre 22 en una pierna, y con un brazo fracturado a causa de los golpes recibidos de parte de funcionarios de carabineros.
Posteriormente, tras ser trasladados al Hospital de Angol y ser constatadas sus lesiones, ambos menores fueron esposados por funcionarios de carabineros a sus camas, quienes les habrían referido que esta acción era por encontrarse en calidad de detenidos, además de ser amenazados con ser sedados en caso de mantener una actitud de resistencia ante este hecho, permaneciendo esposados durante toda la noche. (Minuta “Hechos de Violencia imputables a Carabineros de Chile que han afectado a niños mapuche en a región de La Araucanía (2007-2009)”. Observatorio Ciudadano).
29 de julio de 2008: P. Q., ahora de 13 años de edad, en un allanamiento realizado por Carabineros, donde fue amenazado, agredido con golpes de puño y patadas, interrogado e insultado, dentro de una micro de la institución policial, siendo liberado luego de varias horas. Este procedimiento habría sido realizado en el marco de una investigación por abigeato, sin embargo el allanamiento no logró dar con los animales ni con los supuestos responsables. La OMCT lanza campaña urgente por el respeto de los derechos del niño mapuche. 12.02.2008 www.mapuchenation.org
24 de agosto de 2008: A las 06:00 AM se inicia un violento allanamiento policial en la Comunidad Autónoma de Temucuicui. En este allanamiento, donde presumiblemente en busca de comuneros dirigentes que mantienen las reivindicaciones territoriales, resulta intoxicada por una bomba lacrimógena la niña M. H. C., de 07 días de vida. Producto de la acción policial, resultaron también heridos los niños R.Q.C. y H. Q. C., de 05 y 02 años de vida respectivamente. Septiembre de 2008: Relmutray Cadin Calfunao, de 11 años, solicita asilo político en Suiza, donde residen algunos de sus familiares. Esta decisión fue asumida por su familia, a raíz del encarcelamiento de la totalidad del grupo familiar, lo que además de dejar a Relmutray en graves condiciones de inseguridad y desprotección (fue emporalmente acogida por una familia amiga afectivamente cercana), obligaba a la niña, en ese entonces de ocho años de edad, a relacionarse con sus padres y hermanos en contextos penitenciarios, a través de la solicitud de permisos especiales, lo que contribuía a dañar aún más su desarrollo afectivo y social. La niña actualmente reside junto a su tía materna, Flor Calfunao, en Ginebra, Suiza, vivenciando una situación de desarraigo familiar y cultural, protegida de la violencia recurrente de que han sido víctimas todos los miembros de su familia nuclear, considerándose a sí misma como “exiliada”.
30 de octubre de 2008: El joven R.H., de 17 años, es detenido junto a dos universitarios, acusado de haber lanzado bombas incendiarias contra 10 carabineros. Minuta “Hechos de Violencia imputables a Carabineros de Chile que han afectado a niños mapuche en a región de La Araucanía (2007-2009)” ; Observatorio Ciudadano.
El joven permaneció detenido, sin que sus familiares supieran su paradero durantes tres días, violándose sus derechos y garantías procesales, recibiendo apremios ilegítimos y siendo procesado por la Ley Antiterrorista, con arresto domiciliario.
Año 2008: en el marco de la lucha de diversas comunidades lafkenches por evitar la construcción del ducto de evacuación de efluentes de la Planta Celulosa Valdivia de Celco, es saqueada la Escuela de Maiquillahue, destruyendo su mobiliario e implementación, situación que es informada a la suscrita por el profesor de la dicha escuela.
04 de diciembre de 2008: P. Q. M., ahora de 13 años, es nuevamente detenido por la Policía de Investigaciones mientras cuidaba animales en territorio de su comunidad, junto a su primo A. Q., de 16 años. El niño, luego de ser amenazado con armas de fuego, fue trasladado a una unidad policial en Traiguén, golpeado, encapuchado e interrogado y abandonado a más de 15 kilómetros de su hogar, bajo amenazas . El niño refiere además que le negaron el consumo de agua. Esta detención se dio en el marco de un allanamiento de alrededor de 80 efectivos de la Policía de Investigaciones a la comunidad de Temucuicui, como respuesta a las demandas territoriales realizadas respecto al territorio del ex Fundo Alaska, presuntamente en búsqueda del Werken de la comunidad, Víctor Queipul.
13 de enero de 2009: Luego de un incendio en el fundo San Leandro,
carabineros realiza un allanamiento en la comunidad de Yeupeco, Comuna de Padre Las Casas. En este allanamiento se realizaron numerosos disparos contra la vivienda de Arturo Tralcal, quien se encontraba sólo junto a sus hijos, M.T, de 10 años y F.T. de 13 años de edad. Este último fue además encañonado por carabineros mientras salía rumbo a la casa de sus abuelos. ( www.renacerdeangol.cl, Cien presos políticos mapuche ad portas del Bicentenario www.agenciadenoticias.org .Minuta “Hechos de Violencia imputables a Carabineros de Chile que han afectado a niños mapuche en a región de La Araucanía (2007-2009)”; Observatorio Ciudadano).
05 de febrero de 2009: En el marco de un allanamiento realizado por
carabineros de fuerzas especiales al hogar de doña Dina Coña, todos los ocupantes del domicilio fueron víctimas de violencia policial, incluyendo a dos niños, uno de los cuales, de 08 años de edad, fue obligado a bajar del segundo piso de la vivenda y “le apuntaron en la cabeza”.
31 de julio 2009: Alrededor de 80 estudiantes del Liceo Alonso de Ercilla, de Ercilla, se toman el establecimiento solicitando el cese de la militarización en la zona y de la violencia y hostigamiento policial en sus comunidades de residencia, lo que afecta negativamente tanto a sus familias, como al desarrollo de sus actividades curriculares. La intervención policial en dichas comunidades se enmarca en las acciones de recuperación territorial y la exigencia de respuestas oportunas por parte del gobierno chileno a estas demandas. Días previos a esta toma, ocurrió la ocupación de terrenos del Fundo La Romana (propiedad de René Urban), por parte de la comunidad de Temucuicui. Cerca de las 12:30 horas, los estudiantes son desalojados violentamente por Carabineros de la Prefectura de Malleco, registrándose la detención de 16 estudiantes mapuche. En el desalojo participaron efectivos de fuerzas especiales, dos carros policiales, denunciándose, además de violencia física contra los jóvenes, la existencia de disparos por parte de carabineros. La totalidad de estudiantes detenidos (11 hombres y 5 mujeres), entre ellos la hija del Lonko de la Comunidad Tradicional de Temucuicui, 14 fueron trasladados al retén de Ercilla, siendo posteriormente dejados en libertad. Es necesario reportar también, la denuncia de los jóvenes, respecto de haber sido obligados a entregar sus huellas digitales, plantares y a la utilización de parches de ADN en la espalda, vulnerando las disposiciones del código procesal penal chileno y pactos de derechos humanos (www.lanacion.cl ; www.observatorio.cl ; Cien presos políticos mapuche ad portas del Bicentenario. www.agenciadenoticias.org ).
11 de septiembre de 2009: Nancy Millanao Painemil, de la comunidad Pascual Coña, comuna de Tirúa, y Jessica Carilao Liencura, de la comunidad Venancio Ñeguey, comuna de Cañete, interponen en la Corte de Apelaciones de Concepción un Recurso de Protección en contra de Carabineros de Chile, Prefectura de Arauco, denunciando en esta instancia actitudes de violencia hacia los niños de sus comunidades en operativos policiales. Los hechos son expuestos de la presentación judicial de la siguiente forma: “…El presente recurso va dirigido en favor de los menores Paola Parra Carilao de 13 años de edad, alumna de 8º año básico, Daniel Parra Carilao de 12 años de edad, alumno de 5º básico, Fernanda Parra Carilao de 8 años de edad, alumna 2º básico, todos cursando en la Escuela G 862 Chillimapu de Puerto Choque y del menor de 5 años de edad Norberto Manuel Parra Carilao, hijos de doña Jessica Carilao Liencura. Venimos, también, en recurrir en favor de los menores Cesar Leandro Millanao Millanao de 12 años de edad, alumno de 6º año básico en la Escuela Particular Ranquilhue, Yordan Andres Leiva Millanao de 9 años de edad alumno de 5º año básico, Danitza Constanza Huenuman Millanao de 5 años de edad quien asiste al Jardín Infantil del mismo establecimiento y el menor de 5 meses de edad Henry Alexis Huenuman Millanao, hijos todos de Nancy Ximena Millanao Painemil.
Del mismo modo este recurso se dirige en favor de todos los niños de las comunidades mapuche colindantes al lago Lleu-Lleu, comunas de Cañete y Tirua, los cuales son sometidos de manera constante a todo tipo de controles intrusivos en caminos y sus hogares, muchos de los cuales por temor no quieren sumarse a este presentación.
A.- LOS HECHOS: NANCY JIMENA MILLANAO PAINEMIL:
Que, el 15 de agosto del presente año, en medio de un gran operativo policial en la comunidad de Pascual Coña, Carabineros ingresó a mi domicilio, alrededor de las 6 de la madrugada, echando abajo la puerta con violencia e introduciéndose alrededor de 40 policías fuertemente armados a la habitación en donde me encontraba durmiendo junto a mi pareja, Heriberto Huenuman Lihuenpi, y mis dos hijos menores. Mi pareja fue reducido en medio de groserías, siendo apuntados en todo momento con armas de fuego y solo en ropa interior, obligado a tirarse al suelo, en medio del llanto y terror de mis hijos Danitza y Henry. Simultáneamente a este violento y traumático proceder policial, efectivos de Carabineros patearon la puerta del dormitorio de mis hijos Cesar y Yordan, de 12 y 9 años, ingresando violentamente a su cuarto, los apuntaron con armas de fuego y fueron obligados a salir al comedor, en medio de groserías, donde fueron dejados boca abajo, en el suelo, completamente aterrorizados. La policía se dedicó a registrar nuestro hogar durante media hora, aproximadamente, dejando todo convertido en un caos….
….Hasta el día de hoy, la familia en su conjunto se encuentra atemorizada, y los niños no han podido superar el miedo. Ellos dejan las puertas sin cerrojos “para que la policía no las vuelva a romper”, si ladran los perros se ponen a llorar pues ”vienen los pacos”, en sus palabras, entre otras expresiones del temor infundido, cuyas consecuencias continúan hasta hoy.
JESSICA CARILAO LIENCURA:
Vengo en denunciar lo ocurrido el día 24 de agosto del presente año, día muy lluvioso, en que fue detenido mi hermano, Leonel Carilao Liencura en el centro de Cañete.
Aproximadamente a las 16.00 horas, mis tres hijos Paola, Daniel y Fernanda Parra Carilao terminaron su jornada escolar en la escuela G 862 Chillimapu de Puerto Choque y abordaron el bus escolar que diariamente va a dejar a los niños de vuelta a su hogar. El bus era conducido por don Ricardo Pilquiman Llevilao y en él viajaban otros tres niños. Aproximadamente a 1 kilómetro de nuestro hogar el furgón escolar fue detenido por un contingente de Carabineros, los cuales le dijeron al chofer que no podía continuar su recorrido, el chofer les explicó que llevaba a los niños de regreso a su hogar, pero el personal policial hizo bajar a los niños, encañonándolos y ordenando al chofer regresar a la escuela. Mis tres hijos tuvieron que caminar, bajo la lluvia, abrazados y llorando el kilómetro que los separaba de su casa. Simultáneamente llegó un gran contingente de Carabineros al hogar de la abuela, Maria Liencura ingresando con violencia y, encañonando a mi hijo menor Nolberto, quien se encontraba en el dormitorio viendo televisión, al niño lo interrogaron acerca de si tenía pistolas, el cual sufrió un gran shock por la violencia desplegada por la fuerza policial.
En su actuar Carabineros ha actuado atentando contra la integridad psíquica de nuestros niños. Generando temor e incertidumbre, los niños no solo le temen a Carabineros lo que sin duda tiene implicancias en el normal desarrollo de los niños y en su proceso de aprendizaje. Por ello ante este escenario, claro es, se configuran actos de Carabineros que perturban y amenazan las garantías constitucionales de los menores….” Con fecha 02 de noviembre de 2009, este Recurso de Protección queda en acuerdo en la Corte de Apelaciones de Concepción, siendo posteriormente rechazado.
12 de septiembre de 2009: Durante el allanamiento realizado por Fuerzas Especiales de Carabineros a la Comunidad Mateo Ñiripil, tras un atentado incendiario en el Fundo Brasil, R.M.Ñ, de 15 años, es agredido por efectivos policiales sin identificación e intenta ser detenido mientras transitaba por un camino rural.
02 de octubre de 2009: El niño F. M. M., de 10 años de edad es herido por
carabineros, recibiendo un balín de goma en la región parietal, muy cerca del ojo, sin compromiso. Los efectivos policiales realizaban un operativo en la comunidad de Temucuicui, en el momento en que F.M.M. se encontraba cuidando animales.
Recurso de Protección en contra de Carabineros de Chile, Prefectura de Arauco. www.piensachile.com
03 de octubre de 2009: El niño Á. A. C.H., de 12 años de edad, residente de la comunidad de Temucuicui, recibió un impacto de perdigón en una pierna con una escopeta antimotines. Fue encontrado desmayado, siendo posteriormente internado durante tres días en un centro asistencial de la comuna. De acuerdo a lo referido por la familia, el niño fue atacado a mansalva por Carabineros dentro del predio de la comunidad, en el transcurso de un allanamiento realizado por Carabineros. El niño refirió “..cuando los vi traté de correr, pero me empezaron a perseguir y me dispararon…”. El niño vuelve a ser herido por carabineros en un allanamiento realizado el día 16 de octubre de 2009.
05 de octubre de 2009: F. P. M., de 14 años de edad, residente de la
comunidad de Rofue, sector de Padre Las Casas, recolectaba hierbas junto a la Machi de su comunidad. En ese momento, ambos se encuentran con un grupo de Carabineros, que perseguía a comuneros que vinculaban a la toma del Fundo Santa Lucía. Al ver a F.P.M., efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros le dispara balines, recibiendo impactos en su pierna, codo y espalda. Al intentar huir, el niño es perseguido en helicóptero en vuelo rasante por alrededor de tres kilómetros, reducido, apuntado con arma de
fuego y sumergido en un canal bajo amenaza de muerte. Posteriormente, lo obligaron a subir al helicóptero, luego de ser golpeado y con las manos amarradas. Una vez en vuelo, con las puertas abiertas, mientras F.P.M., permanecía con la cabeza dirigida hacia el exterior, Carabineros lo amenazó con lanzarlo al vacío si no entregaba nombres de las personas que participaban en la ocupación del predio Santa Lucía, de la zona de Maquehue.
Tras ser insultado en forma discriminatoria, es trasladado a la Comisaría de Padre Las Casas, donde estuvo detenido por tres horas aproximadamente, sin que sus padres fueran avisados de su paradero.
El 22 de octubre de 2009 se presentó una querella criminal contra Carabineros por estos hechos, sin embargo el Tribunal de Garantía se declaró incompetente, trasladando el caso a la Justicia Militar, la que, de acuerdo al abogado del Observatorio Ciudadano, “ no entrega las garantías suficientes de imparcialidad en un juicio de estas aracterísticas”. ( www.mapuexpress.net)
16 de octubre de 2009: Tres días antes, luego que encapuchados realizaran un atentado incendiario a un camión en las cercanías de la zona de Collipulli, presumiéndose en este acto la participación de comuneros mapuche, el gobierno de Chile anuncia la aplicación de la Ley Antiterrorista y aumenta en la militarización de la zona.
En este contexto, el día 16 de octubre, a las 14:00 horas, cerca de 200
carabineros ingresan a la Comunidad de Temucuicui, en el momento en que se desarrollaba una reunión de los comuneros con funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en dependencias de la escuela del sector. Los efectivos ingresaron a la comunidad sin identificación, sin orden judicial, con un carro lanzagas, un bus policial, 10 camionetas y una tanqueta, disparando.
Resultaron heridos siete niños, siete mujeres (incluyendo embarazadas) y seis hombres con perdigones de goma. Todos los niños resultaron presentaron síntomas de asfixia por los químicos utilizados. Resultaron también golpeados y detenidos el Lonko, Juan Catrillanca, y el Werken, Mijael Carbone, ambos representantes de la Alianza Territorial Mapuche. Según lo referido por un funcionario del servicio público que se encontraba presente en la reunión: “ De repente escuchamos disparos y obviamente reaccionaron los que estaban, estaban los niños llorando, carabineros disparando por todos lados y tirando bombas lacrimógenas por todos lados” . El siguiente es el listado conocido de víctimas del operativo de Carabineros19:
Diana Márques Queipul, 3 años, asfixia:
Joana Catrillanca Queipul, 17 años, herido con perdigones.
Angela Millanao Queipul, 17 años, herido con perdigones.
Maribel Marillan Morales, herida con perdigones y su bebé Tatiana Aguayo Marillan, de 09 meses, asfixiada.
Brian Queipul Marillan, 5 años, asfixia.
Tomás Levicura Queipul, 06 años.
Lissette Romina Levicura Queipul, 6 años asfixia y shock nervioso, vómitos. (www.latercera.com; www.mapuexpress.net ;
Arlen Marillan Coronado, 11 años.
Noelia Millanao Marillan, asfixia.
Reinaldo marillan coronado, 4 años asfixia.
Felipe Millanao Cañio, 04 años perdigones en la frente junto a los ojos, hematomas en sección ocular.
Jazmín Catrillanca Queipul, asfixia.
Fernanda Huenchuñir Catrillanca 4 años asfixia y shock nervioso.
Eduardo Millanao Queipul, 8meses asfixia.
Milovan Millanao Cañio, 5 meses asfixia.
Jerónimo Catrillanca Milalnao, 1 mes.
Dagoberto Queipul Millanao, 02 años, asfixia.
Debora Camila Necul Queipul 10 días asfixia.
Leandro Queipul Marillan, 5 años.
Boris Llanca Nahuelpi, 7 años, asfixia.
Joaquín Millano Queipul, 06 años.
Álvaro Coronado Huentecol, 12 años, perdigones en el pecho (herido
también el 03.10.2009) y Felipe Marillan Morales, perdigones en la pierna. Ambos fueron recientemente heridos por la policía al interior de la misma comunidad.
Evelyn Nahuelpi Morales, 12 años.
Samuel Aguayo Marillan, 3 años asfixia.
Pablo Quidel Cañio, asfixia, 6 años.
Yanira Nahuelpi Millanao, 7 meses, asfixia
Karen Nahuelpi Marillan, 5 años, asfixia
Bárbara Huaiquillan Águila, 8 años, asfixia
Gerardo Huaiquillan Águila, 10 años, asfixia.
Railen Queipul Cayuan ,10 meses, asfixia.
Aylin Rayen Carbone Venegas, asfixia.
16 de octubre de 2009: Carabineros desarrolló un violento operativo en la Comunidad José Guiñón, comuna de Ercilla, donde fue allanada la casa del Lonko José Cariqueo, siendo detenido junto a su hijo M. C.L., de 13 años de edad, y dos comuneros más. Según refiere la madre del niño, Matías fue amarrado de manos y golpeado por Carabineros, dejándolo herido: “ Yo estaba dentro de mi casa y de repente vi un carabinero y después dos carabineros y después tres y el cuarto me agarró y me saco para afuera (de la casa). No pidieron permiso ni mostraron papeles, entraron para adentro como un pájaro
que pilla la puerta abierta y entra, así entraron. Matías (su hijo) estaba
comiendo mote cuando los carabineros llegaron. Le golpearon y sacaron sangre. Me lo marearon, me lo amarraron de las manos. El patio quedó todo ensangrentado con sangre de mi hijo”, relató aún entre llantos la machi Adriana Loncomilla. Todavía no he visto a mi marido. Me dejaron amarrada en el patio, no me podía parar lamgen (hermana). Me dieron vuelta todo lamgen, me dieron vuelta mi maletín con mis documentos y con 7 millones de pesos, me los
sacaron del maletín. Me sacaron pelo, estaba desparramado en el patio. La ropa que llevaba puesta toda echa tira, por poco no me dejaron desnuda. Estaban mi hija y mi hijo también en la casa”.20
Alrededor de las 15:00 horas, un grupo de observadores de derechos humanos (de la Comisión Ética contra la Tortura y Observatorio de la Escuela de Las Américas SOA Watch) llegó a la comunidad, encontrando a la machi Adriana Loncomilla amarrada en el suelo, con signos de haber sido golpeada, los dos hijos más pequeños de la machi llorando, y rastros de sangre en el suelo. La misma delegación constató que M.C.L, al momento de ser liberado por Carabineros, tenía la ropa manchada con sangre y heridas en la espalda. El martes 03 de noviembre de 2009, a las 10:00 AM, M.C.L tuvo que asistir a
audiencia en Fiscalía Militar, siendo señalado por la familia que este es el décimo allanamiento a su hogar vivenciado por el niño y sus hermanos.
20 de octubre de 2009: L.Q. P., de 17 años de edad, es herido por perdigones por Carabineros, resultando con una lesión de ocho centímetros en su pantorrilla izquierda. (www.lanacion.cl). Según refiere su abogado el joven andaba cazando conejos, cerca del lugar donde se había producido un atentado incendiario contra dos camiones, en la zona de Angol. El joven se mantuvo seis días oculto
y herido, por “temor a la justicia”, ya que se supuso su participación en el atentado referido. No obstante, L.Q. ha reiterado su versión de los hechos, reportando: “…íbamos por un sendero, vimos las luces (de la camioneta); no sabíamos si eran carabineros o guardias del predio (en el que estaban)…”.
25 de octubre de 2009: Mientras se realizaba un violento allanamiento por parte de Carabineros en la Comunidad Juan Catrilaf 2, sector Tres Cerros, comuna de Padre Las Casas, Erica Catrilaf, entre otras personas heridas, recibió dos perdigones en el cuello, mientras mantenía en brazos a su bebé de nueve meses de edad. Posteriormente, tras constatar una lesión en uno de los brazos del bebé, fue trasladado al Hospital Regional de Temuco, donde se constató que el infante había recibido un impacto de balín en uno de sus brazos. La denuncia de la madre fue acogida por la Fundación Instituto Indígena.
Noviembre de 2009: En el contexto de una movilización realizada por la Comunidad Chiuka Pichicoy, a raíz de las reivindicaciones territoriales realizadas al interior del Fundo Pisu Pisue, Carabineros ingresa al sector, desalojando violentamente a comuneros, incluyendo los niños presentes, entre los cuales se encontraba una bebé de escasos meses de vida. En el Comunicado Público emitido por la Comunidad Chiuka Pichicoy, con el fin de denunciar la violencia de estos hechos por parte de la policía y latifundistas, señalan: “Nos indigna la inaceptable y cobarde actitud de las fuerzas
especiales de Carabineros de Chile quienes fueron capaces de apresar, interrogar y someter a violencia psicológica innecesaria a un niño de 11 años, hijo del longo de nuestra comunidad.”
Noviembre de 2009: Es detenido Cristián Alexis Cayupan Morales, de 18 años, acusado de incendio y robo en un fundo en la comuna de Lautaro. El joven, de 17 años al momento de ocurridos los hechos que se le imputan, se encuentra con medida de prisión preventiva recluido en el Centro Privativo de Libertad del Servicio Nacional de Menores (con perímetro de Gendarmería) de Cholchol (www.emol.com). El joven se encuentra formalizado por los delitos de incendio, robo con intimidación, hurto simple, lesiones menos graves, incendio terrorista y homicidio frustrado, aplicándose también la Ley Antiterrorista. El juzgado determinó seis meses de plazo para el cierre de la investigación.
Referencia en informes a situaciones de maltrato, violencia y vulneración de derecho por parte de organismos policiales o civiles, en contextos de defensa territorial por parte de las comunidades mapuche:
- M y J, de 08 y 06 años respectivamente reportan haber presenciado
agresiones, golpes y amenazas a su madre en numerosas oportunidades “…nos quedamos llorando en la pieza..los carabineros botaron a mi mamá y le pegaron…”. J., niña de 11 años presentó pesadillas y síntomas ansioso durante días tras haber sido amenazada por Carabineros con ser detenida por haber sido encontrada “ fuera de los límites de su comunidad” buscando animales.
- En relación a la presencia de niños al ser detenidos sus padres, W., niña de 05 años reporta:”…yo me acuerdo que a la mamita…yo estaba ahí esa vez…a la mamita como que ese día la llevaron así o así (manos entrelazadas atrás)…y la encadenaron…”. N., niña de 11 años: “…una vez cuando tomaron preso a mi papá, la última vez….casi me desmayé…no podía dejar de llorar..lo acusaron que quemó una casa y nosotros ese día no estábamos que estábamos en la
licenciatura de mis hermanos…”. L.M. de 11 años: “…cuando allanaron nuestra casa dejaron todo hecho pedazo, nos pegaron a nosotros. A mi abuelita la arrastraron..la echaron como a un perro al furgón, a nosotros los niños los carabineros nos dijeron “cállense sino les vamos a pegar…después nos
ofrecieron dulces..se llevaron todas las herramientas de trabajo..”(www.radiobiobio.cl) “Informe Diagnóstico y de Intervención Comunidad Cacique José Guiñón”, Programa de Salud Mapuche, Servicio de Salud Araucanía Norte, 2004.
- “Maltrato físico y psicológico- vejación sexual- a los hijos de Héctor Llaitul….la esposa de Héctor Llaitul….fue autorizada a realizar una visita especial junto a sus cuatro hijos. Al llegar al penal se debió esperar varias horas y cuando por fin entraron, gendarmes procedieron a allanar a dos de los niños, de 12 y 13 años, por separado, de una manera brutal, exigiéndoles desnudarse completamente, a lo que los hijos de Llaitul y Pamela Pessoa se negaron. Los jefes de la Guardia interpelaron a Pamela Pessoa sobre el hecho de que “le estaban haciendo un favor” y que ella “debía obligar a sus hijos a hacer lo que se les exigía…”
- La madre de las niñas Q. y K. de 08 y 11 años, refiere haber sido advertida respecto de la intervención de los teléfonos de sus hijas, luego que las niñas participaron en un acto público contra la construcción de un ducto por parte de la empresa CELCO “…la Q. con la K. están marcadas porque se subieron al escenario cuando vino Joe Vasconcellos a hablar contra el ducto, y ahora las dos tienen el teléfono intervenido, lo he captado porque un día cuando fui a Temuco una amiga detective que tengo allá me dijo ¿sabes que tus hijas están marcadas por haber participado en muchas actividades públicas? Y lo último fue lo del Joe Vasconcellos y están marcadas con el teléfono intervenido…”.
Los padres de H. de 06 años, refieren luego que su hijo presenciara el ataque a la sede comunitaria en el marco del conflicto con CELCO: “…ahora no tiene respeto a nada, tiene pesadillas en la noche…a veces estaba durmiendo y se paraba en la cama de un salto y quería salir arrancando, tenemos que dormir con él y hablarle en la noche porque empieza a tiritar…a mí me pasó un día que me desperté en la noche porque sentí que se me movía la cama y era el H. que no dejaba de tiritar… a los de Mehuín les tiene miedo y a los Carabineros también…a veces se queda sentado, como ido, mirando como juegan los otros….”. E. P., de 12 años, refiere: “…yo ví todo (refiriéndose al ataque a la sede social de Mississipi, ocurrido el día 02 de abril de 2008, ubicada a metros de su hogar)… ellos estaban agarrando piedras y mi mami me dice ándate pa´la casa y después empezaron a apiedrar la sede…esa vez (ataque a la sede) me dormí como a las cinco de la mañana, estaba todo el rato nervioso, como que iba a pasar cualquier cosa de nuevo… notas andan mal por algo, por la preocupación, faltaba mucho porque estaba enfermo, por la cuestión esta, andaba con vómitos, no me podía ni mover, me intentaba levantar y se me movían todas las cosas, estuve como dos semanas, como cuando pasó la cuestión de la sede….yo quiero que ya no sigan peleando, que no nos hagan nada a nosotros, por ejemplo cuando venimos a hacer talleres los niños se asustan porque les puede pasar algo en cualquier rato, por ejemplo los que viven al lado de la casa de nosotros son vendidos igual pero ellos no nos hacen nada, no nos van a amenazar, yo así quiero que sean los otros…yo no me quiero ir de aquí , aquí tenemos los amigos, si nos vamos para otro lado no seríamos nadien nos separaríamos de toda la gente que queremos, si es Celco que no nos va a dejar vivir tranquilos…”.
(Informe “Impacto Social de la Violencia y Represión en comunidades Mapuche de Malleco, 1997-2005, desde la perspectiva de los afectados/as”. Eduardo Mella, David Núñez y Tania Solar, 2006. Primer Informe de la Comisión Ética contra la Tortura. Santiago, 26 de junio de 2008).
Estos testimonios se refieren a hechos ocurrido en el marco de la lucha contra la construcción del ducto de Celco Valdivia, en la zona de Mehuin, donde las instituciones policiales no han cumplido la función de resguardo a la población civil, facilitando el accionar de
la empresa privada contra comuneros y pescadores, quienes además han sufrido ataques con arma de fuego por parte de funcionarios de la Armada de Chile, al intentar acciones de defensa de su espacio marítimo y territorial.
- “En su visita secreta a Chile, el Relator de la Niñez de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Pinheiro, invitado por la Red de ONG de Infancia y Juventud Chile, se reunió en privado con el lonko de la comunidad Huañaco Millao, Juan Curinao, quien contó los graves abusos de los que son víctimas los menores en Ercilla. “El relator se sorprendió por la violencia que se ejerce contra los niños en los allanamientos, donde son baleados y maltratados por Carabineros. Incluso a mí la policía me disparó en las piernas cuando me acerqué junto a otros peñis a levantar el cuerpo recién muerto de Jaime”, contó el lonko a Pinheiro, acompañado por un menor quien relató la tortura recibida de manos de Carabineros cuando fue apresado por participar junto a otros 50 estudiantes mapuche en la toma del Liceo Alonso de Ercilla de la comuna en julio pasado, exigiendo el cese de la “militarización” en sus comunidades. En la reunión, Pinheiro confidenció: “la relatoría recibió alegatos de fuentes confiables sobre problemas que estarían afectando a niños y adolescentes interrogados en escuelas sin mediar una orden judicial. Esto, sumado al daño físico y psicológico debido a allanamientos, detenciones y apuntamiento con arma por parte de personal policial en las zonas de conflicto. Principalmente, a hijos de dirigentes indígenas detenidos o condenados”. (Informe “Impacto Psicosocial y Daño Psicológico evaluado en Niños residentes en la Comunidad de Mississippi asociado a la intervención de la empresa Celco”. Psicóloga Claudia Molina, 2009).
- A principios de septiembre de 2009, Juan Catrío, sostenedor del jardín infantil de la Comunidad Huañaco Millao, envió un informe a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la IX Región, donde señala que los dibujan armas y carabineros peleando con sus padres, el palín por las boleadoras para “jugar a los enfrentamientos” en el recreo, y habla, además de trastornos del sueño, angustia ante el ruido de helicópteros y miedo a la presencia policial en los 21 niños menores de 5 años que asisten; situación reconocida por la institución
que anunció acciones.
Ps. Claudia Molina González
DEFENSOR JURÍDICO SOCIAL AUTÓNOMO MAPUCHE
Temuco, enero de 2010.
Violencia policial contra niños mapuche: la herida oculta del conflicto. Observatorio Ciudadano. www.observatorio.cl
Fuentes utilizadas en este informe:
1.- Entrevistas y comunicaciones personales con miembros de comunidades, abogados, red Pulchetun, y otras organizaciones mapuche.
2.- Comunicación personal del Dr. José Venturelli, después de su visita a cárceles en el sur junto a miembros de la Comisión Etica Contra la Tortura de Temuco.
3.- Prensa electrónica de organizaciones mapuche y comunicaciones de organizaciones de derechos humanos:
www.mapuexpress.net
http://www.mapuche.info/
www.paismapuche.org
http://comunidadtemucuicui.blogspot.com/
redchem.entodaspartes.org
www.kilapan.entodaspartes.net
www.meli.mapuches.org
www.observatorio.cl
www.azkintuwe.org
www.memoriaindigena.blogspot.com
http://defensormapuche.blogspot.com/
www.liberar.cl
Nota: Es muy posible que en el período analizado existan inexactitudes y/o más casos de presos políticos mapuche que no figuran en esta síntesis o fueron trasladados de recinto. El informe sólo incluye algunos casos de afectados por medidas cautelares, debido a que por el sostenido proceso de recuperación de tierras, la situación es muy dinámica. Los activistas no mapuche figuran en el listado pues sus procesos están ligados a ellos, enfrentan las mismas penas, y últimamente también son juzgados por la ley anterrorista. La situación es extremadamente variable y la información es difícil de conseguir debido a que está dispersa.
Relato de la Familia Carinao,
que vive en Ranquilhue Grande, compuesta por:
Héctor Carinao y su compañera Ana Maria Collio Garcia. Sus hijos:
Tralko Newen Carinao Collio
Nidia Adriana Carinao Collio (2 años y medio))
Lientur Carinao Collio
Además de la hermana de Héctor, Nidia Carinao y los hijos de esta.
Violentos allanamientos en persecución a comuneros y maltratos a mujeres, niñas y niños mapuche.
Viernes 14 de agosto de 2009.
El día viernes 14 de agosto de 2009 siendo las 13:00 hrs., dos
camionetas (roja y blanca) de la PDI con aproximadamente 10 agentes, irrumpieron violentamente en la propiedad de una joven familia mapuche, en donde se encontraban dos mujeres y cuatro niños.
Después de echar abajo la tranca comenzaron a disparar inmediatamente
desde el interior de las camionetas, en dirección a la familia que a
esa hora se encontraba pelando pescados para el almuerzo, al lado del
pozo. Uno de ellos que iba en la parte trasera disfrazado de mapuche,
con manta y gorro, sacó debajo de la manta un arma larga con la
comenzó a disparar junto a los otros.
Luego salieron de las camionetas gritándole al lamwen “entrégate
hueon” . El corrió hasta la rivera del lago lanzándose al agua,
detrás de él se tiraron cuatro PDI, mientras los que quedaron en la
orilla disparaban hacia el lamwen perseguido que seguía nadando.
Al salir del agua, casi en estado de hipotermia y rabia por no
haberle dado alcance, los policías se descargaron en contra de las
lamwen (hermana y compañera del lamwen), tratándolas con insultos
misógenos y racistas entre los que se pueden contar:
“chinas culias, mapuches de mierda, putas, maracas”, pero la situación
más denigrante fue que mientras las insultaban se tocaban y les
mostraban sus genitales, todo esto frente a sus hijos e hijas.
A esto se suma las amenazas de muerte hechas por estos agentes a esta
familia mapuche, diciéndoles que si el lamwen “no aparecía volverían y las asesinarían junto a sus hijos(as).”.
Lo más grave de todo es que estos policías les aseguraron que al
lamwen “lo habían herido” y que por lo tanto “no llegaría muy
lejos”.
Martes 18 de agosto 2009
A los cuatro días después, nuevamente la PDI, cerca de las 15:00 hrs.
llegó hasta este domicilio, esta vez era una caravana de más de 30
vehículos, con una cantidad aproximada de cien efectivos, quienes
procedieron a allanar cada metro cuadrado de la propiedad, ubicada a
orillas del lago LLeu-LLeu, en la comunidad de Ranquilhue Grande.
Esta vez las lamwen les solicitaron que les leyeran la orden de
allanamiento, y los agentes señalaron que el lamwen era buscado por la
“emboscada al Fiscal Elgueta”.
Los agentes entraron a la vivienda rompiendo todo lo que había a su
paso, destruyendo los pocos muebles de la familia, dando vuelta los
alimentos, ensuciando, etc. mientras asustados los cuatro niños y
niñas no paraban de llorar.
Vigilancia y acoso permanente
Desde ese día a la fecha esta familia ha estado prácticamente rodeada
en forma permanente, y vigiladas todo el día por cielo, lago y tierra.
Por cielo, a través de helicópteros que sobrevuelan la propiedad a
escasos metros, con vuelos casi rasantes que asustan a los niños.
Por tierra son desde los campings vecinos. De hecho desde el camino
público se observan las camionetas y personal de la PDI que se
encuentra apostado en el Camping Las Araucarias (Nº2), ubicado a no
más de un kilómetro, al mismo tiempo, son vigiladas desde un cerro a
200 metros de la casa, desde donde les apunta cada vez que miran hacia allá.
Además son amedrentadas durante las noches con disparos que vienen
desde el camino público, hecho que se puede constatar por el gran
número de cartuchos que se encuentran desperdigados frente al
domicilio de esta familia.
Al mismo tiempo estas lamwen son seguidas por distintos vehículos y
personas cada vez que salen a comprar o van a la posta.
Ranquilhue Grande, Septiembre 13 del 2009.
Testimonio de Felipe Huenchullán
“Me juntaron con Camilo Tori en un calabozo. Como a la media hora me llevaron a una sala grande y ahí había como 15 policías, todos de civil, yo conocía a uno grande y de pelo largo que había participado en la detención. Estaba el fiscal VELASQUEZ, a quien había visto en audiencias anteriormente. El Fiscal me dijo: “Felipe, tienes que declarar al tiro”, mientras los policías me estaban grabando con una cámara. Le dije que si no estaba mi abogado presente, no iba a declarar nada. Inmediatamente apagaron la luz de la pieza y sentí un palmetazo en la cara mientras estaba sentado y esposado con las manos atrás. Prendieron la luz y el Fiscal me repitió la pregunta. Le dije que no iba a declarar, y volvieron a apagar la luz y me volvieron a pegar. Se encendió la luz y estaban todos los policías de pie, y el Fiscal, me dijo “Vas a tener que CANTAR igual después”.
Posterior a aquello, Felipe Huenchullan Cayul señala:
“Este grupo de policías, cuando me fueron a buscar al calabozo, me dijeron que me venían a buscar para que conversáramos un poco; me sacaron de la comisaría de Victoria, me subieron a una camioneta roja, me sentaron al medio de dos policías en los asientos traseros de la camioneta y aquí uno de ellos me dijo, que agachara la cabeza y comenzara a decirle lo que yo había hecho el día sábado, adonde estuve y como había quemado el camión; se pusieron muy violentos, el policía de adelante sacó su arma y me pegó en la cabeza, me dejó un momento inconsciente, llegamos a un camino de ripio, me sacaron las zapatillas y me pusieron un cordel en el cuello y me hicieron correr descalzo por las piedras mientras me sacaban fotos y uno grababa con su cámara y los otros corrían apuntándome con sus armas al lado mío. Así estuvimos unos 20 minutos.
Luego me llevaron a otro lugar, que en ningún momento pude identificar donde estábamos, un policía me agarró de la cabeza, me llevaba rápido y les decía “háganle un CEREBRITO”, esto consistía en caminar rápido entre los brazos del policía cabeza abajo, semi ahorcado y parar repentinamente; sentía que me arrancaban la cabeza y perdía de a poco la conciencia. Estos policías me decían que contara todo, “porque tú no la vas a sacar barata como tus …. de hermanos, (se refería a Jorge, Jaime y Rodrigo Huenchullán, quienes han sido absueltos en varias oportunidades). Te vamos a matar, te tiraremos a un río donde nadie te encontrará, pero si tú reconoces esto no pasará, pero sino también podrás pasar el resto de tu vida preso, indio de mierda, a tu … de familia la vamos a …, y si alguien nos hace algo a nosotros, nosotros vamos y los hacemos polvo, porque somos muchos y ustedes un par de pelagatos, solo esperamos matarlos a todos.”
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TERNACIONAL DE SOLIDARIDAD Y HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE LA TORTURA
CHILE: en sus 200 años
COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA
La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) es una entidad conformada en marzo de 2001 por organismos de derechos humanos y personalidades de reconocida solvencia moral, con la finalidad de que el Estado de Chile asumiera su responsabilidad respecto de los sobrevivientes de prisión política y tortura durante la dictadura militar. Entre otras, la integran Amnistía Internacional-Chile; el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch); el Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile (CONFERRE); el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS); la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), la Asociación Americana de Juristas (AAJ); el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL); la Coordinación Nacional de Ex Presos Políticos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos; Comisión Etica contra la Tortura de Santiago, Temuco, Valparaíso, San Antonio, y un equipo de trabajo exterior integrado por personas que residen en Francia, Suiza, Canadá, Bélgica e Italia. La CECT – Chile está afiliada a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra.
A modo de presentación
I.- A cada hora, el poder del mundo se concentra y se globaliza. Un reducido número de empresas, como un salvaje animal totalitario, lo tiene en sus garras. Continentes en la miseria junto a altos niveles tecnológicos. Posibilidades de vida asombrosas a la par de millones de hombres desocupados, sin hogar, sin asistencia médica, sin educación. El individualismo ha hecho estragos. La total asimetría en el acceso a los bienes producidos socialmente está terminando con parte de la humanidad. El sufrimiento de millones de seres humanos que viven en la miseria está permanentemente delante de los ojos de todos, aunque se hagan esfuerzos por cerrarlos. Es la crisis de una concepción del mundo y de la vida, basada en la idolatría de la técnica y de la explotación del hombre por el hombre. Para la obtención del dinero han sido considerados válidos todos los medios. En el caos, cada uno saquea lo que puede. Esta sociedad ha crecido llevando como meta la conquista allí donde tener poder ha significado apropiarse y explotar a los más débiles. La economía reinante conduce a que la población mundial, en gran parte, no pueda seguir viviendo.
Esto pareciera suficiente para que los poderes del mal justifiquen la violencia, la represión, el genocidio.
Colonialismo e imperios, a través de luchas sangrientas, han pulverizado tradiciones enteras y han profanado valores milenarios, cosificando primero la naturaleza y luego los ideales de los seres humanos. El bienestar de algunos se ha logrado a través de la imposición del miedo y de la exclusión.
Ello explica que los países ricos, entre 1990 y 2007, han aumentado en 11,2 % las emisiones de gases contaminantes, lo que representa más de nueve veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo y más de veinte veces las emisiones de un habitante de Africa Subsahariana.
II.- En Chile, la élite dominante pareciera orgullosa y transmite su autocomplacencia al conjunto de la sociedad. El sistema de dominación impuesto por el régimen militar no advierte síntomas de cuestionamiento o crisis, ni en lo político, ni en lo ideológico-cultural, ni en lo económico. Su dominio continúa sin contrapeso. Ha habido un proceso de adecuación institucional del marco jurídico-político establecido por la Constitución de 1980, y de ajustes del modelo económico neoliberal. En otros términos, las cosas “han cambiado para que nada (en lo sustantivo) cambie”.
Se preserva aún el sistema electoral binominal, que permite a la derecha mantener su sobre-representación parlamentaria y excluir a la izquierda. Se garantiza así un proceso legislativo que sólo habilita cambios dentro de la continuidad, dados los quórum requeridos para reformas de envergadura.
El régimen político, funcional a las necesidades del capital, ha sufrido la evidencia de prácticas de corrupción que han sido absorbidas y relativizadas por la vía de reformas de “modernización del Estado”, que harían más transparentes los nombramientos y remuneraciones de altos cargos públicos, las compras gubernamentales, la administración de las empresas públicas y los gastos de las campañas políticas.
El acuerdo de las fuerzas políticas del sistema a propósito de lo anterior, ha evitado que el escándalo acerca de las instituciones crezca y se convierta en factor de crisis como en otros países de la región.
La estabilidad política ha pasado, además, por un sistema de partidos que sólo ofrece variantes de administración del modelo neoliberal en lo económico-social. Un sistema hegemonizado por la coalición que ha podido ofrecer una mayor capacidad para cooptar y “clientelizar” a amplios sectores de la población, para mantener reducida y desarticulada la protesta social, al mismo tiempo que ganar crecientemente la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.
Las fuerzas políticas progresistas son marginales y aún no superan la dispersión. Se trata de un movimiento popular que empieza a reconstituirse como tal, con una diversidad de dinámicas que sólo circunstancialmente se articulan y proyectan a escala nacional.
El centro de las preocupaciones de las autoridades políticas y económicas ha sido mantener la confianza del gran empresariado en quienes ejercen el poder ejecutivo. Y esto ha sido logrado por la vía de asegurar la estabilidad del marco estructural neoliberal. Esto es, donde el “sector privado” es el motor y guía del crecimiento, mientras que el Estado se limita a funciones subsidiarias y de regulación funcional, avanzando en la apertura comercial y financiera de la economía; también existe un amplio imperio del mercado como mecanismo de regulación de la vida social y económica, en los ámbitos de la salud, la educación, la seguridad social y del trabajo.
La política macroeconómica aplicada ha contribuido a aumentar la concentración del poder económico en transnacionales y grandes empresas, al mismo tiempo que ha ido marginalizando al sector de medianas, pequeñas y micro empresas, que generan un 20% del PIB, no obstante emplear al 90% de la fuerza de trabajo.
Mientras los beneficios y el crecimiento se concentran en los barrios acomodados, las empresas forestales e hidroeléctricas han ido ocupando espacios cada vez más amplios, en desmedro de aquellos en que residen las comunidades indígenas, amenazando su continuidad histórica y cultural. Esto significa que el crecimiento concentrado en la exportación de materias primas se está logrando a costa de una enorme destrucción del medio ambiente.
En lo ideológico, como efecto de lo anterior, se ha extendido una mercantilización del sentido de la vida, que deshumaniza a los seres humanos y sus relaciones, vaciándolas de valores éticos y remitiéndolas a la dimensión monetaria.
Los medios de comunicación de masas, lo mismo que el sistema educativo, se encargan de remarcar que vivimos en un mundo de competidores y que los triunfadores son aquellos que merced a su espíritu emprendedor vencen en el mercado. Los grandes empresarios son convertidos en “modelos de conducta” a ser imitados por toda la sociedad. Este camino pasa por el esfuerzo individualista, la deslealtad con los compañeros y la subordinación a los superiores. Dado que el Estado se ha des-responsabilizado de su rol garante de los derechos económicos, sociales y culturales, los pobres terminan percibiéndose a sí mismos como culpables de su propia situación, por su falta de competitividad, su ignorancia, su ausencia de espíritu de superación, su falta de creatividad y de emprendimiento. Es así como en el afán de poder gastar más, las personas se endeudan hasta padecer de “endeudamiento crónico”, lo que les torna tensas, agresivas, violentas, y se sumergen en el estrés, la depresión, el alcohol o las drogas.
Este sistema sociopolítico que excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población, se ha impuesto y mantenido recurriendo a la represión estatal contra aquellos que exigen cambios, especialmente contra trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche.
En el caso de este último se ha llegado al extremo de aplicar la ley 18,314 de 1984, conocida como Ley Antiterrorista. Al momento de la entrega del presente Informe hay 36 presos políticos mapuche procesados por esta ley, contraviniendo las recomendaciones de Roberto Stavenhagen, Relator Especial de la ONU para la situación de los pueblos indígenas, que en 2003 señaló que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”. A ello se suma el Informe de Amnistía Internacional, al afirmar que al continuar aplicándose la Ley Antiterrorista, se está incumpliendo “tanto las promesas formuladas anteriormente por el gobierno respecto de no hacer uso de estas leyes, como las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos”.
La Ley Antiterrorista viola las garantías procesales y el debido proceso establecido en normas internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que subraya la importancia de tener derecho al debido proceso. La Ley Antiterrorista permite la existencia de “testigos sin rostro”, que pueden acusar e inculpar sin identificarse, violando así el derecho a un juicio justo y siguiendo bajo la vigencia del concepto de “enemigo interno”, emanado de la Ideología de la Seguridad Nacional.
Bajo el mismo predicamento, han sido acusados y perseguidos periodistas extranjeros y artistas visuales nacionales. El caso de Elena Varela es un ejemplo patético de injusticia, pues ha debido soportar seis años de persecución, acusaciones falsas y detenciones arbitrarias, antes de ser sobreseída de todos los cargos, y su material de trabajo no le ha sido devuelto. Similar situación ha afectado a Azel Luzuriaga, escritor y músico vasco, detenido el 31 de diciembre de 2009 por la Ley Antiterrorista, bajo la acusación de colocación de bombas. En febrero de 2010 se decretó su arresto domiciliario y el arraigo nacional.
En los últimos años la represión contra el pueblo mapuche también ha afectado de manera creciente a menores de edad. Expresión de lo anterior han sido las detenciones sufridas por Bania Queipul Millanao, de 15 años de edad, hija del Lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul. La niña ha sido detenida desde el interior de su colegio, interrogada, sometida a proceso y hostigada, bajo la acusación de desórdenes públicos tras haber lanzado piedras al edificio del Ministerio Público de Collipulli durante el funeral de Jaime Mendoza Collío, quien fue asesinado por fuerzas policiales, al igual que Johny Cariqueo y Matías Catrileo. Tras la desproporcionada persecución, Bania Queipul fue sobreseída de sus cargos el reciente día 13 de junio de 2010.
El terremoto del 27 de febrero de 2010 afectó doblemente a los recluidos en recintos carcelarios. Según el entonces Ministro de Justicia, en las zonas de Maule y de Bío-Bío se fugaron 426 reos. Al 4 de marzo de 2010 se había recapturado a 152 y en ese mismo momento se estaba en búsqueda de 274 reos fugados de las cárceles de Talca, Chillán, Concepción, Coronel, Molina y Arauco. Tras la caída de un muro de la Cárcel de Chillán se fugaron 269 internos, de los que fueron recapturados 60, habiendo fallecido 4 de ellos: tres murieron por efecto de los disparos de los gendarmes y uno, Horacio Núñez, murió quemado por el incendio provocado por los reos al ser aplastado por un muro y encontrarse encadenado en su cama. Los tres muertos por gendarmes son Luis Guillermo López Valenzuela (26 años); Jonathan Andrés Aguirre Aguirre (21 años); y Rodolfo Leal Medina (32 años). Se ha hecho público que el número de reos muertos asciende a doce, de acuerdo al alcaide de la prisión de Lebu. El Ministro de Justicia de la época, Carlos Maldonado, manifestó al respecto que la situación descrita constituiría “un triunfo que se hubiese mantenido el orden”.
Parecieran olvidadas por las autoridades las recomendaciones al Estado chileno por el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), sobre el cumplimiento de compromisos contraídos al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, algunas de las cuales se refieren a las deficientes condiciones al interior de las cárceles.
En Ginebra, en abril de 2009, durante el período de sesiones del CAT, se recomendó al Estado de Chile prestar atención “particularmente en lo relativo a las condiciones materiales, el hacinamiento y los abusos y sanciones injustificados en la aplicación del régimen disciplinario”. (Artículo 16).
A pesar de las recomendaciones formales, en la cárcel de Villarrica fue captada por teléfono celular una imagen que ha mostrado a trece reclusos desnudos en el patio, obligados por los gendarmes a realizar ejercicios. Según las denuncias de sus familiares y del diputado Fernando Meza, después de los ejercicios los reos fueron trasladados a celdas donde fueron mojados para evitar marcas de lesiones. La denuncia obligó al Director Nacional de Gendarmería a reconocer los hechos y ocho gendarmes han sido imputados.
En este contexto es válido recordar algunas otras recomendaciones del CAT:
a) Adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y garantizar las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad;
b) Establecer un mecanismo nacional de prevención que tenga competencia para efectuar visitas periódicas a centros de detención, a fin de implementar plenamente el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura;
c) Establecer medidas de seguridad acordes con el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad, de manera que se eliminen las celdas de aislamiento.
III.- Por todo esto y mucho más ha permanecido en pie la Comisión Ética contra la Tortura y el sentido de este Informe es dar a conocer algunos aspectos del deficiente respeto a los derechos humanos en nuestro país.
En relación con las personas que sufrieron prisión política y tortura durante la dictadura, queremos hacer hincapié en que es necesario superar la exclusión de la calidad de víctimas del terrorismo de Estado de quienes no fueron consideradas en el Informe Valech: los detenidos en manifestaciones públicas; los que fueron torturados fuera de los recintos oficiales de detención; los extranjeros; los chilenos torturados en el exterior en el marco de la Operación Cóndor y quienes fueron objeto de detención por menos de cinco días.
Además, debemos señalar que la pensión mensual brindada a las víctimas vulnera el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura, donde se reconoce para las víctimas “el derecho a una indemnización justa y adecuada”; no ha habido reparaciones jurídicas y morales para los afectados; tampoco ha habido medidas educativas y de prevención de la tortura; debe derogarse la cláusula que impide a los tribunales tener acceso a las imputaciones concretas de los delitos denunciados ante la Comisión Valech.
La CECT reitera, ante los 200 años de vida Republica, la proposición de reabrir indefinidamente la acreditación de las víctimas chilenas o extranjeras; violaciones a los derechos humanos cometidos en territorio nacional o extranjero por agentes represivos del Estado chileno; aprobar una nueva ley de reparación que asuma las propuestas iniciales de la Comisión Valech; y eliminar legislativamente la cláusula que impide el acceso del Poder Judicial a las denuncias de tortura. Derogación de la Ley de auto Amnistía de la dictadura; juicio y castigo a los agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos como son la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria de prisioneros, delitos imprescriptibles e in amnistiables.
IV.- El grueso del Informe se ha centrado en la situación represiva que hoy padece el pueblo mapuche, que viene sufriendo la exclusión y el exterminio para el enriquecimiento de las corporaciones transnacionales, no obstante que ya el Pacto de Quilín de 1641 reconoció la inviolabilidad del territorio y la autodeterminación
mapuche al sur del río Bío-Bío.
Y aún cuando los mapuche continúan sufriendo desaparición forzada, torturas, prisión política, condenas con libertad vigilada, medidas cautelares, montajes de la policía, de la ANI, del Ministerio Público y de la prensa, también hay otros grupos sociales que se han visto afectados por la militarización y criminalización de la protesta social; y la práctica de la tortura que ha agregado este año una nueva víctima como es el asesinato bajo tortura del comerciante Daniel Riquelme quién fue brutalmente golpeado hasta la muerte, por una patrulla de 5 infantes de marina en Hualpén, luego del terremoto del 27 de febrero.
En ese sentido, el propósito de este Informe es insistir en que no podemos vivir sin hacernos responsables de los demás, renunciando al bien individual por el bien común. Son responsables quienes dan su vida por salvar a otros. No puede haber responsabilidad cuando la vida ha perdido su fin, o éste se halla sólo en la comodidad individual o en el éxito fácil. “Cuando la cantidad de culturas relativiza los valores y la “globalización” aplasta con su poder y le impone una uniformidad arrogante, el ser humano, en su desconcierto, pierde el sentido de los valores y de sí mismo y ya no sabe en quién o en qué creer”. (Sábato, Ernesto, “La resistencia”, Seix Barral, B. Aires, 2000, pág. 52). La historia enseña que la condición última del hombre es trascendente y, por tanto, misteriosa. No es posible continuar en la superficie de la vida. La cosificación del hombre, que se plasma en las violaciones de los derechos humanos, en la expoliación de los trabajadores, en el cinismo colectivo, en el mal disfrazado de bien, constituyen los nuevos altares, los nuevos absolutos, los dioses con pies de barro. Las violaciones de los derechos humanos se realizan para imponer la globalización económica que, como huracán, ha pasado por el mundo entero.
La Comisión Etica contra la Tortura está convencida, al igual que el pensador Albert Camus,(“Ercilla”, 28-8-49), que nuestra presencia busca creer que “la misión del hombre es ser rebelde y combatir el absurdo y la crueldad, luchar por la libertad, la justicia y la felicidad en un mundo que las niega”.
Comisión Ética contra la Tortura (CECT). En el “Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura” y a Chile: en sus 200 años
Santiago de Chile
Junio de 2010
Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario
Documento de Síntesis
CONTENIDO
Proteger lo Humano
Convocantes y adherentes
A Verdad, justicia y reparación
B Promoción de los derechos humanos
C Discriminación
D Derechos de las mujeres, adolescentes y niñas
E Personas y grupos humanos en riesgo
Migrantes y refugiados/as
Menores de edad
Pueblos originarios
Personas privadas de la libertad
F Derechos económicos, sociales y culturales
G Educación en derechos humanos
H Democracia y participación
PROTEGER LO HUMANO
Hacia una cultura de Derechos Humanos en Chile
La Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, originada en una propuesta realizada en ocasión de las elecciones presidenciales de 2005, se ha convertido en una iniciativa proactiva de organizaciones e individuos de la sociedad civil, que presenta un “mapa de ruta” para las sucesivas administraciones del Estado de modo de situar la promoción y defensa de los Derechos Humanos, al centro de las realizaciones políticas y como respuesta a las aspiraciones legítimas de todas las personas que habitan Chile.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se ha formado una cultura global que ha penetrado en todas las esferas de la cultura, y en cuyo centro neurálgico se encuentran los Derechos Humanos. La política no está al margen de este proceso.
El desarrollo político institucional de Chile en los años precedentes al golpe de 1973, estuvo –implícitamente al menos– ligado a la mejoría en el goce de los Derechos Humanos; la recuperación de la democracia en 1990, en tanto, estuvo explícitamente marcada por la lucha por su reconquista. Gran parte de quienes han ocupado altas investiduras en la nueva democracia, participaron de ese proceso: la democracia chilena debiera ser hoy un modelo de sociedad fundada en el respeto irrestricto de los valores de la dignidad esencial de todas las personas que se encuentran bajo nuestra jurisdicción; en la eliminación de todas las formas de discriminación; en la solidaridad universal, y en la profundización de la participación democráticas.
La cercanía del Bicentenario de la independencia de Chile, debiera motivar a la sociedad a celebrar el acontecimiento en un marco en que cada persona que vive en el país se sienta segura en el goce de todos sus derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Ello supone, por una parte, que las políticas públicas sean diseñadas y ejecutadas con una perspectiva de Derechos Humanos; y, por la otra, la adopción de políticas públicas específicas para la promoción y protección de estos derechos. Las organizaciones que hemos construido la Agenda de Derechos Humanos que hoy proponemos, pensamos –por ejemplo– que, en materia de seguridad, las políticas públicas debieran buscar que ella tenga en mira la garantía de la certeza para todas las personas, especialmente las más desposeídas, del goce de todos sus derechos, y no la adopción de medidas represivas o limitantes de tales derechos. Sostenemos también que la promoción y protección internacional de los Derechos Humanos exige una política exterior activa, influyente, y ejemplificadora, ya no solamente formal en los foros internacionales. Las propuestas que se enuncian se centran en fortalecer los importantes avances de los últimos años, pero también en consolidar esos progresos e impedir retrocesos. Esto es especialmente importante respecto de las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura (1973-1990).
Los progresos normativos que en el mundo entero se observan han incorporado, en la teoría y la praxis de la acción política, nuevos temas valóricos y culturales históricamente relegados, que se hacen presentes en esta Agenda. Las organizaciones e individuos que suscribimos esta Agenda, estimamos de particular importancia el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad, para la promoción y la protección de los Derechos Humanos.
El 10 de diciembre de 2008 se conmemoraron los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, motivo por cual proponemos una Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario que incluye 60 propuestas. Estas propuestas consideran los siguientes temas: verdad, justicia y reparación; promoción de los derechos humanos; discriminación; derechos de las mujeres, adolescentes y niñas; personas y grupos humanos en riesgo; derechos económicos, sociales y culturales; educación en derechos humanos; democracia y participación.
Resulta indispensable establecer para Chile una agenda común de Derechos Humanos, la cual, contemplando acciones concretas y efectivas, marque un hito en la conmemoración del Bicentenario de la independencia. Este hito, además, estamos convencidos de que debe estar centrado en el reconocimiento de la dignidad y en el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas.
Por los motivos antes expuestos, las organizaciones proponentes requerimos al Estado chileno, por medio del Gobierno y otros poderes que lo representan, que se adopte una Agenda Nacional de Derechos Humanos del Bicentenario, que considere, al menos, las iniciativas que se acompañan.
CONVOCANTES Y ADHERENTES
La Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario es una iniciativa de Amnistía Internacional - Chile con la participación y adhesión de:
Organizaciones:
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Asamblea Nacional por los Derechos Humanos
Asociación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos
Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe - APILA
Asociación Inti Marka
Brigada de Ex Prisioneros Políticos (V Región)
Capítulo Chileno del Ombudsman
Cátedra UNESCO (de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano)
Centro de Desarrollo de la Mujer, DOMOS
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Temuco - CINPRODH
Centro Ecuménico Diego de Medellín
Ciudad Elefante
Coalición Chilena para la Diversidad Cultural
Colegio de Administradores Públicos
Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares
Comisión de Memoria y Derechos Humanos, Movimiento Nueva Izquierda
Comisión Ética contra la Tortura
Comisión Funa
Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales de Chile
Corporación Ciudadanía y Justicia.
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo -
CODEPU
Corporación Humanas
Escalando Futuros
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO - Chile
Fondo Alquimia
Fundación Ayuda Social de las Iglesias Cristianas - FASIC
Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia - PIDEE
Fundación Educación Popular en Salud – EPES
Fundación Laura Rodríguez
Movimiento de Integración y Liberación - MOVILH
Movimiento Unificado de Minorías Sexuales - MUMS
Observatorio Ciudadano
Observatorio de la Escuela de las América
ONG Raíces
Red Contra la Violencia Domestica y Sexual
Red de Objeción de Conciencia - ROC
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
Revista Cáñamo
A título individual:
Roberto Garretón - Abogado de Derechos Humanos
Marcello Sasso - Académico Universidad de Magallanes
Firmas de adhesión:
La Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario es apoyada por varios miles de personas, de todo el mundo, a título individual.
Para informarse y apoyar con su adhesión la Agenda de Derechos para el Bicentenario, visite: http://adhb.wordpress.com/
A VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION
1. Avanzar en la obtención de la verdad, de la justicia y de la reparación para todas las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares;
a) Revisar el marco legislativo, de manera que se cumpla en todos los casos con los estándares internacionales de respeto y de protección de los Derechos Humanos, y se contribuya sustancialmente a su defensa y promoción.
b) Reconocer que los graves crímenes contra la Humanidad perpetrados durante el régimen militar, son imprescriptibles e inamnistiables.
c) Reconocer la realidad de los casos pendientes de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas ocurridos en el período de la dictadura, clarificándola, y calificando aquellos casos que correspondieran a violaciones a los Derechos Humanos, para posibilitar a sus familiares acceder a los beneficios que otorga la Ley de Reparación.
d) Aprobar una nueva Ley de Reparaciones que contemple el conjunto de medidas materiales, morales, jurídicas, educativas y de memoria histórica, recomendadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
e) Establecer por ley la imprescriptibilidad del derecho a la reparación en casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
f) Anular todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra durante la dictadura.
g) Eliminar la cláusula de la Ley de Reparación del año 2004, que prohíbe al Poder Judicial acceder a las denuncias de tortura efectuadas a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para acabar así con el secreto de 50 años.
h) Recalificar como casos de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas a aquellos que fueron desestimados como tales por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
i) Recalificar como casos de Prisión y Tortura a aquellos que fueron desestimados como tales por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
j) Establecer beneficios de reparación a aquellas personas que fueron objeto de sentencias impuestas por los tribunales militares que, además de las penas de cárcel que les impusieron, los/as privaron de sus derechos civiles y políticos, de modo que se les restituyan sus derechos conculcados.
k) Dignificar las pensiones que actualmente reciben las víctimas de prisión política y tortura y exonerados/as políticos/as, equiparándoselas con las de familiares de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas.
l) Extender las becas de estudio a los hijos e hijas de personas presas por razones políticas y eliminar el tope máximo de edad a familiares de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas.
m) Asegurar que el Programa de Reparación y Ayuda Integral en Salud y Derechos (PRAIS):
- Permita que los/as beneficiarios/as del Programa sean autorizados a adquirir bonos FONASA del Sistema de Libre Elección con la credencial que poseen.
- El/la Encargado/a Nacional del PRAIS sea de responsabilidad exclusiva.
- Capacitar al personal del Sistema Público de Salud sobre programa PRAIS.
2. Dejar sin efecto el Decreto Ley Nº 2191 de 1978, conocido como “Ley de Amnistía”.
B PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
3. Utilizar los foros internacionales en los que Chile participe, para la promoción y defensa de los Derechos Humanos.
4. Firmar y ratificar todos los instrumentos internacionales pendientes en materia de Derechos Humanos; en particular:
a) El Estatuto de Roma, que establece una Corte Penal Internacional (1998) y aplicar plenamente el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional.
b) El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR-OP2), destinado a abolir la Pena de Muerte (1989).
c) El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la Pena de Muerte (1990).
d) La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994).
e) La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2007).
f) Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2002).
g) El Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1999).
h) El Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (”Protocolo de San Salvador”, 1988).
i) La Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (UNESCO, Paris, 2005).
j) Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (1968).
k) Declaración de Cartagena relativa a refugio (1984).
l) Las Normas Sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos (ONU 2004).
m) La Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego pequeñas y ligeras (CIFTA), y el Reglamento Modelo para el Control del
Movimiento internacional de Armas de Fuego. (2002).
n) El Acuerdo de Wassenaar, relativo a las “Buenas Prácticas para las armas pequeñas y ligeras”. (1998).
5. Promover la suscripción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
6. Ajustar la legislación nacional a los estándares exigidos por las normas de Derechos Humanos contenidas en los compromisos internacionales asumidos por Chile.
a) Promulgar legislación que implemente la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Convenios de Ginebra y sus Protocoles Adicionales I y II, y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y que prohíba las conductas determinadas en éstos instrumentos, respetando plenamente el derecho
internacional.
b) Promulgar legislación sobre cooperación con otros tribunales penales
internacionales, en particular sobre la entrega de personas presuntamente responsables de crímenes contra el derecho internacional.
c) Tipificar y sancionar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra para hacer efectivo el Estatuto de Roma de 1998.
d) Derogar completamente la Pena de Muerte en Chile.
e) Modificar el Código de Justicia Militar en concordancia con las normas de Derechos Humanos contenidas en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Chile, de manera que solamente se aplique al personal militar por hechos en ámbitos militares, y se extinga cualquier jurisdicción sobre las personas civiles.
7. Priorizar la elaboración de un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos mediante un amplio proceso de consulta, en conformidad con las recomendaciones recogidas en la Declaración y el Programa de Acción de Viena.
8. Promover la creación de una institucionalidad de Derechos Humanos autónoma, de acuerdo con los Principios de París, que actúe en concordancia con los estándares internacionales de protección de tales derechos, en el sentido que su órbita de atribuciones no se circunscriba únicamente a labores académicas y de memoria histórica, sino que también cuente con facultades para actuar judicialmente en calidad de querellante y demandante en los casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar. Debe contener la institución del Ombudsperson o Defensor Nacional del Pueblo para situaciones futuras sobre esta materia, con carácter autónomo, no jurisdiccional, para investigar denuncias particulares a fin de que las reparticiones de la Administración respeten y garanticen los derechos fundamentales de las personas individuales, cumpliendo del deber de publicidad de sus conclusiones.
9. Adoptar políticas de seguridad pública con un eje promocional y protector de los Derechos Humanos.
a) Garantizar que las políticas de seguridad pública no signifiquen un retroceso en el goce de los derechos civiles y políticos.
b) Tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a abusos policiales contra los grupos vulnerables, y proceder a enjuiciar y sancionar a los funcionarios que comentan actos de malos tratos.
c) Adoptar una política sobre drogas que sea eficaz, justa, democrática, construida de manera participativa y que privilegie el derecho a la asistencia social y sanitaria, antes que la pena.
d) Trasladar la responsabilidad de la prevención del consumo y el tratamiento de la drogadicción, desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Salud.
10. Apoyar activamente la elaboración de un Tratado Internacional de Comercio de Armas legalmente vinculante, que regule las transferencias de armas y de municiones.
a) Apoyar al Grupo de Expertos de Naciones Unidas que estudiará los alcances de un futuro Tratado Internacional de Comercio de Armas.
b) Participar activamente en el Grupo de Trabajo sobre el Control de Armas en los países de MERCOSUR y asociados.
11. Avanzar hacia un control interno más estricto del comercio, acceso, tenencia y porte de armas pequeñas y ligeras, así como de las municiones que puedan ser usadas también en armas de fabricación casera. Promulgar el reglamento complementario de la ley 20.014, que establece la obligatoriedad de un test psicológico para la tenencia de armas de fuego. Aplicarlo tanto a los nuevos como a los antiguos tenedores.
12. Cumplir plenamente y sin demora con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
13. Legislar para la protección al derecho a la vida privada y honra de las personas, de modo que no quede restringida únicamente a la protección de datos personales de orden económico o bancario y que no limite el legítimo ejercicio del derecho de libre acceso a las fuentes de información.
14. Proteger lo más plena y efectivamente los derechos sexuales y reproductivos en el marco del respeto integral a los Derechos Humanos de todas las personas.
a) Aprobar una ley que regule los derechos sexuales y reproductivos, en lo que se refiere a su libertad, autonomía e integridad, a la intimidad, igualdad, búsqueda del placer, libre asociación, a la expresión sexual de carácter afectivo; como también a
la libertad de tomar decisiones responsables de cara a la reproducción, a la información, educación y asistencia médica en ámbitos sexuales basada en la investigación científica.
b) Legislar sobre técnicas de reproducción humana asistida y métodos anticonceptivos, de manera de proteger plena y efectivamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos de las personas, así como su derecho a la identidad.
C DISCRIMINACION
15. Conferir rango constitucional a la normativa que prohíba la discriminación arbitraria.
16. Participar activamente en foros internacionales, oponiéndose a toda política estatal que legitime actos de discriminación arbitraria.
17. Promover legislación que defina el concepto de “discriminación arbitraria”. Esta definición deberá comprender, a lo menos, protección ante diferencias o combinación de diferencias basadas en:
- Origen étnico.
- Edad.
- Discapacidad física o psíquica.
- Apariencia o estructura física.
- Enfermedad.
- Género.
- Identidad u orientación sexual.
- Nacionalidad.
- Ideología u opinión política.
- Origen social o situación económica.
- Religión o creencias.
- Idioma o lengua.
- Estado civil.
E incluir una acción judicial especial de reparación para el caso de incumplimiento, así como un sistema redistributivo de defensa jurídica gratuita para el ejercicio de esta acción.
18. Desarrollar una política educacional obligatoria, dirigida a promover el respeto a la diversidad.
a) Elaborar e implementar una política educacional que incorpore la perspectiva de género en todos los niveles educativos.
b) Incorporar la interculturalidad como parte de los principios y fines de la educación chilena en general y no como una modalidad educativa solo para los pueblos originarios.
c) Incluir los conocimientos y valores de los pueblos originarios como contenidos en el curriculum nacional, formando parte de los objetivos generales de la educación básica y media.
d) Fomentar la cohesión social con enfoque a los Derechos Humanos.
19. Derogar expresamente toda normativa penal que ampare la discriminación arbitraria, tales como los artículos 365 y 373 del Código Penal. El primero establece sanciones para relaciones sexuales homosexuales con menores de 18 años y mayores de 14 y el segundo sanciona, las denominadas “ofensas al pudor, la moral o las buenas
costumbres”.
20. Revisar las modificaciones al Código Procesal Penal (Ley Nº 20.253 llamada “Agenda corta anti delincuencia”), referentes a la detención por flagrancia y control de identidad, por cuanto constituyen medidas que facilitan la acción discriminatoria de agentes del Estado.
21. Participar activamente en las negociaciones sobre el Anteproyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia, apoyando la adopción de un instrumento vinculante y sólido que no se quede atrás respecto a las normas existentes.
D DERECHOS DE LAS MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS
22. Asegurar la correcta y efectiva implementación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando éste sea ratificado. Este instrumento garantiza a las mujeres la posibilidad de denunciar toda forma de discriminación y la trasgresión de los derechos cautelados por la Convención, sea directamente o a través de alguna entidad u organización.
23. Garantizar a las personas afectadas, en todos los casos de violencia, un pronto acceso a la justicia, la reparación de las consecuencias de estos actos y la prevención de nuevas violencias. Debe prestarse especial atención a las situaciones de violencia que viven muchas mujeres, adolescentes y niñas en Chile, especialmente
cuando proviene de sus familiares y/o sus parejas, cualquiera sea su sexo.
a) Promulgar y hacer cumplir legislación específica en materia de violencia contra las mujeres.
b) Respetar las normas sobre la realización de exámenes periciales a las víctimas de la violencia, en conformidad con las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la atención médico-forense de víctimas de violencia sexual.
c) Establecer un sistema efectivo para el registro de casos de violencia contra las mujeres, que active tanto los mecanismos para tratar y proteger a las víctimas como la investigación pronta e imparcial de todas las denuncias.
d) Garantizar que la recolección cualitativa y cuantitativa de datos esté estandarizada y desglosada por género y otros factores, tales como la relación entre la víctima y su agresor, y que esté abierta a comprobaciones.
e) Procurar que la legislación incluya la protección ante la violencia sexual, los abusos sexuales, el acoso u hostigamiento sexual, la violencia psicológica, el tráfico sexual, y la violencia máxima, el femicidio.
24. Modificar la Ley de Violencia Intrafamiliar en los siguientes aspectos:
a) Ampliar su ámbito de aplicación.
b) Evitar conflictos de competencia entre los órganos de justicia penal y de familia, encomendando a un ente único la resolución de estos, de manera que las víctimas no se vean menoscabadas cuando ejercen su derecho a ser defendidas.
c) Hacer más eficiente y eficaz el otorgamiento y cumplimiento de las medidas de protección.
d) Incluir deberes para el gobierno, los servicios públicos y las municipalidades de hacer campañas de sensibilización y trabajos de orientación con respecto a los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas.
e) Promover la creación de más casas de acogida a víctimas de violencia intrafamiliar.
25. Promover en la formación de jueces, defensores y fiscales, nociones sobre Derechos Humanos de las mujeres y niñas; capacitar más sobre violencia intrafamiliar, maltrato habitual, formas de contención y evaluación de riesgo en los juicios sobre estos temas.
26. Garantizar el respeto y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, en tanto respetan la capacidad de las personas para tomar decisiones en el ámbito sexual y reproductivo sin ser objeto de coerción o violencia, ejerciendo su autonomía, libertad y dignidad en estas áreas de la vida.
a) Despenalizar del aborto, entendido como la eliminación de toda sanción penal (prisión, multas y otras penas) contra las personas que tengan la intención de abortar, se sometan a un aborto, informen sobre el aborto o lo practiquen.
b) Garantizar el acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones que puedan derivarse de un aborto inseguro, que el trato por parte del personal de salud sea humanizado, digno, no discriminatorio, y que se elimine la disposición legal que les obliga a denunciar.
c) Garantizar que el aborto sea legal, seguro y gratuito en los casos de violación, incesto, riesgo para la salud y vida de la madre, y malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.
27. Eliminar discriminaciones subsistentes en derecho de familia, género, sociedad conyugal, patria potestad, cuidado personal, apellido y castigo físico de hijos. Reformar la Ley de Tribunales de Familia en orden a garantizar la celeridad de los procesos y el acceso a la justicia. Asimismo, garantizar que se destinen los recursos necesarios para mejorar la implementación de la reforma a la justicia de familia
28. Promover la erradicación de la discriminación contra las mujeres en edad fértil en los planes de ISAPRES.
29. Avanzar en políticas de igualdad de género en Chile.
a) Elaborar iniciativas que permitan avanzar en la igualdad en el ámbito de la participación política, de especial modo en el Parlamento, en los municipios y en el servicio exterior.
b) Adoptar medidas que aseguren la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en lo referente al acceso, desarrollo y remuneración de las actividades laborales.
E PERSONAS Y GRUPOS HUMANOS EN RIESGO
MIGRANTES Y REFUGIADOS/AS
30. Garantizar que las leyes internacionales respecto a migración se vean reflejadas en
la legislación interna, para adecuarla a los instrumentos internacionales firmados por Chile en dicha materia.
31. Aprobar una ley sobre migración, con una amplia participación de la ciudadanía.
32. Aprobar una ley sobre refugio, con una amplia participación de la ciudadanía, que cumpla con estándares mínimos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
33. Creación de un servicio dependiente y descentralizado que esté a cargo de los servicios a migrantes y refugiados/as que reemplace al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior.
34. Establecer políticas de buenas prácticas con respecto a migrantes y refugio en el ámbito de la gestión administrativa, consensuadas entre la sociedad civil, las asociaciones de inmigrantes y la administración pública.
MENORES DE EDAD
35. Fortalecer los mecanismos de prevención para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de resguardo a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
36. Abordar especial y urgentemente las situaciones de violencia en todos los ámbitos y la prevención de condiciones de riesgo para menores y adolescentes como vulneración de derechos (drogadicción, delincuencia, entre otras).
37. Asignar mayores recursos al Servicio Nacional de Menores para que exista una efectiva separación por edad y tipo de delitos para los menores que cumplan medidas cautelares de privación de libertad.
38. Adecuar la legislación nacional para dar total cumplimiento a la Declaración y a la Convención de los Derechos del Niño;
a) Erradicar las peores formas de trabajo y explotación infantil.
b) Erradicar el trabajo infantil para menores de 15 años.
c) Fiscalizar el efectivo cumplimiento de la legislación nacional relativa al trabajo infantil.
d) Crear una institucionalidad nacional o mediante la inclusión de la competencia para protección de derechos de niñas y niños en un Ombudsperson o Defensoría del Pueblo, como lo ha señalado el Comité de Derechos del Niño.
e) Aprobar el proyecto de Ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en el que se deben precisar los distintos niveles y mecanismos de protección de estos derechos.
f) Denunciar en foros internacionales el artículo 38 de la Convención
de los Derechos del Niño y su protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que permiten que menores de 18 años de edad puedan ser reclutados voluntariamente para hacer el servicio militar.
g) Ajustar la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes a los principios y contenidos normativos de la Convención sobre Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales, que señalan que la orientación de los sistemas de justicia juvenil debe ser constructiva y no represiva.
PUEBLOS ORIGINARIOS
39. Adecuar la legislación interna a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y adoptar y ratificar otros instrumentos internacionales relativos a los Pueblos Originarios.
40. Adoptar medidas dirigidas a promover, respetar y proteger los derechos de los pueblos originarios reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en especial:
a) El derecho de los pueblos originarios a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas.
b) El derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna.
c) El derecho a mantener las tierras ancestrales de los pueblos originarios, impidiendo todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenar sus tierras, territorios o recursos.
41. Implementar las recomendaciones pendientes del Relator Especial de la Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, incluyendo:
a) Modificar la legislatura sectorial sobre la tierra, el agua, las minas, y otros sectores que pueden estar en conflicto con las disposiciones de la Ley Indígena. b) Ampliar y agilizar el trabajo del Fondo de Tierras gestionado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para la adquisición de tierras por parte de los pueblos indígenas. c) Desistir de criminalizar o penalizar las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y los pueblos indígenas.
42. Consultar con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
43. Dejar de aplicar la legislación antiterrorista para hechos que bajo ningún aspecto pueden ser asimilados a ese tipo de delitos, vulnerándose así las normas internacionales sobre el derecho a la justicia y al debido proceso. Modificar la Ley 18.314, Ley Antiterrorista, por contener una definición demasiado amplia de tipos penales, lo que ha permitido la aplicación errónea de dicha ley a actos de protesta social mapuche.
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
44. Mejorar las condiciones de vida en las instituciones carcelarias en conformidad con los principios y reglas internacionales. En una sociedad democrática, estas instituciones de castigo deben orientarse a la reinserción social y no al sometimiento cruel, inhumano y degradante propio de sistemas políticos que vulneran los Derechos Humanos, especialmente si las personas afectadas son menores de edad.
45. Perfeccionar los mecanismos de fiscalización en los lugares de arresto y detención.
46. Denunciar e investigar todo posible caso de tortura o malos tratos a personas privadas de libertad.
F DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
47. Avanzar en el acceso y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales para todas las personas, a través de las siguientes medidas.
a) Firmar y ratificar todos los instrumentos internacionales pendientes en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
b) Adoptar todas las medidas, económicas, y legislativas, hasta el máximo de los recursos de que se disponga, para hacer efectivo, progresivamente, el acceso y disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales.
c) Reconocer y promover, como tarea urgente del Estado y de la sociedad en su conjunto, a todas las personas los derechos de acceso a la educación, salud, justicia, nivel de vida adecuado, cultura, seguridad social y trabajo digno, y mejorar drásticamente la distribución de la riqueza.
d) Consagrar en la Constitución algunos derechos sociales no reconocidos, como el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda.
e) Avanzar en la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales ante los tribunales de justicia, estableciendo, entre otros mecanismos, la posibilidad de que el recurso de protección sea también procedente para esta clase de derechos.
f) Fijar un salario justo y pensiones que sean suficientes para garantizar un digno nivel de vida para trabajadores/as y pensionados/as.
g) Implementar una política de viviendas sociales, que reconozca el derecho a viviendas habitables y asequibles.
h) Desarrollar una política de acceso a la cultura que garantice el derecho a “disfrutar de los beneficios de la cultura” en sus formas de creación, participación y acceso.
48. Respetar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales, en la aplicación de acuerdos y tratados internacionales de libre comercio;
a) Poner especial atención en aquellas normas contenidas en acuerdos y tratados de libre comercio que afecten derechos laborales y/o medioambientales, así como en otros instrumentos internacionales de relaciones económicas.
b) Aplicar y promover las Normas Sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2004.
49. Dar cumplimiento íntegro de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Resolución 45/158, Asamblea General de la ONU, 18 de diciembre de 1990), firmada por Chile en septiembre de 1993 e incorporada a su legislación.
50. Promover la creación de un mediador externo e imparcial al Estado, distinto del Consejo de Defensa del Estado, que permita a usuarios/as del sistema de salud presentar reclamos con el objeto de hacer efectivas las cuatro garantías explícitas del Plan Auge de Salud: Acceso, Oportunidad, Calidad, Protección Financiera.
G EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS
51. Reforzar la educación en Derechos Humanos impartida en los establecimientos educacionales; así como en los procesos formativos de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile, para formar sujetos de derecho, “vigilantes” de la vigencia de todos los derechos: civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; derechos ambientales y de los pueblos.
a) Contextualizar la Educación en Derechos Humanos con la historia reciente de Chile, tanto en establecimientos educacionales, como en instituciones uniformadas a través del curriculum académico.
b) Incorporar como material complementario los informes de la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” y de la “Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura”, para establecimientos educacionales e instituciones uniformadas.
c) Reforzar y promover la incorporación efectiva de los Objetivos
Fundamentales Transversales (OFT) establecidos en los planes y programas del Ministerio de Educación relacionados con los Derechos Humanos, tanto en el currículum (Marco Curricular, Planes y Programas de Estudio), así como en la cultura escolar, la convivencia escolar y en los proyectos educativos institucionales
(PEI) de todos los establecimientos educacionales: pre-básica, básica, media y superior, cualquiera sea su dependencia (municipal, privado subvencionados, privados pagados), como un imperativo y un compromiso con nuestro pasado y el futuro.
d) Incluir en el currículo, en los planes diferenciados y actividades complementarias, espacios y actividades específicas para el trabajo educativo en Derechos Humanos, junto al reforzamiento de los OFT en Derechos Humanos. e) Crear una asignatura en la educación escolar de Educación Cívica, Ética y Derechos Humanos.
52. Promover dentro de la formación de los/as profesores/as la Educación de Derechos Humanos
a) Incorporar la educación en Derechos Humanos como parte integral de las mallas curriculares de las instituciones formadoras de profesores.
b) Reforzar, considerablemente, la formación en Derechos Humanos de los profesores en servicio, desarrollando una pedagogía de Derechos Humanos, materiales educativos y didácticos, destinando recursos financieros para la realización de cursos, talleres y actividades de sensibilización en Derechos Humanos.
c) Destinar recursos adecuados para capacitar a profesores/as, crear materiales educativos y reforzar redes de educadores en Derechos Humanos.
53. Desarrollar una estrategia para que la educación en Derechos Humanos tenga presencia no sólo en la educación formal, sino que también en la educación no formal e informal (medios de comunicación social).
54. Incluir un programa de enseñanza de las lenguas originarias, como asignatura obligatoria desde la educación preescolar hasta la media para integrantes de los pueblos originarios y reconocer las lenguas y culturas originarias como bienes jurídicos de especial protección por el Estado.
55. Incluir la participación indígena en las instituciones de toma de decisiones y de consulta en el ámbito de la educación (Consejo Nacional de Educación, Superintendencia de Educación).
56. Suspender de manera definitiva la formación de personal militar en el “Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica” del Ejército de los Estados Unidos de América, anteriormente conocido como Escuela de las Américas.
H DEMOCRACIA Y PARTICIPACION
57. Alentar una participación ciudadana más amplia en la toma de decisiones en Chile mediante, al menos, las siguientes acciones:
a) Promover la participación en:
- Audiencias ciudadanas para tener acceso a las autoridades públicas.
- La elección directa de los intendentes y gobernadores, a fin de fortalecer y dar más representatividad a los gobiernos regionales.
- La formación de cabildos comunales en los municipios del país, a fin de rendir cuenta pública mensual.
- La opinión y participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante la consulta y diálogos previos con las comunidades, especialmente en proyectos de alto impacto.
b) Promover las consultas vinculantes y la iniciativa de ley desde la ciudadanía en áreas que no sean de iniciativa exclusiva de la Presidencia de la República
c) Garantizar el mayor ejercicio de las libertades públicas y el pluralismo en la expresión de las corrientes de opinión, tales como el derecho de los extranjeros a participar en actos de solidaridad o políticos. Para ello, modificar el Artículo 15, inciso d del Decreto 597 del Ministerio del Interior (Reglamento de Extranjería).
d) Derogar el Decreto Supremo Nº 1.086 (D.O. 16 septiembre de 1983) que regula las condiciones para el ejercicio del derecho de reunión, impidiendo el ejercicio de los derechos de reunión pacífica sin permiso previo y sin armas, y del derecho a la libertad de expresión garantizados a todas las personas por la Constitución Política en el artículo 19 Nos 12 y 13.
e) Limitar el empleo de la fuerza en las actuaciones policiales durante reuniones no autorizadas y pacíficas, y emplear medidas de disuasión en forma proporcional y racional para dispersar reuniones violentas.
f) Garantizar el derecho a la información promoviendo:
- el pleno acceso a la información de dominio público, a fin de asegurar mayor participación de la ciudadanía y que esta pueda hacerse responsable en la toma de decisiones colectivas;
- la rendición de cuentas públicas periódicas a la Administración, con
información disponible en Internet.
58. Reformar la Constitución en aquellos aspectos que desconocen Derechos Humanos y que limitan o distorsionan la participación política igualitaria:
a) Modificar el sistema electoral binominal, la distribución territorial de distritos y circunscripciones, así como la revisión de los quórum necesarios para reformar la Constitución.
b) Establecer un sistema de inscripción automática en los Registros Electorales y voto voluntario.
c) Reconocer el derecho a voto a chilenos/as residentes en el extranjero.
59. Profundizar las políticas públicas, particularmente lo relativo a:
a) El derecho a un medio ambiente sano.
b) El derecho a la muerte digna libremente consentida.
c) Los derechos de los consumidores.
d) La laicidad del Estado.
60. Modificar el Servicio Militar Obligatorio para que sea acorde con una sociedad que respete y promueva los Derechos Humanos.
a) Reconocer la objeción de conciencia como un derecho fundamental del individuo, que no admita excepción alguna en la que se funden las objeciones, ni contener enumeraciones taxativas para su ejercicio, y que no sea posible de suspender o restringir durante la vigencia de estados de excepción y durante tiempos de guerra.
b) Respetar la decisión de ejercer la objeción de conciencia, no juzgando el valor de las razones de conciencia a raíz de tal elección. Este respeto incluye:
- No imponer la obligación de justificar o demostrar las razones de la objeción.
- Que no existan facultades jurisdiccionales para investigar la vida y la conciencia para comprobar la veracidad de las convicciones alegadas.
- No perder ni limitar los derechos políticos, civiles, económicos, sociales o culturales del ciudadano.
- No imponer medidas discriminatorias ni el cumplimiento de deberes diferentes del Servicio Ciudadano Alternativo.
c) Garantizar una correcta, completa y puntual información a la ciudadanía con respecto a la objeción de conciencia, por medio de acciones publicitarias públicas o en cooperación con asociaciones privadas que quieran difundir informaciones acerca del tema.
d) Eliminar toda forma de discriminación arbitraria en los procesos de selección y en el desarrollo del Servicio Militar Obligatorio.
e) Incorporar la educación de Derechos Humanos, con énfasis en el derecho humanitario, en el desarrollo del Servicio Militar Obligatorio.
Conmemoración del Día Internacional de
Protección de las víctimas de la Tortura
Roberto Garretón
El siglo XX deberá ser considerado como aquel en que se producen los mayores avances de la historia en la protección de los derechos humanos. Los horrores cometidos en ese mismo siglo se cuentan entre los más brutales que recuerda la humanidad, pero también el de la reacción más fuerte contra aquellos. Esta reacción, inimaginable 50 años antes, indujo a “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles; a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, a formar una organización destinada a que esos horrores no se repitan.
Pensemos qué código legal o moral universal, y qué instrumento jurídico tenía un defensor de los derechos humanos el 9 de diciembre de 1948 para defender a sus hermanos. Y evaluemos qué tenemos hoy.
El progreso jurídico y cultural es gigantesco, y la tortura, que en tiempos no tan lejanos era justificada como instrumento idóneo para investigar conductas delictivas o para castigar a quienes incurrieran en ella o fueran sospechosos de hacerlo, ha pasado a ser el crimen más oprobioso, si se usa como parámetro la cantidad de instrumentos internacionales que lo condenan y fuerzan a su erradicación.
Desde textos declarativos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966): la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1975); la Convención de 1984; las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (1977) y los Principios básicos con el mismo objeto (1990), el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión (1988) y muchísimos otros en el sistema universal de derechos humanos, hasta el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura que crea un procedimiento inédito de visitas de entidades nacionales e internacionales a recintos de detención, reflejan este progreso.
También en el derecho internacional humanitario, las 4 Convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos consideran la tortura como violación grave a sus disposiciones, tanto en los conflictos internacionales como en aquellos que se desarrollan al interior de un Estado.
Los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales (los estatutos de Nuremberg, para la antigua Yugoslavia y para Ruanda y de Roma sobre la Corte Penal Permanente) asumen también este progreso normativo espectacular.
Y no olvidemos que los Lords del Reino Unido por el único delito por el que accedieron a extraditar a Pinochet a España, fue el de la tortura.
¡Cuándo se iban a imaginar los padres de la Declaración Universal de Derechos Humanos, René Cassin, Hernán Santa Cruz, John Humphrey, Eleonora Roosevelt, Charles Malik, que medio siglo después los Estados crearían comités compuestos por extranjeros para que visiten sus cárceles y demás recintos de detención, y sin aviso previo!
Nosotros mismos, los que estamos viviendo todavía hoy momentos de horrores inmensos, deberíamos sentirnos privilegiados de ser partícipes de un proceso creciente de preocupación universal por nuestra propia dignidad
Pues bien: estas declaraciones, convenciones y protocolos son ciertamente y en lo formal, obra de Estados, es decir, insólitamente, de los violadores por esencia de los derechos humanos. El Estado es el único sujeto activo de todas las violaciones de estos derechos. Y son los Estados los que fijan los mecanismos del control internacional de las obligaciones que ellos mismos establecen y nombran a los llamados expertos que se encargarán de ello.
Pero los Estados no se mueven solos. Son –somos- los ciudadanos los verdaderos autores de estos instrumentos. Siempre hay un ciudadano, una organización particular no gubernamental, un filósofo, un humanista y tantos otros que imaginan, sueñan, piensan, actúan y mueven primero a unos pocos expertos, luego a unos pocos gobiernos, más tarde a otros para finalmente obtener un instrumento, ciertamente de menor fuerza que el proyecto original. Pero un instrumento al fin y al cabo.
Es lo mismo en lo interno: nuestras libertades no nos las conceden los Estados fácilmente; se las arrancamos de una en una, gracias a las organizaciones de la sociedad civil. Los Estados son los que adoptan las Constituciones en nuestro nombre, pero generalmente sin siquiera consultarnos. Y en esos textos constitucionales está el reconocimiento de nuestros derechos, pero… en la medida que no entorpezcan su accionar, muchas veces contrario a los derechos que nos reconocieron.
Claro, la pregunta es si la realidad se condice con estos progresos o no.
Ciertamente no. Pero este no no debe desilusionarnos. Hoy no es como antes. Hasta mediados del siglo XX si en un Estado se torturaba nadie reaccionaba. Las violaciones de los derechos humanos era un asunto interno, y la prohibición de la tortura no era una obligación internacional. El margen que los Estados tenían para hacer lo que les venía en ganas con las personas sometidas a su jurisdicción ha estado reduciéndose cada vez más.
Es verdad también que los avances del derecho internacional de los derechos humanos carecen de sanciones efectivas para los Estados que practican la tortura y otras atrocidades. Se trata generalmente de sanciones simbólicas: nombrar un Relator Especial para ese país, o enviar un Relator temático, o que un Comité de expertos formule recomendaciones más o menos fuertes. En casos muy graves, se puede llegar a otras sanciones políticas, como ocurrió con Chile durante la dictadura, en que numerosos países rebajaron el nivel de sus representaciones diplomáticas, y redujeron la ayuda al desarrollo.
Pero pensemos con un cierto optimismo que llegará el día –quizás el siglo— en que las sanciones sean más eficaces. Si hoy miramos con lástima a quienes defendían los derechos humanos antes de 1948, desprovistos de todo recurso internacional, soñemos que cuando se celebre el centenario de la Declaración Universal nuestros colegas de entonces se lamenten de las limitaciones que hoy tenemos.
Convengamos que los avances, reconociéndolos, no nos dejan satisfechos. En materia de tortura debemos llegar a la “Cota 0”.
Superadas las atrocidades de la tortura sistemática como instrumento de acción política de la época en que los latinoamericanos vivíamos en dictadura, con grados de crueldad inimaginables, suele reaparecer con nuevos pretextos. Ya no se le invoca como instrumento necesario para la seguridad nacional –cuando nunca estuvimos más inseguros—, pero hoy se la esgrime para reprimir manifestaciones de protesta legítima para superar las iniquidades sociales. Si se quiere, podría decirse que hoy está al servicio de las denegaciones de derechos económicos y sociales, como antes lo estuvo para desconocer los derechos civiles y políticos.
Hoy nos duele que la gran mayoría de las víctimas de la tortura y de los tratamientos inhumanos o degradantes, son los pobres, los dirigentes sociales, los líderes de las etnias originarias y sus defensores.
Es decir, aquellos que carecen de la seguridad de contar con alimentos adecuados, salud de calidad, educación para sus hijos, son también quienes carecen del derecho humano a la seguridad de no ser torturado.
El derecho internacional permite la derogación del derecho a la vida, por ejemplo, en los casos de guerra o de legítima defensa. Pero no hay circunstancia alguna que permita la tortura. Es obligación de todas las autoridades gubernativas, legislativas, judiciales, policiales y militares de un Estado, en sus respectivos ámbitos, cuidar para que toda persona goce del derecho humano a vivir libre de tortura.
Pero también todas las personas tienen su cuota de responsabilidad en garantizar este derecho. La vigilancia y la interpelación a las autoridades es una obligación ciudadana, y no sólo de los defensores de los derechos humanos. Especial énfasis deben emplear los comunicadores sociales, educadores, profesionales de la salud física y mental, los líderes morales y religiosos en no aceptar ambigüedad alguna en esta materia.
Cuando se hace alarde de protección de la seguridad nacional o de la seguridad ciudadana como un valor superior a todos los demás, y, al mismo tiempo, se proclama la mano dura como remedio para todos los males, lo que se hace es degradar el respeto del auténtico derecho a la seguridad.
Es verdad que el tema de la seguridad está hoy en centro de los debates políticos tanto en lo interno como en lo internacional. Las personas y los pueblos reclaman seguridad. Pero, dramáticamente, también en democracia nuestros gobiernos demuestran resabios de autoritarismo cuando nos hablan de “mano dura”, “tolerancia cero”, “candado a una supuesta puerta giratoria”, “guerra a las drogas”, “guerra contra el terrorismo”, y con ellos vienen las propuestas de aumento de presupuestos policiales y militares; de aumento de penas; de tratamiento judicial de los niños como si fueran mayores; de rebaja de la edad de la imputabilidad penal; de permitir la detención de sospechosos sin cargos bajo acusaciones de participar en desórdenes públicos, etc. Y no faltan los que justifican las ejecuciones extrajudiciales y las políticas de “limpieza social”. Muchas de estas propuestas son flagrantemente contrarias a los tratados de derechos humanos que prohíben toda forma de tortura y que los Estados se han soberanamente comprometido a respetar. Son contrarias también a las propias Constituciones nacionales.
Las Naciones Unidas han elaborado un concepto nuevo de seguridad: la seguridad humana. En 2003 fue publicado el excelente informe “La Seguridad Humana Ahora”, elaborado por una Comisión de altísimo nivel nombrada por el entonces Secretario General Kofi Annan El informe destaca que entre las causas de la inseguridad hay una serie cuestiones “interrelacionadas derivadas de los conflictos y la pobreza, en la protección de las personas durante conflictos violentos y en situaciones posteriores a los conflictos, en la defensa de las personas que se ven obligadas a desplazarse, en la superación de inseguridades económicas, en la garantía de la disponibilidad y accesibilidad de la atención médica esencial, en la lucha contra el analfabetismo y contra la miseria educativa, y en la eliminación de las escuelas que promueven la intolerancia”.
No obstante esta nueva conciencia de lo obvio, creo que falta un paso más que dar. Creo que la solución llegará cuando estudiemos el fenómeno de la inseguridad y adoptemos las políticas pertinentes con “enfoque” (o “perspectiva”) de derechos humanos y busquemos hacer realidad el derecho humano a la seguridad.
Esto no debiera ser una novedad, si la propia Declaración Universal proclamó “que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias” así como consideró “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
El derecho humano a la seguridad está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal y 1 de la Declaración Americana junto a la vida y la libertad; y en los artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana, 6 de la Carta Africana de los derechos humanos y de los pueblos, 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en todos estos casos ligado sólo a la libertad.
El derecho a la seguridad consiste en la certeza del goce de todos los derechos humanos, y en este sentido es un derecho integrador de todos los demás. Mientras el ciudadano no sienta asegurado sus derechos a no ser discriminado; a no ser torturado; a no ser encarcelado arbitrariamente, a no ser víctima de delitos; a que va a comer esta noche, y sus hijos serán educados gratuitamente, y tendrán atención de salud, va a buscar esa seguridad recurriendo al delito, con lo que va a comprometer la seguridad de todos los demás. O va a buscar alivio en la droga. O será impulsado a la rebelión.
La seguridad, el derecho a un nivel de vida económica y socialmente decente, el respeto de la cultura, pertenecen a todos los miembros de la sociedad. No solamente al inocente cuya integridad y libertad no pueden ser desconocidas por el Estado y deben estar aseguradas respecto de la integridad física, psíquica y moral, sino también al delincuente que debe saber que su crimen será juzgado por tribunales independientes, y que la pena que sufrirá no excederá a la señalada en la ley. Esos derechos pertenecen también a los policías y a los jueces cuya tarea consiste en contribuir a la construcción de una sociedad segura por cualquier modo legítimo que honra su profesión. Pertenecen también a la víctima que, exigiendo justicia y reparación, no busca la venganza- Pertenecen también a la mujer que en su hogar y en su vida profesional debe poder actuar con la certeza de ser tratada en igualdad de derechos con su pareja y con todos los hombres.
Las víctimas de la tortura tienen el derecho humano a su protección, que incluye su rehabilitación, y su reparación, y esto es lo que recordamos y conmemoramos el día de hoy.
Chile y la desigualdad: dos economías, dos países
Paul Walder
Hacia finales de mayo la CEPAL publicó “La hora de la Igualdad”, un informe preparado para el Trigésimo Tercer periodo de sesiones del organismo, que tuvo lugar en Brasilia. En el documento elaborado por esta institución regional, destaca el deterioro en los indicadores sociales en Latinoamérica como efecto de la actual crisis mundial y la consolidación de las diferencias en la distribución de la riqueza. América latina es la región más desigual del mundo, afirma la CEPAL, condición que mantiene pese al impulso desde inicios de la década recién pasada de políticas públicas orientadas a amortiguar estas enormes diferencias.
Con más de diez años de políticas sociales, la brecha entre la extrema riqueza y el resto de la población latinoamericana parece insalvable. “El ingreso medio por persona de los hogares ubicados en el décimo decil (diez por ciento más rico) supera alrededor de 17 veces al del 40 por ciento más pobre”. Una relación que es sin embargo variable de un país a otro. Va de alrededor de nueve veces en la República Bolivariana de Venezuela y el Uruguay, hasta 25 veces en Colombia. Por su parte, el ingreso per cápita del quintil (20 por ciento) más rico supera, en promedio, 19 veces el del más pobre, con un rango que va desde menos de diez veces en los países ya señalados a unas 33 veces en Honduras.
Aun cuando estos indicadores son rotundos, fueron peores hace unos diez años atrás. Entre 1990 y 2002 la región mostró una marcada rigidez en la distribución del ingreso, luego de haber elevado los valores históricos en la década de 1980, situación que se ha alterado leve e insuficientemente en la década recién pasada. “El período 2003 a 2008, en cambio, no sólo se caracterizó por un crecimiento económico sostenido, sino por una tendencia, leve pero evidente, hacia una menor concentración del ingreso”. El índice de desigualdad –dice la institución- cayó un cinco por ciento a nivel regional con el nivel que tenía el 2002, empujado principalmente por las disminuciones en Argentina, Bolivia, Panamá y la República Bolivariana de Venezuela, todas con caídas superiores al diez por ciento. Pero también hubo disminuciones, aunque menores, en Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua y Paraguay, en estos casos a tasas en torno a un siete por ciento.
Chile, que hace unos diez años exhibió uno de los peores indicadores mundiales en la distribución de la riqueza, continúa expresando estas diferencias en un área tan sensible y clave para una eventual amortiguación de los contrastes como lo es la educación. Porque al observar los resultados de la última prueba SIMCE para estudiantes de Cuarto y Octavo año Básico, éstos reproducen la inequidad propia de otras áreas de la economía y la sociedad. Más aún, la prueba demostró que las diferencias sociales heredadas desde la cuna se consolidan e, incluso, amplifican, durante la Educación Básica: si en Cuarto Básico la diferencia promedio entre los niños del nivel socioeconómico más alto respecto al más bajo es de 65 puntos, en Octavo este margen sube a 73 puntos. Y si atendemos a Matemáticas, esta diferencia es aún mayor: 72 puntos en Cuarto Básico y 98 en Octavo. A mayor educación, mayor es la desigualdad.
Otro de los resultados del SIMCE demuestra que los alumnos de Cuarto y Octavo Básico tienen un rezago en su nivel de aprendizaje de dos cursos. En Matemáticas, el 34 por ciento de los alumnos de Cuarto sólo tienen conocimientos de contenidos de Segundo y parte de Tercero básico, en tanto un 37 por ciento no tiene ni los conocimientos de Segundo básico. Y si es así en los niños de Cuarto, aún peor es el panorama en los chicos de Octavo: el 62 por ciento no tiene conocimientos de Sexto, en tanto el 25 por ciento apenas conoce los contenidos de Sexto y Séptimo.
Los resultados del SIMCE así como el informe de la CEPAL se han publicado pocos meses después del ingreso formal de Chile a la OCDE, aquel club de países desarrollados con altos índices de bienestar social. Porque la OCDE no sólo está formada por naciones industrializadas, sino por países que han hecho del libre mercado un modelo que intenta la cohesión social, la creación de una sociedad de oportunidades, la reducción de las diferencias que genera el libre juego económico. Es el mercado, pero bien regulado por el Estado.
Al comparar la distribución del ingreso de Chile con los países de la OCDE, la observación debiera generar alarma. Un informe de este organismo publicado el año pasado, aun cuando admite que las políticas públicas chilenas han logrado reducir los niveles de pobreza, mantiene diferencias insalvables respecto a la riqueza, ya que “el diez por ciento más rico de la población tiene ingresos 29 veces sobre los ingresos del diez por ciento más pobre”. En la OCDE, el promedio es de solo nueve veces.
La violencia de los contrastes
Dos países, dos economías, que si bien se complementan, no solidarizan. Porque al observar el curso que siguen las grandes corporaciones, responsables en gran parte de la extrema concentración de los ingresos y de los mercados, se verifica otra realidad: las grandes sociedades anónimas, a pesar de la profunda crisis del 2009, gozaron de un alza del ocho por ciento en sus utilidades, registro que fue encabezado por la minera Escondida, de las multinacionales BHP Billiton y Río Tinto, que ganó 3.199 millones de dólares. Este proceso de crecimiento de las ganancias, que tomó fuerza al último trimestre del 2009, ha continuado durante el año en curso: al primer trimestre las utilidades de estas sociedades anónimas ya han subido más de un 40 por ciento.
Las utilidades se reparten, pero entre sus socios. Una información aparecida en la prensa especializada reveló que durante el año 2009 –año de recesión económica- el pago a los directores de las principales empresas que se transan en la Bolsa de Comercio creció en un 20 por ciento. El año pasado estas empresas destinaron casi 50 millones de dólares para pagar a sus directores, cifra que el año anterior había alcanzado a 41 millones de dólares. El monto más alto en remuneraciones lo recibió la plana mayor de la empresa SQM, lo que llevó a su presidente, Julio Ponce Lerou, a liderar este ranking con 1.588 millones de pesos. SQM superó el 2009 en el pago a sus directores a empresas como Copec y bancos como el de Chile y BCI.
El universo de las grandes empresas, que es pequeño en cantidades pero profuso en ventas y utilidades, es la mejor muestra de los desequilibrios en la distribución de los ingresos. Sólo el año pasado, las empresas de la gran minería ganaron más de nueve mil millones de dólares, una cifra menor al compararla con los promedios precedentes. Entre el 2006 y el 2009 la ganancia promedio de este puñado de empresas fue de 14.000 millones de dólares.
La banca chilena no se queda atrás y se consolida como uno de los sectores más rentables y concentrados, tanto en el mercado como en las utilidades. Durante el año pasado, el Banco Santander concentró el 35 por ciento de las utilidades del sector, seguido por el Banco de Chile, con el 20 por ciento. Sólo dos bancos se llevan más de la mitad de las ganancias del sector financiero. No es para menos. Estos dos bancos están entre las diez instituciones financieras latinoamericanas que más utilidades lograron durante el primer semestre del año pasado. ¡Y fue un año de crisis!
El negocio bancario es redondo. Si se observa su rentabilidad, no hay otro como éste. Hacia la mitad del año 2009, el Banco Santander obtuvo una rentabilidad sobre capital y reservas del 21 por ciento, seguido por el Banco de Chile, con más de un 15 por ciento, y el BCI, con 14 por ciento. Otros bancos más pequeños no se quedaron atrás: el BBVA tuvo una rentabilidad del 22 por ciento y Corpbanca del 14 por ciento. Pero vendrán tiempos mejores. Antes de la crisis estos bancos tenían una rentabilidad cercana al 30 por ciento.
El negocio financiero está también en otros rincones, como son las casas comerciales, que han crecido sobre la base de los créditos con altos intereses, lo que contribuye a cristalizar la transferencia de la riqueza desde el conjunto de la población a los grandes grupos económicos. Si la banca en general cobra tasas de interés de alrededor de un 20 por ciento para un crédito a 24 meses, los bancos ligados a las casas comerciales pueden llegar hasta un 47 por ciento. Según la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el banco París cobraba a mayo una tasa cercana al 47 por ciento, Ripley sobre el 47 y Falabella sobre un 30 por ciento. Un dato no menor es que estos bancos están orientados a sectores de menor poder adquisitivo.
El poder de estos nuevos negocios es tal, que en pocos años estas casas comerciales se han consolidado como nuevos grupos económicos en Chile. Y aún más. Falabella y Cencosud están entre las compañías comerciales con mayores ganancias de Latinoamérica. Falabella ganó 392 millones de dólares el 2009, en tanto Cencosud 190 millones. Hoy, al hablar de grupos económicos en Chile, no sólo están los multimillonarios Angelini, Matte y Luksic, sino también Falabella (grupo Solari) y Cencosud (Paulman)
El poder de los grandes grupos económicos, bajo un modelo económico de libre mercado desregulado, apunta a un proceso que amplifica este poder: la creciente concentración de los mercados conlleva a una concentración de la riqueza. Porque la concentración del mercado en pocos grupos económicos no redunda solo de un mayor crecimiento de la economía, sino de una transferencia del mercado y de la riqueza desde el resto de los actores económicos hacia las grandes corporaciones. Este fenómeno, que se observa en el bajo aumento de la capacidad adquisitiva de las familias –lo que es solventado mediante los créditos- se expresa también en la pérdida de mercado y ventas de las pymes.
Porque los niveles de consumo y bienestar se han conseguido no con mejorías salariales, sino con más endeudamiento. Si se revisa el nivel de endeudamiento de las familias chilenas durante los últimos años se puede observar un persistente aumento. Desde el 2003 al 2008 la relación de la deuda sobre los ingresos disponibles pasó desde un 33,4 por ciento a un 60,2 por ciento, según se desprende de un informe del banco BBVA publicado el año pasado. Este aumento constante de las deudas familiares se debe a que los ingresos, generalmente salarios, han crecido muy por detrás de los préstamos. Y no se trata de deudas hipotecarias a largo plazo. Son créditos de consumo. Si la hipotecaria cayó desde un 58 por ciento a un 51 por ciento en el periodo registrado, la de consumo aumentó un cinco por ciento.
En el caso de las pymes, el diagnóstico es bastante claro. Los dirigentes de Conupia apuntan al centro de la fuente de problemas de las pequeñas empresas, que es la disminución de oportunidades de mercado. Un trance que se remonta ya más de diez años y hace agua desde finales de la década pasada tras los efectos de la crisis asiática. Es entonces cuando el banco central chileno sube de manera desmedida las tasas de interés, convirtiendo esta medida en una tragedia para las endeudadas pequeñas y medianas empresas. Fuertemente endeudadas, muchas no pueden enfrentar las altas tasas, lo que deriva en quiebras. Sin embargo, había otro problema aún mayor: la intromisión como nuevos competidores en sus sectores de la gran empresa y la fuerte presión que estas corporaciones aplicaban sobre los precios. Tras esta coerción económica, las que no quebraron se vieron inmersas en un escenario que les restó progresivamente mercados. Los gobiernos de entonces, grandes oficiantes de las políticas neoliberales del libre mercado, aplicaron medidas de apoyo financiero –muy similares a las recientemente anunciadas por el gobierno de Sebastián Piñera- que jamás lograron amortiguar los problemas. El libre mercado permaneció inalterado.
El gran obstáculo en el desarrollo o en la misma supervivencia de las pymes está en la pérdida del mercado, el que ha sido arrebatado por las grandes empresas. Lo que sucede en la fruticultura, en la pesca, o en la venta minorista, como en la alimentación o en materiales de construcción y artículos de ferreterías, mercados arrebatados por las grandes corporaciones, se extrapola a otros varios sectores de la producción y los servicios. Las pymes han venido perdiendo mercado en un proceso gradual y creciente que amenaza con su existencia futura. Los daños del terremoto, sumados a una malograda situación comercial y de mercado, pueden llevar a la quiebra en los próximos meses y años a decenas de miles de micro y pequeñas empresas.
El actual gobierno, así como los precedentes, han reducido el problema de estas empresas al financiamiento, el que, si bien no es el único obstáculo: el capital tampoco fluye hacia las pymes. Se estima que del universo empresarial más del 90 por ciento son pymes, las que generan más del setenta por ciento del empleo. Sin embargo, éstas sólo captan un 13 por ciento de los créditos bancarios. En número, los grandes deudores de la banca –las grandes corporaciones- representan apenas el 1,5 por ciento del total, pero se llevan más del 80 por ciento del capital.
La CEPAL afirma que durante la última década los niveles de desigualdad en Chile han disminuido un poco más de un cinco por ciento debido a las políticas públicas. Pero al considerar que toda la institucionalidad económica –y también gran parte de la política y social, al observar los indicadores de la educación- empuja hacia la concentración de los mercados y a consolidar las desigualdades, las tareas de los gobiernos serán simplemente estériles.
Anomalías en la reparación a los ex presos políticos
Juan Rojas.
Ex Preso Político.
Se ha hecho creer a la ciudadanía que el Estado de Chile ha cumplido a cabalidad con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en dictadura y que ha respondido del mismo modo a los requerimientos de la comunidad internacional. En realidad, lo que ha prevalecido ha sido una actitud carente de verdadero compromiso con el derecho que le asiste a las víctimas a ser reparadas integralmente por el daño que les ocasionó la acción terrorista del Estado a través de sus agentes.
Lo que se ha hecho en materia de derechos humanos y de reparación ha sido insuficiente. Se pudo y debió haber hecho mucho más. Ha sido la lucha sin descanso de las organizaciones de derechos humanos, entre ellas las organizaciones de ex presos políticos, y la intervención de destacadas personalidades en todos los ámbitos, lo que ha impedido que la impunidad total para todos los criminales, tantas veces intentada, fuera un hecho. Y los importantes e innegables avances en materia de legislación en derechos humanos alcanzados en el último gobierno concertacionista, tales como el Tribunal Penal Internacional, el Instituto de Derechos Humanos, la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, entre otras, serían impensables.
Al asumirse casi como doctrina la idea de “justicia en la medida de lo posible” enunciada por Patricio Aylwin en los 90, quedó pavimentado el camino para el oportunismo político y mediático con que se ha informado a la opinión pública en cuanto al deber del Estado de reparar integralmente a las víctimas. Así quedó de manifiesto en el discurso de Agosto del 2003 del ex Presidente Ricardo Lagos, quien habló al país a través de una cadena nacional de radio y televisión, dando a conocer la propuesta sobre derechos humanos de su gobierno, al señalar respecto de las víctimas que “… su dolor, bien lo sabemos, no puede ser reparado sino en parte muy pequeña. Con el fin de otorgar esa mínima reparación, he decidido que se creará una Comisión responsable de establecer rigurosamente quiénes pueden ser beneficiarios de una indemnización austera y simbólica, que simbolice el perdón que Chile les pide por lo que en un momento se hizo en sus cuerpos…”
No obstante, la Resolución 60/147, de Naciones Unidas, promovida por años por la delegación chilena y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 marzo de 2006, en "Los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves”, en su artículo V, principio 8, establece que "se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo substancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término "víctima" también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa”.
El mismo documento, en su artículo IX, principio 15, plantea que "una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia…". Agrega: "la reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario…"
El principio 18, especifica: "Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, UNA REPARACION PLENA y EFECTIVA, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición."
Esta resolución, además de plantear a los Estados que adhieren otorgar una reparación adecuada, efectiva y rápida, proporcional al daño sufrido por las víctimas, caracteriza el concepto de víctima, asimilándola también al colectivo al que pertenece y, sobre todo, a su entorno más inmediato: su familia y personas a su cargo. Nada de esto se observa en las sucesivas normativas con que el Estado de Chile ha pretendido dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en esta materia. En Mayo del 2009, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en sus recomendaciones al Estado de Chile, nuevamente hizo hincapié en estos conceptos y “recomienda al Estado parte que incremente los esfuerzos en materia de reparación, indemnización y rehabilitación de manera que se garantice una reparación justa y adecuada a todas las víctimas de tortura”. El Comité “insta (también) al Estado parte a que reabra la Comisión sobre Prisión Política y Tortura o a que establezca con prontitud otro organismo que retome el mandato de dicha Comisión”, y que “derogue la disposición de la Ley 19.992 mediante la cual se establece el secreto durante 50 años de información relativa a la práctica de la tortura durante la dictadura”.
Durante los últimos meses del gobierno de la ex Presidenta Michel Bachelet, los ex presos políticos lograron arrancarle el compromiso de profundizar la reparación a los sobrevivientes. Es así como mediante la ley 20.405 que creó el Instituto de Derechos Humanos, se abrió un nuevo proceso de calificación de víctimas de prisión política y tortura. Con su reapertura, la Comisión comenzó a operar a principios del presente año, para prolongar sus funciones hasta mediados de agosto. Siendo este el principal logro atribuible a la lucha de los ex presos políticos organizados y valorando el resto de las otras demandas logradas parcialmente, como un paso adelante, no deja de ser cierto que una vez más el criterio de “justicia en la medida de lo posible” fue el utilizado por quienes tenían el deber de cumplir a cabalidad con las recomendaciones que el Comité contra la Tortura, en Mayo del 2009, había hecho al Estado de Chile conminándolo a reparar, justa y adecuadamente, a las víctimas y a terminar con el secreto por 50 años de los testimonios entregados por ellas.
A los ojos de las víctimas, una suerte de hipocresía y fariseísmo ha sido la tónica por parte de quienes han administrado el Estado cuando ha pretendido cumplir con compromisos internacionales en materia de reparación y de derechos humanos, en general. Es así en el caso de las políticas de reparación a los ex presos políticos, víctimas directas y sobrevivientes al terror de Estado en dictadura.
Distinta ha sido la actitud gobernante ante los principales responsables de la tragedia que constituyó la violación de los derechos humanos en Chile. Estos que tienen rostro, nombre y apellido; son parte sustantiva de la clase dominante del país; son los dueños de Chile, fundidos en una sola maraña de intereses con el capital transnacional al cual han cedido la soberanía y las riquezas básicas que debieran ser de todos. Ante ellos, la Concertación fue complaciente y generosa.
El escándalo destapado en relación a las llamadas “ becas Valech”, no ha sido sino desenmascarar la perversidad del modelo económico en curso, pues permite este tipo de comportamientos de parte de inescrupulosos. De no haber mediado la denuncia oportuna de los propios afectados y de sus organizaciones, esta situación también habría quedado en la impunidad.
Preocupación por formación militar
Pablo Ruiz
A partir de la visita a Chile del sacerdote Roy Bourgeois, en agosto del 2006, fundador del Observatorio de la Escuela de las Américas en Estados Unidos (SOAW, en inglés) diversas organizaciones de derechos humanos nos hemos sumado a la preocupación por el tema de la formación militar que reciben soldados nacionales en la Escuela de las Américas que hoy opera en los mismos Estados Unidos luego de ser expulsada de Panamá.
Esta institución ha sido reconocida por adiestrar a sus graduados en la práctica de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que fueron implementadas principalmente por las dictaduras militares latinoamericanas entre las décadas del 60 y 80 basadas en la “Doctrina de la Seguridad Nacional” que impuso la política del enemigo interno la que justificó el asesinato de miles de compatriotas en nuestro país como en toda América Latina.
A lo largo de sus sesenta y cuatro años de existencia, la Escuela de las Américas ha entrenado a más de 64.000 soldados latinoamericanos, de los cuales más de tres mil son chilenos, en cursos tales como técnicas de combate, tácticas de comando, inteligencia militar y hasta técnicas de tortura como se ha constatado con la publicación de Manuales de Tortura revelados por el diario New York Times en el año 1996.
La experticia adquirida por estos graduados ha dejado un rastro de sangre y sufrimientos imborrables en nuestros propios países. Por ello, no es casual que los violadores de derechos humanos de mayor brutalidad y salvajismo como Álvaro Corbalan, Miguel Krassnoff, Humberto Gordón, Odlanier Mena y Manuel Contreras pasaran por esta academia militar, por nombrar solamente a algunos de ellos.
Cada año, miles de estadounidenses, canadienses y latinoamericanos protestan en las afueras del Fuerte Benning, en Georgia, Estados Unidos, donde está instalada actualmente la sede militar. Por ello y por el gran desprestigio que su accionar le ha acarreado, en enero del 2001, el Pentágono decidió cambiarle de nombre dejándola en el mismo lugar, con los mismos instructores y tras los mismos objetivos para lo que fue creada.
Actualmente, la Escuela de las Américas recibe el nombre de Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC, en sus siglas en inglés).
El 2008 el Subsecretario de Guerra, Gonzalo García, reconoció que ese año fueron a adiestrarse 210 militares chilenos a dicha academia militar cuyos costos de capacitación los pagó Chile. Asimismo, desde hace varios años nuestro país figura como el segundo país, después de Colombia, que más soldados envía a esta academia militar.
Nuestra razones
Creemos que Chile no debe seguir enviando soldados a esta institución ya que:
- La Escuela de las Américas o la Whinsec no se han hecho cargo de investigar las violaciones a los derechos humanos que han cometido sus graduados.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec no se han hecho cargo de investigar a los militares instructores de la misma academia que prepararon manuales de torturas y formaron a miles de soldados latinoamericanos en materias contrarias a los derechos humanos. Muchos de ellos podrían seguir dando dudosa formación militar actualmente.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec no se ha hecho cargo de investigar a los instructores invitados los que en varias ocasiones han sido reconocidos violadores de los derechos humanos o potenciales infractores de la ley como por ejemplo el caso del coronel colombiano Álvaro Quijano y el mayor Wilmer Mora quienes el 2008 fueron arrestados y sometidos a juicio por colaborar con el narcotráfico. Quijano y Mora fueron "instructores" en la Escuela de las Américas durante los años 2003 y 2004, donde impartieron cursos relativos a Operaciones para el Mantenimiento de Paz y Democracia Sustentable.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec sigue recibiendo soldados de países en donde no se respetan los derechos humanos. Nos referimos fundamentalmente a Colombia que tiene el mayor número de estudiantes que llega cada año a la Whinsec pese a que muchos de sus militares han estado implicados en numerosos casos de masacres y abusos de derechos humanos contra la población civil. Eso contraviene el nuevo espíritu que dicen que tiene la nueva institución.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec miente al decir que su meta "incluye fortalecer la democracia, inculcar el respeto por el imperio de la ley y el acatamiento de los derechos humanos". Muchos de sus políticos y militares se muestran hostiles al nacimiento de regimenes progresistas en América Latina. De hecho el 2002 apoyaron a los golpistas venezolanos que pretendieron destituir por la fuerza al Presidente Hugo Chávez y el 2009 apoyaron implícitamente el golpe militar en Honduras. También hay fundadas sospechas que apoyan a grupos que trabajan por desestabilizar a los gobiernos de Cuba, Ecuador, Bolivia, entre otros.
- La Escuela de las Américas o la Whinsec también sigue escondiendo los listados de los nuevos estudiantes al negar la información o no enviarla cuando se la solicita. Esto impide realizar una supervisión del comportamiento de los nuevos graduados. Anteriormente, se conocían los nombres de los alumnos que asistían al instituto armado lo que permitió comprobar que muchos de sus graduados eran violadores de derechos humanos.
Algunos Casos de las últimas décadas
Muchos pensaron que la Escuela de las Américas había desaparecido en 1984 cuando tuvo que abandonar Panamá pero no fue así ya que fue reinstala en el Fuerte Benning, en los Estados Unidos. En las últimas décadas se han seguido registrando hechos donde estuvieron implicados graduados de la Escuela de las Américas lo que reafirma nuestra preocupación en el tema.
A modo de ejemplo, queremos mencionar los siguientes casos:
En 1994, los militares mexicanos Gastón Menchaca Arias, con curso de Operaciones de Guerra Irregular, y Miguel Leyva García, con curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela de las Américas, estuvieron involucrados en las acciones contra el levantamiento del EZLN en enero de ese año en Chiapas. Desde 1994, Leyva García también se hizo "famoso" en informes sobre violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero como comandante militar en acciones contra el Ejército Popular Revolucionario. También los militares graduados Edmundo Leyva se encuentra citado en el informe del PRODH sobre violaciones de los derechos humanos en Guerrero y Adrián Maldonado Ramírez fue destituido como comandante, un mes después de la masacre de Aguas Blancas en 1995.
En 1997 se señaló al capitán boliviano Filman Urzagaste Rodríguez, ex alumno de la Escuela de las Américas, como responsable del secuestro y tortura del director de la Asamblea Popular de Derechos Humanos de Bolivia, Waldo Albarracín. Sin embargo, pese a ello la Whinsec le abrió sus puertas el 2002.
El 26 de abril de 1998, agentes que se movían en la oscuridad, atraparon a monseñor Juan Gerardi a la entrada de su residencia, ejecutándolo. Con piedras le hundieron el cráneo. Gerardi era obispo auxiliar de la ciudad de Guatemala. Sus asesinos eran militares entrenados en los Estados Unidos.
Entre los militares que encabezan el intento de golpe de estado contra el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en abril del 2002, figura el general Efraín Vázquez graduado de la Escuela de las Américas.
El 2008 el coronel colombiano Álvaro Quijano y el mayor Wilmer Mora fueron arrestados y sometidos a juicio por colaborar con el narcotráfico. Quijano y Mora fueron "instructores" en la Escuela de las Américas durante los años 2003 y 2004, donde impartieron cursos relativos a Operaciones para el Mantenimiento de Paz y Democracia Sustentable.
El mismo año, el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, da de baja a 27 militares, muchos de ellos graduados de la Escuela de las Américas, por su responsabilidad en el asesinato de 17 jóvenes los que "fueron reclutados supuestamente por el Ejército para después ser presentados como guerrilleros muertos en operaciones militares".
El 2009 es condenado el ex Presidente de Perú. Alberto Fujimori, a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos. Entre los casos en que se lo involucra esta el del asesinato de nueve estudiantes de La Cantuta y un profesor universitario, en 1992, y el caso de Barrios Altos, en 1991, donde fueron asesinadas 15 personas, incluido un niño de ocho años. Los autores de estos crímenes pertenecían al Grupo Colina. La agrupación estaba a cargo del jefe del SIN, Vladimiro Montesinos, militar entrenado en la Escuela de las Américas de Estados Unidos.
El ex agente de inteligencia peruano Ángel Sauñi Pomaya señala en su declaración judicial que: "Desde hace muchos años existen manuales de lucha contra subversiva donde se dice identificar, capturar y destruir al enemigo. Muchos oficiales que se dicen ahora defensores de los derechos humanos, pero antes callaron. El curso de la Escuela de las Américas lo han hecho todos los oficiales y allí les enseñaban tácticas de guerra para destruir a las izquierdas de América Latina. Eso es uso y costumbre en el Ejército", afirmó.
Finalmente, el 28 de junio del 2009, Romero Vásquez, graduado de la Escuela de las Américas, encabeza el golpe de estado en Honduras.
A esta preocupación también se ha sumado Amnistía Internacional quien ha señalado que:
"Aunque el Ejército Estadounidense afirma haber cerrado la Escuela de las Américas (SOA) y haber establecido la Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) como una institución totalmente nueva que por casualidad está ubicada en el mismo espacio físico, WHINSEC es esencialmente la misma escuela que SOA, con la misma misión principal de transmitir técnicas militares a miembros de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas".
Finalmente, queremos informar que el Congresista demócrata Jim Mc Govern encabeza un Proyecto de Ley, en el Congreso de Estados Unidos, que busca suspender las operaciones de la Escuela de las Américas/Whinsec y crear una Comisión de la Verdad para que investigue qué sucedió en esta academia militar y tomar resguardos y garantías para que nunca más se capacite a soldados de ninguna nación en materias contrarias a los derechos humanos.
El GOPE y la preparación de torturadores
Hervi Lara
El portal Terra.net y TVN exhibieron las imágenes de un aspirante del GOPE de Carabineros, en pleno entrenamiento, colgado de los pies, amarrado y encapuchado, siendo sumergido en un recipiente de agua, mientras el resto de sus compañeros miraba de manera impávida.
Frente a este hecho, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) solicitó respectivas entrevistas a la Presidenta de la República en ejercicio en ese entonces, al Subsecretario del Interior (quien había justificado esta forma de entrenamiento de la policía) y al Alto Mando de Carabineros de Chile.
La Presidenta respondió excusándose de conceder una entrevista debido a otros compromisos. El subsecretario del Interior respondió que el citado "ejercicio" era sólo una ínfima parte de la preparación del GOPE y que constituye un tipo de entrenamiento que se realizaría en todo el mundo.
El jueves 29 de octubre, la CECT fue recibida por el general Aquiles Blu, de la Dirección de Orden y Seguridad Pública de Carabineros de Chile. Respecto de la denuncia en cuestión, el general Blu indicó que su Institución se opone "por doctrina" a la tortura; que los planteles educacionales de Carabineros, así como las mallas curriculares, establecen el estudio de derechos humanos y derecho constitucional; y que todo funcionario que se excediese en sus procedimientos, es expulsado en forma perentoria.
El general agregó que la formación del GOPE exige entrenar en autocontrol debido a las situaciones difíciles e imprevistas que sus integrantes deben afrontar y superar, puesto que se trata de una fuerza de élite que, además, cuenta con apoyo médico y psicológico durante su preparación. Profundizando en lo mismo, el jefe policial destacó el ejemplo de un carabinero del GOPE que rescató a 19 personas desde un río, lanzándose al agua fría igual número de veces, cuestión que logró debido al entrenamiento recibido para controlar la apnea. El "ejercicio" cuestionado por la CECT habría posibilitado esa acción. No se adiestraría al GOPE para torturar a otras personas.
Sin embargo, las imágenes del "ejercicio" del GOPE no son justificables. No se puede aceptar que la formación de las personas que detentan el uso de la fuerza esté ligada a la represión y la tortura. Las consecuencias son evidentes.
El Pueblo Mapuche
Dada la situación de violencia que, desde hace varios años, padece el pueblo mapuche, la delegación de la CECT hizo ver al encargado de Orden y Seguridad Pública que los tratos crueles, inhumanos y degradantes son reiterados por parte de Carabineros, quienes lanzan gases al interior de las viviendas y agreden a ancianos, mujeres y niños indefensos. A esto, el general Blu respondió que los mapuche se hieren entre ellos (como sería el caso del joven de 17 años con 100 perdigones en sus piernas); que se informan mentiras a través de los medios de prensa (como lo relativo al niño de 14 años amenazado de ser lanzado desde un helicóptero si no entregaba información sobre sus padres); y que los niños mapuche reciben heridas porque sus padres LOS USAN COMO ESCUDOS (tal como lo ratificara días después el Subsecretario Rosende).
La CECT insistió que, cualesquiera fueran las condiciones de preparación del GOPE, Carabineros atenta contra el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tal como ya se planteó en conferencia de prensa de la CECT, del 7 de agosto de 2008, en relación al exceso de violencia policial hacia las manifestaciones públicas de las organizaciones sociales.
Respecto del "ejercicio" exhibido en televisión, la CECT consultó al ingeniero Héctor Agusto, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quien practica buceo apnea (sin aire) y además nos señaló, "hice clases de este deporte. Incluso ayudé a preparar a un carabinero que postulaba al GOPE, quien quedó entre los mejores de su promoción". Agusto agregó que existen documentales de entrenamiento de campeones mundiales de buceo apnea, "hay ejercicios de respiración (hiperventilación), se practica apnea estática (sin moverse), y la apnea dinámica (nadando bajo el agua), levantamiento de pesas bajo el agua" (...) "pero (el ejercicio cuestionado) no se parece en nada a un ejercicio para mejorar en este deporte. Por lo que me parece que la explicación (dada por el general Blu) es francamente inverosímil".
En cuanto a las explicaciones de la autoridad de Carabineros sobre la situación del pueblo mapuche, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el 22 de octubre de 2009 envió un documento a la Presidenta de la República de Chile que, entre otras denuncias indicaba que "hacia el 16 de octubre, un numeroso grupo de carabineros llegó a la escuela del sector de Temucuicui en donde se realizaba una reunión entre representantes de la mencionada comunidad y funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y, sin exhibir ninguna orden judicial ni realizar ningún tipo de advertencia, procedió a allanar la comunidad, efectuando disparos y lanzando bombas lacrimógenas al interior de la escuela". "Como consecuencia de esta acción al menos una docena de personas habría resultado herida de diversa gravedad, entre ellas al menos seis niños".
La OMCT agrega que "el mismo 16 de octubre de 2009, en la comunidad "José Guiñón", la señora Adriana Loncomilla, (machi), fue amarrada, golpeada y tirada al suelo violentamente y dejada en esa posición delante de sus hijos, de corta edad."
La OMCT y la Comisión Ética contra la Tortura recuerdan que diversos órganos de ONU como el Comité de los Derechos de Niño, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, han instado al Estado chileno a que poner fin este tipo de conducta policial que viola los derechos humanos, y en particular los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.
Pueblo Mapuche: titular de derechos
Beatriz Brinkmann
Cualquier intento de comprensión del conflicto que se ha ido agudizando entre el Estado chileno y el pueblo mapuche requiere necesariamente de una mirada histórica. La etnia mapuche, que habitaba un extenso territorio comprendido entre el río Choapa en el norte y las islas de Chiloé por el sur, a diferencia de otros pueblos originarios en Latinoamérica, opuso una tenaz y prolongada resistencia a la conquista española. Si bien se vieron obligados a replegarse hacia el sur, lograron mantener durante más de dos siglos la frontera en el Bío-Bío. Mediante el pacto de Quilín, en 1641 la corona española reconoció la inviolabilidad del territorio y la autodeterminación mapuche al sur de este río, acuerdo que fue ratificado por el Parlamento General de Negrete en 1803. Del mismo modo, la nueva república chilena estable¬ció en 1825, en el Tratado de Tapihue, que no violaría esta frontera.
Sin embargo, pocas décadas después, la situación cambió radicalmente. El Estado chileno decidió ocupar el territorio al sur del Bío-Bío a fin de incorporarlo al desarrollo agrícola del país. Con este objetivo se dictaron leyes a través de las cuales estas tierras fueron declaradas fiscales, creán¬dose la provincia de Arauco. La guerra de ocupación entre 1862 y 1883, eufemísti¬ca-mente denominada «pa¬ci¬ffijaciónde la Araucanía, se realizó con extrema barbarie. Los Mapu-
che fueron radicados en reducciones a través del otorgamiento de los denominados «títulos de merced», quedando confinados a alrededor de 500 mil hectáreas, sólo poco más de un 5% de su
territorio original. El otro 95% de las tierras fue entregado a colonos extranjeros y chilenos, constituyéndose enormes latifundios. Con posterioridad a este proceso de radicación, los mapuche continuaron siendo víctimas de despojos a través de amedrentamientos y farsas judiciales que se valían de la ignorancia de los indígenas con respecto a la «civilización», ya que muchas veces ni siquiera dominaban el castellano. Como consecuencia de ello, sufrieron un paulatino proceso de pauperización.
Recién bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) que dictó la Ley de Reforma Agraria 16.640 (1967) se inició un incipiente proceso de recuperación de tierras y se adoptaron algunas medidas gubernamentales para revertir la situación de pobreza, como el otorgamiento de asistencia técnica y apoyo crediticio. Durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) se creó el Instituto de Desarrollo Indígena y en el marco de la reforma agraria fueron restituidas cerca de 200.000 hectáreas a las comunidades mapuche (Correa et al, 2005: 208).
Bajo la dictadura de Pinochet
El corto período en que el pueblo mapuche alcanzó a ser favorecido con algunas medidas gubernamentales, se vio abrupta y brutalmente interrumpido con el golpe militar del 11de septiembre de 1973. El gobierno militar no sólo puso fin al proceso de reforma agraria, sino que además persiguió políticamente a quienes habían participado en él, encarcelando, torturando, ejecutando y haciendo desaparecer a muchos dirigentes mapuche.
El 65% de las tierras recuperadas fueron restituidas a sus antiguos propietarios, salieron a remate o pasaron a manos del Estado (Correa et al, 2005).
En 1978 se dictó el decreto ley 2.568 que determinaba la parcelación de las tierras de las comunidades ma¬puche, estableciendo, además, que «las hijuelas resultantes de la división de las reservas dejarán de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños y adjudicatarios».
De este modo, se pretendía no sólo despojar de sus tierras sino, además, dar muerte legal al pueblo mapuche.
Al mismo tiempo se inició el proceso de expansión forestal en territorio mapuche, que reemplazó los bosques nativos por miles de hectáreas de monocultivos de especies foráneas como el pino y el eucalipto.
La amenaza de aniquilamiento como consecuencia de las medidas políticas y legislativas de la dictadura, incentivó la creación de organizaciones representativas que les permitieran defenderse y actuar de manera más efectiva en este nuevo escenario.
Con este objetivo fueron creados en 1978 los Centros Culturales ma¬puches y posteriormente Ad Mapu, Nehuen Mapu, Calfulican, Lautaro y otras, que respondían a diferentes orientaciones políticas y religiosas.
Pese a ello, primó la conciencia de que un real fortalecimiento sólo se lograría a través de un proceso unitario, lo que se cristalizó en el Futa Trawun Kiñewan Pu Mapuche o Coordinadora Nacional Mapuche, creada en junio de 1987 para elaborar una propuesta constitucional que incluyera su reconocimiento como pueblo y el derecho a la autonomía.
Con esta perspectiva, el Futa Trawun comenzó a desarrollar una estrategia de alianzas y de acuerdos políticos amplios con los sectores opositores al régimen militar.
Paralelamente y al alero del programa indigenista de la Comisión Chilena de Derechos Humanos surgió el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) que incluía, además de las mapuche, organizaciones aymarás y de Rapa Nui.
Promesas incumplidas de la Concertación
Producto del trabajo desplegado especialmente por el CNPI, Ad Mapu y Nehuen Mapu, las demandas de los pueblos indígenas fueron incorporadas al Programa de Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia y el candidato presidencial de este conglomerado político, Patricio Aylwin, firmó con sus representantes el 1º de diciembre de 1989 el Pacto de Nueva Imperial. Los principales compromisos contraídos en éste eran el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la creación de una corporación nacional de desarrollo indígena y de un fondo de etnodesarrollo; la promulgación de una ley indígena y la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT. Por su parte, las organizaciones indígenas se comprometieron a apoyar al gobierno de la Concertación en los esfuerzos de democratización del país y a canalizar sus demandas por las vías institucionales contempladas para este efecto.
La única organización que rechazó este acuerdo fue el entonces recién creado Consejo de Todas las Tierras que privilegiaba una propuesta de autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche.
Luego de asumir el gobierno en marzo de 1990, la primera medida de política indígena adoptada por el Presidente Aylwin fue la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) en mayo de 1990. Constituida tanto por representantes de los distintos pueblos originarios como de instancias gubernamentales, su tarea de mayor trascendencia fue la elaboración de un proyecto de legislación, que fue discutido y aprobado en un Congreso Nacional de Pueblos Indígenas realizado en enero de 1991 en Temuco.
A partir de este texto consensuado, el gobierno presentó a comienzos de octubre de ese año al Congreso Nacional un proyecto de ley indígena, en forma conjunta con un proyecto de reforma constitucional que consagraba el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, así como un proyecto para la ratificación del Convenio 169 de la OIT.
Durante la discusión parlamentaria, el texto original de la ley sufrió importantes cambios, siendo sustituidos los conceptos fundamentales de pueblos indígenas y territorios por los de etnias y áreas de desarrollo. De este modo, la Ley Indígena (Nº 19.253) promulgada en octubre de 1993 se redujo en lo central a la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), dependiente del Ejecutivo y constituida por representantes tanto gubernamentales como del mundo indígena. La reforma constitucional planteada fue rechazada y la ratificación del Convenio 169 de la OIT quedó pendiente.
Le correspondió al gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) tomar las medidas necesarias para dar inicio al trabajo de la CONADI. Sin embargo, toda medida positiva en este ámbito quedó opacada por el tremendo impacto que significó la imple¬mentación del proyecto de la central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bío-Bío, que provocó el desplazamiento de varias comunidades pehuenche, quedando sus territorios, cementerios y lugares ceremoniales hundidos bajo el agua. El gobierno de Frei aprobó la construcción de la represa en Ralco contra la opinión de los pueblos indígenas e incluso de dos directores nacionales de la CONADI, los que simplemente fueron destituidos (Mauricio Huenchulaf en 1994 y Domingo Namuncura en 1997). Es especialmente a partir de este hecho que parte del pueblo mapuche, que hasta ese momento había cumplido el acuerdo contraído con la Concertación de respetar las vías ins¬titucionales para canalizar sus demandas, optó por realizar acciones de protesta al margen de la ley.
Algunas de las comunidades más afectadas por la expansión forestal, la degradación ambiental y la consecuente situación de pobreza crearon la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). En diciembre de 1997 realizaron la ocupación de un terreno forestado en Lumaco, como una medida para llamar la atención sobre su situación. Sus dirigentes, acusados de la quema de tres camiones madereros, fueron perseguidos y encarcelados. A partir de ese hecho se desencadenó una espiral de violencia, en que las continuas protestas de los mapuche en contra del Estado que los discriminaba y las empresas forestales que los privaban de sus medios de subsistencia, fueron reprimidas con crueldad creciente por la policía.
A los comuneros detenidos y encarcelados se les comenzó a aplicar la ley de seguridad interior del Estado, limitando de modo arbitrario su posibilidad de defensa.
Nuevas expectativas frustradas
Bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), se generaron nuevas expectativas para los pueblos originarios al crearse en 2001 la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, presidida por el ex Presidente Patricio Aylwin e integrada por dirigentes y líderes indígenas así como representantes del mundo aca¬démico, religioso, empresarial y político. El Informe «Propuestas y Recomendaciones pa¬ra un Nuevo Trato entre el Estado, los Pueblos Indígenas y la Sociedad Chilena» que ésta entregó en octubre de 2003, además de contener un riguroso análisis de la discriminación y daños inferidos a los pueblos indígenas, en especial al pueblo mapuche, propone diversas medidas trascendentales para revertir la situación existente.
En lo central, el Informe aboga por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, dejando constancia de «la especial importancia que para los Pueblos Indígenas reviste su reconocimiento como ‘Pueblos’, categoría que no es reemplazable en el ámbito del reconocimiento por ninguna otra expresión. Lo propio ocurre con la utilización y reconocimiento de ‘Territorios Indígenas’, concebido como un espacio jurisdiccional donde los Pueblos Indígenas hacen efectivos los derechos colectivos que son atribuibles a su condición de Pueblos» (Informe, 586).
Señala que para que esto no permanezca sólo como una realidad discursiva, es preciso crear las condiciones institucionales necesarias mediante la definición y puesta en vigencia de un «estatuto jurídico especial, (lo que) requiere introducir modificaciones y perfeccionamientos en el ordenamiento legal» (Ibid, 586). A este respecto se formulan un conjunto de propuestas y recomendaciones, subrayando que en todo momento se deberá garantizar una amplia participación de los pro¬pios pueblos indígenas en su implementación.
El Informe dedica un acápite especial a la necesidad de establecer en el ordenamiento legal mecanismos de reclamación de tierras que sean
«eficientes y eficaces», lo que «no sólo constituye un derecho de los Pueblos Indígenas, sino también evita que tales reclamaciones se efectúen por vías informales, tales como la fuerza (ocupación de tierras), cuando tales mecanismos no existen o no son suficientes» (Ibid, 594). En cuanto al conflicto entre los mapuche y los actuales propietarios de las tierras que les fueron usurpadas, el Informe señala que «no estamos aquí en presencia de un problema bilateral entre particulares, sino en presencia de un problema público que, como lo ha logrado acreditar la Comisión, posee profundas raíces históricas» (Ibid, 645). Para la restitución de estas tierras «recomienda que se favorezca la conciliación y, por tanto, se promuevan acuerdos transaccionales entre los interesados». Y agrega luego: «Sin embargo, no habiendo tal acuerdo, es opinión de la Comisión que debe procederse a la expropiación de las tierras correspondientes» (Ibid, 647).
Lamentablemente, estas recomendaciones fundamentales nunca se hicieron realidad. Aunque se continuó entregando tierras a los diferentes pueblos indígenas a través de la CONADI, este proceso ha sido absolutamente insuficiente, se ha visto desvirtuado por actitudes de clientelismo político partidista y no pocas veces ha provocado serios conflictos entre las propias comunidades. Algo semejante ha ocurrido con el Programa Orígenes, el que fue creado para favorecer el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas.
Al ver sus aspiraciones fundamentales traicionadas por las políticas de Estado que simplemente las ignoraron, se incrementaron las ocupaciones ilegales de terrenos y las acciones de protesta de comunidades mapuche. Cabe señalar que éstas siempre han afectado bienes forestales y materiales, pero nunca han estado dirigidas contra la integridad física o la vida de personas. Pese a ello, han sido criminalizadas y reprimidas de manera extremadamente violenta, llegando a aplicarse la ley antiterrorista promulgada por la dictadura de Pinochet.
Propuesta mapuche
La historia se ha repetido a grandes rasgos bajo el gobierno de Michelle Bachelet, quien asumió la Presidencia en marzo de 2006.
Previo a ello, en enero de 2006, en Nueva Imperial formuló compromisos similares a los contraídos en 1989 en ese mismo lugar por el entonces candidato a la Presidencia Patricio Aylwin, vale decir, reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, participación efectiva en las instancias en las que se toman decisiones que les conciernen, restitución territorial y respeto a su cultura y diversidad.
En este contexto, la Coordinación de Organizaciones Mapuches, COM, entidad que coordina al mayor número de organizaciones pertenecientes a esta etnia, convocó a un encuentro amplio o Futa Trawun en Quepe. Logrando superar las diferentes visiones y opiniones que sin duda existen, de ese proceso surgió un documento unitario que fue entregado en enero de 2007 al gobierno, el cual tenía por objeto sentar las bases para establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Para ello se solicitaba la definición de un «interlocutor válido» al más alto nivel, que constituyera el nexo oficial entre el gobierno, el Estado chileno y las organizaciones mapuche representadas en la COM. El objetivo central de éstas es avanzar hacia la conquista de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales que les corresponden como pueblo, los cuales se traducen en su derecho a la libre determinación, al control sobre su territorio y a la participación política basada en la autonomía de su sistema de representación.
Cabe señalar que todo lo planteado por la COM se corresponde plenamente con lo estipulado en la normativa internacional de derechos humanos y de pueblos indígenas, en especial con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU que fue suscrita por Chile.
Sin embargo, los cinco ejes centrales contemplados para la política indígena que la Presidenta Bachelet dio a conocer públicamente el 30 de abril de 2007 fueron concebidos al margen de la normativa internacional, por lo que «distan mucho de responder a los de un ‘país moderno’ que, al decir de la Presidenta, se acerca a los estándares internacionales sobre derechos humanos y derechos indígenas», como señaló el Observatorio de los Derechos de los
Pueblos Indígenas (Declaración pública del 07/05/2007).
Percibiendo una vez más que sus planteamientos centrales, a pesar de ser totalmente justos, no eran acogidos, la COM emitió en mayo de 2007 una declaración pública en la cual dio por finalizado el diálogo con la Presidenta Bachelet, señalando que el gobierno se había centrado «una vez más en su concepción de participación burocrática institucional y su legislación represiva y antidemocrática, que no hacen más que reproducir el esquema asistencial y colonialista, aplicado a lo largo de la historia para desmovilizar o reprimir a las comunidades y los principales referentes del movimiento mapuche» (www.wallmapuwen.cl).
Críticas y recomendaciones internacionales
Constituye un hecho indesmentible que Chile es uno de los países más rezagados a nivel latinoamericano en materia de reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas. También es un hecho de la realidad que en la opinión pública nacional casi no existe conciencia al respecto, pues ha sido un tema deliberadamente silenciado a nivel estatal y por los principales medios de comunicación. Tampoco hemos querido ver que hoy se ha desarrollado una nueva generación de miembros del pueblo mapuche que ha accedido a niveles educacionales superiores, mantiene contactos con organismos internacionales y que, haciendo uso de
estas nuevas herramientas, ya no se deja engañar tan fácilmente, no se conforma con menos de lo que en justicia les corresponde y exige ser tratada con el respeto que su pueblo merece.
Es justamente el hecho de pretender ignorar los avances en la normativa internacional de derechos humanos y derechos indígenas, cri¬minalizando las demandas territoriales y de autonomía, lo que le ha valido al gobierno y al Estado chileno la dura crítica de diferentes organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional (2003), Human Rights Watch (2004), FIDH (2006), así como de Relatores Especiales y Comités de Naciones Unidas: R.
Stavenhagen en 2003, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2004; el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos del Niño en 2007.
Para citar sólo un ejemplo, el Comité de Derechos Humanos en su Informe de Conclusiones y Recomendaciones, emitido el 15 de marzo de 2007, junto con señalar que «lamenta la información de que las ‘tierras antiguas’ continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía», recomienda al Estado chileno «realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artí¬cu¬los 1 (párrafo 2) y 27 del Pacto2. El Estado Parte debería agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales» (CCPR/C/ CHL/CO/5/CRP.1).
En relación a la demanda de autonomía, sus detractores la han desvirtuado, afirmando que se traduciría en la secesión de las comunidades mapuche de la estructura estatal, lo que no es así. Al respecto, James Anaya, nuevo Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, ha señalado: «La autodeterminación no implica un estado independiente para cada pueblo, ni tampoco implica que los grupos sin estado sólo tengan recurso a los derechos individuales de sus miembros.
Más bien, los pueblos como tales, incluso los pueblos indígenas con sus propias estructuras políticas y sociales, han de participar plenamente e igualmente en la construcción y funcionamiento de todas las instituciones de gobierno bajo las que viven a todo nivel» (Anaya, 2006).
Una medida gubernamental que apunta en la dirección correcta y necesaria ha sido, sin duda, la ratificación y promulgación del Convenio 169 de la OIT, el 14 de octubre de 2008, sin declaraciones interpretativas que hubiesen limitado su alcance. Es un importante avance logrado gracias a la presión de los propios dirigentes indíge-
nas, en especial del pueblo mapuche, y a la mirada alerta de representantes de organismos de la ONU.
Con la ratificación del Convenio 169, el Estado chileno ha contraído el deber de concordar con los pueblos indígenas las reformas legales, ins¬ti¬tucionales y políticas imprescindibles para su efectiva entrada en vigor el 15 de septiembre de 2009, plazo señalado por la OIT.
Referencias bibliográficas
Anaya, James. 2006. La globalización, el derecho internacional y los pueblos indígenas: Evolución y perspectivas. CEPAL, Santiago.
Correa, Martín, Raúl Molina y Nancy Yánez. 2005. La Reforma Agraria y las Tierras Mapuche: 1962-1975. Santiago: LOM.
Comisión Verdad Histórica y Nuevo trato. 2003. Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. http://biblioteca.serindigena.org
Mella Seguel, Eduardo. 2007. Los mapuche ante la justicia. La crimi¬na¬lización de la protesta indígena en Chile. Santiago: LOM.
Otras fuentes:www.observatorio.cl;www.mapuexpress.net; www.wallmapuwen.cl
Informe sobre tortura y prisión política a luchadores sociales Mapuche
Por: Lucía Sepúlveda Ruiz
Junio 2009/marzo 2010 (Gobierno de Michelle Bachelet) a
Marzo/ Junio 2010, Presidente Sebastián Piñera)
I Caso con resultado de muerte
Jaime Mendoza Collío (24 años). El 12 de agosto de 2009 – ya cerca del final del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet- fue acribillado por la espalda el comunero Jaime Mendoza Collío, de 24 años. Los disparos fueron hechos por el Cabo de Carabineros, Miguel Patricio Jara Muñoz, miembro de una patrulla del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) trasladada a la zona de Malleco desde Santiago. El GOPE fue creado en 1979 para responder al accionar armado de fuerzas que actuaban contra la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet. Jaime Mendoza, en cambio, participaba de una recuperación pacífica del fundo San Sebastián, junto a otros comuneros de Requem Pillam, una comunidad arrinconada por plantaciones de pino de Forestal Mininco y Bosques Arauco, en Collipulli, Región de la Araucanía. El hecho ocurrió a unos dos kilómetros del lugar donde se realizó la toma, por lo cual se estima que el policía persiguió a la víctima hasta darle muerte. La autopsia y el peritaje posterior demostraron que Mendoza recibió el disparo mortal por la espalda y no disparó ningún arma el día de su asesinato. Ello derrumbó la versión oficial acerca de que hubo un enfrentamiento y que el cabo habría actuado en legítima defensa. Sin embargo el imputado no está cumpliendo prisión alguna, debido a que en forma unánime, la Corte Marcial le otorgó la libertad condicional mientras dure la investigación. La comunidad Requem Pillam es cercana al Parlamento Autónomo de Malleco.
Entre las reacciones de rechazo de la sociedad civil por el asesinato de Jaime Mendoza Collío se destaca la de un grupo de historiadores que hicieron un ferviente llamado a romper el cerco mediático y represivo que se ha tendido respecto de las demandas históricas del pueblo mapuche y llamaron al Estado a cambiar drásticamente sus políticas (ver declaración en Anexo).
La impunidad con que actúan la policía y el GOPE en tierra mapuche no es novedad. El cabo de carabineros del GOPE, Walter Ramírez Espinoza, autor del asesinato de Matías Catrileo en 2008 (también por la espalda) recibió una condena de 2 años por este delito, que tiene una pena asignada de 15 años. La Corte marcial invocó como atenuante un eximente de la ley de la fuga que se usó durante la dictadura para disparar por la espalda a los presos políticos que huían. La familia ha apelado graficando que en la práctica, la condena (remitida) es a firmar cada quince días ante la autoridad. “La vida de un mapuche vale 24 firmas, nada más”, denunció la madre del joven asesinado. Se trata en todos los casos de víctimas mapuche, de sentencias de la justicia militar, que constituyen un nuevo incumplimiento del Estado chileno frente a los requerimientos de organismos internacionales de derechos humanos.
Al mismo tiempo, la criminalización de las demandas mapuche es una constante. Según el periódico mapuche Azkintuwe, en el país mapuche hay 37 fundos con protección policial permanente y un contingente de más de 200 carabineros, que realizan turnos de 8 horas. Otros 17 predios cuentan con rondas periódicas de efectivos policiales. Datos oficiales emanados del fiscal regional, Francisco Ljubetic indican que en diversas investigaciones fueron formalizadas o requeridas 193 personas durante 2009, 26 de ellas por su autoría en la comisión de delitos terroristas. Además, los fiscales obtuvieron sentencias condenatorias contra 25 personas. En este informe se reportan los casos que han podido ser documentados por nosotros.
II Listado PP Mapuche al 6 de junio de 2010
• 2 mujeres en prisión
• 96 presos políticos y/o procesados
• 57 casos de prisión efectiva actual
• 57 procesados por ley antiterrorista
• 7 casos de doble procesamiento
• 21 casos de detenciones de menores de edad y/o escolares
• 37 casos de procesados con medidas cautelares
• 12 Casos de sentenciados con libertad vigilada
• 1 fallecido en el maremoto que cumplía pena en libertad vigilada
Símbolos:
** ley antiterrorista < menor de edad, & doble procesamiento civil y militar
1. Mujeres en prisión
1.- Juana Calfunao Paillalef, 51 años, madre de 5 hijos, Lonko de la comunidad Juan Paillalef, en Cunco, IX región. Miembro fundador de la Comisión Etica Contra la Tortura. Lucha por la defensa de su territorio invadido por empresa eléctrica y por el MOP. Detenida desde el 15 noviembre 2006. Condenada a 4 años y medio por atentado a la autoridad (desórdenes en tribunal). Suiza otorgó asilo político a su hija Relmutray. Cumple condena en el Centro Penitenciario Femenino de Temuco. Por segunda vez, en mayo de este año los jueces le negaron la libertad condicional pese a cumplir los requisitos legales, lo que motivó denuncia internacional del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), por considerarlo un claro hostigamiento judicial. La lonko Calfunao ha visto afectada su salud en estos años de prisión, agravados por la persecución a su marido, madre e hijos.
** 2.- Patricia Troncoso Robles, activista mapuche (causa Poluco Pidenco) La Corte de Apelaciones de Temuco le negó la libertad condicional el 24 de octubre de 2008, obligándola a cumplir su condena de 10 años y un día (por Ley Antiterrorista). La Comisión Interamericana de DDHH tramita su demanda contra el Estado chileno. Sólo obtuvo la salida dominical gracias a su huelga de hambre (2008) de 112 días. Cumple condena en el Centro de Educación y Trabajo, CET de Angol.
2. Hombres en prisión (por recinto, de norte a sur de Chile)
- Complejo penitenciario de Concepción El Manzano, camino a Penco, (Región del Bío Bío)
Los detenidos en este recinto fueron formalizados bajo la ley antiterrorista por todos o la mayoría de los siguientes cargos: homicidio frustrado contra el fiscal exclusivo en causas mapuche Mario Elgueta, y contra policías de investigaciones; atentado contra el fiscal en grado consumado; robo y amenazas terroristas a un colaborador de la fiscalía, -que anteriormente lo fue de la DINA- José Santos Jorquera, en Puerto Choque. Otros cargos incendios terroristas en el campamento forestal en Ranquilhue (10 nov 2005) e incendio terrorista a propiedades de Ebensperger y Aguayo (12 abril 2009), y finalmente asociación ilícita terrorista para robar madera de bosques de Mininco. Los cargos se fueron agregando mediante el método de la “reformalización”.
Cuatro de los detenidos están procesados por el mismo delito por la justicia civil y la justicia militar. El juicio se iniciaría el 22 de junio de 2010 y el ministerio público pide penas que van de los 103 a los 40 años de cárcel y presentará 53 testigos protegidos (sin rostro) y declaraciones de más de 100 funcionarios policiales, entre otros. No existe registro en Chile de un juicio similar salvo los realizados en tiempos de Augusto Pinochet.
**& 3 . - José Huenuche Reimán (comuna de Cañete) Detenido el 11 de abril de 2009. Se encontraba en libertad condicional desde el 4 de noviembre de 2008, luego de ser detenido en el marco de un hallazgo de armas en tierras de su comunidad, denominada Juana Millahual (Contulmo). El fiscal Andrés Cruz pide para él 52 años de prisión. (caso de doble procesamiento).
**&.4.- - Jonathan Huillical Méndez (villa Icalma, Lonquimay), estudiante. detenido el 11 de abril de 2009. Comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque. Luego de un año de prisión preventiva, se le revocó esta medida pero no pudo salir en libertad condicional porque está procesado por los mismos cargos, por la justicia militar. (caso de doble procesamiento).
**&. 5.- - Ramón Llanquileo Pilquimán Comunidad Esteban Yevilao de Puerto Choque, Tirúa, Detenido el 11 de abril de 2009. El fiscal Andrés Cruz pide para él 65 años de prisión. (caso de doble procesamiento)
**& 6.- Víctor Llanquileo Pilquimán Comunidad Esteban Yevilao de Puerto Choque, sector San Ramón, Tirúa. Detenido el 25 de noviembre de 2009 en su trabajo de soldador en Mejillones.
** & 7.- Luis Menares Chamilao, Comunidad Nalcahue, de CholChol, detenido el 11 de abril de 2009. Cumple prisión preventiva desde entonces, más allá del plazo legal. Caso de doble procesamiento
** & 8.- César Parra Leiva, detenido el 11 de abril de 2009 comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. En prisión preventiva desde entonces.
**& 9.-Héctor Llaitul Carrillanca, San Ramón, Tirúa, detenido el 15 de julio de 2009, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco. En 2008 había sido absuelto en un juicio por incendio. Causas: robo con intimidación, asociación ilícita terrorista, maltrato de obra a carabineros, daños a propiedad fiscal y homicidio frustrado contra elfiscal Elgueta. Prisión preventiva por 9 meses. El fiscal Andrés Cruz pide para él 103 años de prisión, calificándolo como autor intelectual de los hechos. Caso de doble procesamiento.
Cárcel de Lebu, (Región del Bío Bío)
**10.- Eduardo César Painemal Peña (18 años) comunidad Pascual Coña, sector Huentelolén, Cañete, detenido el 15 de agosto y formalizado por incendio terrorista de un camión grúa, una cabaña y un galpón el 8 y 9 de agosto de 2009; por incendio terrorista a cabaña en Coihueco, Contulmo (30 de mayo de 2009) y por incendio terrorista a propiedades de Ebensperger y Aguayo (12 abril 2009). Prisión preventiva por ocho meses.
Procesados por robo con intimidación, asociación ilícita terrorista, maltrato de obra a carabineros, daños a propiedad fiscal y homicidio frustrado en contra del fiscal Elgueta.
** 11.- Carlos Muñoz Huenuman, comunidad de Puerto Choque, Tirúa, se presentó voluntariamente en mayo de 2009. Nueve meses de prisión preventiva.
** 12.- Segundo Ñeguei Ñeguei, detenido el 11 de abril de 2009 Comunidad Benancio Ñeguei, Puerto Choque, Tirúa. Nueve meses en prisión preventiva, acusado de robo con intimidación, asociación ilícita terrorista, y homicidio frustrado.
Cárcel de Los Angeles (Región del Bío Bío)
13.- Roberto Manquepi, dirigente de comunidad Butalelbun de la comuna de Bío Bío. Participó en recuperación de tierra ancestral del fundo Cochico, usurpadas por colonos, y en la lucha territorial del valle del Queuco. Con él fue condenado también Pedro Vivanco Rebolledo, quien se mantuvo clandestino y pidió refugio en Argentina. El 20 de enero de 2008 la Corte Suprema confirmó su sentencia a 5 años y un día, más el pago de una multa de 11 UTM.
Cárcel de Angol, en Los Confines s/n (Región de la Araucanía):
14.- Luis Millacheo Ñanco, de la comunidad Newen Mapuche de Chequenco, Ercilla. Detenido 2 de mayo 2008. Acusado de incendio de camión de forestal el 26/04 de 2008. En juicio oral realizado en Angol el 10 de marzo de 2009, fue condenado a cinco años y un día de cárcel efectiva. Cumple condena.
15.- José Millacheo Ñanco, recapturado el 21 de enero de 2010, es werken de la Comunidad Newen Mapu de Chequenco (Ercilla), hijo del lonko de la comunidad Juan Ciriaco Millacheo, y miembro del Parlamento Autónomo de Malleco,. Acusado de ataque incendiario a camión forestal (26 abril 2008, Pidima, Ercilla). No se había presentado al juicio respectivo.
16 .- Fernando Millacheo Marín, de la comunidad Newen Mapuche de Chequenco, Ercilla. Detenido el 2 de junio de 2010. Estaban buscados desde el 2009 por una orden emanada desde el Tribunal de Garantía de Collipulli, tras el juicio político que los condenó a cinco años de prisión por un ataque incendiario a un camión, en el sector de San Ramón, ocurrido en abril del 2008.
** 17.- José Millacheo Marín, de la comunidad Newen Mapuche. Igual situación que su hermano.
Por asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado terrorista, incendio y robo con intimidación fueron detenidos:
** 18.- Camilo Tori Quidinao, comunidad de Temucuicui, (nuevamente) el 11 de octubre de 2009
** 19.-Víctor Hugo Queipul Millanao, hijo del lonko de la Comunidad de Temucuicui, el 11 de octubre de 2009, acusado de quemar un camión y un peaje.
** 20.- José Queipul Huaiquil (hermano del lonko Víctor Queipul), comunidad de Temucuicuil. Condenado en diciembre de 2009 a 5 años, en juicio por robo de animales, marcado por problemas internos en el área, enjuiciado por lonko Juan Catrillanca y el Ministerio Público. Además, acusado de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado terrorista, incendio y robo con intimidación (11 octubre 2009); ataque a tres camiones y un bus en Bypass Temuco (29 de julio) La prisión preventiva de 7 meses por ese caso, fue revocada recientemente por la Corte de Apelaciones de Concepción, que desestimó la declaración de un testigo protegido. Por las otras acusaciones y la condena citada, permanece en prisión.
** 21.- Felipe Huenchullan Cayul, Comunidad de Temucuicui, detenido el 21 de marzo de 2009. Presentó demanda por tortura contra Fiscal y policías (ver anexo)
** 22.- Lorenzo Alex Curipan Levipan. Detenido el 26 de octubre de 2009. Comunidad Rankilko. Causas: incendio, usurpación violenta, desórdenes en Fundo El Carmen de Forestal Mininco y San Sebastián. Prisión Preventiva. Hay querella por detención ilegal, tortura, trato vejatorio y obstrucción a la investigación por carabineros y funcionarios públicos.
** 24.- Eduardo Osses Moreno, procesado por supuesta participación en la quema de dos camiones, hecho ocurrido en septiembre del año pasado en la cercanía de la localidad de Pidima, en la carretera 5 sur.
** 25.- Waikilaf Cadin Calfunao (hijo de Juana Calfunao),comunidad Juan Paillalef, Cunco, detenido el 13 de mayo de 2010 en una marcha en Temuco, denuncia que arman montaje al allanar su casa en ausencia: es acusado de tenencia de material para fabricar explosivos. Hasta entonces estaba con medidas cautelares y permanente hostigamiento policial. Miembro de la Comunidad Juan Paillalef, Cunco. Detenido el 27 de marzo de 2009, de colocación de bomba en Temuco el 29/12/2008. Cumplió anteriormente condena pasando más de un año en la cárcel de alta seguridad de Santiago, saliendo en libertad en enero de 2008. (ver denuncia de su comunidad).
Centro de Educación y Trabajo (CET) de Angol, Pedro Aguirre Cerda nº 62, Región de la Araucanía
** 26.-José Benicio Huenchunao Mariñan, miembro de la comunidad El Malo, Llleu Lleu, Tirúa; caso Poluco Pidenco; trasladado en octubre de 2008 al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Angol. Cumple condena a 10 años y un día por “incendio terrorista”. Su caso se ve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Logró beneficio carcelario de salida por un máximo de siete días cada trimestre.
(** (Patricia Troncoso) beneficio de reclusión nocturna y fin de semana libre.)
Cárcel de Victoria, Arturo Prat 210 (Región de la Araucanía)
** 27.-Juan Carlos Huenulao Lielmil, comunidad de Tricauco (Ercilla). También sentenciado por causa Poluco Pidenco (condenado por Ley Antiterrorista). Cumple condena a 10 años y un día desde agosto de 2004.
Su caso se ve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
28.- Carlos Cayupe Aillapán, comunidad Domingo Trangol (comuna de Victoria), detenido el 8 de septiembre de 2008. Acusado de quema de camión en Victoria (26 de diciembre de 2007). Condenado a 5 años de cárcel sin beneficios y a pagar 11 UTM por incendio de camión en ruta cinco sur. Absuelto de cargos de daños y homicidio frustrado.
** 29.- Jorge Mariman Loncomilla, detenido en diciembre de 2009, comunidad José Guiñón, Ercilla. Causa: Asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado, incendio y robo con intimidación (hechos del 11 octubre 2009)
Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, Balmaceda 450 (Región de la Araucanía):
30.- José Llanquileo Antileo, comunidad Juana Millahual de Rucañanko, Lago LleuLleu, Contulmo. Condenado en febrero de 2007 a 5 años y un día por incendio simple de Poluco Pidenco (2001), en juicio que fue posterior al de Patricia Troncoso. No se le aplicó ley antiterrorista, por lo que tiene reclusión nocturna y salida dominical desde octubre de 2008.
** 31.- Marco Mauricio Millanao Mariñán, comunidad Pascual Coña, Cañete, detenido el 15 de octubre y formalizado por los mismos cargos que comuneros de Choque, más ataque a tres camiones y un bus en Bypass Temuco (29 de julio de 2009). Fue trasladado sorpresivamente desde cárcel de Lebu a Temuco, sin aviso previo a abogados, el 8 de mayo de 2010. El tribunal de Cañete ordenó la devolución del preso a Lebu el 11 de mayo, lo que no había sido realizado hasta el 15 de mayo.
** 32.-Mauricio Huaiquilao Huaiquilao, detenido el 6 de febrero de 2009, comunidad Yeupeko, Vilcún, Causas: quema de maquinarias agrícolas y cosecha en Lautaro (2005); incendio terrorista, incendio simple, homicidio frustrado y “amenaza terrorista” contra Eduardo Luchsinger (16 agosto 2008).
** 33.- Daniel Canio Tralcal, detenido el 28 de octubre de 2009, comunidad Juan Catrilaf II, Yeupeko, Vilcun. Causas: Ataque a tres camiones y un bus en el Bypass de Temuco (29 de julio de 2009); incendio terrorista, incendio común y robo con intimidación al fundo Brasil (11 septiembre 2009, Vilcún).
También del sector Yeupeko Vilcún, acusados de ataque a tres camiones y un bus en el Bypass de Temuco (29 de julio de 2009) los siguientes 9 comuneros:
** 34.- Pablo Canio Tralcal detenido el 28 de octubre de 2009, comunidad Juan Catrilaf II, Yeupeko Vilcun
** 35.- Sergio Catrilaf Marilef, presidente comunidad indígena Juan Catrilaf II, detenido el 25 de octubre de 2009 en un violento allanamiento al lof Ñinquilco (sector Tres Cerros, comuna de Padre Las Casas), realizado por fuerzas conjuntas de carabineros y policía que hirieron a 20 personas en el procedimiento, al que llegaron disparando. Denuncia montaje en su domicilio de paquete con escopetas, balas y otros elementos, por lo que fue acusado además de tenencia ilegal de armas.
**36.- Mario Catrilaf Marilef detenido en octubre de 2009 en Yeupeko Vilcun
** 37.- Darío Catrilaf Marilef detenido en octubre de 2009, Yeupeko Vilcun
**38.- José Tralcal Coche detenido el 25 de octubre, Yeupeko Vilcun
** 39.- Ignacio Tralcal detenido el 25 de octubre, Yeupeko Vilcun, sector Tres Cerros
** 40.- Claudio Sánchez Lorca, estudiante de Pedagogía intercultural detenido el 25 de octubre de 2009 en el hogar mapuche Purram Peyum Zugu, de Temuco.
** 41.- Pedro Cheuque Aedo detenido el 25 de octubre, comunidad Juan Catrilaf II, sector Yeupeko Vilcun, comuna de Padre Las Casas. Zungumachife de la machi María Huentelen (su esposa).
** 42.- Mario Chicahual Canio detenido en octubre, Yeupeko Vilcun
En mayo de 2010 el juzgado de Garantía de Lautaro unió en una sola causa contra nueve comuneros las acusaciones de incendio, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista, en los fundos San Leandro, de Pablo Herdener, Lautaro (12 enero 2009), Tres Luces (2008), y las acusaciones por tenencia ilegal de arma.
Dos de los nueve están presos en Valdivia y un menor está en Cholchol. Los seis restantes son:
** 43.- Luís Tralcal Quidel Detenido el 5 de Agosto de 2009, de la Comunidad Mariano Lleubul, sector Yeupeko. Acusado del ataque a 3 camiones y un bus en el bypass Temuco (29 de julio 2009). En mayo de 2010 el juez lo absolvió de acusación de incendio en fundo Las Praderas de Cholchol por lo que había sido detenido originalmente.
**44.- Elvis Millán Colicheu, detenido el 3 de diciembre de 2009, comunidad Mateo Ñirripiil, Lof Muko, Lautaro. Acusado además de incendio común y robo con intimidación al fundo Brasil (11 septiembre 2009, Vilcún).
** 45.- Eliseo Ñirripil Cayupan, detenido el 17 de enero de 2010, comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko.
** 46.- Jorge Cayupan Ñirripil (detenido el 11 de febrero de 2010) Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko, Lautaro
** 47.- Angel Reyes Cayupan, detenido el 27 de noviembre de 2009, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko, Lautaro
**48.- Francisco Cayupan Ñirripil detenido el 13 de marzo de 2010, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko, Lautaro.
Ex cárcel de Collipulli, Bilbao Nº 131 (Región de la Araucanía)
49.- Juan Bautista Millalen Milla, detenido en abril de 2007, comunidad Catrio Ñancul, acusado de incendio simple y movilizaciones en zona de Collipulli. Condena a 5 años y un día. Obtuvo salida dominical.
** 50 .- Jaime Marileo Saravia, comunidad José Guiñón (Ercilla). Corte de Apelaciones de Temuco le negó la libertad condicional el 24 de octubre de 2008, obligándolo a cumplir su condena de 10 años y un día (Ley Antiterrorista). Sólo obtuvo beneficios gracias a la huelga de hambre (2007) que mantuvo junto a Patricia Troncoso. Está con salida fin de semana y reclusión nocturna. Su caso se ve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
** 51.- Juan Patricio Marileo Saravia, sentenciado por causa Poluco Pidenco (condenado por Ley Antiterrorista) a 10 años y un día. Está con salida de fin de semana y reclusión nocturna. Su caso se ve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cárcel de Traiguén
52.- Pascual Pichún Collonao, comunicador, (hijo del lonko Pascual Pichún) detenido el 26 de febrero en Temuco tras haber estado refugiado por siete años en La Plata, Argentina, donde estudiaba Periodismo. En mayo 2010, a la condena que ya tenía pendiente por su refugio (5 años) se le sumaron 45 día adicionales y una multa. Su padre y su hermano permanecieron cinco años en prisión y su familia sufrió intensa persecución policial en estos años.
Centro de Detención de Valdivia
Los dos imputados han denunciado judicialmente a gendarmería por malos tratos.
** 53.- Miguel Tapia Huenulef, de Santiago, detenido el 11 de febrero de 2009. Juzgado por ley antiterrorista.
Acusado de incendio, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista, además de hurto e incendio simple (Fundo San Leandro, Lautaro el 12 de enero de 2009). También de tenencia de armas y explosivos, armas de guerra y granadas.
Lleva más de un año detenido pero le han negado cambio de medidas. (ver recurso)
** 54.- Ignacio Andrés Gutiérrez Coña (5 de marzo de 2009), comunidad Cristóbal Relmul, Nueva Imperial, estudiante de agronomía, acusado de incendio, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista, (Fundo San Leandro, Lautaro, enero de 2009). Prisión preventiva por once meses, plazo ya cumplido.
Centro de Reclusión de menores de Cholchol
< 55.- Cristian Cayupan Morales, detenido el 27 de noviembre de 2009, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko
Causa: Incendio, homicidio frustrado y lesiones con carácter terrorista” además de hurto e incendio simple (Fundo San Leandro, Lautaro, 12 de enero 2009). Se decretó internación provisoria por seis meses, plazo cumplido.
< 56.- Leonardo Quijon Pereira, detenido el 9 de diciembre de 2009, Comunidad Hueñaco Millao, de Chquenco, Ercilla. Acusado de Porte de armas, daños y homicidio frustrado contra carabineros, robo con intimidación y ataque incendiario a camiones (20 octubre 2009), en el sector Lolenco).Internación provisoria por cuatro meses, plazo cumplido con creces. Su juicio oral está fijado para el próximo 15 de junio en Angol. El menor padece secuelas de heridas con arma de fuego por parte de carabineros mientras él cazaba en la zona de Angol y no está recibiendo atención médica. Fue capturado luego de abandonar voluntariamente el Instituto Traumatologico de Santiago.
< 57.- Luís Marileo Cariqueo (17 años) detenido por fuerzas especiales el 13 de abril de 2010, mientras se encontraba en la sala de clase del Liceo Técnico Profesional Pailahueque Comuna de Ercilla. Acusado de Asociación ilicita terrorista, homicidio frustrado terrorista, incendio y robo con intimidación, hechos ocurridos el 11 de octubre 2009.
III.- Imputados con medidas cautelares
Arresto domiciliario total
** 1.- Fénix Delgado Ahumada, juzgado por Ley Antiterrorista, estudiante de la Universidad Católica de Temuco. Detenido el 30 de octubre de 2008. Acusado de incendio terrorista frustrado, por un supuesto intento de ataque incendiario el 30/10/2008 en el ByPass de Temuco. Total durante los 8 meses de investigación.
** 2.- Jonathan Vega Gajardo, juzgado por Ley Antiterrorista y Estudiante antropología de la Universidad de Temuco. Detenido el 30 de octubre de 2008. Acusado de incendio terrorista frustrado, por un supuesto intento de ataque incendiario el 30/10/2008 en el ByPass de Temuco. Pasó cuatro meses en prisión preventiva.
** 3.- José Ñirripil Pérez, detenido en octubre de 2009, comunidad Mateo Ñirripil, Muko. Acusado de participar en ataque a Fundo San Leandro (Lauaro, 12 enero 209).
Firma periódica:
** < 4.- Rodrigo Huechipan, detenido el 30 de octubre de 2008, menor de edad (17 años) a la fecha de detención, de Freire, acusado de incendio terrorista frustrado, por un supuesto intento de ataque incendiario el 30/10/2008 en el ByPass de Temuco. En comienzo le dieron arresto domiciliario parcial pero esto se cambió para que pudiera asistir a clases.
Firma mensual
5.- Lonko Iván Llanquileo Antileo. Fue recapturado el 26 de marzo de 2008. Lonko de la Comunidad Juana Millahual de Rucañanko, Lago Lleu Lleu, Contulmo. Enjuiciado por tribunal militar. Acusado de tenencia de arma de guerra. Firma en la Fiscalía Militar de Concepción.
La Corte de Apelaciones de Concepción revocó en mayo de 2010 la prisión preventiva que sufrieron por prolongados períodos:
**6.- Juan Carlos Parra Leiva, detenido el 11 de abril de 2009, comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. Pasó en prisión preventiva más de un año.
** & 7.- Nolberto Parra Leiva, comunidad Esteban Yevilao, Puerto Choque, Tirúa. comunero del sector Puerto Choque (Tirúa) Pasó en prisión preventiva más de un año.
Otra medida cautelar para tres comuneros, decretada en noviembre de 2009 por juez de Cañete:
** 8.- Simón Milla Paillán, detenido el 17 de agosto de 2009, comunidad Pascual Coña. Acusado de Asociación ilícita terrorista y de incendio terrorista. Estuvo más de medio año en prisión.
** 9.- Jorge Andrés Santi Leal, comunidad Pascual Coña, detenido el 15 de agosto y formalizado por asociación ilícita terrorista e incendio terrorista de un camión grúa, una cabaña y un galpón el 8 y 9 de agosto de 2009. Estuvo más de medio año en prisión.
** 10.- Juan Muñoz Huenuman, comunidad de Puerto Choque, similares acusaciones.
Reclusión nocturna:
** 11.- Cristian Salvo Huenchupan, detenido el 22 de abril de 2009, miembro de la Red de Apoyo a las Comunidades Mapuche en conflicto de Temuco, acusado por el incendio al fundo Tres Luces de Pablo Hardener en Lautaro, el 3 de mayo del 2008.
Arraigo por nueve meses:
** 12.- Leonel Carilao Liencura, presidente de la comunidad Venancio Ñehuey de la localidad de Puerto Choque, Tirúa, detenido en agosto de 2009 y formalizado por cargos de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado contra el fiscal Elgueta y robo con intimidación.
** 13.- Richard Ñehuei Pilquimanm detenido el 11 de abril de 2009, comunidad Beñancio Ñehuey, Puerto Choque. Acusado de robo con intimidación, asociación ilícita terrorista y homicidio frustrado contra fiscal y policías.
**14.- Juan Carlos Millanao Painemil, comunidad Pascual Coña, Cañete, detenido el 15 de agosto de 2009, en Nueva Imperial. Acusado de asociación ilícita terrorista y de incendio terrorista. Se le acusa de incendiar un camión, una cabaña y un galpón el 8 y 9 de agosto de 2009.
15.- Emilio Painefil Calfiqueo, werken de la comunidad Llaguepulli, sector Lago Budi, detenido el 30 de julio de 2009, en la toma de fundo Lumahue, acusado de tener una honda y un cortaplumas. Medida cautelar de arraigo nacional y prohibición de acercarse al fundo que intentan recuperar.
16.- Martín Huenchucoy Coñoepan, sector Lago Budi. Detenido el 30 de julio de 2009, en la toma de fundo Lumahue, acusado de tener armas (una honda y un cortaplumas). Medida cautelar de arraigo nacional y prohibición de acercarse al fundo que intentan recuperar.
17.- Luis Alberto Cayul Queipul (44), comunidad autónoma Temucuicui, detenido el 27 de julio de 2009 al interior de su comunidad mientras carabineros repelía la toma del fundo La Romana. Liberado con medida cautelar de prohibición de acercarse al fundo (que está al lado de su comunidad).
18.- Orlando Benjamín Cayul Colihuinca, comunidad autónoma Temucuicui, detenido el 27 de julio de 2009 al interior de su comunidad mientras carabineros aducía repelir la toma del fundo La Romana. Liberado con medida cautelar de prohibición de acercarse al fundo (que está al lado de su comunidad).
Otras medidas cautelares:
19.- Alejandro Stuart, reportero gráfico independiente, detenido el 11 de mayo de 2008 en una marcha. Se le requisaron todas sus herramientas de trabajo.
Comuneros de Requem Pillam detenidos en el operativo de desalojo posterior a la toma del fundo San Sebastián, en que fue asesinado el comunero Jaime Mendoza Collío (12 de agosto de 2009).
20.- Juan Mendoza Collío
21.-Joel Mendoza Collío
22.-Víctor Mendoza Collío,
23.- María Mendoza Collío,
24.- Miguel Mendoza Álvarez
25.-Juan Curipán Collío
26.-Mario Curipán Collío,
27.-Sergio Marion Cayul,
Menores (detención por horas) durante protestas por asesinato de Jaime Mendoza Collío
< 28.-Bania Queipul Millanao, 15 años de edad, estudiante, hija del lonko de la comunidad Autónoma Mapuche Temucuicui, Victor Queipul, detenida por horas y formalizada el 13 de agosto de 2009 por supuesto destrozo de un vidrio en el Ministerio Público de Collipulli. Sufrió una nueva detención el 6 de abril de 2010, siendo sacada con engaño del internado donde estudia (la policía dijo a las autoridades del colegio que era familiar de la niña) y quedó con medidas cautelares. Enfrentará juicio oral simplificado el 11 de junio en el tribunal de garantía de Collipulli.
< 29.- Cristina Millacheo Ñanco, 15 años de edad, estudiante, hija del Lonko de la comunidad de Chequenco, Ciriaco Millacheo, (en la clandestinidad, condenado por el caso Poluco Pidenco), detenida por horas y formalizada el 13 de agosto de 2009 por los supuestos destrozo de un vidrio en el local del Ministerio Público de Collipulli, en las protestas por el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collío. En mayo de 2010 se la sacó del internado de Collipulli a viva fuerza, deteniéndola neuvamente. El tribunal de garantía suspendió su juicio imponiéndosele medidas cautelares como la prohibición de participar de manifestaciones públicas. Para ser absuelta de los cargos no deberá haber sido nuevamente detenida durante un año.
<.- Luis Marileo Cariqueo (17 años, llevado a Cholchol) de la comunidad Cacique José Guiñón, fue sacado del Liceo Técnico Profesional Pailahueque, comuna de Ercilla, el día 13 de abril de 2010 por policías fuertemente armados. Llevado al centro de Cholchol.
Formalizados luego de una detención por horas, los siguientes estudiantes del Liceo Alonso de Ercilla, de la comuna de Ercilla:
< 30.- Víctor Montoya
< 31.- Nicolás Manque
< 32.- Kevin Rubilar
< 33.- Carlos Vidal
< 34.- Alvaro Queipul
< 35.- Javier Parra
< 36.- Alexis Lican
Liberados sin formalización
< Marcela Curipan
< Rayen Queipul Paillaleo
< Evelyn Fierro
< Ema Catrillanca,
< Daniela Vira,
< Rodrigo Millanao
< Jorge Ñancucheo
Los 17 menores fueron obligados a entregar sus huellas digitales plantares y se les aplicó parches de ADN en la espalda, vulnerando las disposiciones del código procesal penal chileno y pactos de ddhh sobre los derechos de los niños.
37.- José Lincoqueo Huenumán, veterano e histórico abogado de la causa mapuche, detenido el 18 de mayo y liberado el 23 de mayo por la Corte de Apelaciones de Temuco. Formalizado por quebrantamiento de condena y estafa (presentarse como abogado). La Fiscalía le imputa ejercer la profesión de abogado para querellarse contra Televisión Nacional y el Consejo de Defensa del Estado, estando inhabilitado judicialmente por “prevaricación” desde 2008. A partir de 1999 este abogado ha defendido varias decenas de acciones relacionadas con la lucha mapuche basando su argumentación en los parlamentos, especialmente el Parlamento de Negrete (1803) –que considera vigentes- suscritos por su pueblo con la corona de España, antes de la ocupación militar del territorio mapuche por el Estado chileno, y mostrando las recuperaciones de tierras como acciones de legítima defensa. La Corte dictó una orden de internación de Lincoqueo en un centro hospitalario “para atender su patología de orden siquiátrico”, pero la defensa logró sacarlo de allí. La investigación sigue su curso por 45 días. El defensor penal público, abogado Iván Espinoza, logró sacar del hospital al abogado Lincoqueo, cuya internación contemplaba los 45 días que se otorgó al ministerio público para el cierre de la investigación.
Testigos protegidos
La fiscalía no perseveró en los casos de Javier Navarro Jorquera y Elcides Pilquiman Liencura, ambos de la comunidad Puerto Choque, Tirúa, detenidos entre abril y julio de 2009. De presos, ellos fueron aparentemente convertidos en testigos protegidos que declararían contra los miembros de su propia comunidad.
IV Luchadores mapuche condenados con libertad vigilada
** 0.- Erick Von Jenstick Vergara, de la red de apoyo a las luchas mapuche. Falleció junto a su pareja en el maremoto del 27 de marzo en la Isla Mocha, mientras cumplía una condena a 3 años y un día de libertad vigilada, más el pago de 2 UF mensuales, por el incendio de un camión en 2008. El estudiante era miembro de grupos de apoyo a la causa mapuche y en Valdivia fue recordado por su familia y amigos como un joven lleno de ideales. Ellos nuevamente rechazaron que Erick haya sido un terrorista, como fue motejado por la justicia chilena.
1.- Antonio Cadin Huentelao, werken (mensajero) de la comunidad Juan Paillalef, Cunco, esposo de Juana Calfunao. En mayo de 2010 obtuvo la libertad vigilada ordenada por la Corte de Apelaciones en respuesta a un recurso de protección presentado contra la Comisión de Jueces que le negaba ese beneficio. Estaba detenido desde el 15 nov. 2006, cumpliendo condena a 5 años y un día de prisión por desórdenes en un tribunal.
2.- Luis Amable Catrimil Huenupe. Comunidad de Tricauco, Ercilla. Causa: Incendio del fundo Poluco Pidenco. Condena: 4 años y un día. Situación actual: Cumple condena con libertad vigilada.
3.- José Cariqueo, lonko de comunidad José Guiñón y Lonko Ñizol del Parlamento de Comunidades Autónomas de Malleco. Condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo por “amenazas simples” en contra de Luis Licán, un comunero mapuche y testigo protegido del ministerio público que desde el 2003 goza de resguardo policial en su domicilio. En libertad con firma mensual por un año. Su defensa, representada por el abogado Lorenzo Morales presentó un recurso de nulidad del juicio que fue aceptado a trámite por la Corte suprema.
Los dos sentenciados a 4 años por incendio de un camión forestal el 26/04/08 en sector Pidima, Ercilla:
4.- Andrés Lican Lican. Comunidad Newen Mapu José Millacheo de Chequenco, Ercilla.
5.- Juan Bernardo Lican Melinao Comunidad Newen Mapu José Millacheo de Chequenco, Ercilla.
** 6.- Alex Bahamondes Garrido. Electromecánico de Osorno, miembro del Grupo de Apoyo a los PP Mapuche de Concepción, fue detenido el 11 de enero de 2008 en San Pedro Viejo. Los cargos son considerados un montaje por la defensa que acreditó la inocencia de los imputados con testigos. Pero el condenado por el incendio de un camión en Ruta 5 Sur, sector Chamichaco, Ercilla el 05/01/08 fue condenado a 3 años y un día de libertad vigilada (más el pago de 2 UF mensuales por un año).
** 7.- Juan Medina Hernández Ingeniero forestal recién egresado de la Universidad de Concepción, miembro de la Red de apoyo de Comunidades Mapuche en Conflicto. Fue condenado por el incendio de un camión en Ruta 5 Sur, sector Chamichaco, Ercilla el 05/01/08 a 3 años y un día de libertad vigilada (más el pago de 2 UF mensuales por un año). A ello se agregaron 410 días más de pena remitida por otro juicio.
Los cinco condenados en el juicio del llamado caso Huentelolén
8 .- Luis Meñaco Santis, de la comunidad Pascual Coña, sector LleuLleu. Había estado preso desde el 14 de abril de 2008. En el juicio del llamado caso Huentelolén fue condenados por robo e incendio de un vehículo durante una marcha por la libertad de Patricia Troncoso,
9.- Pedro Lepicheo Machacan, comunidad Juan Ignacio Catrileo, comuna de Cañete, en prisión desde noviembre de 2007. Idem situación que Meñaco Santis.
10.- José Lepicheo Machacan (sector San Miguel, Cañete) a quien se le levantó hace poco la prisión preventiva por hechos de Puerto Choque y pudo retomar sus estudios, interrumpidos por varios meses.
11.- Juan Mariñan Fernández (comunidad del sector Huentelolen, comuna de Cañete. Idem situación que Meñaco Santis.
12.- Mauricio Donoso Galindo, miembro de la comunidad de Huentelolén, detenido en noviembre de 2007. Idem situación que Meñaco Santis.
V Absoluciones judiciales
1.- Elena Varela López, documentalista comprometida con la causa mapuche, fue absuelta el 22 de abril de 2010 en el juicio oral realizado en Villarrica, de las acusaciones presentadas por la fiscalía, derrumbándose así el prolongado montaje político-policial en su contra, que la enfrentaba a la posibilidad de una sentencia de diez años de prisión. La cineasta había sido detenida el 7 de mayo 2008, en Licanray, Región de la Araucanía mientras trabajaba en el documental Newen Mapu, la Fuerza de la Gente de la Tierra, y fue condenada en primera instancia por los medios de comunicación. Junto al fiscal Servando Pérez, los medios la sindicaron como terrorista imputándole la planificación del asalto a un banco y el “delito” de tener vinculaciones con dirigentes mapuche y ser ex mirista. También fueron absueltos los otros dos imputados, Sergio Reyes Matus y Kenny Sánchez. Los materiales requisados, que incluían entrevistas a dirigentes mapuches presos o en la clandestinidad no le fueron devueltos por la justicia. Esta sentencia judicial, que dejó en evidencia la inconsistencia de las pruebas aportadas por el ministerio público para perseguir a estas tres personas, fue considerada una victoria de los derechos humanos y la libertad de expresión.
2.- Mireya Figueroa fue absuelta por padecer un avanzado cáncer de mamas. La comunera de 47 años, madre de 4 hijos, pertenecía a la comunidad Tricauco, comuna de Ercilla, Región de la Araucanía. Detenida el 1º de julio de 2009, había eludido a la policía durante 5 años negándose a comparecer al juicio oral por el caso Poluco Pidenco, en que iba a ser enjuiciada por la ley antiterrorista. Cumplió detención en el Hospital Barros Luco de Santiago. Su hijo, Oscar Queipo Figueroa, médico recién graduado en Cuba, fue detenido el 15 de septiembre de 2009 a su llegada al país y liberado poco después.
3.- -Jaime Huenchullán Cayul y Julio Cayhuán Nahuelpi, de la comunidad de Temucuicui, fueron absueltos en junio de 2009 por el tribunal oral de Angol de los cargos de atentado perpetrado en el fundo "La Romana" del latifundista René Urban.
4.- Luis Tralcal Quidel de la Comunidad Mariano Lleubul, sector Yeupeko, fue absuelto en junio de 2010 de los cargos de incendio al fundo Las Praderas de Chonchol (permanece detenido por otras acusaciones).
5.- Daniel Alveal Levicura, de la comunidad Temucuicui fue absuelto el 24 de noviembre de 2009 de los cargos de receptación de madera de Forestal Mininco. Los jueces del tribunal oral de Angol estimaron que no se acreditó la pertenencia de la madera a esa empresa desestimando la “presunción” de Mininco de que toda la madera que circula es de su propiedad - avalada por la fiscalía y carabineros- no se ajusta a la verdad de lo ocurrido el 26 de abril de 2008 en el sector de San Ramón, situado en la localidad de Pidima, en Ercilla. El fiscal cuya tesis fue desestimada es Ricardo Traipe, y había solicitado tres años de cárcel. La querellante era Forestal Mininco.
VI Denuncias en tribunales
1.- Presentaciones judiciales por tortura o tratos inhumanos
La tortura se utiliza actualmente como complemento de las detenciones a objeto de obtener falsas confesiones, instigadas en muchos casos por los fiscales y algunos abogados de la defensoría pública, por acción u omisión. El mecanismo es ofrecer trato preferencial a cambio de la colaboración. En el período analizado esta práctica aberrante de uso de la tortura para obtener información se ha extendido a los hijos de los comuneros.
1.- La justicia militar verá la querella criminal contra carabineros por violencia innecesaria causando lesiones leves, tortura y vejación injusta, a un niño mapuche en manos de por la policía uniformada, que lo colgó de un helicóptero en la comunidad José Jineo, sector Rofúe, de la comuna de padre de las Casas. La demanda interpuesta por su padre, José Painevilo, fue derivada allí desde el juzgado de Garantía de Temuco, en octubre de 2009, y cuenta con el patrocinio de la ONG Observatorio Ciudadano. El 5 de octubre, el menor de iniciales F.P.M (14 años) recibió disparos en su espalda, pierna y codo derecho. Le apuntaron con un arma, y bajo amenaza de muerte, lo sumergieron en un canal. Maniatado, lo golpearon y obligaron a subir a un helicóptero que tenía distintivos del GOPE. Una vez en vuelo, encontrándose botado desde el piso con la cabeza hacia afuera y con las puertas del helicóptero abiertas, efectivos de carabineros lo amenazaron con lanzarlo a tierra si no daba nombres de las personas que a esa hora participaban de una toma en el fundo Santa Lucía, vecino al lugar. En Vilcún tuvo una revisión médica superficial y fue liberado luego de ser retenido tres horas en la Tercera Comisaría de Padre las Casas. Posteriormente la familia llevó al menor al hospital Maquewe siendo derivado al Hospital Regional de Temuco donde fueron tratadas sus heridas, según informó su tío Luis Tranamil. El machi Fidel Tranamil es también testigo de estos hechos.
1.- Felipe Huenchullan Cayul, integrante de la Comunidad Autónoma de Temucuicui interpuso el 22 de enero de 2010 una querella por torturas en contra de la policía de investigaciones y los que resulten responsables por tormentos, asistido por la agrupación de defensa de Derechos Humanos Liberar. La presentación se hizo ante el Tribunal de Garantía de Victoria. Los hechos denunciados ocurrieron el 14 de octubre día en que Felipe Huenchullan fue detenido acusado de delitos “terroristas” (ver relato del denunciante en anexo).
Según los denunciantes el fiscal Miguel Angel Velásquez ordenó claramente este tipo de trato y las lesiones están acreditadas médicamente. El ministerio público pidió al tribunal declararse incompetente pues consideró que los hechos sólo involucraban a carabineros en los delitos denunciados. Aunque la defensa solicitó que la investigación acusa también al fiscal Velásquez y de acuerdo a la ley debía ser llevada adelante por un fiscal regional, el juez de garantía de Victoria derivó el caso a la Fiscalía Militar de Angol, y sostuvo que ese tribunal además de juzgar a los uniformados por el delito, podía también juzgar a los demás responsables (ver testimonio de Felipe Huenchullan en Anexo).
2.- Angel Reyes Cayupan (lof Muko, 20 años) se querelló por tortura el 23 de enero de 2010 en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Lautaro, IX Región. El recurso lo lleva la agrupación de defensa de Derechos Humanos Liberar.
Denuncia que fue golpeado desnudo por funcionarios de la Policía de Investigaciones, en un calabozo del retén de Lautaro, comuna ubicada 32 km al norte de Temuco, en la región de la Araucanía. Los funcionarios públicos, mediante insultos racistas y humillaciones, lo presionaban para que se inculpara por un robo en el sector.
Lo torturaban para que inculpara a su primo Cristián Reyes, también detenido, y se le ofreció garantías si aceptaba la oferta. La comunidad denunció el 7 de enero de 2009 que un fiscal local, Jorge Granada, le ofreció al detenido Angel Reyes Cayupan obtener rebaja de condena, cambio de identidad, traslado a otra región, casa y trabajo, si firmaba una confesión en la que involucrara como autores de la quema de un galpón en el fundo San Leandro, en enero de 2009, a su primo, el menor Cristian Cayupan Morales (18 años) y a otros miembros de su comunidad. Reyes Cayupan y su pariente habían sido detenidos el día 27 de noviembre. Según esta denuncia difundida por la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago - publicada en www.mapuexpress.net el 7 de enero - , Reyes Capupan fue sometido a tortura e intensas presiones psicológicas en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Lautaro, como parte del interrogatorio previo a la oferta. Luego se le trasladó incomunicado a la cárcel de Temuco, donde el 10 de diciembre el fiscal y el defensor público, abogado Ricardo Cáceres Setien, habrían reiterado el ofrecimiento.
3.- Elvis Millán Colicheu se querelló por tortura el 23 de enero contra los efectivos locales de la Policía de Investigaciones, en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Lautaro, IX Región de la Araucanía, también defendido por Liberar. Lo amenazaron con la vida de sus hijos y de su mujer si no cooperaba. En el cuartel de Lautaro, después de la constatación de lesiones, miembros de la policía de investigaciones lo golpearon y le sumergieron la cabeza en un tambor con agua (submarino).
En ambos casos las torturas ocurrieron en presencia de los fiscales a cargo de los casos.
4.- Lorenzo Alex Curipan Levipan, dirigente mapuche de Rankilko (preso en la cárcel de Angol), asesorado por abogados de Liberar, presentó el 1º de abril de 2010 una querella contra los carabineros responsables de los delitos de detención ilegal (26 de octubre de 2009), apremios ilegítimos, trato vejatorio y obstrucción a la investigación cometidos por funcionarios públicos. El imputado denunció que fue detenido en un camino público y obligado a caminar por la orilla de un bosque que se estaba quemando. En el calabozo, a las 3 de la mañana del 27 de octubre, dos carabineros lo amenazaron y a golpes le quitaron la ropa, dejándolo desnudo hasta minutos antes de entrar a la audiencia de ese día, en que le pasaron otras prendas para ir al control de detención. El fiscal Luis Chamorro pidió aplazar la detención un día más y a su vez el detenido denunció que había sido golpeado y se le había sustraído su ropa. Pero el tribunal no hizo nada al respecto. Al día siguiente los carabineros presentaron en la audiencia dos fotos con personas encapuchadas que vestían la ropa de Alex Curipan, sustraída en la noche anterior. El tribunal decretó su detención preventiva por dos meses. Uno de los testigos que declaró contra Curipan es el dueño de un fundo en disputa, Sergio González Jara, que asegura haberlo visto armado de una escopeta, a una distancia de 900 metros, hecho refutado por otros testigos que estaban más cerca y no reconocieron al imputado. En marzo se le notificó de una segunda causa, usurpación no violenta en predios de forestal Arauco el 19 de marzo del 2009, fecha en que Curipan estaba en la gobernación de Angol en una gestión con la autoridad, de la cual hay testigos entre los medios de comunicación.
5.- El padre de Jonathan Huillical Méndez, don Sady Huillical, presentó en Temuco una querella contra la Policía de Investigaciones por tortura durante la detención y traslado de su hijo a prisión (abril de 2009). La demanda se presentó en septiembre de 2009 (ver articulo diario Clarín en anexo).
6.- Recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco a favor de la machi Adriana Loncomilla Hicahual (comunidad José Guiñón de Ercilla) que el 17 de octubre de 2009, en el curso de un violento allanamiento de su comunidad por fuerzas especiales de Carabineros, fue maniatada y dejada atada, lo que fue reconocido por la policía uniformada al responder la presentación judicial. Ello ocurrió durante la detención de su marido, el lonko José Cariqueo Saravia. Las fotografías de la machi en el suelo fueron subidas a internet y recorrieron el mundo ya que en esos momentos llegó a su casa una delegación internacional de derechos humanos que venía a visitar la comunidad.
7.- Recurso de amparo a favor de dos presos, Andrés Gutiérrez Coña y Miguel Tapia Huenulaf, que sufrieron tratos inhumanos en la cárcel de Valdivia. La acción judicial de amparo preventivo –denegada por el tribunal- fue interpuesta en febrero de este año en la Corte de Apelaciones de Valdivia en contra de Gendarmería de Chile, del Centro de Detención de Valdivia y el Tribunal de Garantía de Lautaro, por la madre de Andrés Gutiérrez y el abogado de la agrupación Liberar. A la reclusión, gendarmería había sumado en forma constante, la privación de sueño, que se realizaba sin orden judicial y en forma arbitraria.
8.- Recurso de protección contra Gendarmería a favor del imputado Mauricio Huaiquilao, presentado por Karina Riquelme de la agrupación Liberar el 24 de mayo de 2010. Al detenido se le aplicó el 30 de abril una sanción disciplinaria de tres días de aislamiento en la cual debió sufrir condiciones inhumanas en la celda de castigo, que estaba llena de excremento humano y orines. Esto le impidió alimentarse durante esos tres días. El recurso sostiene que los actos de gendarmería amenazan las garantías constitucionales del imputado.
9.- Recurso de protección a favor de la lonko Juana Calfunao, presa en la cárcel de mujeres de Temuco, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Temuco para solicitar su acceso a la libertad condicional, por las autoridades tradicionales y lonkos Fernando Lincopan Villagran (Comunidad Newen Kiñe Mapu), Juan Huilcal Reyes (comunidad Juan Bautista Huilcal), Luis Aillapan (del territorio Budi) y por los werken (mensajeros) Antonio Cadin Huentelao (comunidad Juan Paillalef), Roberto Huenchumariano, Antonio Vidal Painen, Erwin Colillanca Curin, y Alfredo B Huenchumariano.
10.- Por su parte, comunidades mapuche de Temucuicui interpusieron un recurso de amparo por Carlos Curiñao en la corte marcial de la Región Metropolitana, contra la Fiscalía Militar de Malleco presidida por Rodrigo Vera Lama. Este fiscal dictó el procesamiento del comunero mapuche Carlos Curiñao, que en octubre de 2009 sufrió una fuerte golpiza a manos de carabineros, que fue grabada por canal 13 de TV. Debido a lo obrado por el fiscal militar, Curiñao pasó de ser víctima a victimario y fue detenido. El agredido es hijo del lonko Juan Carlos Curiñao de la comunidad Huañaco Millao, cercana al sector donde fue asesinado Jaime Mendoza Collío, y posteriormente fue liberado.
Por secuestro y detención ilegal
11.- La Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor del comunero Daniel Lincopan, dirigente de la comunidad Juan Lincopan de Ranquilhue en la zona del LleuLleu, porque este fue secuestrado en Cañete y llevado a Talcahuano por orden del fiscal Andrés Cruz, sin que existiera orden alguna de detención en su contra. El 17 de mayo de 2010 Lincopan, representado por el abogado privado Nelson Miranda, presentó una querella en el juzgado de Garantía de Talcahuano contra el fiscal responsable del delito de detención ilegal. Este juzgado remitió la demanda a Cañete, que a su vez entabló contienda de competencia que deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones de Concepción. La comunidad había realizado la toma del fundo Ranquilue, legalmente en manos de Forestal Mininco.
Recursos y querellas en favor de menores:
12.- El 13 de mayo, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió en
forma unánime el Recurso de Protección interpuesto por la abogada Karina Riquelme, de la organización de derechos humanos Liberar, en favor de los niños Karla Jazmín Reyes Cayupan y Víctor Manuel Cayupán (10 años), ambos de la comunidad Indígena Muko Bajo y alumnos de la Escuela Blanco Lepín, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile. Ellos fueron sometidos a interrogatorios sobre el paradero de personas de su comunidad. En lo referido a Carabineros de Chile, la Justicia desestimó los cargos, pero ordenó a la policía de investigaciones “abstenerse en lo sucesivo de efectuar requerimientos o interrogaciones a los niños en cuyo favor se recurre, bajo cualquier modalidad, sin respetar los preceptos que a favor de éstos garantiza la Convención de Derechos del Niño antes citada”.
13.- Un recurso de amparo a favor de nueve menores de Puerto Choque y contra Carabineros de la Prefectura de Arauco, fue interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Concepción en noviembre de 2009 por el abogado privado Nelson Miranda, en representación de sus familias. Los niños para quien se pidió amparo son Paola Parra Carilao (13 años), Daniel Parra Carilao (12), Fernanda Parra Carilao (8), alumnos de la Escuela Chillimi Mapu de Puerto Choque y del menor Norberto Manuel Parra Carilao (5), hijos de doña Jessica Carilao Liencura; y de los menores César Leandro Millanao Millanao (12), Yordan Andrés Leiva Millanao (9), Danitza Constanza Huenuman Millanao (5) y el menor de 5 meses de edad, Henry Alexis Huenuman Millanao, hijos todos de Nancy Ximena Millanao Painemil, El recurso se extiende a favor de todos los niños de las comunidades mapuches colindantes al lago Lleu-Lleu, comunas de Cañete y Tirúa “que son sometidos a todo tipo de controles intrusivos en caminos y sus hogares, muchos de los cuales por temor” no se sumaron a la presentación.
Los hechos relatados se refieren a un violento allanamiento ocurrido el 15 de agosto en casa de Nancy Millanao, en el curso del cual cual sus hijos fueron apuntados con armas de fuego y dejados boca abajo en el suelo. Alrededor de 40 policías participaron en este operativo policial que se llevó a cabo en la comunidad de Pascual Coña. El 24 de agosto fue detenido el hermano de Ximena Carilao, llamado Leonel Carilao (actualmente con medidas cautelares). El mismo día de esa detención, los tres niños viajaban de vuelta a casa en el bus escolar como era habitual. El transporte fue detenido por carabineros que hizo bajar a los pequeños, encañonándolos y les ordenó caminar a casa bajo una intensa lluvia, recorriendo así el kilómetro que lo faltaba para llegar. Al mismo tiempo, otro de los hijos de Ximena Carilao fue encañonado y amenazado en el hogar de la abuela, que fue allanado. La causa quedó en acuerdo en noviembre de 2009 en la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción.
14.- Recurso de Protección contra carabineros de la Prefectura de Malleco presentado por Mario Millanao Millale, de la comunidad Temucuicui, en favor de sus hijos Damari (6) y Matías (10), con el patrocinio de la Agrupación de Derechos Humanos Liberar. Relata que fue agredido por carabineros acompañado de René Urban, mientras sacaba leña con un hacha y un rozón. El predio de Urban está custodiado por carabineros, y Millanao estaba en un predio de Forestal Mininco por lo que se defendió de las acusaciones. El hijo de René Urban lo comenzó a patear y golpear mientras los carabineros lo apuntaban a él y sus hijos, y luego lo esposaron, lo amarraron y golpeaban a toda su familia. El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Temuco por dos votos contra uno. Hubo un voto de minoría del Ministro Alvaro Meza que sostiene que Carabineros pudo haber actuado resguardando la integridad y el desarrollo de los menores, y que la integridad síquica de estos se ve dañada cuando el padre o los familiares se ven reducidos o detenidos en situaciones que pudieran haberse evitado sin producirse las lesiones de que da cuenta el informe conocido por el tribunal. Liberar presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema.
15.- Amparo por persecución a la familia
Se interpuso un recurso de amparo a favor de la familia del comunero mapuche Mauricio Huaquilao Huaiquilao (preso desde febrero de 2009) por constante persecución policial a su mujer Rosa Cheuque Aedo y su hijo Kilapan Huaiquilao (2 años) en el sector urbano de la comuna de Padre Las Casas, mediante seguimientos, filmaciones y tomas de fotografías y detenciones. El recurso, presentado por el abogado de la Agrupación Liberar, Sebastián Saavedra Cea el 10 de marzo del 2010, fue rechazado por la Corte de apelaciones de Temuco el día 19 del mes en curso, siendo apelado ante la Corte Suprema.
VII Denuncias en foros internacionales
Denuncia ante Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas
El informe pormenorizado “Cronología y Descripción de Situaciones de Represión y Violencia Ejercidas por Instituciones Policiales del Estado de Chile contra Niños, Niñas y Adolescentes Mapuche (2001 – 2009)”, elaborado por la Psicóloga Claudia Molina González y un nuevo organismo denominado Defensor Jurídico Social Autónomo Mapuche, fue ingresado al Comité de los Derechos del Niño en el 53° período de sesiones de Naciones Unidas realizado del 11 al 29 de enero de 2010 en la ciudad de Ginebra, Suiza. (ver texto completo en Anexo).
Denuncia ante UNICEF Chile
Por otra parte, el menor Patricio Queipul Millanao, integrante de la comunidad mapuche Autónoma Temucuicui, comuna de Ercilla e hijo del lonko de la comunidad, se mantiene en la clandestinidad. Su caso fue denunciado al delegado de la UNICEF en Chile, Gary Stahl, UNICEF por dirigentes indígenas en abril de 2010. Un video con declaraciones del niño circula en Youtube. También recurrieron a UNICEF dirigentes de la organización mapuche urbana Meli Wixan Mapu, con el objetivo de denunciar las violaciones a los derechos de los menores. Especial mención se ha hecho del caso de Leonardo Quijón (17) que podría ser condenado a diez años de prisión en régimen cerrado.
Otros fallos favorables: Corte acogió recurso de protección
16.- El 30 de marzo de 2010 la Corte de Apelaciones de Temuco falló favorablemente el recurso de protección presentado por el werken Antonio Cadin contra la comisión de libertad condicional de la corte de apelaciones de Temuco, (jueces). La corte ordenó a la comisión otorgar el beneficio carcelario, con lo cual el werken salió libre.
Reconocimiento de derechos ancestrales
17.- La Corte Suprema confirmó en diciembre de 2009 el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que, considerando –por primera vez- en sus fundamentos el Convenio Nº 169 de la OIT, reconoce Derechos Ancestrales a la machi Francisca Lincolao Huircapan de la comunidad Pedro Lincolao, del Lof Rawe comuna Padres las Casas, en la Novena Región. La Machi se vio afectada en su derecho a la recolección de hierbas medicinales, porque la Empresa Forestal Palermo taló ilegalmente bosque nativo, sustituyéndolo por pinos y afectando tres menocos (humedales sagrados).
VIII. – Análisis Final
Reformalización, tortura y ofertas ilegales del Ministerio Público. Los procesos judiciales que se han seguido desarrollando desde junio de 2009, ahora bajo el nuevo gobierno del presidente Sebastián Piñera, han sumado una nueva modalidad a las irregularidades anteriores posibilitadas por la ley antiterrorista (sumario secreto, con cero acceso a la investigación y acusaciones para los abogados defensores, prisión preventiva por hasta dos años, testigos sin rostro). El nuevo truco es la reformalización, y consiste en tomar a un detenido inicialmente formalizado por un delito y que cumple prisión preventiva por el tiempo que dura la investigación, y cuando ese plazo ya se ha cumplido, solicitar al juez la reformización por una serie nueva de delitos, lo cual permite una ampliación del plazo de investigación y del consecuente secreto de sumario fijado previamente. De esta manera se agrava la situación de indefensión de los presos, medida que ha contado con el aval tácito de la recién renunciada fiscal Regional del Biobio, Ximena Hassi Thumala, nueva Procuradora Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de la misma región, que inició este procedimiento. Para los abogados defensores, esto sólo muestra la debilidad de las pruebas del ministerio público contra los detenidos, lo que queda en evidencia ante los jueces muy pronto, que de esta manera en ocasiones resuelven dejar sin efecto las prisiones preventivas. Pero el montaje se mantiene incólume mientras la investigación se desarrolla en secreto, amparada por las normas de la legislación antiterrorista que impiden a la defensa conocer las acusaciones de que son objeto los presos. Por otra parte, en varios casos se mantiene un doble procesamiento, por la justicia civil y la justicia militar a los imputados, y los jueces se negaron a pronunciarse sobre el fondo de esta ilegalidad.
Todos estos hechos han acentuado la criminalización de las luchas del pueblo mapuche denunciada en 2008 denunciada por la Comisión Etica Contra la Tortura junto a organizaciones del pueblo mapuche y otros colectivos de la sociedad civil y el mundo de los derechos humanos. Quizás el único avance es que este año al menos fue posible dar cuenta de una contra respuesta a nivel legal, ya que hay más de 16 recursos de amparo y querellas por tortura, maltrato a menores, secuestro y otros, exigiendo una respuesta de los tribunales de justicia que ponga fin a los abusos denunciados. A ello se suma el informe del Relator Especial sobre Pueblos Indígenas, James Anaya, luego de su visita a Chile, cuyas observaciones no han sido atendidas por el Estado chileno.
Pena de 103 años
El artilugio de la reformalización ideado por el ministerio público se ensayó en el caso de los 23 detenidos en la zona de LleuLleu, que fueron reformalizados después del 11 de enero de 2010. En esa fecha debía cerrarse el plazo de la investigación respecto del caso Puerto Choque, la supuesta emboscada al fiscal Mario Elgueta, ocurrida en 2008, que en la versión de los comuneros, fue la respuesta espontánea de la comunidad a una nueva incursión de las fuerzas especiales en sus viviendas. Para la reformalización, en este caso se invocó hechos muy anteriores, como un incendio en el campamento Ranquilhue que ocurrió el año 2005. Además, por los mismos hechos la fiscalía en su acusación configura nuevos delitos. Por tanto cada comunero podría recibir hasta tres o más condenas por los mismos delitos, y otras adicionales por la justicia militar, en los casos en que están con doble procesamiento. Así es como se llega a penas de 103 años solicitada para Héctor Llaitul, de la CAM, por el ministerio público en Cañete, algo inédito en democracia y que recuerda los tiempos del llamado fiscal ad-hoc Fernando Torres, en dictadura.
Algo similar está ocurriendo con los presos políticos mapuche recluidos en Temuco y Angol. A algunos se les formalizó inicialmente por el atentado a un bus de pasajeros, pero luego se les imputaron otros hechos. Elvis Millan, por ejemplo ha sido reformalizado tres veces, acumulando así un total de 13 causas judiciales desde su detención el 3 de diciembre de 2009. Por un solo hecho ocurrido en el fundo San Leandro, el fiscal dedujo seis delitos diferentes: incendio terrorista e incendio común (?), robo con intimidación, lesiones graves, lesiones menos graves y homicidio frustrado. Asimismo Cristián Cayupan, junto a Eliseo Ñirripil Cayupan y Daniel Canio Traical fueron formalizados por segunda vez, acusados además por el “incendio terrorista” del fundo Brasil ocurrido el 11 de septiembre en Vilcún. La jueza María Teresa Villagrán acogió la postura del fiscal Miguel Angel Velásquez, alargando aun más la prisión preventiva de estas personas.
De igual forma Luis Tralcal, fue reformalizado el 28 de octubre por amenaza terrorista y el 4 de mayo debió enfrentar una nueva formalización por usurpación violenta, amenaza simple y violación de morada del fundo Tres Luces de Lautaro. Los defensores destacan el paulatino fracaso de esta modalidad, ya que Tralcal acaba de ser absuelto de los cargos por los que fuera reformalizado luego de su detención (incendio del fundo Las Praderas en Cholchol). Sin embargo debe permanecer aun en prisión preventiva por los otros cargos.
En Cañete, los abogados defensores Pelayo Vial, Montiel y Nelson Miranda, aseguraron en enero pasado, que en lugar de hacer una reformalización con cargos que se desconocían hasta la fecha y de los cuales no se podían defender los imputados, el juez de garantía debería haber procedido a absolverlos de los cargos, ya que había terminado el plazo de investigación sin existir pruebas por parte de la fiscalía.
Fiscales y ofertas
Por otra parte, con preocupante frecuencia se están conociendo denuncias sobre el comportamiento de los fiscales del ministerio público en causas relacionadas con el conflicto mapuche/Estado chileno/forestales. Los familiares de los presos políticos mapuche sostienen que para evitar el derrumbe de determinados montajes, a falta de pruebas los fiscales ofrecen la libertad o ciertas granjerías a un detenido en prisión preventiva, a cambio de inculpar a otros presos. Previo al ofrecimiento, los presos han sido presionados sicológicamente y/o sometidos a tortura por funcionarios de la policía. Los casos que se reseñan más adelante, son aquellos en que la maniobra ha sido rechazada y denunciada por los prisioneros interpelados. No es posible cuantificar la situación contraria, aunque ello se evidencia cuando el ministerio público retira los cargos (no persevera en la acusación) y después presenta a los ex imputados como testigos protegidos. Esto estaría ocurriendo con Elcides Pilquiman y Javier Navarro. En el caso de Elcides Pilquiman, se ha denunciado que el ex detenido de la comunidad Ranquilhue Chico, en la zona de Lleu Lleu, quien participaba en el proceso de recuperación de tierras de la comunidad de Choque, estaría en condición de total aislamiento respecto de su familia y comunidad. Luego de su detención en la cárcel de Lebu, la fiscalía lo liberó pero desde entonces no se le vio más en la zona. Según la Coordinadora Arauco Malleco, (en wwww.weftun.cjb.net) Elcides Pilquiman era especialmente vulnerable porque estaba involucrado en un delito sexual anterior, por lo que habría sido extorsionado bajo la amenaza de ser procesado por violación.
El fiscal Servando Pérez
Un “ofertón” irregular ya comprobado es el de una irregular propuesta del fiscal de Rancagua, Servando Pérez, en el proceso contra la documentalista Elena Varela y los co-imputados Kenny Sánchez y Sergio Reyes, relacionado con el tema mapuche por el secuestro del su material fílmico sobre la lucha por recuperación de tierras. En el juicio oral que tuvo lugar en Villarrica en abril de 2010, el ex empleado de forestal Mininco Sergio Reyes –quien resultó absuelto de todos los cargos- declaró que el fiscal Pérez le visitó en prisión dos veces para proponerle inculpar a Elena Varela y al artesano y ex preso político mirista Kenny Sánchez, de participación en un robo con homicidio, un robo con violencia y asociación ilícita a cambio de una condena menor a la que el Ministerio Público estaba pidiendo para él (20 años). Servando Pérez intentaba probar estos delitos desde que en mayo de 2008 ordenó detener en un mediático operativo a estas tres personas y otras cinco, que debió liberar posteriormente. En la segunda visita el fiscal sostuvo: ‘Sr. Reyes, yo necesito de usted y usted de mí; le ofrezco 5 años firmando en su casa, acusarlo como encubridor, pero usted tiene que declarar en contra de Kenny y Elena’.
Por ello, uno de los momentos más intensos del juicio oral en Villarrica fue precisamente esta declaración de Reyes Matus, quien en su declaración de cierre ante el tribunal oral aseguró que inmediatamente después de su detención, había firmado bajo presión una confesión redactada por la policía. De no hacerlo, miembros de investigaciones y funcionarios de inteligencia lo habían amenazado con detener a su mujer- recién salida de un hospital por depresión endógena - al igual como habían detenido a la esposa de Kenny Sánchez. Reyes Matus agregó que no tiene cómo probar los apremios sufridos para su detención, que lo forzaron a firmar la confesión , pero sí puede probar, a través de los registros de visitas de Gendarmería de la Cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, que el fiscal Servando Pérez en dos oportunidades lo visitó el año 2009 junto a su propio defensor público Cristián Godoy, para ofrecerle que inculpara a Elena Varela y a Kenny Sánchez a cambio de su propia libertad. En el libro de ingreso de Gendarmería está registrada la visita de Servando Pérez, quien allí se presentó como abogado y no como fiscal. La última oferta rechazada por el técnico forestal, consistía en quedar libre tan sólo con firma semanal por cinco años, a cambio de inculpar a Varela y Sánchez. En ese momento Sergio Reyes desahució a su defensor público y desde entonces su exitosa defensa la asumió el abogado de derechos humanos Nelson Miranda. La declaración de Reyes Matus y el conjunto del juicio con la evidencia de pruebas falsas o fabricadas, fueron filmados en su totalidad por el equipo de la documentalista Elena Varela y constituyen un documento de prueba sobre un montaje que alcanzó connotación internacional.
El fiscal Jorge Granada
Desde Lautaro, comuna ubicada 32 km al norte de Temuco, en la región de la Araucanía, el denominado Lof Muko denunció el 7 de enero de 2009 que un fiscal local, Jorge Granada, le ofreció al detenido Angel Reyes Cayupan (20 años) obtener rebaja de condena, cambio de identidad, traslado a otra región, casa y trabajo, si firmaba una confesión en la que involucrara como autores de la quema de un galpón en el fundo San Leandro , en enero de 2009, a su primo, el menor Cristian Cayupan Morales (18 años) y a otros miembros de su comunidad. Reyes Cayupan y su pariente habían sido detenidos el día 27 de noviembre. Según esta denuncia difundida por la Coordinación de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago - publicada en www.mapuexpress.net el 7 de enero - , Reyes Capupan fue sometido a tortura e intensas presiones psicológicas en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Lautaro, como parte del interrogatorio previo a la oferta. Luego se le trasladó incomunicado a la cárcel de Temuco, donde el 10 de diciembre el fiscal y el defensor público, abogado Ricardo Cáceres Setien, habrían reiterado el ofrecimiento. Cristian Cayupan fue enviado luego al centro de reclusión de menores de Cholchol distante unos 62 km de Lautaro, donde –por otras acusaciones- permanece recluido también el baleado menor Leonardo Quijon, de la comunidad José Guiñón de Ercilla, sin recibir atención médica. A través de dos cartas públicas ambos han reiterado su adolorida inocencia: “Nos trataron de inculpar con amenazas y golpes de parte de Investigaciones de Chile (PDI). Como no tienen prueba ahora salieron con testigos protegidos que no sabemos verdaderamente si existen o no….Pero no podrán callar nuestra voz por la injusticia que se comete contra nuestro pueblo por parte de un gobierno tan cobarde y traicionero y nos tienen aquí injustamente. Entonces, ¡cómo quieren que creamos en ellos, si cada día alimentan nuestros corazones con rabia y dolor!”
Una oferta similar a la recibida por Angel Reyes Cayupan, hizo la policía con otro comunero del lof Muko, Elvis Millan, víctima de la tortura conocida como “submarino” en el mismo cuartel de Investigaciones, después de haber sido llevado a constatar lesiones. Millan fue detenido el 3 de diciembre.
El 31 de diciembre el lof Muko fue allanado violentamente por fuerzas policiales, un hecho que se repite periódicamente y en el que la policía suele dejar heridos a bala, desde que en septiembre de 2009 los comuneros retomaron un proceso de recuperación del fundo Tres Luces, reivindicando tierras que consideran usurpadas por Pablo Herdener Truan. El lof Muko se presenta a sí mismo como “una comunidad autónoma que lucha por la liberación nacional mapuche, camino por el que transitan nuestros weichafe (luchadores) que no pertenecen ni están vinculados a partidos políticos ni a organizaciones legalistas funcionales a intereses propios del Estado”.
El fiscal Andrés Cruz
Por otra parte, según informa el 12 de enero el sitio www.paismapuche.org el fiscal Andrés Cruz, de Cañete, envió un emisario a la cárcel de Lebu, comuna ubicada a más de 140 km de Concepción, en la región del BioBio. A Eduardo César Painemil Peña, detenido el 15 de agosto de 2009 le ofrecieron “excarcelación inmediata, dinero, casa, trabajo y cambio de identidad para que declare e inculpe a dos de los comuneros inculpados junto a él por la quema de un camión grúa y cabañas en el lago Lleu Lleu”. Los afectados iban a ser Mauricio Millanao y Juan Carlos Millanao Painemil, también detenidos el 15 de agosto. Los tres son miembros de la comunidad Pascual Coña sin tierra. Pero Eduardo Painemil rechazó el ofertón, por lo que el fiscal encontró otra forma de mantenerlos en prisión y/o condenarlos: la reformalización. El 27 de enero obtuvo del juez de garantía John Landeros, 35 días más para investigar y agregó como cargo la asociación ilícita terrorista, incorporando además otros cinco incendios “terroristas” ocurridos en cabañas de veraneo de la provincia de Arauco en los últimos cuatro años. El juicio oral se realizaría recién junio, lo que extendió la prisión preventiva a más de un año.
El fiscal Cruz además está denunciado por detención ilegal y secuestro del comunero Daniel Lincopan, dirigente de la comunidad Juan Lincopan de Ranquilhue en la zona del LleuLleu, porque este fue secuestrado en Cañete y llevado a Talcahuano por orden del fiscal Andrés Cruz, sin que existiera orden alguna de detención en su contra. La entonces fiscal regional Ximena Hassi confirmó al tribunal de Cañete que no existía orden de detención alguna contra Lincopan.
El fiscal Mario Elgueta
Asimismo, según denunció el 4 de noviembre de 2009 la organización que agrupa a los Familiares de Presos Políticos Mapuche de Choque, el comunero César Parra Leiva, de Puerto Choque fue presionado y amenazado para que declarara contra Héctor Llaitul en el caso del incendio al campamento Ranquilhue, pero él se negó a convertirse en testigo protegido. Posteriormente, durante la audiencia de formalización, Parra – cuya defensa es llevada por el abogado Adolfo Montiel - denunció ante el juez haber sido objeto de torturas, y amenazas de muerte por el propio Fiscal Mario Elgueta (involucrado en la causa), para acusar a los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto, CAM.
Las políticas sobre el tema mapuche anunciadas por el nuevo gobierno sólo contribuirán a agudizar la situación actual, por lo que se requiere una acción solidaria urgente a nivel nacional e internacional
IX.- Testimonios de tortura
Informe “Cronología y Descripción de Situaciones de Represión y Violencia Ejercidas por Instituciones Policiales del Estado de Chile contra Niños, Niñas y Adolescentes Mapuche (2001 – 2009)” de la sicóloga Claudia Molina González y el Defensor Jurídico Social Autónomo.
1.- Cronología y descripción de situaciones de represión y violencia ejercidas por instituciones policiales del Estado de Chile contra niños, niñas y adolescentes mapuche (2001 – 2009).
A continuación, se exponen los registros de denuncias sobre hechos que constituyen vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes mapuche, producidas por el ejercicio policial e institucional de violencia física y psicológica, directa e indirecta, en su contra: 16 de enero de 2001: Policías hieren a D.Ñ., de 12 años, hija del Lonko José Ñancupil, de la Comunidad de Nalcahue, en el contexto de reivindicación de derechos territoriales de dicha comunidad en el Fundo El Carmen. La niña fue atacada por Carabineros, dentro de un operativo para desalojar a los comuneros. Sin embargo, la agresión a Daniela ocurrió alejada del lugar del conflicto. La niña recibió siete balines, siendo herida en la espalda y un brazo, con resultado de lesiones graves. La familia presentó una querella contra Carabineros de Chile, la que fue declarada inadmisible por el Juzgado de Garantía de Temuco, con fecha 24 de enero de 2001. 13 de noviembre de 2001: Alrededor de cien efectivos de la policía antimotines realizan el desalojo del Fundo El Rincón. Esta acción policial afectó a las comunidades Pelantaro, Andrés Maril, Huichahueico y Juan Maril, todas de la comuna de Purén. Se señaló que en el operativo los niños de las comunidades tuvieron serías complicaciones por asfixia, como producto de los gases lacrimógenos lanzado por la policía. Agosto de 2002: Se dan a conocer públicamente las amenazas reiteradas contra D. Ñ., niña herida el año 2001. D. fue víctima de dos secuestros consecutivos por parte de desconocidos de civil, quienes portaban armas, los que la retuvieron amenazando de muerte a la niña y su familia en caso de denunciar estos hechos, siendo además físicamente agredida por sus
secuestradores. Los secuestros fueron realizados los días 29 de agosto y 05 de agosto de 2002. 07 de noviembre de 2002: Edmundo Alex Lemun Saavedra, de 17 años, comunero de la comunidad de Montutui Mapu, del sector de Agua Buena,recibe un disparo letal en la frente por parte de Carabineros, en el transcurso de una ofensiva policial como respuesta a una acción de recuperación territorialen el Fundo Santa Alicia, propiedad de la Forestal Mininco. El joven fallece el 12 de noviembre de 2002, en la Clínica Alemana de Temuco, después de mantenerse agónico durante cuatro días 25 de noviembre de 2003: Ana María Garcés, Directora de la Escuela Básica G-27 “Colonia Manuel Rodríguez”, denuncia frente al ataque incendiario que destruye el establecimiento, una situación de persecución constante hacia los alumnos mapuche “por gente interesada en dejarlos mal”, señalando así una discriminación racial hacia los niños que asistían a dicha escuela. 2 de abril de 2006: J.I.H. de 16 años, residente de la comunidad de Temucuicui fue interceptado cerca de las 18:00 horas por carabineros de Fuerzas Especiales que resguardaban la propiedad del latifundista René Urban, que limita con Temucuicui. Posteriormente, fue ingresado a un bus institucional, interrogado, apuntado con armas de fuego y amenazado de muerte, en un episodio que se prolongó por alrededor de una hora, para ser posteriormente liberado, regresando a su domicilio en estado de shock.
24 de julio de 2006: La comunidad de Temucuicui, colindante con la propiedad de René Urban, es allanada cerca de las 10:00 AM, por alrededor de 400 efectivos policiales que provocan daños y destrozos. Los niños y mujeres fueron sacados de sus casas, trasladados a un bus policial e interrogados por el fiscal y policía de investigaciones. Se utilizaron bombas lacrimógenas y 1 Cronología de la Violencia y Terrorismo contra Mapuche. www.mapuche-nation.org 2 Primer Informe de la Comisión Ética contra la Tortura. Santiago, 26 de junio de 2008, 3 balines de goma y plomo, hiriendo a mujeres, niños y ancianos. Una de las bombas fue lanzada dentro de una casa, provocando el desmayo de los niños que se encontraban en su interior. Otra de las graves consecuencias de este allanamiento, fue lo sucedido a P.Q. y Á. M., ambos de 12 años, que se encontraban realizando labores cotidianas cuando sus hogares son allanados
por Carabineros. Tras escuchar disparos, ambos huyeron hacia los cerros, permaneciendo extraviados hasta altas horas de la noche, siendo encontrados en estado de shock y con principio de hipotermia. Ambos niños son residentes de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, la que, hasta la fecha del presente informe, se encuentran realizando movilizaciones por demandas y recuperaciones territoriales. La madre de uno de los niños refiere que, en dicho
allanamiento la policía habría intentado dar con el paradero del Lonko y Werken de la comunidad. En entrevista realizada al niño P. Q., éste refiere: “… A mi casa los pacos han ido varias veces- cuenta Patito. “Me preguntan si mi papá tiene armas y ahí a uno lo amenazan: le ponen en la cabeza una cuestión, un revolver que andan trayendo. Yo me quedo callado y trato de no llorar porque si uno está con miedo y ellos se dan cuenta, más lo asustan a uno…”.
07 de diciembre de 2006: A. L. Ll., de 08 años de edad, perdió uno de sus dedos cuando el bus rural en que viajaba desde Ercilla, junto a otros comuneros mapuche, todos residentes de la comunidad de Temucuicui, fue interceptado violentamente por Fuerzas Especiales de Carabineros, situación denunciada por UNICEF. En este operativo fue también detenido G. L. de 16 años de edad.
26 de diciembre de 2006: Se allana el domicilio de la Machi Sonia Cheuque Aedo, en la comunidad de Yeupeko, comuna de Padre Las Casas. El día anterior, en esta misma comunidad, había sido detenido Roberto Painemil, acusado de porte de armas e incendio de maquinaria agrícola de Forestal Mininco. El incendio ocurrió el 25 de diciembre, horas después del arresto de Painemil. En dicho allanamiento, por el que se presentó querella criminal 153 .(www.comunidadtemucuicui.blogspot.com )
15 de enero de 2007, se interrogó ilegalmente a una niña de 05 años de edad, “provocando un trauma psicológico en la niña, que por falta de recursos no ha recibido tratamiento médico adecuado”. 4
Años 2006 y 2007: Carabineros de la SIP de la Prefectura de Malleco ingresó, no por primera vez según profesores, a la Escuela Chihuaihue (Ercilla). De acuerdo a lo descrito en el recurso de protección interpuesto en su oportunidad “en dicho interrogatorio preguntaron a los niños si hay armas en sus comunidades…quienes estaban peleando tierras…si eran parientes de quienes peleaban la tierra…” (Recurso de Protección presentado por Observatorio de
Derechos de los Pueblos Indígenas con fecha 18/06/2007). Además en la Escuela Particular Nº 23 El Progreso, el mismo recurso plantea que luego del allanamiento al establecimiento, funcionarios policiales regresaron a la escuela y señalaron a los niños que sus padres ya se encontraban detenidos por “usar armas y ocupar tierras que no son suyas…”. En el escrito se señala que estas acciones estarían habitualmente relacionadas al inicio de labores de plantación
de Forestal Mininco.
Octubre de 2007: Nuevamente, es agredido por carabineros el niño P. Q., residente de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. El niño ingresó al Servicio de Urgencia de la Asistencia Pública, con siete perdigones en una pierna disparados por carabineros con escopetas antimotines. La Comunidad de Temucuicui, mantiene hasta esa fecha demandas territoriales que implican al Fundo Alaska, propiedad de Forestal Mininco.02 de febrero de 2008: V. C., de 15 años de edad, de la comunidad Ankapi Ñancuhew, es detenido junto a otros comuneros de Temucuicui, al intentar intervenir para detener la agresión de uno de ellos por parte de funcionarios de carabineros, mientras se realizaba la celebración del aniversario de la comuna
de Ercilla. Esa noche, todos los detenidos, incluido V. C., fueron trasladado a al Primer Informe de la Comisión Ética contra la Tortura. Santiago, 26 de junio de 2008.
5 Minuta “Hechos de Violencia imputables a Carabineros de Chile que han afectado a niños mapuche en a región de La Araucanía (2007-2009)” ; (Observatorio Ciudadano).
Comisaría de Collipulli y golpeados por carabineros. “…Además, durante el trayecto fueron golpeados con las culatas de las armas de servicio y fueron amenazados e insultados con epítetos racistas al tenor de: indios tales por cuales, así que ustedes son los de Temucuicui , ustedes no se merecen vivir , hablen ahora , hagan la denuncia indios de mierda. Los vamos a hacer cagar!...”
De acuerdo a lo referido por el menor de edad, fue golpeado en más de una oportunidad por Carabineros, siendo recluido en un calabozo en Collipulli:”…hacía mucho frío, me dejaron bien jodio ese ”..día, los pacos se enojaron y me agarraron a patadas…” . (Periódico “El Ciudadano”, Diciembre de 2008; Revista Azkintuwe, Diciembre de 2008).
Junio de 2008: El joven L. M. C., de 16 años de edad, es agredido por
Carabineros, sufriendo una fractura de mandíbula a raíz de un golpe de culata, durante el allanamiento realizado a la Comunidad José Guiñón. L. fue formalizado por el cargo de daño a armamento fiscal, siendo reconocida la ilegalidad de su detención por el fiscal y la defensa (www.comisionderechoshumanos.org). En este mismo operativo, J.M.L. de 17 años de edad, resultó herido con una munición calibre 22 en una pierna, y con un brazo fracturado a causa de los golpes recibidos de parte de funcionarios de carabineros.
Posteriormente, tras ser trasladados al Hospital de Angol y ser constatadas sus lesiones, ambos menores fueron esposados por funcionarios de carabineros a sus camas, quienes les habrían referido que esta acción era por encontrarse en calidad de detenidos, además de ser amenazados con ser sedados en caso de mantener una actitud de resistencia ante este hecho, permaneciendo esposados durante toda la noche. (Minuta “Hechos de Violencia imputables a Carabineros de Chile que han afectado a niños mapuche en a región de La Araucanía (2007-2009)”. Observatorio Ciudadano).
29 de julio de 2008: P. Q., ahora de 13 años de edad, en un allanamiento realizado por Carabineros, donde fue amenazado, agredido con golpes de puño y patadas, interrogado e insultado, dentro de una micro de la institución policial, siendo liberado luego de varias horas. Este procedimiento habría sido realizado en el marco de una investigación por abigeato, sin embargo el allanamiento no logró dar con los animales ni con los supuestos responsables. La OMCT lanza campaña urgente por el respeto de los derechos del niño mapuche. 12.02.2008 www.mapuchenation.org
24 de agosto de 2008: A las 06:00 AM se inicia un violento allanamiento policial en la Comunidad Autónoma de Temucuicui. En este allanamiento, donde presumiblemente en busca de comuneros dirigentes que mantienen las reivindicaciones territoriales, resulta intoxicada por una bomba lacrimógena la niña M. H. C., de 07 días de vida. Producto de la acción policial, resultaron también heridos los niños R.Q.C. y H. Q. C., de 05 y 02 años de vida respectivamente. Septiembre de 2008: Relmutray Cadin Calfunao, de 11 años, solicita asilo político en Suiza, donde residen algunos de sus familiares. Esta decisión fue asumida por su familia, a raíz del encarcelamiento de la totalidad del grupo familiar, lo que además de dejar a Relmutray en graves condiciones de inseguridad y desprotección (fue emporalmente acogida por una familia amiga afectivamente cercana), obligaba a la niña, en ese entonces de ocho años de edad, a relacionarse con sus padres y hermanos en contextos penitenciarios, a través de la solicitud de permisos especiales, lo que contribuía a dañar aún más su desarrollo afectivo y social. La niña actualmente reside junto a su tía materna, Flor Calfunao, en Ginebra, Suiza, vivenciando una situación de desarraigo familiar y cultural, protegida de la violencia recurrente de que han sido víctimas todos los miembros de su familia nuclear, considerándose a sí misma como “exiliada”.
30 de octubre de 2008: El joven R.H., de 17 años, es detenido junto a dos universitarios, acusado de haber lanzado bombas incendiarias contra 10 carabineros. Minuta “Hechos de Violencia imputables a Carabineros de Chile que han afectado a niños mapuche en a región de La Araucanía (2007-2009)” ; Observatorio Ciudadano.
El joven permaneció detenido, sin que sus familiares supieran su paradero durantes tres días, violándose sus derechos y garantías procesales, recibiendo apremios ilegítimos y siendo procesado por la Ley Antiterrorista, con arresto domiciliario.
Año 2008: en el marco de la lucha de diversas comunidades lafkenches por evitar la construcción del ducto de evacuación de efluentes de la Planta Celulosa Valdivia de Celco, es saqueada la Escuela de Maiquillahue, destruyendo su mobiliario e implementación, situación que es informada a la suscrita por el profesor de la dicha escuela.
04 de diciembre de 2008: P. Q. M., ahora de 13 años, es nuevamente detenido por la Policía de Investigaciones mientras cuidaba animales en territorio de su comunidad, junto a su primo A. Q., de 16 años. El niño, luego de ser amenazado con armas de fuego, fue trasladado a una unidad policial en Traiguén, golpeado, encapuchado e interrogado y abandonado a más de 15 kilómetros de su hogar, bajo amenazas . El niño refiere además que le negaron el consumo de agua. Esta detención se dio en el marco de un allanamiento de alrededor de 80 efectivos de la Policía de Investigaciones a la comunidad de Temucuicui, como respuesta a las demandas territoriales realizadas respecto al territorio del ex Fundo Alaska, presuntamente en búsqueda del Werken de la comunidad, Víctor Queipul.
13 de enero de 2009: Luego de un incendio en el fundo San Leandro,
carabineros realiza un allanamiento en la comunidad de Yeupeco, Comuna de Padre Las Casas. En este allanamiento se realizaron numerosos disparos contra la vivienda de Arturo Tralcal, quien se encontraba sólo junto a sus hijos, M.T, de 10 años y F.T. de 13 años de edad. Este último fue además encañonado por carabineros mientras salía rumbo a la casa de sus abuelos. ( www.renacerdeangol.cl, Cien presos políticos mapuche ad portas del Bicentenario www.agenciadenoticias.org .Minuta “Hechos de Violencia imputables a Carabineros de Chile que han afectado a niños mapuche en a región de La Araucanía (2007-2009)”; Observatorio Ciudadano).
05 de febrero de 2009: En el marco de un allanamiento realizado por
carabineros de fuerzas especiales al hogar de doña Dina Coña, todos los ocupantes del domicilio fueron víctimas de violencia policial, incluyendo a dos niños, uno de los cuales, de 08 años de edad, fue obligado a bajar del segundo piso de la vivenda y “le apuntaron en la cabeza”.
31 de julio 2009: Alrededor de 80 estudiantes del Liceo Alonso de Ercilla, de Ercilla, se toman el establecimiento solicitando el cese de la militarización en la zona y de la violencia y hostigamiento policial en sus comunidades de residencia, lo que afecta negativamente tanto a sus familias, como al desarrollo de sus actividades curriculares. La intervención policial en dichas comunidades se enmarca en las acciones de recuperación territorial y la exigencia de respuestas oportunas por parte del gobierno chileno a estas demandas. Días previos a esta toma, ocurrió la ocupación de terrenos del Fundo La Romana (propiedad de René Urban), por parte de la comunidad de Temucuicui. Cerca de las 12:30 horas, los estudiantes son desalojados violentamente por Carabineros de la Prefectura de Malleco, registrándose la detención de 16 estudiantes mapuche. En el desalojo participaron efectivos de fuerzas especiales, dos carros policiales, denunciándose, además de violencia física contra los jóvenes, la existencia de disparos por parte de carabineros. La totalidad de estudiantes detenidos (11 hombres y 5 mujeres), entre ellos la hija del Lonko de la Comunidad Tradicional de Temucuicui, 14 fueron trasladados al retén de Ercilla, siendo posteriormente dejados en libertad. Es necesario reportar también, la denuncia de los jóvenes, respecto de haber sido obligados a entregar sus huellas digitales, plantares y a la utilización de parches de ADN en la espalda, vulnerando las disposiciones del código procesal penal chileno y pactos de derechos humanos (www.lanacion.cl ; www.observatorio.cl ; Cien presos políticos mapuche ad portas del Bicentenario. www.agenciadenoticias.org ).
11 de septiembre de 2009: Nancy Millanao Painemil, de la comunidad Pascual Coña, comuna de Tirúa, y Jessica Carilao Liencura, de la comunidad Venancio Ñeguey, comuna de Cañete, interponen en la Corte de Apelaciones de Concepción un Recurso de Protección en contra de Carabineros de Chile, Prefectura de Arauco, denunciando en esta instancia actitudes de violencia hacia los niños de sus comunidades en operativos policiales. Los hechos son expuestos de la presentación judicial de la siguiente forma: “…El presente recurso va dirigido en favor de los menores Paola Parra Carilao de 13 años de edad, alumna de 8º año básico, Daniel Parra Carilao de 12 años de edad, alumno de 5º básico, Fernanda Parra Carilao de 8 años de edad, alumna 2º básico, todos cursando en la Escuela G 862 Chillimapu de Puerto Choque y del menor de 5 años de edad Norberto Manuel Parra Carilao, hijos de doña Jessica Carilao Liencura. Venimos, también, en recurrir en favor de los menores Cesar Leandro Millanao Millanao de 12 años de edad, alumno de 6º año básico en la Escuela Particular Ranquilhue, Yordan Andres Leiva Millanao de 9 años de edad alumno de 5º año básico, Danitza Constanza Huenuman Millanao de 5 años de edad quien asiste al Jardín Infantil del mismo establecimiento y el menor de 5 meses de edad Henry Alexis Huenuman Millanao, hijos todos de Nancy Ximena Millanao Painemil.
Del mismo modo este recurso se dirige en favor de todos los niños de las comunidades mapuche colindantes al lago Lleu-Lleu, comunas de Cañete y Tirua, los cuales son sometidos de manera constante a todo tipo de controles intrusivos en caminos y sus hogares, muchos de los cuales por temor no quieren sumarse a este presentación.
A.- LOS HECHOS: NANCY JIMENA MILLANAO PAINEMIL:
Que, el 15 de agosto del presente año, en medio de un gran operativo policial en la comunidad de Pascual Coña, Carabineros ingresó a mi domicilio, alrededor de las 6 de la madrugada, echando abajo la puerta con violencia e introduciéndose alrededor de 40 policías fuertemente armados a la habitación en donde me encontraba durmiendo junto a mi pareja, Heriberto Huenuman Lihuenpi, y mis dos hijos menores. Mi pareja fue reducido en medio de groserías, siendo apuntados en todo momento con armas de fuego y solo en ropa interior, obligado a tirarse al suelo, en medio del llanto y terror de mis hijos Danitza y Henry. Simultáneamente a este violento y traumático proceder policial, efectivos de Carabineros patearon la puerta del dormitorio de mis hijos Cesar y Yordan, de 12 y 9 años, ingresando violentamente a su cuarto, los apuntaron con armas de fuego y fueron obligados a salir al comedor, en medio de groserías, donde fueron dejados boca abajo, en el suelo, completamente aterrorizados. La policía se dedicó a registrar nuestro hogar durante media hora, aproximadamente, dejando todo convertido en un caos….
….Hasta el día de hoy, la familia en su conjunto se encuentra atemorizada, y los niños no han podido superar el miedo. Ellos dejan las puertas sin cerrojos “para que la policía no las vuelva a romper”, si ladran los perros se ponen a llorar pues ”vienen los pacos”, en sus palabras, entre otras expresiones del temor infundido, cuyas consecuencias continúan hasta hoy.
JESSICA CARILAO LIENCURA:
Vengo en denunciar lo ocurrido el día 24 de agosto del presente año, día muy lluvioso, en que fue detenido mi hermano, Leonel Carilao Liencura en el centro de Cañete.
Aproximadamente a las 16.00 horas, mis tres hijos Paola, Daniel y Fernanda Parra Carilao terminaron su jornada escolar en la escuela G 862 Chillimapu de Puerto Choque y abordaron el bus escolar que diariamente va a dejar a los niños de vuelta a su hogar. El bus era conducido por don Ricardo Pilquiman Llevilao y en él viajaban otros tres niños. Aproximadamente a 1 kilómetro de nuestro hogar el furgón escolar fue detenido por un contingente de Carabineros, los cuales le dijeron al chofer que no podía continuar su recorrido, el chofer les explicó que llevaba a los niños de regreso a su hogar, pero el personal policial hizo bajar a los niños, encañonándolos y ordenando al chofer regresar a la escuela. Mis tres hijos tuvieron que caminar, bajo la lluvia, abrazados y llorando el kilómetro que los separaba de su casa. Simultáneamente llegó un gran contingente de Carabineros al hogar de la abuela, Maria Liencura ingresando con violencia y, encañonando a mi hijo menor Nolberto, quien se encontraba en el dormitorio viendo televisión, al niño lo interrogaron acerca de si tenía pistolas, el cual sufrió un gran shock por la violencia desplegada por la fuerza policial.
En su actuar Carabineros ha actuado atentando contra la integridad psíquica de nuestros niños. Generando temor e incertidumbre, los niños no solo le temen a Carabineros lo que sin duda tiene implicancias en el normal desarrollo de los niños y en su proceso de aprendizaje. Por ello ante este escenario, claro es, se configuran actos de Carabineros que perturban y amenazan las garantías constitucionales de los menores….” Con fecha 02 de noviembre de 2009, este Recurso de Protección queda en acuerdo en la Corte de Apelaciones de Concepción, siendo posteriormente rechazado.
12 de septiembre de 2009: Durante el allanamiento realizado por Fuerzas Especiales de Carabineros a la Comunidad Mateo Ñiripil, tras un atentado incendiario en el Fundo Brasil, R.M.Ñ, de 15 años, es agredido por efectivos policiales sin identificación e intenta ser detenido mientras transitaba por un camino rural.
02 de octubre de 2009: El niño F. M. M., de 10 años de edad es herido por
carabineros, recibiendo un balín de goma en la región parietal, muy cerca del ojo, sin compromiso. Los efectivos policiales realizaban un operativo en la comunidad de Temucuicui, en el momento en que F.M.M. se encontraba cuidando animales.
Recurso de Protección en contra de Carabineros de Chile, Prefectura de Arauco. www.piensachile.com
03 de octubre de 2009: El niño Á. A. C.H., de 12 años de edad, residente de la comunidad de Temucuicui, recibió un impacto de perdigón en una pierna con una escopeta antimotines. Fue encontrado desmayado, siendo posteriormente internado durante tres días en un centro asistencial de la comuna. De acuerdo a lo referido por la familia, el niño fue atacado a mansalva por Carabineros dentro del predio de la comunidad, en el transcurso de un allanamiento realizado por Carabineros. El niño refirió “..cuando los vi traté de correr, pero me empezaron a perseguir y me dispararon…”. El niño vuelve a ser herido por carabineros en un allanamiento realizado el día 16 de octubre de 2009.
05 de octubre de 2009: F. P. M., de 14 años de edad, residente de la
comunidad de Rofue, sector de Padre Las Casas, recolectaba hierbas junto a la Machi de su comunidad. En ese momento, ambos se encuentran con un grupo de Carabineros, que perseguía a comuneros que vinculaban a la toma del Fundo Santa Lucía. Al ver a F.P.M., efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros le dispara balines, recibiendo impactos en su pierna, codo y espalda. Al intentar huir, el niño es perseguido en helicóptero en vuelo rasante por alrededor de tres kilómetros, reducido, apuntado con arma de
fuego y sumergido en un canal bajo amenaza de muerte. Posteriormente, lo obligaron a subir al helicóptero, luego de ser golpeado y con las manos amarradas. Una vez en vuelo, con las puertas abiertas, mientras F.P.M., permanecía con la cabeza dirigida hacia el exterior, Carabineros lo amenazó con lanzarlo al vacío si no entregaba nombres de las personas que participaban en la ocupación del predio Santa Lucía, de la zona de Maquehue.
Tras ser insultado en forma discriminatoria, es trasladado a la Comisaría de Padre Las Casas, donde estuvo detenido por tres horas aproximadamente, sin que sus padres fueran avisados de su paradero.
El 22 de octubre de 2009 se presentó una querella criminal contra Carabineros por estos hechos, sin embargo el Tribunal de Garantía se declaró incompetente, trasladando el caso a la Justicia Militar, la que, de acuerdo al abogado del Observatorio Ciudadano, “ no entrega las garantías suficientes de imparcialidad en un juicio de estas aracterísticas”. ( www.mapuexpress.net)
16 de octubre de 2009: Tres días antes, luego que encapuchados realizaran un atentado incendiario a un camión en las cercanías de la zona de Collipulli, presumiéndose en este acto la participación de comuneros mapuche, el gobierno de Chile anuncia la aplicación de la Ley Antiterrorista y aumenta en la militarización de la zona.
En este contexto, el día 16 de octubre, a las 14:00 horas, cerca de 200
carabineros ingresan a la Comunidad de Temucuicui, en el momento en que se desarrollaba una reunión de los comuneros con funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en dependencias de la escuela del sector. Los efectivos ingresaron a la comunidad sin identificación, sin orden judicial, con un carro lanzagas, un bus policial, 10 camionetas y una tanqueta, disparando.
Resultaron heridos siete niños, siete mujeres (incluyendo embarazadas) y seis hombres con perdigones de goma. Todos los niños resultaron presentaron síntomas de asfixia por los químicos utilizados. Resultaron también golpeados y detenidos el Lonko, Juan Catrillanca, y el Werken, Mijael Carbone, ambos representantes de la Alianza Territorial Mapuche. Según lo referido por un funcionario del servicio público que se encontraba presente en la reunión: “ De repente escuchamos disparos y obviamente reaccionaron los que estaban, estaban los niños llorando, carabineros disparando por todos lados y tirando bombas lacrimógenas por todos lados” . El siguiente es el listado conocido de víctimas del operativo de Carabineros19:
Diana Márques Queipul, 3 años, asfixia:
Joana Catrillanca Queipul, 17 años, herido con perdigones.
Angela Millanao Queipul, 17 años, herido con perdigones.
Maribel Marillan Morales, herida con perdigones y su bebé Tatiana Aguayo Marillan, de 09 meses, asfixiada.
Brian Queipul Marillan, 5 años, asfixia.
Tomás Levicura Queipul, 06 años.
Lissette Romina Levicura Queipul, 6 años asfixia y shock nervioso, vómitos. (www.latercera.com; www.mapuexpress.net ;
Arlen Marillan Coronado, 11 años.
Noelia Millanao Marillan, asfixia.
Reinaldo marillan coronado, 4 años asfixia.
Felipe Millanao Cañio, 04 años perdigones en la frente junto a los ojos, hematomas en sección ocular.
Jazmín Catrillanca Queipul, asfixia.
Fernanda Huenchuñir Catrillanca 4 años asfixia y shock nervioso.
Eduardo Millanao Queipul, 8meses asfixia.
Milovan Millanao Cañio, 5 meses asfixia.
Jerónimo Catrillanca Milalnao, 1 mes.
Dagoberto Queipul Millanao, 02 años, asfixia.
Debora Camila Necul Queipul 10 días asfixia.
Leandro Queipul Marillan, 5 años.
Boris Llanca Nahuelpi, 7 años, asfixia.
Joaquín Millano Queipul, 06 años.
Álvaro Coronado Huentecol, 12 años, perdigones en el pecho (herido
también el 03.10.2009) y Felipe Marillan Morales, perdigones en la pierna. Ambos fueron recientemente heridos por la policía al interior de la misma comunidad.
Evelyn Nahuelpi Morales, 12 años.
Samuel Aguayo Marillan, 3 años asfixia.
Pablo Quidel Cañio, asfixia, 6 años.
Yanira Nahuelpi Millanao, 7 meses, asfixia
Karen Nahuelpi Marillan, 5 años, asfixia
Bárbara Huaiquillan Águila, 8 años, asfixia
Gerardo Huaiquillan Águila, 10 años, asfixia.
Railen Queipul Cayuan ,10 meses, asfixia.
Aylin Rayen Carbone Venegas, asfixia.
16 de octubre de 2009: Carabineros desarrolló un violento operativo en la Comunidad José Guiñón, comuna de Ercilla, donde fue allanada la casa del Lonko José Cariqueo, siendo detenido junto a su hijo M. C.L., de 13 años de edad, y dos comuneros más. Según refiere la madre del niño, Matías fue amarrado de manos y golpeado por Carabineros, dejándolo herido: “ Yo estaba dentro de mi casa y de repente vi un carabinero y después dos carabineros y después tres y el cuarto me agarró y me saco para afuera (de la casa). No pidieron permiso ni mostraron papeles, entraron para adentro como un pájaro
que pilla la puerta abierta y entra, así entraron. Matías (su hijo) estaba
comiendo mote cuando los carabineros llegaron. Le golpearon y sacaron sangre. Me lo marearon, me lo amarraron de las manos. El patio quedó todo ensangrentado con sangre de mi hijo”, relató aún entre llantos la machi Adriana Loncomilla. Todavía no he visto a mi marido. Me dejaron amarrada en el patio, no me podía parar lamgen (hermana). Me dieron vuelta todo lamgen, me dieron vuelta mi maletín con mis documentos y con 7 millones de pesos, me los
sacaron del maletín. Me sacaron pelo, estaba desparramado en el patio. La ropa que llevaba puesta toda echa tira, por poco no me dejaron desnuda. Estaban mi hija y mi hijo también en la casa”.20
Alrededor de las 15:00 horas, un grupo de observadores de derechos humanos (de la Comisión Ética contra la Tortura y Observatorio de la Escuela de Las Américas SOA Watch) llegó a la comunidad, encontrando a la machi Adriana Loncomilla amarrada en el suelo, con signos de haber sido golpeada, los dos hijos más pequeños de la machi llorando, y rastros de sangre en el suelo. La misma delegación constató que M.C.L, al momento de ser liberado por Carabineros, tenía la ropa manchada con sangre y heridas en la espalda. El martes 03 de noviembre de 2009, a las 10:00 AM, M.C.L tuvo que asistir a
audiencia en Fiscalía Militar, siendo señalado por la familia que este es el décimo allanamiento a su hogar vivenciado por el niño y sus hermanos.
20 de octubre de 2009: L.Q. P., de 17 años de edad, es herido por perdigones por Carabineros, resultando con una lesión de ocho centímetros en su pantorrilla izquierda. (www.lanacion.cl). Según refiere su abogado el joven andaba cazando conejos, cerca del lugar donde se había producido un atentado incendiario contra dos camiones, en la zona de Angol. El joven se mantuvo seis días oculto
y herido, por “temor a la justicia”, ya que se supuso su participación en el atentado referido. No obstante, L.Q. ha reiterado su versión de los hechos, reportando: “…íbamos por un sendero, vimos las luces (de la camioneta); no sabíamos si eran carabineros o guardias del predio (en el que estaban)…”.
25 de octubre de 2009: Mientras se realizaba un violento allanamiento por parte de Carabineros en la Comunidad Juan Catrilaf 2, sector Tres Cerros, comuna de Padre Las Casas, Erica Catrilaf, entre otras personas heridas, recibió dos perdigones en el cuello, mientras mantenía en brazos a su bebé de nueve meses de edad. Posteriormente, tras constatar una lesión en uno de los brazos del bebé, fue trasladado al Hospital Regional de Temuco, donde se constató que el infante había recibido un impacto de balín en uno de sus brazos. La denuncia de la madre fue acogida por la Fundación Instituto Indígena.
Noviembre de 2009: En el contexto de una movilización realizada por la Comunidad Chiuka Pichicoy, a raíz de las reivindicaciones territoriales realizadas al interior del Fundo Pisu Pisue, Carabineros ingresa al sector, desalojando violentamente a comuneros, incluyendo los niños presentes, entre los cuales se encontraba una bebé de escasos meses de vida. En el Comunicado Público emitido por la Comunidad Chiuka Pichicoy, con el fin de denunciar la violencia de estos hechos por parte de la policía y latifundistas, señalan: “Nos indigna la inaceptable y cobarde actitud de las fuerzas
especiales de Carabineros de Chile quienes fueron capaces de apresar, interrogar y someter a violencia psicológica innecesaria a un niño de 11 años, hijo del longo de nuestra comunidad.”
Noviembre de 2009: Es detenido Cristián Alexis Cayupan Morales, de 18 años, acusado de incendio y robo en un fundo en la comuna de Lautaro. El joven, de 17 años al momento de ocurridos los hechos que se le imputan, se encuentra con medida de prisión preventiva recluido en el Centro Privativo de Libertad del Servicio Nacional de Menores (con perímetro de Gendarmería) de Cholchol (www.emol.com). El joven se encuentra formalizado por los delitos de incendio, robo con intimidación, hurto simple, lesiones menos graves, incendio terrorista y homicidio frustrado, aplicándose también la Ley Antiterrorista. El juzgado determinó seis meses de plazo para el cierre de la investigación.
Referencia en informes a situaciones de maltrato, violencia y vulneración de derecho por parte de organismos policiales o civiles, en contextos de defensa territorial por parte de las comunidades mapuche:
- M y J, de 08 y 06 años respectivamente reportan haber presenciado
agresiones, golpes y amenazas a su madre en numerosas oportunidades “…nos quedamos llorando en la pieza..los carabineros botaron a mi mamá y le pegaron…”. J., niña de 11 años presentó pesadillas y síntomas ansioso durante días tras haber sido amenazada por Carabineros con ser detenida por haber sido encontrada “ fuera de los límites de su comunidad” buscando animales.
- En relación a la presencia de niños al ser detenidos sus padres, W., niña de 05 años reporta:”…yo me acuerdo que a la mamita…yo estaba ahí esa vez…a la mamita como que ese día la llevaron así o así (manos entrelazadas atrás)…y la encadenaron…”. N., niña de 11 años: “…una vez cuando tomaron preso a mi papá, la última vez….casi me desmayé…no podía dejar de llorar..lo acusaron que quemó una casa y nosotros ese día no estábamos que estábamos en la
licenciatura de mis hermanos…”. L.M. de 11 años: “…cuando allanaron nuestra casa dejaron todo hecho pedazo, nos pegaron a nosotros. A mi abuelita la arrastraron..la echaron como a un perro al furgón, a nosotros los niños los carabineros nos dijeron “cállense sino les vamos a pegar…después nos
ofrecieron dulces..se llevaron todas las herramientas de trabajo..”(www.radiobiobio.cl) “Informe Diagnóstico y de Intervención Comunidad Cacique José Guiñón”, Programa de Salud Mapuche, Servicio de Salud Araucanía Norte, 2004.
- “Maltrato físico y psicológico- vejación sexual- a los hijos de Héctor Llaitul….la esposa de Héctor Llaitul….fue autorizada a realizar una visita especial junto a sus cuatro hijos. Al llegar al penal se debió esperar varias horas y cuando por fin entraron, gendarmes procedieron a allanar a dos de los niños, de 12 y 13 años, por separado, de una manera brutal, exigiéndoles desnudarse completamente, a lo que los hijos de Llaitul y Pamela Pessoa se negaron. Los jefes de la Guardia interpelaron a Pamela Pessoa sobre el hecho de que “le estaban haciendo un favor” y que ella “debía obligar a sus hijos a hacer lo que se les exigía…”
- La madre de las niñas Q. y K. de 08 y 11 años, refiere haber sido advertida respecto de la intervención de los teléfonos de sus hijas, luego que las niñas participaron en un acto público contra la construcción de un ducto por parte de la empresa CELCO “…la Q. con la K. están marcadas porque se subieron al escenario cuando vino Joe Vasconcellos a hablar contra el ducto, y ahora las dos tienen el teléfono intervenido, lo he captado porque un día cuando fui a Temuco una amiga detective que tengo allá me dijo ¿sabes que tus hijas están marcadas por haber participado en muchas actividades públicas? Y lo último fue lo del Joe Vasconcellos y están marcadas con el teléfono intervenido…”.
Los padres de H. de 06 años, refieren luego que su hijo presenciara el ataque a la sede comunitaria en el marco del conflicto con CELCO: “…ahora no tiene respeto a nada, tiene pesadillas en la noche…a veces estaba durmiendo y se paraba en la cama de un salto y quería salir arrancando, tenemos que dormir con él y hablarle en la noche porque empieza a tiritar…a mí me pasó un día que me desperté en la noche porque sentí que se me movía la cama y era el H. que no dejaba de tiritar… a los de Mehuín les tiene miedo y a los Carabineros también…a veces se queda sentado, como ido, mirando como juegan los otros….”. E. P., de 12 años, refiere: “…yo ví todo (refiriéndose al ataque a la sede social de Mississipi, ocurrido el día 02 de abril de 2008, ubicada a metros de su hogar)… ellos estaban agarrando piedras y mi mami me dice ándate pa´la casa y después empezaron a apiedrar la sede…esa vez (ataque a la sede) me dormí como a las cinco de la mañana, estaba todo el rato nervioso, como que iba a pasar cualquier cosa de nuevo… notas andan mal por algo, por la preocupación, faltaba mucho porque estaba enfermo, por la cuestión esta, andaba con vómitos, no me podía ni mover, me intentaba levantar y se me movían todas las cosas, estuve como dos semanas, como cuando pasó la cuestión de la sede….yo quiero que ya no sigan peleando, que no nos hagan nada a nosotros, por ejemplo cuando venimos a hacer talleres los niños se asustan porque les puede pasar algo en cualquier rato, por ejemplo los que viven al lado de la casa de nosotros son vendidos igual pero ellos no nos hacen nada, no nos van a amenazar, yo así quiero que sean los otros…yo no me quiero ir de aquí , aquí tenemos los amigos, si nos vamos para otro lado no seríamos nadien nos separaríamos de toda la gente que queremos, si es Celco que no nos va a dejar vivir tranquilos…”.
(Informe “Impacto Social de la Violencia y Represión en comunidades Mapuche de Malleco, 1997-2005, desde la perspectiva de los afectados/as”. Eduardo Mella, David Núñez y Tania Solar, 2006. Primer Informe de la Comisión Ética contra la Tortura. Santiago, 26 de junio de 2008).
Estos testimonios se refieren a hechos ocurrido en el marco de la lucha contra la construcción del ducto de Celco Valdivia, en la zona de Mehuin, donde las instituciones policiales no han cumplido la función de resguardo a la población civil, facilitando el accionar de
la empresa privada contra comuneros y pescadores, quienes además han sufrido ataques con arma de fuego por parte de funcionarios de la Armada de Chile, al intentar acciones de defensa de su espacio marítimo y territorial.
- “En su visita secreta a Chile, el Relator de la Niñez de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Pinheiro, invitado por la Red de ONG de Infancia y Juventud Chile, se reunió en privado con el lonko de la comunidad Huañaco Millao, Juan Curinao, quien contó los graves abusos de los que son víctimas los menores en Ercilla. “El relator se sorprendió por la violencia que se ejerce contra los niños en los allanamientos, donde son baleados y maltratados por Carabineros. Incluso a mí la policía me disparó en las piernas cuando me acerqué junto a otros peñis a levantar el cuerpo recién muerto de Jaime”, contó el lonko a Pinheiro, acompañado por un menor quien relató la tortura recibida de manos de Carabineros cuando fue apresado por participar junto a otros 50 estudiantes mapuche en la toma del Liceo Alonso de Ercilla de la comuna en julio pasado, exigiendo el cese de la “militarización” en sus comunidades. En la reunión, Pinheiro confidenció: “la relatoría recibió alegatos de fuentes confiables sobre problemas que estarían afectando a niños y adolescentes interrogados en escuelas sin mediar una orden judicial. Esto, sumado al daño físico y psicológico debido a allanamientos, detenciones y apuntamiento con arma por parte de personal policial en las zonas de conflicto. Principalmente, a hijos de dirigentes indígenas detenidos o condenados”. (Informe “Impacto Psicosocial y Daño Psicológico evaluado en Niños residentes en la Comunidad de Mississippi asociado a la intervención de la empresa Celco”. Psicóloga Claudia Molina, 2009).
- A principios de septiembre de 2009, Juan Catrío, sostenedor del jardín infantil de la Comunidad Huañaco Millao, envió un informe a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la IX Región, donde señala que los dibujan armas y carabineros peleando con sus padres, el palín por las boleadoras para “jugar a los enfrentamientos” en el recreo, y habla, además de trastornos del sueño, angustia ante el ruido de helicópteros y miedo a la presencia policial en los 21 niños menores de 5 años que asisten; situación reconocida por la institución
que anunció acciones.
Ps. Claudia Molina González
DEFENSOR JURÍDICO SOCIAL AUTÓNOMO MAPUCHE
Temuco, enero de 2010.
Violencia policial contra niños mapuche: la herida oculta del conflicto. Observatorio Ciudadano. www.observatorio.cl
Fuentes utilizadas en este informe:
1.- Entrevistas y comunicaciones personales con miembros de comunidades, abogados, red Pulchetun, y otras organizaciones mapuche.
2.- Comunicación personal del Dr. José Venturelli, después de su visita a cárceles en el sur junto a miembros de la Comisión Etica Contra la Tortura de Temuco.
3.- Prensa electrónica de organizaciones mapuche y comunicaciones de organizaciones de derechos humanos:
www.mapuexpress.net
http://www.mapuche.info/
www.paismapuche.org
http://comunidadtemucuicui.blogspot.com/
redchem.entodaspartes.org
www.kilapan.entodaspartes.net
www.meli.mapuches.org
www.observatorio.cl
www.azkintuwe.org
www.memoriaindigena.blogspot.com
http://defensormapuche.blogspot.com/
www.liberar.cl
Nota: Es muy posible que en el período analizado existan inexactitudes y/o más casos de presos políticos mapuche que no figuran en esta síntesis o fueron trasladados de recinto. El informe sólo incluye algunos casos de afectados por medidas cautelares, debido a que por el sostenido proceso de recuperación de tierras, la situación es muy dinámica. Los activistas no mapuche figuran en el listado pues sus procesos están ligados a ellos, enfrentan las mismas penas, y últimamente también son juzgados por la ley anterrorista. La situación es extremadamente variable y la información es difícil de conseguir debido a que está dispersa.
Relato de la Familia Carinao,
que vive en Ranquilhue Grande, compuesta por:
Héctor Carinao y su compañera Ana Maria Collio Garcia. Sus hijos:
Tralko Newen Carinao Collio
Nidia Adriana Carinao Collio (2 años y medio))
Lientur Carinao Collio
Además de la hermana de Héctor, Nidia Carinao y los hijos de esta.
Violentos allanamientos en persecución a comuneros y maltratos a mujeres, niñas y niños mapuche.
Viernes 14 de agosto de 2009.
El día viernes 14 de agosto de 2009 siendo las 13:00 hrs., dos
camionetas (roja y blanca) de la PDI con aproximadamente 10 agentes, irrumpieron violentamente en la propiedad de una joven familia mapuche, en donde se encontraban dos mujeres y cuatro niños.
Después de echar abajo la tranca comenzaron a disparar inmediatamente
desde el interior de las camionetas, en dirección a la familia que a
esa hora se encontraba pelando pescados para el almuerzo, al lado del
pozo. Uno de ellos que iba en la parte trasera disfrazado de mapuche,
con manta y gorro, sacó debajo de la manta un arma larga con la
comenzó a disparar junto a los otros.
Luego salieron de las camionetas gritándole al lamwen “entrégate
hueon” . El corrió hasta la rivera del lago lanzándose al agua,
detrás de él se tiraron cuatro PDI, mientras los que quedaron en la
orilla disparaban hacia el lamwen perseguido que seguía nadando.
Al salir del agua, casi en estado de hipotermia y rabia por no
haberle dado alcance, los policías se descargaron en contra de las
lamwen (hermana y compañera del lamwen), tratándolas con insultos
misógenos y racistas entre los que se pueden contar:
“chinas culias, mapuches de mierda, putas, maracas”, pero la situación
más denigrante fue que mientras las insultaban se tocaban y les
mostraban sus genitales, todo esto frente a sus hijos e hijas.
A esto se suma las amenazas de muerte hechas por estos agentes a esta
familia mapuche, diciéndoles que si el lamwen “no aparecía volverían y las asesinarían junto a sus hijos(as).”.
Lo más grave de todo es que estos policías les aseguraron que al
lamwen “lo habían herido” y que por lo tanto “no llegaría muy
lejos”.
Martes 18 de agosto 2009
A los cuatro días después, nuevamente la PDI, cerca de las 15:00 hrs.
llegó hasta este domicilio, esta vez era una caravana de más de 30
vehículos, con una cantidad aproximada de cien efectivos, quienes
procedieron a allanar cada metro cuadrado de la propiedad, ubicada a
orillas del lago LLeu-LLeu, en la comunidad de Ranquilhue Grande.
Esta vez las lamwen les solicitaron que les leyeran la orden de
allanamiento, y los agentes señalaron que el lamwen era buscado por la
“emboscada al Fiscal Elgueta”.
Los agentes entraron a la vivienda rompiendo todo lo que había a su
paso, destruyendo los pocos muebles de la familia, dando vuelta los
alimentos, ensuciando, etc. mientras asustados los cuatro niños y
niñas no paraban de llorar.
Vigilancia y acoso permanente
Desde ese día a la fecha esta familia ha estado prácticamente rodeada
en forma permanente, y vigiladas todo el día por cielo, lago y tierra.
Por cielo, a través de helicópteros que sobrevuelan la propiedad a
escasos metros, con vuelos casi rasantes que asustan a los niños.
Por tierra son desde los campings vecinos. De hecho desde el camino
público se observan las camionetas y personal de la PDI que se
encuentra apostado en el Camping Las Araucarias (Nº2), ubicado a no
más de un kilómetro, al mismo tiempo, son vigiladas desde un cerro a
200 metros de la casa, desde donde les apunta cada vez que miran hacia allá.
Además son amedrentadas durante las noches con disparos que vienen
desde el camino público, hecho que se puede constatar por el gran
número de cartuchos que se encuentran desperdigados frente al
domicilio de esta familia.
Al mismo tiempo estas lamwen son seguidas por distintos vehículos y
personas cada vez que salen a comprar o van a la posta.
Ranquilhue Grande, Septiembre 13 del 2009.
Testimonio de Felipe Huenchullán
“Me juntaron con Camilo Tori en un calabozo. Como a la media hora me llevaron a una sala grande y ahí había como 15 policías, todos de civil, yo conocía a uno grande y de pelo largo que había participado en la detención. Estaba el fiscal VELASQUEZ, a quien había visto en audiencias anteriormente. El Fiscal me dijo: “Felipe, tienes que declarar al tiro”, mientras los policías me estaban grabando con una cámara. Le dije que si no estaba mi abogado presente, no iba a declarar nada. Inmediatamente apagaron la luz de la pieza y sentí un palmetazo en la cara mientras estaba sentado y esposado con las manos atrás. Prendieron la luz y el Fiscal me repitió la pregunta. Le dije que no iba a declarar, y volvieron a apagar la luz y me volvieron a pegar. Se encendió la luz y estaban todos los policías de pie, y el Fiscal, me dijo “Vas a tener que CANTAR igual después”.
Posterior a aquello, Felipe Huenchullan Cayul señala:
“Este grupo de policías, cuando me fueron a buscar al calabozo, me dijeron que me venían a buscar para que conversáramos un poco; me sacaron de la comisaría de Victoria, me subieron a una camioneta roja, me sentaron al medio de dos policías en los asientos traseros de la camioneta y aquí uno de ellos me dijo, que agachara la cabeza y comenzara a decirle lo que yo había hecho el día sábado, adonde estuve y como había quemado el camión; se pusieron muy violentos, el policía de adelante sacó su arma y me pegó en la cabeza, me dejó un momento inconsciente, llegamos a un camino de ripio, me sacaron las zapatillas y me pusieron un cordel en el cuello y me hicieron correr descalzo por las piedras mientras me sacaban fotos y uno grababa con su cámara y los otros corrían apuntándome con sus armas al lado mío. Así estuvimos unos 20 minutos.
Luego me llevaron a otro lugar, que en ningún momento pude identificar donde estábamos, un policía me agarró de la cabeza, me llevaba rápido y les decía “háganle un CEREBRITO”, esto consistía en caminar rápido entre los brazos del policía cabeza abajo, semi ahorcado y parar repentinamente; sentía que me arrancaban la cabeza y perdía de a poco la conciencia. Estos policías me decían que contara todo, “porque tú no la vas a sacar barata como tus …. de hermanos, (se refería a Jorge, Jaime y Rodrigo Huenchullán, quienes han sido absueltos en varias oportunidades). Te vamos a matar, te tiraremos a un río donde nadie te encontrará, pero si tú reconoces esto no pasará, pero sino también podrás pasar el resto de tu vida preso, indio de mierda, a tu … de familia la vamos a …, y si alguien nos hace algo a nosotros, nosotros vamos y los hacemos polvo, porque somos muchos y ustedes un par de pelagatos, solo esperamos matarlos a todos.”
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